Raúl Melchor Cardona Mendoza
Expediente 1314/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raúl Melchor Cardona Mendoza
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por tanto, de conformidad con el artículo 20, fracción IV , del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, para los siguientes efectos: "a) Continuar prestando servicios de salud a ********************, para su padecimiento. b) La atención médica proporcionada deberá garantizarse de acuerdo a los parámetros de calidad que en su totalidad se cumplan, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana 003-SSA3-2010. Y para asegurar que dicho mandato asegurador se cumpla, a fin de garantizar la no repetición de una práctica violatoria de derechos humanos, como cumplimiento al efecto protector de amparo, el Director del Hospital Civil "Dr. Miguel Silva" y la Secretaría de Salud del Estado, deberán dictar un acuerdo administrativo en el que: Ordenen proporcionar de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente así como los medicamentos necesarios derivado del padecimiento del quejoso, lo cual debe ser acorde a los parámetros de calidad contenidos en la Norma Oficial Mexicana 003- SSA3-2010. Dispongan vigilar que el hospital o unidad independiente cumplan con los requisitos establecidos en la citada norma." Mismo que causó ejecutoria el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. En proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo al apoderado de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General Dr. Miguel Silva, informando que el nosocomio señalado como responsable carecía de infraestructura necesaria para brindar el servicio de hemodiálisis al quejoso, por lo que se determinó ofrecerle el tratamiento de manera subrogada en la clínica particular denominada ********************, con residencia en esta ciudad. Destacando que si el quejoso requería algún medicamento diverso, debería comparecer al nosocomio demandado, para que un médico valorara su requerimiento, y una vez que se le generara receta, podría pasar al área de farmacia a recoger el medicamento prescrito, y en caso de no contar con él, debería acudir al área de dirección para dejar una copia de la receta, y se realizaran las gestiones administrativas pertinentes a fin de adquirir de manera directa el medicamento. Lo anterior, se hizo del conocimiento del quejoso. No obstante, se requirió a la responsable para que adjuntara la factura de las sesiones de hemodiálisis pagadas en favor del quejoso, en la clínica particular denominada ********************, de esta ciudad. En proveído de once de octubre de dos mil veintidós, de igual forma el apoderado de las autoridades responsables, informó sobre el cambio de clínica, y que para seguir brindándole al quejoso el tratamiento dialítico de manera subrogada, debería acudir a la clínica particular ******************** en la Unidad de Hemodiálisis, con sede en esta ciudad, en la que se le aplicaría Hierro y Eritropoyectina; asimismo, reiteró lo ya informado respecto al requerimiento de algún medicamento. Lo anterior, se hizo del conocimiento del quejoso. De igual forma, adjuntó la orden de transferencia de fondos de siete de octubre de dos mil veintidós, para garantizar el tratamiento del quejoso; no obstante, nuevamente se le requirió para que allegara la factura antes requerida. El diecinueve de octubre del año pasado, se tuvo al apoderado de las autoridades responsables, allegando nuevamente comprobante SPEI DE PAGO a la clínica asignada, con lo que se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera. El tres de noviembre de dos mil veintidós, la autorizada del quejoso desahogó la vista otorgada, y en ese sentido manifestó que el tratamiento dialítico sí se encontraba restablecido de manera subrogada en el Hospital ********************; sin embargo, también mencionó que derivado de los incumplimientos de pago por parte de las autoridades responsables, el quejoso tuvo que pagar seis sesiones de hemodiálisis y que las autoridades responsables estaban obligadas a cubrir; por ello pidió se reintegrara al quejoso el monto total de éstas; exhibiendo copias simples de los recibos. En seguimiento de lo anterior, mediante escrito recibido en proveído de catorce de noviembre, se tuvo a la parte quejosa anexando los originales de los mencionados recibos de pago; de todo lo cual, se dijo sería tomado en consideración al resolver sobre cumplimiento de ejecutoria. En proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, se determinó existir defecto en el cumplimiento de ejecutoria; toda vez que, no obstante que hasta ese momento se otorgara de manera subrogada la atención médica, lo cierto era que no se desprendía claramente una continuidad de tal otorgamiento; por tanto, se requirió a las autoridades responsables, para que remitieran las constancias que así lo acreditaran; es decir, informaran el pago de las sesiones de hemodiálisis que habría de recibir el quejoso de manera subrogada; o en su caso, acreditaran el pago de por lo menos seis meses de subrogación de la atención médica a favor del quejoso; asimismo, emitiera el acuerdo administrativo citado en la ejecutoria. De igual forma -se dijo-, conforme a las órdenes de pago exhibidas por el quejoso y toda vez que dichas sesiones encuadran dentro del periodo de la tramitación del juicio de amparo, se requirió a las responsables, para que desahogaran vista respecto de dichas documentales -que en copia simple se les remitieron-; lo anterior, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho correspondiera. En proveído de nueve de diciembre siguiente, se tuvo al apoderado de las responsables, adjuntando copia del acuerdo administrativo dictado, del cual se desprende que las sesiones de hemodiálisis serían de manera subrogada en la clínica particular denominada ******************** "********************", ubicada en esta ciudad capital. No obstante, se requirió nuevamente a las autoridades responsables, para que informaran cuántas sesiones de hemodiálisis cubrió en la referida clínica particular; o en su caso, la temporalidad en que dicha atención médica sería otorgada de manera subrogada, adjuntando las constancias que así lo acrediten. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al autorizado de la parte quejosa, informando que no habérsele devuelto la cantidad cubierta por concepto de sesiones de hemodiálisis, la cual asciende a $******************** (********************); asimismo, que en la clínica particular en la que recibe el tratamiento médico de manera subrogada, al quejoso le cobraban la eritropoyetina, el hierro, los parches y el gel. Por ello, se requirió nuevamente a las autoridades responsables, para que garantizaran la atención médica otorgada al quejoso directo, cubriendo la totalidad de los gastos que de ello emane, como los son los medicamentos que requiere; asimismo, para que desahogaran vista respecto a los seis recibos de pago valiosos cada uno por la cantidad de $******************** (********************), de fechas cinco, siete, nueve, doce, catorce y dieciséis de septiembre de este año, todos a nombre del quejoso directo a favor del ********************; lo anterior, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho correspondiera. Mediante escrito signado por el apoderado de las autoridades responsables, el cual fue recibido el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, informó que se encontraban pagadas las sesiones de hemodiálisis del ejercicio fiscal 2022; asimismo, que se encontraban realizando las gestiones necesarias a fin de que el siguiente ejercicio fiscal 2023 se etiquetara recurso para continuar otorgando dicho servicio de atención médica a la parte quejosa; reiterando que el promovente debía continuar compareciendo al nosocomio responsable, a fin de darle seguimiento a su padecimiento. No obstante, se requirió a la autoridad responsable, para que informara de manera periódica la atención médica brindada a la parte quejosa, adjuntando las constancias que así lo acreditaran. El veintisiete de diciembre del año pasado, se tuvo a las responsables reiterando lo informado sobre la atención médica del quejoso; sin embargo, se les requirió por última ocasión, previo a la imposición de la multa anunciada, para que remitieran la constancia con la que se acreditara que se había cubierto el costo de las sesiones de hemodiálisis contratadas ante la clínica particular denominada ******************** (********************), ubicada en esta ciudad, por un periodo que comprendiera al menos tres meses, para brindar el tratamiento médico adecuado al padecimiento del quejoso, a efecto de cumplir con el fallo protector, o en su caso, manifestaran el impedimento legal que tuvieran para ello. Luego, el once de enero de dos mil veintitrés, se agregó el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante el cual realizó diversas manifestaciones en el sentido de persistir el incumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, ya que a la fecha -dijo- no se le había devuelto la cantidad cubierta por concepto de seis sesiones de hemodiálisis, por $******************** (********************); asimismo, que en la clínica particular denominada "******************** (********************)", ubicada en esta ciudad, que es donde recibe el tratamiento médico de manera subrogada, le cobran la eritropoyetina, el hierro, los parches y el gel. Por ello, se requirió a las autoridades responsables, para que de inmediato dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitieran las constancias que así lo acreditaran; es decir, realizaran todas las acciones necesarias que garantizan de manera efectiva la atención médica otorgada al quejoso directo, cubriendo la totalidad de los gastos, como son los medicamentos que requiere; asimismo, para que desahogaran la vista respecto a los seis recibos de pago valiosos cada uno por la cantidad de $********************.00 (********************), de fechas cinco, siete, nueve, doce, catorce y dieciséis de septiembre de este año, todos a nombre del quejoso directo a favor del ********************; lo anterior, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho correspondiera en cuanto a su reembolso en caso de ser procedente. Reiterándose resultar insuficiente la celebración del contrato de compraventa y prestación de servicios por licitación pública por medios de identificación electrónica, con la empresa "********************.", cuyo objeto es la adquisición y contratación de la terapia sustitutiva renal extracorpórea (hemodiálisis) para los pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica, cuya vigencia fue hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, así como que por oficio 5009/2022, de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, dirigido al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios, se solicitó gestión sobre la ampliación del contrato antes referido, en cuanto al monto y plazos ahí señalados, para que se siguieran proporcionando de manera subrogada las sesiones de hemodiálisis posterior a la fecha de su vencimiento, esto es, durante el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; y, la respuesta que en sentido afirmativo emitió el representante legal de dicha empresa, en relación con la ampliación del monto establecido en el citado contrato; debido a que dicha información y documentos por sí solos no acreditaron el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos ordenados por este juzgado Federal, pues es necesario tener certeza de que la parte quejosa ha sido atendida clínicamente de acuerdo con el padecimiento que presenta. En ese sentido, también se les requirió para que remitieran constancia debidamente certificada por la empresa o por la autoridad de Salud que en su caso correspondiera, de la que se advirtiera de manera individualizada la atención médica que se brinda a la parte aquí quejosa, a efecto de acreditar que se cubría el costo de las sesiones de hemodiálisis, así como que las mismas se le han proporcionado y se le seguirán proporcionando de manera subrogada en la clínica correspondiente, al menos por un periodo que comprenda tres meses del presente año dos mil veintitrés. Así, en auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se tuvo al apoderado de las autoridades responsables reiterando lo relativo a la celebración del contrato de compraventa y prestación de servicios por licitación pública con la empresa "********************."; asimismo, respecto del oficio 5009/2022 -antes mencionados-. En adición, remitió copia del acuerdo administrativo de fecha trece de enero del presente año, dirigido al encargado de la ******************** "********************", con sede en esta ciudad, por medio del cual se le instruyó para que al quejoso le realizara la valoración médica correspondiente las veces que fueran necesarias, garantizando que sea al menos sea dos veces por año, derivado de la relación contractual existente entre dicha clínica privada, con la empresa "********************." y la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, a fin de que se le otorgue de manera gratuita el medicamento que resulte necesario para atender su padecimiento y el especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, y con ello se le garantice el derecho a la salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera; así como para que de acuerdo con sus protocolos de actuación y a la Norma Oficial Mexicana relativa al expediente clínico, se iniciara e integrara expediente médico a nombre de ********************, derivado de la prestación de ese servicio, ya que la citada clínica es la cercana al domicilio del quejoso y por ello le puede prestar la atención médica que requiere con mejores alcances que en el Hospital General de Morelia, Michoacán, ya que este no cuenta con espacio en el área de hemodiálisis y nefrología; debiendo allegar las constancias que así lo acrediten. Finalmente, anexó el expediente clínico correspondiente. No obstante lo anterior, este órgano jurisdiccional consideró que la información reiterada y sobre todo los documentos remitidos por el apoderado de las autoridades responsables para acreditar el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo resultaba insuficiente, ya que si bien anexó acuerdo administrativo dirigido al encargado de la ******************** "********************", con sede en esta ciudad, a fin de que garantizara la atención médica y el medicamento que requería el quejoso de forma gratuita; sin embargo, de la copia remitida no se advertía que dicho documento hubiera sido recibido por esa clínica; asimismo, de las constancias del expediente clínico del citado quejoso, específicamente de las hojas de registro clínico de hemodiálisis, se deprendía que éste había recibido sesiones de hemodiálisis de manera continua en los meses de octubre y noviembre de dos mil veintidós, no así en el mes de diciembre de esa anualidad ni en el mes de enero de dos mil veintitrés, ya que la última fecha que aparecía en esas hojas de registro era el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Por tanto, de nueva cuenta se requirió a las responsables, para que remitieran el acuse de recibo del acuerdo administrativo dirigido al encargado de la ******************** "********************", con sede en esta ciudad; además, debían remitir las hojas de registro clínico de hemodiálisis, de las que se deprendiera que éste había recibido sesiones de hemodiálisis de manera continua en los meses de diciembre de dos mil veintidós y enero de dos mil veintitrés; así como diversa constancia debidamente certificada por la empresa "********************.", de la que se advirtiera de manera individualizada la atención médica que se brindará a la parte aquí quejosa, a efecto de acreditar que se ha cubierto el costo de las sesiones de hemodiálisis que requiere, así como que las mismas se le han proporcionado y se le seguirán proporcionando de manera subrogada en la clínica correspondiente, al menos por un periodo que comprenda tres meses del presente año dos mil veintitrés. En cumplimiento de lo anterior, el veinte de enero de dos mil veintitrés, se tuvo al apoderado de las responsables, anexando el expediente clínico del quejoso, del que se advirtió que había recibido de forma gratuita sesiones de hemodiálisis de manera continua durante los meses de diciembre de dos mil veintidós, así como enero dos mil veintitrés; ordenándose dar vista a la parte quejosa. En acuerdo de diez de marzo del año en curso, se tuvo al apoderado jurídico de las responsables anexando el expediente clínico del quejoso, en el que se observó que éste había recibido sus sesiones de hemodiálisis de manera gratuita y que la última sesión que había sido otorgada fue el doce de enero de dos mil veintitrés; por tanto, se le requirió a las responsables, así como a la quejosa para que dentro del plazo de tres días informara si a la fecha le estaban otorgando de manera oportuna y continua las sesiones de hemodiálisis, así como los medicamentos. Luego, en proveído de diecisiete de mayo del presente año, se hizo efectivo el apercibimiento decretado a las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Salud en el Estado de Michoacán y Director del Hospital "Doctor Miguel Silva", perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, el dos de diciembre de dos mil veintidós, imponiéndoseles una multa con cien unidades de medida y actualización, equivalente a $********************), toda vez que fueron omisos en desahogar la vista respecto de los recibos de pago exhibidos por el quejoso. Asimismo, porque si bien en acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, las responsables anexaron el expediente clínico del quejoso, del que se advierte las sesiones de hemodiálisis que ha recibido de manera continua, constante y subrogada desde el seis de diciembre de dos mil veintidós y hasta el doce de enero de este año; sin embargo, no hicieron manifestación respecto a las sesiones pagadas por la parte quejosa. El treinta y uno julio del presente año, se tuvo al apoderado jurídico de las responsables, informando que la quejosa se encontraba recibiendo dos sesiones de hemodiálisis por semana de manera subrogada, periódica y gratuita, los días martes y viernes a las doce horas en la clínica privada "********************", en esta ciudad capital, para lo cual adjuntó las constancias correspondientes a las sesiones realizadas durante el trascurso de los meses de junio y julio; sin embargo, a la fecha no informaron respecto a las sesiones pagadas por la parte quejosa, por lo que se les requirió nuevamente a realizar los actos concretos siguientes: "a) Informe respecto a las sesiones pagadas por la parte quejosa, como se advierte de los recibos de pago exhibidos de los días cinco, siete, nueve, doce, catorce y dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, valiosos cada uno por la cantidad de $********************.00 (mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional). b) Remitan el expediente clínico, a efecto de acreditar que se ha proporcionado y se le seguirán proporcionando a la parte quejosa, las sesiones de hemodiálisis de manera subrogada en la clínica respectiva, correspondiente al mes de mayo del presente año." En proveído de ocho de agosto del año en cuso, se tuvo a las responsables informando que el presupuesto destinado en dos mil veintidós para el sector salud no fue suficiente por el incremento desfasado derivado de la pandemia y otras enfermedades, por lo que en relación a los pagos realizados en septiembre de ese año por la aquí quejosa, existe la posibilidad de que hayan sido destinados para sus sesiones de hemodiálisis; sin embargo, no existe la certeza de lo antes señalado; por otra parte, en el mismo acuerdo se le tuvo por adjuntando las constancias referentes a las sesiones de hemodiálisis realzadas a la quejosa el mes de mayo de este año. No obstante, nuevamente se requirió a las responsables, para que: "a) Remitan las constancias con las que se acrediten que brindaron las sesiones de hemodiálisis al quejoso correspondientes a los meses de julio y agosto de este año. b) Realicen lo necesario para que a la parte quejosa se le otorgue en el presente y lo futuro de forma constante y oportuna el tratamiento completo de hemodiálisis sin que falten los medicamentos necesarios para el mismo, a efecto de salvaguardar su derecho humano a la salud y a la vida, debiendo adjuntar copia certificada de las constancias que así lo acrediten." El quince de agosto del año actual, se recibió el oficio y anexos enviados por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual informó que por oficio CJDG/DACL/2602/2023, requirió a la Secretaria de Salud en el Estado de Michoacán, para que en el ámbito de su competencia, se avoque a cumplir con lo ordenado dentro del presente juicio de amparo, debiendo informar a este órgano jurisdiccional y a esa Consejería las gestiones realizadas. Oficio que fue entregado a la citada Secretaría de Salud, el once de agosto del año en curso, como se advierte del acuse de recepción que adjunta al oficio de cuenta. De lo que este órgano jurisdiccional tomó conocimiento. Finalmente, en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo a las responsables adjuntando las constancias de las que se advierte se llevaron a cabo las sesiones de hemodiálisis durante los meses de julio y agosto de dos mil veintitrés, respectivamente; por esta razón se ordenó dar vista con cumplimiento a las partes, para que en el plazo de tres días manifestaran lo que su interés legal conviniera, sin que se hayan realizado manifestación alguna. 3. Conclusión. En tales circunstancias, por lo anteriormente señalado, queda evidenciado que las autoridades responsables, cada una en sus respectivas esferas de competencia, restituyeron al solicitante del amparo en el pleno goce de su derecho fundamental violado; toda vez que de las constancias anexas es posible advertir que sí se están prestando los servicios de salud al quejoso, para sus padecimientos; asimismo, que se emitió el acuerdo administrativo, a través del cual se informó que la atención médica en los tratamientos de hemodiálisis, sería brindado de manera subrogada en la clínica particular denominada "********************"; atención médica acreditada hasta el mes de agosto de este año; cumpliéndose con el mínimo de tres meses solicitado. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al margen de lo anterior, se determina que el pronunciamiento que en este momento se realiza de ninguna manera significa que las autoridades responsables queden eximidas en lo subsecuente de continuar salvaguardando en favor del quejoso el derecho de recibir la atención médica gratuita adecuada para contrarrestar los padecimientos que tiene, así como de continuar entregándole los medicamentos que le sean prescritos. Es así, ya que el deber impuesto a las responsables de restituir en el pleno goce de los derechos fundamentales al peticionario del amparo, no se extingue por el hecho de que se termine la supervisión de la ejecutoria por parte de este órgano jurisdiccional, pues la observancia de tal prerrogativa no depende de que se declare cumplida la ejecutoria, ya que las autoridades quedan sujetas al cumplimiento de la sentencia amparadora a pesar de que se declare cumplida; por tanto, quedan obligadas a continuar proporcionando a la impetrante de garantías, dicho tratamiento de manera ininterrumpida. Además, la quejosa tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorada y se le proporcione el tratamiento médico correspondiente de forma gratuita. Sin que obste a la anterior determinación, la exhibición de los seis recibos de dinero por $******************** (********************), expedidos el cinco, siete, nueve, doce, catorce y dieciséis de septiembre de dos mil veintidós, por concepto de sesiones de hemodiálisis, con sello del ********************, con la finalidad de que le fueran pagados a la parte quejosa; no obstante, dicha pretensión resulta improcedente, toda vez que esa circunstancia no formó parte de los efectos de la ejecutoria; de ahí, que este órgano jurisdiccional no pueda ampliarlos en este momento procesal, para los fines pretendidos. Máxime, que corresponden a fechas posteriores al dictado de la sentencia. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES CONSERVABLE. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 7. Incidente de suspensión, valoración. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 8. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
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