Raúl Morín Sosa

Expediente 1629/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1629/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
24/04/2018

Partes del expediente

  • Raúl Morín Sosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio DJC/1784/2018 presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el cuatro de abril del año en curso y anexo al mismo (fojas 115 a 117), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Raúl Morín Rosa. Luego, mediante proveído de seis de abril de la presente anualidad (foja 118), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexo, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el nueve de abril del presente año (foja 119); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 46 a 61), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades ahí precisadas, para los efectos siguiente: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $18,831.39 (dieciocho mil ochocientos treinta y un pesos 39/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que vigilaran que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la parte promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolverle a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $18,831.39 (dieciocho mil ochocientos treinta y un pesos 39/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; la cual debía ser actualizada. Resolución que por proveído de treinta de noviembre del año próximo pasado (fojas 70 a 71), se declaró ejecutoriada, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Luego, primeramente, a través del oficio DJC/1784/2018 de cuatro de abril de dos mil dieciocho, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en esa misma fecha (fojas 115 a 117), la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó que en cumplimiento al fallo protector, devolvió a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria la cantidad de $19,312.24 (diecinueve mil trescientos doce pesos 24/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo; esto es, manifestó que le realizó la devolución mediante transferencia bancaria del remanente que excedía de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $18,831.39 (dieciocho mil ochocientos treinta y un pesos 39/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit (fojas 115 a 117). Ahora bien, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $18,831.39 (dieciocho mil ochocientos treinta y un pesos 39/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el diez de agosto de dos mil diecisiete y la devolución a la parte quejosa se efectuó mediante transferencia electrónica el tres de abril de dos mil dieciocho; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de agosto de dos mil diecisiete a abril del presente año. Así, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de marzo del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Además, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecisiete fue de 126.886; y para el mes de marzo del presente año fue de 133.436. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.05162. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $18,551.39 (dieciocho mil quinientos cincuenta y pesos 39/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, ********************; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a la cantidad a devolver $18,551.39 (dieciocho mil quinientos cincuenta y pesos 39/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de ******************** Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad total de $19,312.24 (diecinueve mil trescientos doce pesos 24/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público o privado, inscripción de crédito hipotecario, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, así como por actualización. No pasa inadvertido que el monto que el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, debía devolver a la parte quejosa en total la cantidad de ********************; sin embargo, ésta reintegró únicamente la cantidad de $19,312.24 (diecinueve mil trescientos doce pesos 24/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $196.79 (ciento noventa y seis pesos 79/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizaría tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la parte quejosa, con el propósito de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida parte agraviada en el goce de ********************violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual manifiesta haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el ocurso y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obren en el presente sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que el veintiuno de marzo de este año, se turnaron al Director General de Tesorería de dicha dependencia, los datos necesarios para que proceda a devolverle a la parte quejosa la cantidad precisada en la ejecutoria de amparo, como lo acredita con la copia simple del acuse de recibo que exhibe. En consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense al presente juicio en vías de cumplimiento; en la inteligencia, de que este órgano jurisdiccional estará a la espera del acatamiento total al fallo protector. Bajo ese contexto, acorde a lo establecido en el artículo 197 de la Ley en cita, se tiene como autoridad vinculada al cumplimiento al fallo protector al Director General de Tesorería de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad; por tanto, de conformidad a lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de la materia, requiérase al aludido director, para que dentro del plazo de tres días siguiente al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, acredite ante este juzgado el pago efectuado a la parte quejosa por la cantidad que se estableció en la sentencia de amparo. Sin que con lo anterior se releve de la obligación de cumplir puntualmente con la sentencia concesoria de amparo al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit. Se apercibe a la responsable de previa mención y a la autoridad vinculada, que de no hacerlo sin causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada una de ellas una medida de apremio consistente en multa por la cantidad equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entiende referido a la ahora denominada Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Finalmente, se les hace del conocimiento a la citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevén los artículos 193 y 269 de la Ley citada.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que mediante oficio DJC/1486/2017 se notificó en el domicilio procesal señalado por la parte quejosa cuáles son los datos que se requieren para estar en condiciones de devolverle la cantidad precisada en la ejecutoria de amparo, como lo acredita con la constancia de notificación que exhibe; por lo que solicita le sea otorgada una prórroga de diez días a fin de estar en condiciones de acatar la determinación de mérito. No obstante, una vez analizada la notificación de que se trata, se advierte que se realizó mediante instructivo en virtud de que no se localizó persona con quien pudiera entenderse la diligencia de que se trata. Luego, de las constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que el autorizado de Raúl Morín Rosa allegó a este juzgado diversas documentales de las que se desprenden los datos requeridos por la responsable para estar en condiciones de acatar el fallo protector (fojas 88 a 91); asimismo, de la copia certificada de la escritura pública número 19,052 de cinco de julio de dos mil diecisiete, se advierte el Registro Federal de Contribuyentes del quejoso, a saber, MOFR771208947. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones que se traducen en el retardo del acatamiento a la sentencia protectora, remítase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, copia de las constancias exhibidas por el autorizado del citado quejoso e infórmesele que su Registro Federal de Contribuyentes es MOFR771208947. Bajo ese contexto, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, por última ocasión se concede al citado recaudador la prórroga que solicita por un plazo de cinco días, los cuales iniciarán a computarse al día siguiente al en que reciba el oficio de notificación derivado del presente auto. En la inteligencia de que continúa subsistente el apercibimiento de multa contenido en proveído de diecinueve de febrero de este año (foja 100).

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