Raul Murillo Arce

Expediente 102/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
102/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
31/03/2016

Partes del expediente

  • Raul Murillo Arce

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el auto que desechó de plano la demanda de garantías en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno, y archívese este asunto como totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, al ponderar que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de garantías y que no se abrió incidente de suspensión, se estima que este expediente carece de relevancia documental; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima y vigésima primera, incisos III, párrafo segundo y IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto. N O T I F Í Q U E S E.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, a ocho de marzo de dos mil dieciséis. Visto el escrito demanda de garantías formulada por Raúl Murillo Arce, por su propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 45, con sede en esta ciudad, por violaciones a los derechos humanos consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; fórmese el expediente de amparo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno respectivo bajo el número 102/2016. Efectuado un análisis de lo expuesto, cabe señalar que el juicio de amparo que nos ocupa es improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional; 107, fracción V y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, aplicados a contrario sensu, en relación con los diversos 170, 171 y 172, de la misma ley reglamentaria. Lo anterior, si se toma en cuenta que el impetrante refiere que es parte demandada en el juicio agrario 236/2014, promovido por Olga Yolanda Azpeitia Contreras, tramitado ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 45, con residencia en esta ciudad y, como acto reclamado señala el desechamiento de diversas pruebas que efectuó la autoridad, como lo es la testimonial y la de informe de autoridad; lo cual, asevera el impetrante, vulnera sus prerrogativas constitucionales, pues considera que se le deja en estado de indefensión. Como es de advertirse, el acto reclamado en el caso que se atiende no es de aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación ni afectan los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que de la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos citados con antelación se desprende que tratándose de actos dentro de juicio, como son las violaciones procesales, y que es de lo que se trata en el caso que nos ocupa (desechamiento de pruebas), por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva y, siempre que tales violaciones afecten a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, por excepción, en el amparo indirecto cuando esas violaciones tienen una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso; o, cuando afecten personas extrañas a juicio. Ciertamente, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtenerse una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación en el disfrute de la garantía de que se trata; por tanto no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable y, en el caso, se reitera, el acto reclamado, no constituye una afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, con la sentencia definitiva que se dicte. De lo que se concluye que el acto reclamado es de los catalogados como verificados dentro del juicio, pues aún no se dicta resolución definitiva que culmine la segunda instancia y determine la firmeza del fallo de fondo. Ahora bien, los artículos 170, 171 y 172 de la ley de la materia en vigor, establecen: Artículo 170.- "El juicio de amparo directo procede: "I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. "Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. "Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. "Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. "II.- Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. "[..] Artículo 171.- "Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. "[.] "Artículo 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I.- II.- III.- Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" En consecuencia, si en la especie se advierte que el acto reclamado se encuentra relacionado con el desahogo de pruebas, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatido, como se dijo, en amparo directo, en caso de que se dicte una resolución desfavorable, puesto que de manera alguna afecta en forma directa e inmediata algún derecho fundamental legítimamente tutelado contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, como son la vida, la libertad, el patrimonio, las posesiones, etcétera, y sobre los que hacen procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo vigente. En esa virtud, se concluye que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo que establecen: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: "..fracción XXIII".- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "[.] "V. Contra actos en juicio cuyos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Cabe citar la jurisprudencia por contradicción de tesis 24/92, de la octava época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, que se transcribe: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así como la diversa jurisprudencia número doscientos treinta y uno, del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Mayo de dos mil tres, página mil ciento ochenta y seis, que se anota: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Igualmente se invoca la tesis número veinticuatro, del Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Enero de dos mil, materia común, página mil sesenta y dos que dice: "VIOLACIONES PROCESALES. SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estatuye la procedencia del juicio en la vía biinstancial contra actos emitidos en juicio sólo cuando éstos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, a lo cual debe atenderse primordialmente para establecer si contra un acto intraprocesal procede el juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con independencia de si la propia violación procesal pudiera repararse en el amparo directo que luego se promoviera contra el fallo definitivo adverso, dado que puede acontecer que dicha violación no fuera de las enumeradas, o sus análogas, en el artículo 159 de aquella ley, o bien que no trascendiera al sentido del fallo, pero, además, que tampoco tuviera una ejecución sobre las personas o las cosas que fuera irreparable, calidad que no se obtiene automáticamente por aquella circunstancia, sino de la naturaleza y consecuencias de la propia violación, y es dicha calidad la que hace procedente el amparo indirecto. Es decir, que la exclusión de una de esas vías del amparo no lleva necesariamente a la procedencia de la otra, y viceversa, porque la procedencia del juicio de amparo en cualquiera de sus vías contra actos intraprocesales está condicionada a requisitos específicos que, de no surtirse, puede hacer incluso que la acción de amparo no proceda en ninguna de ellas." En esas condiciones, la demanda de garantías planteada por Raúl Murillo Arce por su propio derecho, resulta notoria e indudablemente improcedente, por lo que, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a los licenciados REBECCA VEGA ARRIOLA y JESÚS BAREÑO DOMINGUEZ; y, por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en CALLE SÉPTIMA NÚMERO 1373, ALTOS DESPACHO I-A, COLONIA OBRERA DE ESTA CIUDAD. Por otra parte, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse en el juicio de garantías en que se actúa. NOTÍFIQUESE Y PERSONALMENTE AL PARTE QUEJOSO.

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