Raul Mendez Fuentes

Expediente 913/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
913/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
26/09/2018

Partes del expediente

  • Raul Mendez Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de siete de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual se tuvo por desechada la demanda de amparo indirecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA IV NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA IV SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO: Vista, la demanda de amparo promovida por Raúl Méndez Fuentes, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tampico, Tamaulipas y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno con el número 913/2018-IV-A. HECHO NOTORIO Previamente a proveer lo que en derecho corresponda, y toda vez que para la suscrita, es un hecho notorio los asuntos que ante este órgano jurisdiccional se tramitan, se ordena a la Secretaria actuante, traer a la vista diversas actuaciones deducidas del juicio de amparo 429/2018, del índice de este propio órgano, promovido por Raúl Méndez Fuentes. DESECHAMIENTO Es oportuno señalar que la demanda de amparo, debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido... En ese sentido, analizado el escrito de demanda de garantías que nos ocupa, promovido por Raúl Méndez Fuentes, esta Juzgadora estima que con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XXII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitir ni tramitar la demanda de garantías, puesto que habrá de desecharse de plano, al advertirse la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo estudio y observancia debe hacerse de oficio, atenta su naturaleza de orden público y según lo establece el precepto 62 de la Ley de la Materia. En ese tenor, se destaca que el acto reclamado en el presente asunto, lo constituye esencialmente el acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 209/2/1996, promovido por Alejo Fong Palacios y Carlos Aradillas Turrubiates, en contra del aquí quejoso, del índice de la responsable, en el que esencialmente se desechó de plano su recurso de revisión contra actos del Presidente, en cuanto a la emisión del acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, que ordenó la entrega y posesión material del bien inmueble embargado, adjudicado y escriturado a favor de la parte actora y las consecuencias legales que de dicho desechamiento emanen, como en el caso la ejecución del aludido auto de diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Ahora, la hipótesis de improcedencia prevista en la Ley de Amparo dispone;. Conforme a los preceptos legales antes transcritos, se advierte que en los juicios que se encuentren en el periodo de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo indirecto, cuando se trate de la última resolución dictada en ejecución de sentencia, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento; y tratándose de procedimientos de remates, únicamente contra aquellas resoluciones que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo impugnarse en las demanda de amparo respectiva, las demás violaciones cometidas durante ése procedimiento de ejecución que hubieran dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Así mismo, cuando se trate del procedimiento de remate, se entenderá como última resolución, aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Existiendo únicamente como excepciones a lo anterior el arresto como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes, o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena, o cuestiones autónomas a la ejecución, acorde con los criterios del máximo Tribunal del País. Lo anterior se ha establecido así, porque se ha considerado que el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada no debe ser obstaculizado por ser ése cumplimiento una cuestión de interés público. En tales circunstancias, debe entenderse que la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, sólo es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso aquellas que ordenan el archivo definitivo del expediente, siendo éstas la únicas determinaciones impugnables en amparo, máxime que el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada no debe obstaculizarse por ser de interés público. Ahora bien, de las constancias que se invocan como hecho notorio, se advierte que el aquí quejoso figura como parte actora en la controversia de origen, que en autos del expediente generador de los actos reclamados compareció a deducir sus derechos, que en su contra se dictó laudo condenatorio, el que en su oportunidad impugnó en dos ocasiones vía amparo directo. Que en el año dos mil cuatro, inició el procedimiento de ejecución relativo en el expediente laboral de origen; asimismo, que en junio de dos mil diez, se adjudicó el inmueble sacado a remate -mismo que en esta vía pretende defender el promovente-; ante la contumacia del demandado a dar cumplimiento voluntario al laudo condenatorio emitido en su contra, el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se verificó el otorgamiento en rebeldía de la escritura del inmueble adjudicado a favor de los actores. Finalmente, el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, se verificó la diligencia de entrega y posesión material del inmueble embargado y adjudicado en autos, en cuya diligencia el demandado aquí quejoso, solicitó prórroga para desocupar el inmueble en comento, por lo que una vez transcurrido dicho plazo legal; por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la junta responsable dio cuenta que el plazo concedido había transcurrido y por consecuente, señaló nueva fecha y hora para la entrega y posesión material del inmueble en comento. En contra de la anterior determinación (diecinueve de abril de dos mil dieciocho), el aquí quejoso promovió recurso de revisión contra actos del Presidente, el que en una primera instancia le fue desechado. Inconforme con dicha determinación promovió el juicio de amparo cuyo hecho notorio se invoca 429/2018-III-B. , En ese tenor, es inconcuso que el acto reclamado que por esta vía se combate, consistente en el acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 209/2/1996, promovido por Alejo Fong Palacios y Carlos Aradillas Turrubiates, en contra del aquí quejoso, del índice de la responsable, en el que esencialmente se desechó de plano su recurso de revisión contra actos del Presidente, en cuanto a la emisión del acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo, sino que únicamente tienden a preparar o lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen. Lo anterior es así, porque en ella no se declaró cumplida la sentencia ni se determinó la imposibilidad para acatarla, habida cuenta que conforme a los postulados que emergen del ya referido artículo 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, se establece categóricamente que sólo podrá promoverse el amparo indirecto en tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En tal evento, resulta inconcuso que el acto por esta vía reclamado, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y será hasta que se dicte la última resolución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, cuando el justiciable estará en aptitud de acudir al juicio de amparo y, en su caso, exponer las eventuales transgresiones que considere se realizaron en el transcurso del procedimiento. Ahora, no se soslaya que la consecuencia inmediata del acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciocho, que desechó de plano el recurso de revisión contra actos del Presidente, deja firme el diverso de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, que ordenó la entrega y posesión material del bien inmueble embargado, adjudicado y escriturado a favor de la parte actora; sin embargo, debe decirse, que la orden de lanzamiento no es ajena a la cosa juzgada, sino consecuencia de la misma, y en el caso sin prejuzgar se tiene que el quejoso ha sido parte activa en las diversas etapas procedimentales, por lo que se estima que será hasta que se emita la última resolución en ejecución de sentencia, cuando el promovente pueda reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Bajo esta tesitura, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO, POR MANIFIESTA Y NOTORIA IMPROCEDENCIA, LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR RAÚL MÉNDEZ FUENTES. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se le practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene como su autorizado en términos amplios de artículo 12 de la Ley de Amparo, a J. Clemente Reyes Borjas, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación y por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

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