Raúl Muñoz Solís
Expediente 1410/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1410/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raúl Muñoz Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
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Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. 1. Acuse de revisión. Visto lo de cuenta, se tiene al actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, acusando recibo del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia definitiva de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, el cual se registró con el número ********************; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Se vincula expediente. Asimismo, en atención a la solicitud alzada por el Tribunal de que se trata, mediante oficio que al efecto se libre, hágase de su conocimiento, que se comisionó al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado, a fin de que se haga disponible el expediente electrónico para efectos de su vinculación con el expediente en revisión ********************. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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LA PRESENTE NOTIFICACION ELECTRONICA ES PRA EL ASESOR JURÍDICO, DEJÁNDOSELE COPIA DEL ESCRITO DE AGRAVIOS EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO FEDERAL, PARA QUE PUEDA IMPONERSE DE LOS MISMOS. Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. 1. Recurso de revisión. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado electrónicamente por ******************** defensor particular del quejoso ********************, por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. 1.1. Distribúyase entre las partes el escrito de cuenta y, una vez que se recabe la constancia de notificación correspondiente de este auto, dentro del término de tres días, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, el escrito de agravios, copia del mismo y el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, póngase a disposición de la superioridad el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
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Morelia, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintitrés. Acusa recibo. Visto lo de cuenta, atendiendo al contenido del oficio remitido vía electrónica por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, se le tiene acusando recibo del oficio por el cual se hizo de su conocimiento la sentencia definitiva de treinta y uno de enero del año en curso, emitida dentro del presente juicio de amparo, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1410/2022, promovido por ********************, por conducto de su defensor particular, por alegada violación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia: El auto de vinculación a proceso decretado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 1305/2022. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con el disco óptico de audio y video que contiene la resolución combatida en formato digital, dentro de la causa penal 1305/2022, que remitió como complemento del informe justificado; misma que tienen pleno valor en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, último párrafo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTA. Causas de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, se examina la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese sentido, la tercero interesada Karina Maldonado Rico, Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Litigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y Genero de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, que intervino en la causa penal, invoca la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no agotó el recurso de apelación, contra el auto de vinculación a proceso. Dicho artículo señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.". La causal es infundada. Primeramente, porque el acto reclamado consiste en el auto de vinculación a proceso, esto es, se trata de una resolución dictada por un tribunal judicial; lo cual es contrario a la hipótesis que prevé la causal invocada. Luego, en términos de la fracción XVIII, inciso d), del artículo 61, contra dicha resolución existe un supuesto de excepción, como se puede apreciar de la siguiente transcripción: ".XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: .d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.". De ahí lo infundado de la causa de improcedencia aducida. No existiendo diversa causa de improcedencia por estudiar, lo procedente es atender el análisis de fondo del acto reclamado. QUINTA. Estudio de los conceptos de violación. Primeramente es importante mencionar que de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación, aun ante su ausencia, cuando la parte quejosa tenga el carácter de inculpado o sentenciado. Sin embargo, la suplencia no se da por la sola ausencia total o parcial de los conceptos de violación contra la resolución reclamada, sino que supone, necesariamente, la existencia de alguna irregularidad en dicha determinación y se adviertan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho pues, la aplicación de esa figura jurídica, en todos los casos, debe llevarse a cabo siempre y cuando cause beneficio a la parte inconforme, en congruencia con su propia naturaleza. En caso contrario, esto es, cuando la actuación en análisis está ajustada a derecho o bien si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a aquella finalidad provechosa para la parte quejosa, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 370, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL." En el caso particular, respecto al ilícito que se analiza, este Juzgado no advierte que la suplencia de los conceptos de violación conduzca a una finalidad provechosa para el quejoso y, por ese motivo, se limitará al análisis de los conceptos de violación vertidos, los cuales resultan infundados e inoperantes. Previo a su análisis, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el procedimiento de origen, para mejor comprensión del asunto. Mediante escrito signado por Karina Maldonado Rico, Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Litigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y Genero de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, solicitó se fijara fecha y hora para el desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación, al ejercer acción penal en contra del imputado -aquí quejoso-. Solicitud acordada el uno de septiembre de dos mil veintidós, señalándose fecha y hora para su celebración. Así, el treinta de noviembre de dos mil veintidós, se inició la audiencia inicial, en la que se formuló imputación contra ********************, por el hecho señalado por la ley como delito de tentativa de abuso sexual en persona menor de 16 años, solicitando que su situación jurídica se resolviera en esa audiencia; por tanto, se decretó auto de vinculación a proceso en su contra, por su probable participación, en la comisión del hecho que la ley considera como delito de: Tentativa de abuso sexual en persona menor de 16 años, previsto y sancionado por los artículos 167, 22 y 71, en relación con los diversos 20 fracción I (dolo) y 24 fracción II (como autor por haberlo realizado por sí), todos del Código Penal del Estado, en agravio de la menor de iniciales ******************** Para cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que debe imperar en toda sentencia de amparo, no es necesario transcribir los conceptos de violación, pues tales principios únicamente vinculan a este órgano de control constitucional a dar respuesta a todos los planteamientos de legalidad o constitucionalidad hechos en la demanda de amparo. Sin embargo, tampoco existe impedimento para sintetizarlos y analizarlos de la siguiente manera: En su concepto de violación, la defensa del quejoso señala que se vulneran las garantías contenidas en los artículos 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Federal, porque el auto de vinculación se dictó sin reunirse los requisitos previstos en los numerales 19 de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que el juez responsable consideró que bastaba la afirmación de la Agente del Ministerio Público, para dar credibilidad a la denuncia. Luego, que los elementos de prueba ofertados son inverosímiles, ya que no fue objetiva al momento de investigar la probable participación del imputado, habida cuenta que nunca vieron la cara o rasgos fisonómicos del agresor, pues refieren que vestía camisa a rayas, cuando su defenso vestía playera negra con gris, como se acreditó con el oficio presentado a la Agente del Ministerio Público el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, con fotografías tomadas con el celular de su defendido. También sostiene que la investigación se funda en un hecho con apariencia de delito, que alude a una supuesta intención que únicamente es referida por una menor de identidad reservada, sin que nadie más lo haya visto o presenciado, por lo que la ministerio público fue omisa en indagar la autenticidad del hecho. Que la fiscalía no logró aportar medios de prueba suficientes y de calidad, para tener por acreditado el hecho con apariencia de delito imputado. Tales argumentos resultan infundados, en atención a las consideraciones siguientes: En primer lugar, cabe mencionar que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye el principio pro homine o pro persona, conforme al cual es deber de las autoridades interpretar las normas de derechos humanos de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; sin embargo, no implica desatender a las reglas que establece el procedimiento penal acusatorio para la emisión de un auto de vinculación a proceso. Los derechos fundamentales de legalidad y seguridad, así como las formalidades esenciales del procedimiento, se establecen en los artículos 14 y 16 de la Constitución que son del tenor siguiente: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. ." "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." El primero de los numerales transcritos autoriza la emisión de actos privados a través del cumplimiento de determinados requisitos como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado; además, contempla el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, que impide a los juzgadores acudir a la analogía o a la mayoría de razón como medios para establecer el alcance o la aplicabilidad de la norma en los asuntos criminales; por lo que, la acción u omisión reprochada debe estar expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su comisión, salvo que los elementos de tal ilícito se ajusten a una nueva descripción legal que resulte más favorable al delincuente. Por su parte, el segundo de los citados artículos -16 Constitucional- regula los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando preceda mandamiento de autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. En tanto, el auto de vinculación a proceso se regula en los artículos 19 y 20 Constitucionales, preceptos que en la parte que interesa disponen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. ." El primero de dichos numerales contiene los requisitos mínimos que debe reunir todo mandamiento de autoridad restrictivo de libertad, atento a ello, la legalidad del acto que se reclama se hará a la luz del mencionado precepto. Por su parte, el artículo 20 párrafo primero instituye que el proceso penal debe ser acusatorio, adversarial y oral; asimismo, establece los principios rectores de este procedimiento, a saber, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; y, los principios generales a que debe sujetarse el operador de justicia. Aunado a tales preceptos, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece los requisitos que han de observarse para emitir un auto de vinculación a proceso, los cuales se encuentran previstos por su ordinal 316 que establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Así, de la lectura de los numerales 19 Constitucional y 316 del código adjetivo, antes transcritos, se obtiene que para la emisión de un auto de vinculación a proceso deben satisfacerse ciertos requisitos, a saber: Se dicte en el plazo de setenta y dos horas o ciento cuarenta y cuatro horas, a partir de que el imputado sea puesto a disposición; y, por los hechos materia de la formulación de la imputación. Se haya formulado la imputación. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Precisar la conducta típica que se reprocha al imputado, y establecer el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba razonables que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y, que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En relación a esto último, es de mencionar que para dictar vinculación a proceso basta que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y en su conjunto, la probable intervención del imputado en el hecho delictivo, sin que sea exigible al Juez de Control acreditar los elementos del cuerpo del delito (elementos objetivos, normativos y subjetivos) ni la probable responsabilidad del autor en su perpetración, en razón de que para la emisión de un auto de vinculación a proceso, conforme a lo dispuesto por los preceptos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales sólo se necesita que existan datos que permitan evidenciar la presencia de un hecho que esté señalado por la ley como delito y que dichos datos permitan establecer a título de probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su perpetración, aunado a que el estándar probatorio en el sistema penal adversarial es mínimo y al momento de emitir una determinación de vinculación a proceso no se requiere de prueba plena, lo que en todo caso sería materia en la etapa de juicio oral, dado que el aludido fallo en realidad sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Aunado a lo anterior, al tratarse el auto de vinculación a proceso de un acto de autoridad debe respetar los principios de legalidad y de seguridad jurídica contenidos por el artículo 16 de la Constitución Federal, que contempla la obligación del órgano judicial que emita una resolución de citar los preceptos legales en los que se funde para ello y señalar las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su perpetración. De la apreciación del audio y videograbación de la resolución reclamada se advierte que al quejoso le fue resuelta la situación jurídica en la misma audiencia, puesto que así lo solicitaron. En la resolución reclamada se realizó una exposición detallada del hecho fáctico y se expuso los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación. Al imputado se le dio oportunidad de declarar; sin embargo, refirió su deseo de no querer hacerlo durante el desahogo de la audiencia inicial; de ahí que no se aprecie vulnerado su derecho de defensa. Así, adverso a lo que señala la parte quejosa, tal como lo apreció el juez responsable, de los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, se obtienen indicios razonables de que probablemente se cometió el hecho que la ley señala como delito. En el caso, el Juez tomó en consideración y evaluó los datos de prueba que relató el fiscal investigador como sustento de la imputación formulada, explicando y justificando su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los datos probatorios, con lo cual cumplió con lo establecido en los numerales 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen la facultad del juzgador para asignar el valor a los datos de prueba de manera libre y lógica, cuando sean idóneos y pertinentes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Con base en ello, acertadamente consideró cumplidos los requisitos legales, y por tanto dictó auto de vinculación a proceso en contra de ********************, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de: Tentativa de abuso sexual en persona menor de 16 años, previsto y sancionado por los artículos 167, 22 y 71, en relación con los diversos 20 fracción I (dolo) y 24 fracción II (como autor por haberlo realizado por sí), todos del Código Penal del Estado, en agravio de la menor de iniciales ******************** Ahora, en esta etapa del juicio oral no es necesario acreditar los elementos que integran el cuerpo del delito, sino que basta encuadrar la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar los motivos e identificar las razones que llevaron al juez a determinar el tipo penal aplicable. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En ese tenor, se establece que la decisión del Juez fue correcta, pues en el caso, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprenden datos de prueba razonables que establecen que se cometió el hecho reprobable antes mencionado, y hacen patente la probabilidad de que el imputado intervino en su comisión. Así, se converge con lo determinado por el juez responsable ya que analizados los datos de prueba que relató la parte acusadora en la audiencia inicial, sí es posible advertir las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución del hecho delictivo, conforme a la narrativa de los mismos que estableció dicha autoridad. En este sentido, cabe señalar que la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional, realizar una ponderación formal y material de las actuaciones de la autoridad responsable, sin poder substituirlo en la valoración de los datos de prueba pues ello se circunscribe al principio de inmediación que sólo el juez de primera instancia puede verificar, empero, en tal ponderación si puede determinarse si la actuación del juzgador se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, así como la razonabilidad de los argumentos que en su caso haya expuesto para resolver determinada cuestión. Se invoca a lo anterior el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de voz y contenido siguientes: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." Entonces, lo asentado permite establecer, que como acertadamente lo sostuvo el juez responsable, los datos de prueba aportados por el representante social, acreditan la realización del hecho que la ley señala como delito por el que se dictó el auto de vinculación a proceso. En efecto, la realización del hecho quedó acreditada puesto que los indicios que arrojan los datos de prueba permiten sostener -como lo dijo la responsable- que aún y cuando coincidía con la defensa en relación a que la investigación era muy deficiente, ya que la agente del ministerio público había incumplido con el deber de investigar de manera exhaustiva, también lo es que para esta etapa del proceso eran suficientes para vincular a proceso al imputado por lo siguiente: Que en el caso específico, conforme al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere de la intención de llevar a cabo un acto de carácter sexual. Sobre ese aspecto, señaló diferir con la defensa respecto de que no se manifestó la intencionalidad; sin embargo, sostuvo que cualquier persona que dirige sus movimientos para llevar a cabo tocamientos en los pechos de una persona, evidentemente que aún y cuando no diga nada, ello revela la intención de cometer un acto sexual, con el fin de satisfacer la libido de esa persona. Que esa tentativa o intención se revela con los movimientos, porque la menor señaló que la sujetó de la cintura e intentó tocarle los pechos, lo que evidentemente constituye un hecho constitutivo de delito, porque pone en riesgo el bien jurídico tutelado, que en este caso, es el sano desarrollo psicosexual de una persona, por la calidad de menor de edad que tiene. Añadió que el hecho no se consumó por la defensa que presentó la menor; esto es, la actividad que desarrolló la víctima al momento de defenderse de la persona que intenta tocarle sus pechos, situación ajena a quien realiza la conducta. Abunda en la circunstancia de que el hecho no se consuma por la actividad que realiza la víctima, no porque aquél haya abandonado esa intención. Más aún, que el hecho no se produjo por causas ajenas a la voluntad del agente infractor o la persona que pretendía llevar a cabo el tocamiento de la persona menor. Que los datos de prueba propuestos por el Ministerio Público, son suficientes para generar indicios, los que hacen suponer razonablemente que la persona que tocó de la cintura e intentó tocar los pechos de la menor tenía esa intención de poner en riesgo el bien jurídico que tutela la norma. El juez señaló que el debate se genera respecto de la probabilidad de que haya sido el imputado la persona que llevó a cabo tal conducta, pero solamente por esa probabilidad; sin embargo, -reiteró- que en la audiencia no se discute si lo realizó o no, sino solamente si es probable que haya realizado la conducta. Que aún y cuando la investigación es muy deficiente, los datos son suficientes para esta etapa del proceso; es decir, para acreditar una probabilidad y para ello se parte del testimonio de la menor víctima. Sobre ese tema, señaló que de acuerdo a los criterios desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por los Protocolos desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el testimonio de la menor es fiable, primero, porque es un hecho que se comete con ausencia de testigos, segundo, ya que proviene de una persona con dos factores de vulnerabilidad, a saber que es una mujer y persona menor de edad; y, tercero, porque a fin de tutelar el derecho de acceso a la justicia de una persona menor de edad, debe valorarse de manera especial su testimonio. En el caso específico, se sabe que se trata de una persona menor de edad, que tenía doce años y que es mujer, condiciones que le permiten -señala el juez responsable- creer lo que la menor dice, primero, porque no advierte ninguna circunstancia que la llevara a mentir, como animadversión, rencor, porque incluso -dijo- ella misma señala que ni siquiera lo conocía al momento en que se cometió esa conducta. Entonces, no advierte que la menor mienta para atribuir una responsabilidad a alguien, por un interés que la lleve a hacer esa afirmación. Al margen de lo anterior, también sostuvo no bastar lo dicho por la menor; pues era necesaria la corroboración con otros datos de prueba, misma que se encuentra -sostuvo-, primero, en la información que aportan sus familiares relativos al estado psicológico o alteración emocional en que encuentran a la menor posterior al hecho al arribar a su domicilio. Lo que evidentemente reflejó que existió una conducta en contra de ella, que la colocó en ese estado emocional. Segundo, que ella les aporta las características de vestimenta de esa persona, precisando que por sí solo ello no podría ser relevante, sino que lo trascendente es que acude al billar e indica que esa es la persona, que si bien no aporta los motivos de porqué hace tal afirmación, también lo es que nadie se los cuestiona, ni el ministerio público, ni la defensa, sino por el contrario, deciden aceptar su dicho, incluso, señaló porque en esa misma audiencia deciden que se resuelva la situación jurídica del imputado, sin más investigación. Entonces, eso es lo que lo lleva a resolver; es decir, con lo que existe en la carpeta y como en ésta hay un señalamiento de una menor que dice que acude al lugar y señala que el imputado -aquí quejoso- es la persona que la tocó. Posteriormente, sostiene que las declaraciones de los demás testigos le dan identidad a la persona, porque incluso llaman a la policía y es traslado a la barandilla municipal, no por ese hecho sino por alterar el orden público. El juez responsable valora la imputación que realiza la víctima; asimismo, la corroboración que realizan sus familiares de acudir al lugar del hecho; luego, que ella hace ese señalamiento confirmando la información que aporta la víctima; y, el hecho de que el mismo imputado a través del alegato de su defensor se coloque en ese lugar vistiendo una prenda, al igual que otras tres personas -que dijo sería motivo de la investigación complementaria-, con ropas similares a aquéllas que describe la víctima, al margen de si se trata de una camisa, playera, siendo evidente que por la edad de la menor no se puede pretender valorar el testimonio de ella como el de cualquier persona mayor de edad; siendo estos los datos que dan soporte a su determinación; lo que es contrario a lo que sostiene la defensa de que el juez responsable consideró que bastaba la afirmación de la Agente del Ministerio Público, para dar credibilidad a la denuncia. Aunado a ello, el juez responsable abundó sobre el alegato relativo a la vestimenta del presunto agresor, señalando que para una persona menor de edad, la camisa es la que cubre el tronco, el dorso, la parte alta del cuerpo de una persona, independientemente de si es una camisa, playera, camiseta; pues lo relevante es que cuando la víctima sube al billar indica "esa es la persona que me tocó" y derivado de ello viene toda la información posterior. Que si bien la ministerio público no le indicó -al juez-, si de los videos que le aportaron, de los actos de investigación que realizó sobre los mismos, se corrobora el testimonio de la menor relativo a que en esa fecha y hora esa persona sale del lugar, si sale con posibilidad de acceder a la calle o no; pero -dijo- eso será motivo de investigación, pues en este momento -insistió- que lo que lo lleva a esa probabilidad, es la imputación que realiza la víctima en su declaración y la corroboración que le prestan los demás testimonios en relación a que efectivamente ella acudió al lugar e hizo tal señalamiento. Que no puede exigir a un testigo, porque no es una autoridad y no tiene la obligación de saber que el reconocimiento de una persona debe realizarse siguiendo los lineamientos que establece el artículo 277 del Código Nacional. Pero que en el caso, el reconocimiento que hace la víctima es espontáneo cuando acude con sus familiares al lugar y lleva a cabo ese señalamiento contra una persona determinada, que en este caso es la persona del imputado -aquí quejoso-. Por lo tanto -dijo el juez- los demás alegatos que se realizan son tendientes a acreditar la certeza de que sea el imputado ******************** la persona que realizó tal conducta, pero insiste que en esta etapa del proceso no se requiere de certeza, sino solamente de probabilidad. Respecto a la diversidad de iniciales con las que se denomina a la víctima, las estimó irrelevantes, porque dijo se tiene identificada quién es la persona que resintió la conducta sobre su persona. También precisó que la información aportada respecto de los actos de investigación realizados por la defensa y expuestos en la audiencia, que revelan que había otras personas con esas prendas de vestir, no excluye la probabilidad del imputado, al contrario confirman la misma, pues si el imputado vestía en la forma que se ha indicado, esto es, con una playera o camisa, tipo polo, que tenía rayas grises en el pecho, no destruyen el requisito exigido legalmente consistente en la probabilidad. Luego, respecto de que la víctima no señaló los rasgos físicos o fisonómicos de una persona para llevar a cabo el reconocimiento, insistió esa era información que debió requerir la ministerio público o la propia defensa si esa era su teoría, esto es, debatir que no estuvo en condiciones de llevar a cabo un reconocimiento como sí lo realizó de acuerdo al acto de investigación que se ha generado. Por tanto, dijo cumplirse el requisito que exige el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la probabilidad, sin advertir la actualización de una causa excluyente de la acción penal. Así, dentro del término constitucional dictó auto de vinculación a proceso al imputado -aquí quejoso-, por el hecho con apariencia de delito de: Tentativa de abuso sexual en persona menor de 16 años, previsto y sancionado por los artículos 167, 22 y 71, en relación con los diversos 20 fracción I (dolo) y 24 fracción II (como autor por haberlo realizado por sí), todos del Código Penal del Estado, en agravio de la menor de iniciales ******************** Expuesto lo anterior, abundó en la circunstancia de que el hecho antes descrito no exige un daño psicológico para su configuración. Así, analizando la legalidad de las razones que dio el Juez responsable, se concluye que contrario a lo que sostiene la defensa, fue acertada la determinación tomada con base en los datos que aportó el Ministerio Público, pues con ellos es posible determinar las circunstancias de ejecución del evento delictivo y posibilidad de que el quejoso lo cometió. De ahí que, como ya se mencionó, en esta etapa del juicio oral, únicamente se señalan los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación para solicitar la vinculación a proceso, con un estándar probatorio mínimo. Además, el artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, confiere al juzgador la facultad de asignar con base en su prudente arbitrio el valor que corresponde a cada prueba, de manera libre y lógica, exponiendo las razones de ello, y en el caso la ponderación que realizó el juzgador de los datos de prueba se considera acertada, pues con base en sus razonamientos se obtienen los pormenores de la probable participación del imputado. Determinación que este órgano jurisdiccional estima legal; incluso las inconsistencias señaladas por la defensa serán motivo de investigación y luego de análisis en la etapa de juicio, en que se valoran los datos, como medios de prueba, momento en que se exigirá de la existencia de pruebas plenas para sostener la culpabilidad del imputado. Aunado a lo anterior, es de mencionar que no es posible a través de este amparo efectuar el análisis respecto de las inconsistencias que señala la defensa, pues ello sería sustituir la función encomendada al juez de instancia, lo que no está permitido; además analizando los datos aportados por el Ministerio Público y las razones que dio el Juez, se concluye que fue acertada la determinación tomada, ya que la información que se obtiene del mismo permite determinar las circunstancias de ejecución del evento delictivo y posibilidad de que el quejoso participó en su comisión. Se invoca a lo anterior el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de voz y contenido siguientes: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN. Los Tribunales Colegiados que participaron en la contradicción de tesis conocieron, en los correspondientes recursos de revisión, de casos en los que sendos imputados, por conducto de su defensa, incorporaron respectivamente en el plazo constitucional y su duplicidad, datos de prueba para que fueran considerados por el Juez de Control al resolver sobre su vinculación a proceso; sin embargo, sostuvieron criterios opuestos, pues uno de ellos determinó, implícitamente, que la autoridad de amparo en primera instancia podía sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba; mientras que el otro concluyó que ello correspondía al Juez de Control, pero en la etapa intermedia. Sobre tal cuestión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces de amparo no pueden sustituir al Juez de Control en la ponderación de los datos de prueba incorporados por el imputado o su defensa, en el plazo constitucional o su duplicidad; sin embargo, sí pueden analizar la legalidad del ejercicio de ponderación que aquél realiza. Ello debido a que el Juez de Control, para resolver sobre la vinculación a proceso, debe ponderar los datos de prueba que incorpore el imputado o su defensa, durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o en su ampliación, en contradicción con los expuestos por el Ministerio Público, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales; facultad que es exclusiva de las autoridades de instancia y, por tanto, no pueden ejercerla los Jueces constitucionales. No obstante, ello no implica que no puedan revisar el juicio de ponderación de los datos de prueba que se realiza; es decir, la legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, no del dato de prueba en sí, pues su análisis se circunscribe única y exclusivamente a la valoración del juicio de prueba que llevó a cabo el Juez de Control, y resolver sobre la constitucionalidad de su determinación. Ejercicio que no implica que se sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, ya que sólo se analiza la legalidad de la ponderación que se hizo, a efecto de corroborar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal, y constatar que no se hubieran alterado los hechos, que no exista infracción a las reglas fundamentales de la lógica, a los conocimientos científicos y a las máximas de la experiencia." Ahora, la carga probatoria corresponde al Agente del Ministerio Público, conforme al artículo 20, apartado A, fracciones V y X, de la Constitución Federal. En el particular, la responsable para vincular a proceso al imputado atendió a los datos de prueba que anunció la representación social, y los indicios que arrojaron resultan suficientes en esta etapa del proceso para arribar a dicha determinación. Por tanto, al haber cumplido la fiscalía con la carga de la prueba, no resta mencionar que la determinación reclamada, no vulnera el principio de presunción de inocencia, recogido en el artículo 20, inciso B, fracción I, de la Constitución Política, ni el principio in dubio pro reo que forma parte de ese derecho fundamental. Además, recordemos que para vincular a proceso a un imputado no se requieren pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, como sí sería necesario al dictar la sentencia definitiva en la etapa de juicio. De ahí que, en este momento no hay base para dudar de la veracidad de lo señalado, y toda vez que en el nuevo sistema de justicia oral, no es necesario que existan pruebas formalizadas, sino únicamente datos que establezcan el delito que se imputa, el lugar, tiempo, las circunstancias de ejecución y que exista probabilidad de que aquel lo cometió o participó en su ejecución, lo que en la especie aconteció, por lo que se arriba a la conclusión que correctamente el Juez responsable dictó auto de vinculación a proceso al determinar la comisión del hecho con apariencia de delito, así como la presunción de que el aquí quejoso lo cometió. Es aplicable al particular, la tesis de jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de voz y contenido siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE GARANTÍA, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN, LOS JUECES DE DISTRITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL MOMENTO DE DICTARLO O ANALIZARLO, ÚNICAMENTE DEBEN ATENDER A LOS DATOS DE INVESTIGACIÓN QUE REFIERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA RELATIVA Y A LAS PRUEBAS QUE SE DESAHOGUEN EN ELLA, SIEMPRE QUE NO SE ESTÉ EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, para el dictado del auto de vinculación a proceso sólo debe atenderse a los datos que establezcan que se cometió un hecho señalado por la ley como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo cual debe atenderse por el Juez de Garantía y, en su caso, analizarse por el tribunal de apelación, los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, aquella determinación debe dictarse y/o analizarse únicamente con base en los datos de investigación que refiera el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahoguen en ella, siempre que no se esté en alguno de los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan, como lo son, la etapa preliminar, el reconocimiento de personas, la declaración ministerial del imputado y el anticipo de prueba, previstos en los artículos 262, 298 y 267 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, respectivamente." Debe destacarse que el auto de vinculación a proceso, no significa el fin de la investigación, por el contrario, la misma va a continuar pero de una manera formalizada o judicializada, ya con una litis determinada; es decir, las partes pueden continuar reuniendo más elementos de convicción. Dicho de otro modo, con la vinculación a proceso sólo se fija la materia a que se constreñirá la investigación por parte de la Fiscalía, dentro del plazo que fijó el Juez. Por los motivos expuestos, se determina que el proceder del Juez responsable, no conculca derechos fundamentales del quejoso ********************, de ahí lo infundado de los conceptos de violación formulados. Finamente, ameritan ser calificados de inoperantes los conceptos de violación que señalan: Que se trata actos tendenciosos con la finalidad de imponer una acusación e investigación a una persona inocente, por el simple hecho de que el promovente de la querella sea gente que se ostenta como influyente, pues basta -dice la parte quejosa- observar las fechas de las entrevistas a los testigos, peritajes de los que se observa una expedites notable, cuando en su mayoría tardan meses en integrar una carpeta. Asimismo, los relativos a que el Juez estuvo de acuerdo con la defensa en cuanto a la deficiente integración de la carpeta de investigación; por ello, se observa una tendenciosa intención de vincularlo a proceso. Finalmente, en los que se sostiene que de nada sirvieron las irregularidades, discrepancias, contradicciones observadas en las entrevistas o declaraciones que integran la carpeta de investigación, la falta de congruencia y objetividad en los datos de prueba, pues el juez cayó en la práctica común del sistema penal inquisitivo tradicional, demostrándose que el juez se encontraba influido, inducido y prejuiciado con argumentos de la Fiscalía, sin ser objetivo al momento de resolver el auto de vinculación. Lo anterior, porque se tratan de simples afirmaciones carentes de razonamiento jurídico concreto tendente a demostrar la ilegalidad del acto reclamado. Por tanto, al resultar infundados e inoperantes los conceptos de violación y no advertir deficiencia que suplir en favor del quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justica de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
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