Raul Morales Mejia
Expediente 223/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Raul Morales Mejia
Actuaciones
- Principal
MESA VII CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASI COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEIDO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, SINTESIS DEL AUTO DE TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO:Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el doce de marzo pasado, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora bien, toda vez que se encuentran agregados al presente expediente los documentos exhibidos por el quejoso con su demanda, requiérasele a efecto que por sí o a través de cualquiera de sus autorizados comparezca a recibirlos, en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrán la misma suerte que este expediente; documentos que se entregarán personalmente, previa firma que en razón de su recibo obre en autos. Por último, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA VII CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASI COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEIDO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, SINTESIS DEL AUTO DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO: Vista la demanda de amparo formulada por Raúl Morales Mejía, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 223/2018-VII-B. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, el quejoso reclama lo siguiente: La falta de emplazamiento al juicio civil 741/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas. La orden de desalojo dictada en el indicado juicio civil 741/2015, con rompimiento de cerraduras y auxilio de la fuerza pública, del inmueble que el quejoso aduce poseer en calidad de arrendatario, a saber, el ubicado en calle España, número 1003 poniente, esquina con calle Ramos Arizpe, de la colonia Vicente Guerrero, de Ciudad Madero, Tamaulipas. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, a consideración de la suscrita, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, en relación con la fracción X, ambas del artículo 61, de la Ley de Amparo, mismas que citan lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Del numeral transcrito se colige, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de otra ejecutoria de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Así, el principio inmerso en la causal de que se trata, es el del respeto de la cosa juzgada, con la finalidad de evitar que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, lo que incidiría en detrimento de la seguridad jurídica. Por su parte, la cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son: a) Los sujetos que intervienen en el proceso; b) La cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia, y c) La causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Así, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. Ahora bien, tomando en consideración que los juicios tramitados en este mismo órgano jurisdiccional constituyen un hecho notorio para esta Juzgadora, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena tener a la vista el juicio de amparo 127/2017-VI-B, del índice de este juzgado, promovido por el aquí quejoso contra los mismos actos y autoridad que ahora reclama. Así, de las constancias que integran el referido juicio de garantías 127/2017-VI-B, se destaca, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Que mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, Raúl Morales Mejía solicitó el amparo y protección de la justicia de la Unión, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, los cuales, al igual que en este asunto, hizo consistir en la falta de emplazamiento al aludido juicio civil 741/2015, y la orden de lanzamiento del indicado bien inmueble. 2. Posteriormente, una vez cumplida la prevención formulada en autos, por acuerdo de veinte de febrero del año pasado, se admitió a trámite dicho juicio de amparo. 3. Seguida la secuela procesal, el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia correspondiente, en cuyo considerando segundo, se precisaron como acto reclamados los siguientes: "a) La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil reivindicatorio 741/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas, promovido por Genoveva, Alicia, Martha, Victoria y Otilio, todos de apellidos Valdez Resendiz en contra de Leonel Córdova Castillo y Juan Morales Mejía. b) La orden de desalojo dictada en el juicio civil 741/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial, con residencia en Altamira, Tamaulipas, con auxilio de la fuerza pública, del inmueble que aduce el quejoso posee en calidad de arrendatario, ubicado en calle España, número 1003 poniente, esquina con calle Ramos Arizpe, de la colonia Vicente Guerrero de Ciudad Madero, Tamaulipas." -Sentencia en la cual se sobreseyó en el juicio, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico de la parte quejosa. 4. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien lo radicó bajo el número 199/2017, y por ejecutoria de trece de julio de dos mil diecisiete, confirmó la sentencia recurrida. Consecuentemente, por relacionarse con la materia del presente juicio, se ordena agregar al presente asunto copia certificada de las anteriores constancias, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, de las referidas constancias y de los presentes autos, se colige lo siguiente: a) Que el juicio de amparo 127/2017-VI-B, del índice de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, fue promovido, al igual que este asunto, por Raúl Morales Mejía. b) Que tanto en el referido juicio 127/2017-VI-B, como en el presente asunto, se coincide en señalar como autoridad responsable ordenadora al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira y, c) En ambos casos, los actos reclamados resultan ser los mismos, a saber, la falta de emplazamiento al juicio 741/2015, del índice del Juzgado responsable, y como consecuencia de ello, la orden de lanzamiento respecto del indicado bien inmueble. d) Que por sentencia de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el indicado juicio de amparo 127/2017-VI-B; resolución que fue confirmada el trece de julio de dos mil diecisiete, por el tribunal de alzada. Por ende, los actos que ahora reclama Raúl Morales Mejía, ya fueron materia de ejecutoria emitida en juicio de amparo anterior (127/2017-VI-B, del índice de este propio Juzgado de Distrito), por lo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el citado artículo 113, de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Raúl Morales Mejía. DOMICILIO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce al promovente, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que de su escrito de demanda el disconforme solicitó que se le tuviera como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 27, de la Ley de Amparo, a las personas que ahí señala, sin embargo, debido a que en dicho numeral se establecen las reglas a seguir para practicar las notificaciones que deban hacerse por oficio, y no así la facultad que tienen las partes para designar a alguna persona como su autorizada dentro del juicio de amparo, pues ello se encuentra regulado en el artículo 12, de la propia ley de la materia. Por tanto, a fin de atender su solicitud y con apoyo en el numeral 76, la invocada legislación, se suple el error para establecer que la designación la realiza en términos de la parte final del citado artículo 12, de la Ley de Amparo, por lo que se tiene como sus autorizados en los términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Verónica María Pérez Nieto y Valente Ostiguin Guillén, en virtud que no cuentan con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquier diligencia que se ordene en estos autos, sin necesidad de ulterior pronunciamiento; lo anterior, para los efectos legales procedentes. AUTO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE:Visto; agréguese a estos autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Raúl Morales Mejía, y en atención a lo que solicita enseguida se provee: Téngase como autorizada de la parte quejosa, en términos de la parte final del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Ana Edith Zúñiga Soto, por no encontrarse registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, por cuanto hace a la solicitud formulada por el quejoso en el sentido de que le sea devuelto el documento que anexó a su escrito inicial de demanda; indíquesele que hasta en tanto cause estado el auto de doce de marzo pasado, que desechó su demanda de garantías, le será devuelto el documento de referencia, el cual quedará a su disposición en la Secretaría de este juzgado, a efecto de que por sí o cualquiera de las personas que autoriza, comparezcan ante este órgano jurisdiccional a recibirlas, previo recibo que de su entrega se agregue a los autos. Por otra parte, agréguese a estos autos la razón de cuenta, en la que el actuario judicial de la adscripción asentó que no le fue posible notificar el auto de doce de este mes de marzo, al quejoso Raúl Morales Mejía; en virtud de que al constituirse en el domicilio proporcionado en la demanda de amparo, la persona que lo atendió le informó que ahí no residía la persona buscada. En mérito de lo anterior, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado acuerdo de doce del mes en curso, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena practicar a la parte quejosa la indicada notificación, así como las diversas que se originen en este asunto, incluyendo las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto proporcione un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones. Sin que obste a lo anterior, lo indicado por el quejoso en el ocurso de cuenta, en el sentido de que se da por notificado y conforme con lo acordado en el proveído de doce de marzo del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías, toda vez que no obra en autos constancia alguna que acredite su dicho; por tanto, a efecto de permitirle el debido acceso a la justicia, se estima conveniente que dicho proveído le sea notificado formalmente en los términos precisados con anterioridad.
- Principal
EN ESTA FECHA SE CELEBRA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL:...RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Abel Martínez Saucedo, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, con base en los razonamientos jurídicos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia.
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