Raúl Narváez Rodriguez
Expediente 1/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/05/2015
Partes del expediente
- Raúl Narváez Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, a quince de mayo de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, al cual anexa testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el veinticuatro de abril de dos mil quince, en el recurso de queja administrativa 21/2015, promovido por el quejoso Raúl Narváez Rodríguez por conducto de su apoderado legal, en contra del auto de fecha seis de enero de dos mil quince, que desechó la demanda de garantías interpuesta en el juicio de amparo número 1/2015, en la que resolvió: "ÚNICO.- Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesta por RAÚL NARVÁEZ RODRÍGUEZ, contra el auto de seis de enero de dos mil quince, dictado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, dentro de los autos del juicio de amparo 1/2015." Acúsese el recibo de estilo; glósese el cuaderno de antecedentes; hágase la anotación en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda, no se tramito incidente de suspensión, y no obran documentos originales, además se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramito incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, dos de marzo de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, quedando enterado este Juzgado que el veintiocho de enero del año en curso, ese Tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en el presente juicio, el cual quedó registrado con el número 21/2015. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ensenada, Baja California, a seis de enero de dos mil quince. Visto el escrito de demanda presentado por RAÚL NARVÁEZ RODRÍGUEZ, a través de su apoderado legal EDUARDO JAVIER LUNA LÓPEZ, personalidad que se acredita con tercer testimonio de la escritura número 36,021, volumen 491, pasada ante la fe del Notario Público Número Trece, de la ciudad de Tijuana, Baja California, que contiene el poder general para pleitos y cobranza y actos de administración; contra actos del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 45, con sede en esta ciudad y, actuario de su adscripción, por considerar que se violan sus garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 27 Constitucionales; fórmese el expediente de amparo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno respectivo bajo el número 01/2015. El impetrante señala que es codemandado en el juicio número 19/2011, tramitado ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad y como acto reclamado señala: ". La audiencia de fecha 10 de Diciembre de 2014, que obra agregada a un cuadernillo o expedientillo formado con motivo de la falta del expediente agrario 19/2014 (sic), dictado por el C. Magistrado Agrario número 45 con sede en la ciudad de Ensenada, Baja California, el cual me fue notificado personalmente el nueve de mayo de dos mil catorce." Refiere el impetrante que en la audiencia en comento se desahogaría la prueba confesional a cargo de su representado Raúl Narváez Rodríguez, aquí quejoso, pero que el tribunal determinó diferirla por virtud de que los autos originales del expediente 19/2011 fueron remitidos al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, para resolver el juicio de garantías número 230/2014-II-A; agrega el promovente que en esa misma diligencia se acordó diversa promoción por él presentada, en la que solicitó la suspensión del procedimiento hasta en tanto se contara con los autos del juicio original, dado que, dice, por encontrarse la autoridad agraria actuando en el cuaderno de antecedentes de amparo indirecto 24/2014, relacionado, en el que, asevera, no obran diversas constancias relacionadas con otros distintos juicios de amparo respecto de los cuales solicitó copia certificada; además, señala que la citada responsable ha llevado a cabo diversas actuaciones sin contar con el expediente original. De la copia simple de dicha diligencia que anexó con su demanda el peticionario de amparo, se advierte que el tribunal responsable no acordó de conformidad la petición sobre la suspensión del procedimiento, pues argumentó que no se reunían los requisitos establecidos en los artículos 365 y 366 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, que establecen los casos en los cuales resulta necesario suspender un procedimiento judicial, y que el diferimiento de la audiencia no puede equipararse a una suspensión de tal carácter, ya que el asunto que les ocupa no se encuentra turnado para sentencia, sino que está para el desahogo de una confesional, y que, para ello, no se requiere que se resuelva el juicio de amparo 230/2014, pues estimó la responsable que lo ahí expuesto no impactará en el desahogo de dicha probanza; que además, el motivo de diferimiento se debió a que no se contaba con las constancias necesarias para llevar a cabo el desahogo de la citada confesional, pero que tal situación podría subsanarse si alguna de las partes recaba copias certificadas del expediente agrario 19/2011 y las aporta al expedientillo de antecedentes en que está actuando para estar en condiciones de desahogar tal medio de convicción, lo cual corre, dijo, a cargo de quien tenga interés en seguir impulsando la substanciación del juicio agrario. Considera el impetrante que con lo anterior se conculcan las formalidades esenciales del procedimiento, pues asevera que la autoridad realiza requerimientos sin ningún fundamento; que además efectúa determinaciones sin contar con el expediente original; que igualmente está llevando a cabo audiencias, siendo una de ellas la aquí señalada como acto reclamado y, que no existe a la fecha alguna reposición o pérdida de expediente que haga necesario realizar dichas actuaciones tendientes a impulsar el procedimiento, ya que, asevera, el tribunal agrario no puede continuar con diligencias de requerimiento ni llevar a cabo audiencias tendientes a impulsar el procedimiento sin contar con los autos originales para que en determinado momento las partes puedan disponer de dicho sumario, ya que no existe, dice la quejosa, precepto legal alguno en el que encuadre el criterio tomado por el Tribunal Agrario en la audiencia de diez de diciembre de dos mil catorce. Efectuado un análisis de lo expuesto, cabe señalar que el juicio de amparo que nos ocupa es improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional; 107, fracción V, 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, se sostiene que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.] "XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: "[..] "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "[.]" De una interpretación del último precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. En efecto, los actos reclamados en el caso que se atiende no son de aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación ni afectan los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos citados con antelación se desprende que tratándose de actos dentro de juicio, como son las violaciones procesales, y que es de lo que se trata en el caso que nos ocupa, en que los mismos se produjeron dentro del transcurso del procedimiento en mención, por regla general son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva y, siempre que tales violaciones afecten a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, por excepción, en el amparo indirecto cuando esas violaciones tienen una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso; o, cuando afecten personas extrañas a juicio. Ciertamente, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtenerse una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación en el disfrute de la garantía de que se trata; por tanto no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable y, en el caso, se reitera, el acto reclamado no constituye una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados con la sentencia definitiva que se dicte. Ahora bien, los artículos 170, 171 y 172 de la ley de la materia en vigor, establecen: Artículo 170.- "El juicio de amparo directo procede: "I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. "Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. "Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. "II.- Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. "[..] Artículo 171.- "Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. "[.] "Artículo 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I.- II.- III.- Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" En consecuencia, si en la especie se advierte que el acto reclamado es de los catalogados como verificados dentro del juicio agrario de donde emana el acto reclamado, en el que aún no se dicta resolución definitiva que culmine con el citado procedimiento y, menos se ha agotado la segunda instancia que determine la firmeza del fallo de fondo, el impetrante no debe reclamar esas actuaciones en amparo indirecto, pues no constituyen un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que deben ser combatidas, como se dijo, en amparo directo, en caso de que se dicte una resolución desfavorable, puesto que de manera alguna afectan en forma directa e inmediata algún derecho fundamental legítimamente tutelado contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, como son la vida, la libertad, el patrimonio, las posesiones, etcétera, y sobre los que hacen procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo vigente, ya transcritos. Cabe citar la jurisprudencia por contradicción de tesis 24/92, de la octava época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, que se transcribe: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como la diversa jurisprudencia número doscientos treinta y uno, del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Mayo de dos mil tres, página mil ciento ochenta y seis, que se anota: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Igualmente se invoca la tesis número veinticuatro, del Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Enero de dos mil, materia común, página mil sesenta y dos que dice: "VIOLACIONES PROCESALES. SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estatuye la procedencia del juicio en la vía biinstancial contra actos emitidos en juicio sólo cuando éstos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, a lo cual debe atenderse primordialmente para establecer si contra un acto intraprocesal procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con independencia de si la propia violación procesal pudiera repararse en el amparo directo que luego se promoviera contra el fallo definitivo adverso, dado que puede acontecer que dicha violación no fuera de las enumeradas, o sus análogas, en el artículo 159 de aquella ley, o bien que no trascendiera al sentido del fallo, pero, además, que tampoco tuviera una ejecución sobre las personas o las cosas que fuera irreparable, calidad que no se obtiene automáticamente por aquella circunstancia, sino de la naturaleza y consecuencias de la propia violación, y es dicha calidad la que hace procedente el amparo indirecto. Es decir, que la exclusión de una de esas vías del amparo no lleva necesariamente a la procedencia de la otra, y viceversa, porque la procedencia del juicio de amparo en cualquiera de sus vías contra actos intraprocesales está condicionada a requisitos específicos que, de no surtirse, puede hacer incluso que la acción de amparo no proceda en ninguna de ellas." En esas condiciones, la demanda de garantías planteada por RAÚL NARVÁEZ RODRÍGUEZ, a través de su apoderado legal EDUARDO JAVIER LUNA LÓPEZ, resulta notoria e indudablemente improcedente, por lo que, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a los licenciados JULIO CÉSAR CALDERÓN ZAMORANO y OSCAR BORRUEL GUZMÁN, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tienen registrada su cédula profesional federal en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, para oír y recibir notificaciones a Samuel Sánchez Ortega; así también por señalado como domicilio el ubicado en CALLE MIRAMAR NÚMERO 204, DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL MAR, DELEGACIÓN DEL SAUZAL DE RODRÍGUEZ DE ESTE MUNICIPIO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse en el juicio de garantías en que se actúa. Por último, respecto del diverso escrito presentado por el licenciado Eduardo Javier Luna López, como apoderado del quejoso Raúl Narváez Rodríguez, mediante el cual hace, motu proprio, diversa aclaración del escrito de demanda, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. NOTÍFIQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado VÍCTOR MIGUEL BRAVO MELGOZA, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante la licenciada Norma Elisa Alamea Morolloqui, Secretaria que autoriza y da fe.
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