Raúl Leobardo Ramos de Dios

Expediente 2303/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2303/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Raúl Leobardo Ramos de Dios
  • Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido el veinticinco de febrero de dos mil veinte, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la aquí quejosa. Por acuerdo de veintisiete de febrero del año actual (foja 58), se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado con el referido oficio, para que indicaran lo que a su interés legal conviniera; asimismo, se les apercibió que, de no hacer manifestación alguna, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, este Órgano Jurisdiccional procede a determinar si de acuerdo con las documentales que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que se dispusiera lo conducente

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE DICIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el libelo y anexo de cuenta, suscrito por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al proveído de veintidós de noviembre de este año, informa las gestiones realizadas a fin de acatar el fallo protector; consecuentemente, téngase a la autoridad de mérito en vías de cumplimiento al fallo protector concedido en el presente sumario. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de garantías, escrito aclaratorio y documentales, como lo prevén los artículos 110 y 128, último párrafo de la Ley de Amparo, tramítese por separado y en duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2731/2019, promovido por ********************, en representación de ********************, acorde a lo dispuesto en los numerales 125 y 128 del citado ordenamiento legal, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, residente en esta ciudad. Con apoyo en los ordinales 138, fracción III, 140, primer párrafo y 142, primer párrafo de la Ley de la materia, pídase informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo por duplicado dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS siguientes al en que reciba el oficio respectivo, en el cual, debe concretarse a expresar si es o no cierto el acto reclamado que se le atribuye, podrá expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este Juzgado Federal establecer el monto de las garantías correspondientes que puedan fijarse; al efecto remítasele copia simple de la demanda y escrito aclaratorio. Apercibida que en caso de no rendir su respectivo informe previo en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 142 del ordenamiento legal en cita, se presumirá la certeza del acto que se les reclama. Se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente, en términos de lo dispuesto por el arábigo 138, fracción II de la Ley de Amparo. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, los requisitos para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados a petición de parte son: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza; 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. Las consideraciones anteriores se encuentran contenidas en la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, página: 2347: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal". En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridad responsable lo siguiente: Como ordenadora: Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, residente en esta ciudad. Acto reclamado: La negativa del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, residente en esta ciudad, de ordenar la medida precautoria para la suspensión de las operaciones o actuaciones jurídicas que está realizando al Fideicomiso Bahía de Banderas Nayarit, en las tierras que dicen les fueron expropiadas. La negativa del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, residente en esta ciudad, de ordenar como medida precautoria la inscripción de su demanda en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Ahora bien, respecto de los actos reclamados antes indicados; con fundamento en lo previsto en el dispositivo 128, del ordenamiento legal en cita SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL A LA PARTE QUEJOSA, toda vez que se colige que dichos actos, es de aquéllos que les reviste el carácter de omisivos y los mismos no pueden ser objeto de ser suspendidos, pues implica un no actuar de las autoridades, es decir, se rehúsan a hacer algo, o se abstienen de contestar no obstante de existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que, siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a las peticiones de la parte quejosa, pues ello será materia de la sentencia de fondo. Esto es así, pues en la actualidad la suspensión no solamente tiene una función como gramaticalmente podría considerarse (paralizar), sino que, merced a lo dispuesto por el segundo párrafo del precepto 147 de la ley de la materia, puede fungir como una medida restitutoria provisional de los derechos que se han visto afectados con motivo de un acto que, sin importar si implica un hacer o un no hacer, como acontece tratándose de las omisiones, dada su propia naturaleza y características, involucra un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado al tener efectos que perduran en el tiempo y que no se agotan en un solo momento, sin que pueda afirmarse categóricamente que todo acto de carácter omisivo o de abstención es susceptible de suspenderse. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Tomo 3, Libro XXV, Octubre de dos mil trece, página mil novecientos doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis versa: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." De igual manera, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página trescientos doce, Tomo XI, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis dice: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida." Debe precisarse que en el caso concreto es innecesario efectuar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, previsto por el arábigo 138 del citado ordenamiento legal, pues para ello es requisito indispensable que se conceda la suspensión del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2014, emitida por la Segunda Sala, Materia Común, publicada en la página mil doscientos noventa y dos, Libro 3, Febrero de dos mil catorce, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA. Para otorgar la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, basta con comprobar la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; análisis que debe llevarse a cabo concomitantemente con el posible perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o la contravención a disposiciones de orden público, acorde con la fracción II del precepto legal citado. En congruencia con lo anterior, no puede invocarse la apariencia del buen derecho para negar la suspensión de los actos reclamados, al considerar de manera preliminar que el acto reclamado en el juicio de amparo es constitucional, debido a que esa aplicación no es acorde con su naturaleza ni con la finalidad de la suspensión pues, incluso, cuando se introdujo esa institución en la reforma constitucional de 6 de junio de 2011, se hizo para que fuera tomada en cuenta sólo en sentido favorable, es decir, para conceder la suspensión de los actos reclamados; además, su otorgamiento se sujeta a los requisitos establecidos para tal efecto, sin que sea factible negarla con un análisis superficial del acto reclamado, ya que se estaría aplicando una consecuencia no prevista en la ley, aunado a que dicho análisis corresponde realizarlo al resolver el fondo del asunto. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, la circunstancia de que se lleve a cabo un análisis similar para conceder la medida cautelar, ya que ello obedece a que precisamente la finalidad de la suspensión es asegurar provisionalmente el derecho cuestionado, para que la sentencia que se dicte en el proceso principal no pierda su eficacia, sin que esa decisión se torne arbitraria, pues en todo caso deben satisfacerse los requisitos establecidos para su otorgamiento; máxime si se toma en cuenta que la Ley de Amparo prevé mecanismos para asegurar que las partes en litigio no sufran un daño irreparable al otorgarse la suspensión de los actos reclamados, aplicando la apariencia del buen derecho, lo que no podría garantizarse al quejoso si se negara la medida cautelar aplicando esa institución en sentido contrario y la sentencia que se dictare fuera favorable a sus intereses". Así, respecto de las consecuencias de los actos reclamados que se indicaron; con fundamento en lo previsto en el dispositivo 128, del ordenamiento legal en cita SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL A LA PARTE QUEJOSA, toda vez que los actos reclamados derivan de un juicio agrario en el cual se demandó la nulidad del decreto expropiatorio de diez de noviembre de mil novecientos setenta, pues de concederse se afectaría el interés social y el orden público, debido a que las expropiaciones son en beneficio de la sociedad, lo cual beneficia a la colectividad y dicho beneficio está por encima del interés particular de los quejosos, ya que de acuerdo a los establecido en la ley agraria, los bienes comunales y ejidales se pueden expropiar por causa de utilidad pública. Se cita la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Materia Administrativa, publicada en la página ciento cincuenta y nueve, Tomo VIII, Julio de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EXPROPIACIÓN. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE TRATANDOSE DE DECRETOS FUNDADOS EN LA FRACCION VI DEL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. CUANDO LA SOLICITA UN PARTICULAR. La Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a la suspensión en materia de expropiación, se ha pronunciado en el sentido de que contra la aplicación de leyes relativas a esta materia dictadas en beneficio social, no procede la medida cautelar, de conformidad con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo que salvaguarda el interés general; sin embargo, también ha sostenido que el criterio anterior no debe aplicarse mecánicamente, sino adecuarse al caso concreto tomando en consideración las peculiaridades del mismo. Tratándose de la Ley de Expropiación, existen casos en que la ocupación de bienes tiene el carácter de urgente e inaplazable y, en ese evento, debe negarse la medida cautelar, porque de concederla, se afectaría el interés social; pero fuera de esa hipótesis el juzgador deberá analizar las particularidades del caso para concluir si procede a no otorgar el beneficio. Para determinar cuándo se está en un caso urgente e inaplazable hay que atender al recurso administrativo previsto en la Ley de Expropiación. Si éste paraliza el acto, entonces no se está en la hipótesis de urgente necesidad y la medida cautelar es procedente. Sin embargo, cuando se trata de decretos expropiatorios fundados, no en la Ley de Expropiación sino en la fracción VI del artículo 112 de la Ley Federal de Reforma Agraria, la cual, no prevé la existencia de un recurso administrativo que suspenda el acto, debe presumirse que la expropiación es de realización urgente e inaplazable y, por tanto, atender a la regla general de que en esta materia no es procedente la suspensión del acto reclamado. Ello es así si tomamos en cuenta, además que la expropiación de bienes ejidales y comunales se previno en un ordenamiento distinto a la Ley de Expropiación, con la evidente intención del legislador de darle a este tipo de expropiaciones un trato especial, dadas las características de utilidad pública y social que poseen los ejidos y comunidades, luego, si en la legislación propia de la materia no se contempla la existencia de un medio de defensa por virtud del cual pudiera paralizarse el decreto expropiatorio, cabe concluir que los casos de expropiación de bienes ejidales y comunales son de urgente e inaplazable realización, máxime si atendemos a lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley de Reforma Agraria que señala que "los bienes ejidales y los comunales sólo podrán ser expropiados por causa de utilidad pública que con toda evidencia sea superior a la utilidad social del ejido o de las comunidades", siendo evidentemente superior la causa de expropiación. Es claro que la sociedad está interesada en que se realice cuanto antes el decreto expropiatorio, particularmente por lo que se refiere a la fracción VI del propio artículo 112 que prevé como utilidad pública "la fundación, mejoramiento, conservación y crecimiento de los centros de población", en esta hipótesis, al enfrentarse el interés individual de los quejosos frente al interés colectivo de la comunidad beneficiada por el decreto expropiatorio, es claro que el interés colectivo debe imperar, pues es mayor el perjuicio que se sigue a la comunidad impidiendo que se regularice un centro de población y se creen viviendas de interés social, que el que se irroga a los promoventes con la denegación de la medida cautelar".

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite testimonio certificado de la ejecutoria pronunciada el once de octubre de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revisión 490/2019 y los autos originales del juicio de amparo 986/2019. Ahora bien, del contenido de la citada ejecutoria, se advierte que el referido tribunal colegiado DESECHÓ el recurso de revisión interpuesto por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, contra la sentencia definitiva dictada en autos, en la que, por una parte, se sobreseyó en el presente juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Blanca Azucena Guerra Amparo, contra actos del Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. Luego, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. Además, tal como se precisó en la sentencia de amparo, la autoridad responsable en comento deberá acreditar que hizo entrega a la parte quejosa de la cantidad objeto de devolución, debidamente actualizada conforme al precepto 35 del Código Fiscal para el Estado de Nayarit; asimismo, la citada autoridad deberá allegar las operaciones aritméticas que realice para obtener la actualización de que se trata. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 33, fracción LI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas responsable, dar cumplimiento con la citada ejecutoria. En la inteligencia de que, deberá emplear los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que comunique que requirió a las responsables para que den cumplimiento al fallo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el libro 4, Tomo II, página mil trescientos ochenta, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto expresa: "*****." Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Asimismo, hágase del conocimiento de las responsables que este Órgano de Control Constitucional, considera suficiente el término otorgado con antelación para la realizar los trámites administrativos que se requieran, pues es de interés público el pronto cumplimiento de las sentencias. Finalmente, agréguese a este sumario el cuaderno de antecedentes a partir de la presentación del recurso de revisión.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano