Raul Martínez Salazar
Expediente 1325/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1325/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Raul Martínez Salazar
Actuaciones
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Como está ordenado en el cuaderno principal, con dos copias del escrito de demanda, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 941/2021-III-B, promovido por Aurora de Jesús Delgado Hernández, Juvenal H. González Mora y Héctor Luis Meza Lozano, contra actos del Instituto para Devolver al Púeblo lo Robado (INDEP) así como a su Titular el C. Ernesto Prieto Ortega, en su carácter de Director General., Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito., y otra[s] autoridad[es]. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la[s] autoridad[es] responsable[s] su[s] respectivo[s] informe[s] previo, mismo[s] que deberá[n] rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sea[n] notificada[s], enviándole[s] al efecto copia simple de la demanda de amparo y sus anexos. Se apercibe a la[s] autoridad[es] responsable[s] de que en caso de que no rinda[n] el [los] informe[s] requeridos, se le[s] sancionara con multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos ($8,962.00)1 ; lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la[s] autoridad[es] que el informe que se le[s] requiere debe[n] preferentemente enviarlo al correo electrónico informes13jdo19cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el 1 Cantidad que se obtiene de multiplicar cien por ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos ($89.62) cantidad que equivale a una Unidad de Medida y Actualización. 22/04/24 14:05:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ número telefónico (833) 2-74-17-69; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la[s] autoridad[es] las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente a la dirección Boulevard Adolfo López Mateos 117 Sur, colonia Unidad Nacional, entre Álvaro Obregón y Oaxaca, Edificio Premier, Ciudad Madero, Tamaulipas, Código Postal 89410; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga[n] la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe[s] deberá[n] hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Se señalan las diez horas con veintidós minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia incidental. Enseguida se provee respecto de la suspensión provisional que se solicita. Ahora bien, del escrito de demanda de amparo de donde deriva el presente incidente de suspensión, se advierte que la quejosa señala como acto[s] reclamado[s] el[los] siguiente[s]: a) La omisión de proporcionar a los quejosos la atención médica, hospitalaria, estudios y/o procedimientos médicos y quirúrgicos, así como el suministro de medicamentos necesarios para nuestra salud, por consiguiente, se viola nuestro derecho humano previsto en el artículo 4° de la Carta Magna, así como los Tratados Internacionales. Esto es así porque el servicio médico que están obligadas a proporcionarnos las autoridades responsables se vino degradando al punto de que actualmente es inexistente, es decir, prácticamente no tenemos ninguna atención médica, por lo que hay una violación directa a la Constitución. Este acto reclamado se atribuye a las instituciones y titulares siguientes; 22/04/24 14:05:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ ??????????????? 1. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado INDEP, 2. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria en el fideicomiso FOPESIBAN, 3. Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural FOPESIBAN, 4. El Comité Técnico de Fideicomiso denominado Fondo de Pensiones del Sistema Banrural FOPESIBAN, 5. El Apoderado de Nacional Financiera, S.N.C. en el Fondo de Pensiones del Sistema Banrural FOPESIBAN, y, 6. El Coordinador Médico Nacional del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, b) El cambio del sistema de servicio médico "AUTOADMINISTRADO" al "INTEGRAL" o "CAPITADO", el cual nos ha dejado sin servicio médico. Además, se sabe que este nuevo modelo de atención médica conlleva limitaciones, condiciones y/o exclusiones en la prestación médica que indefectiblemente conduce a la total ineficacia e insuficiencia. Es importante hacer notar a su Señoría que el servicio médico AUTOADMINISTRADO sí cumplía con la obligación constitucional de protección al derecho a la salud previsto en el artículo 4° Constitucional, sin embargo, al sustituirse por el CAPITADO o PER CAPITA, se ha afectado gravemente nuestro derecho humano al grado de que actualmente es inexistente la atención médica a los quejosos. Este acto reclamado se atribuye a las instituciones o instancias, así como a sus titulares, siguientes: 1. El Director General del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP); 2. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; 3. El Comité Técnico del Fideicomiso denominado Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN). 22/04/24 14:05:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ c) La licitación pública nacional electrónica con reducción de plazos número LA-006HIUU002-E2-2021, publicada a través de Sistema Electrónico de Información Pública gubernamental relativa a la "Contratación del Servicio Médico Integral y de Hospitalización para los Fideicomisarios y Derechohabientes del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural a través de un prestador de servicio que proporcione los tres niveles de atención que incluye: Prevención, Detección y Diagnóstico de Diversas Enfermedades, así como el Tratamiento, Hospitalización, Servicios de Urgencia, Aparatos Ortopédicos, Atención Quirúrgica, Servicio Odontológico, Abastecimiento y Dispensación de Medicamentos, Materiales de Curación y Laboratorio y Gabinete", cuyo convocante es Nacional Financiera S.N.C., a través del cual se pretende cancelar o sustituir el sistema AUTOADMINISTRADO de atención médica, farmacéutica y hospitalaria de los quejosos, con el que se venía cumpliendo con nuestro derecho de protección a la salud, por otro sistema conocido como INTEGRAL o CAPITADO, porque actualmente no proporciona ningún atención médica. Este acto reclamado se atribuye a NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria del Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN) d) La omisión de las autoridades responsables de informar o proporcionar a los quejosos los datos de los médicos, especialistas, enfermeras, farmacias y hospitales que contrataron para proteger la salud y la vida de los quejosos, porque derivado de la anterior licitación, desconocen a quién acudir para recibir la atención médica requerida, lo que denota que no está contratado ninguno de los profesionales de la medicina mencionados. Este acto reclamado se atribuye a todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, en virtud de que no hemos sido informados de manera oficial, por escrito o verbalmente, lo que sucede con nuestro servicio médico. Por lo tanto, este cuarto acto reclamado se lo atribuimos a las instituciones y titulares siguientes; 1. El Director General del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) 22/04/24 14:05:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ ??????????????? 2. El Director General de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, esta institución en su carácter de fiduciaria en el Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN). 3. El Comité Técnico del Fideicomiso denominado Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (FOPESIBAN); 4. El Apoderado de Nacional Financiera, S.N.C. en el Fondo de Pensiones del Sistema Banrural FOPESIBAN, y, e) Las consecuencias y efectos derivados de los anteriores actos reclamados. La parte quejosa solicitó la suspensión para que las autoridades responsables realicen los actos siguientes: 1. Restablezca[n] el sistema de servicio de atención médica denominado como AUTOADMINISTRADO, a través del cual verdaderamente se protege nuestra salud y la vida, en lugar del sistema CAPITADO, PER CAPITA o INTEGRAL. 2. Proporcione[n] a los quejosos el listado que contenga los nombres, teléfonos, domicilios, horarios, especialidades de los MÉDICOS contratados que nos prestarán la atención médica que requieren los quejosos, teniendo presente la diversidad de enfermedades que padecen y el grado de avance, por lo tanto, deben ser especialistas en Cardiología, Gastroenterología, Geriatría, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, odontología, Nutrición, Ortopedia y Traumatología, Psiquiatría, Psicología, Oftalmología. 3. El listado que contenga los nombres, teléfonos, domicilios, horarios, especialidades de los HOSPITALES contratados que prestarán los servicios hospitalarios a los quejosos, teniendo presente la diversidad de enfermedades, grado de avance, que padecen los quejosos. 4. El listado que contenga los nombres, teléfonos, horarios y domicilios de las FARMACIAS contratadas para que surtan los 22/04/24 14:05:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ medicamentos de patentes que determine el médico a través de la receta que proporcione a los quejosos. 5. El listado que contenga los nombres, especialidades, teléfonos, domicilios, horarios de los LABORATORIOS MÉDICOS contratados para los exámenes médicos que determine el médico tratante. Al respecto, cabe señalar que para proveer sobre la medida cautelar, y de conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la Ley de Amparo, corresponde al juzgador de amparo fijar la situación en que habrán de quedar las cosas, tomando las medidas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, al ser el objetivo principal de una suspensión preservar la materia del juicio o darle una mayor protección a la parte quejosa. Tiene de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), que dice SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. Así, se tiene que, en el caso, la parte quejosa en su escrito de demanda sustancialmente señaló como acto reclamado la orden 22/04/24 14:05:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ ??????????????? de desalojo del inmueble descrito en su demanda, el cual aduce poseer y ser la legítima propietaria Ahora bien, en el caso, el análisis integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, permite advertir que, en realidad, los quejosos se duelen fundamentalmente, de que las autoridades que señalan como responsables omisas en proporcionarles la atención médica que consideran les corresponde, lo que incluye la omisión de informarles los datos de los médicos, especialistas, enfermeras, farmacias y hospitales que deben proteger su salud y vida. En ese orden, no obstante lo anterior, por cuanto hace a los actos reclamados precisados, se tiene que dichos actos son de naturaleza omisiva, es decir, aquel en el cual la autoridad se abstiene de actuar, o se rehúsa a hacer algo. Así, en primer término, se precisa que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo previsto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la Ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado jurisprudencialmente que la apariencia del buen derecho consiste en establecer una credibilidad objetiva y seria sobre el fondo del asunto que descarte una pretensión manifiestamente infundada o temeraria, lo que se logra a través de un conocimiento periférico, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el juicio; es decir, consiste en realizar un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no 22/04/24 14:05:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ inconstitucional, tomando en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, Novena Época, con registro No. 165659 de rubro: SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. En ese contexto, a fin de estar en aptitud de proveer respecto la solicitud aquí precisada, importa establecer, en primer término, cuál es la naturaleza del acto reclamado. En relación con ese tópico, se cita el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, el cual se 22/04/24 14:05:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ ??????????????? comparte, localizable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, página 312, que a la letra dice: SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida. Para efectos de la medida cautelar, existen dos tipos de actos, negativos y positivos. 22/04/24 14:05:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ Los actos negativos son aquellos que implican por parte de la autoridad responsable un no actuar o un comportamiento o una conducta a través de la cual se rehúsa a hacer algo. Así, existe criterio establecido cuando se reclama un acto de naturaleza negativa, consistente en un no actuar o en una abstención de la autoridad, no resulta procedente otorgar la suspensión, pues ésta no puede extenderse a obligar a la autoridad responsable a reponer a la parte quejosa en el goce de la garantía individual que estima violada. Es decir, un acto de naturaleza negativa, se torna insuspendible porque la finalidad de la suspensión es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, supuesto que no se cumple cuando se trata de un acto negativo, dado que el objetivo de la medida suspensional es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramite el juicio de amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar en determinada manera o sentido, porque de otorgarse la suspensión contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encontraran al solicitarse la suspensión de los actos reclamados. De ahí que la interpretación del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho precepto, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, no existiría materia que suspender. El criterio a que se aludió con antelación, fue sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 661, del Tomo VII, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que a la letra dice: ACTOS NEGATIVOS. Contra ellos no procede conceder la suspensión, porque ésta no puede extenderse a obligar a la autoridad responsable a 22/04/24 14:05:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ ??????????????? reponer al quejoso en el goce de la garantía individual que estima violada. De igual forma, apoya esa postura, la tesis I.3o.C.25 K, que este órgano colegiado comparte, establecida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 1468, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. Ahora bien, es de destacarse que existen actos negativos pero que tienen efectos positivos, los cuales sí son susceptibles de paralizarse, de conformidad con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 914, visible a página 1031, Quinta Época, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 1 - Reglas generales, de rubro y texto: 22/04/24 14:05:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS. SUSPENSIÓN. Si los actos contra los que se pide amparo, aunque aparentemente negativos, tienen efectos positivos, procede conceder contra ellos la suspensión, dentro de los términos previstos por la Ley de Amparo. Con la finalidad de estar en aptitud de apreciar con claridad cuando se está ante la presencia de un acto negativo con efectos positivos, es necesario atender a lo que se conoce como actos positivos, para, en forma posterior, adminicularlo con la acepción que se tiene de los negativos, para así obtener el significado en cuestión. En ese contexto, tal y como se aprecia del criterio a que se aludió en párrafos precedentes, esto es, el de rubro: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA." Los actos positivos se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Los de ejecución instantánea son aquellos que se consumen en el instante mismo de su dictado. Los de ejecución continuada o inacabada, son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado. Mientras que en los de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato. Como se colige de esa precisión, para estar en presencia de un acto positivo, necesariamente, debe involucrarse el actuar de la autoridad; es decir, el acto reclamado debe tener implícita una ejecución por parte. En esa tesitura, por actos negativos con efectos positivos, debe entenderse que son aquellos que aun y cuando proyectan un aspecto negativo, como lo sería una abstención, una 22/04/24 14:05:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ ??????????????? negativa simple o uno prohibitivo, lo cierto es que implican un actuar de la autoridad en determinado sentido, ya sea mediante la presencia de una ejecución inmediata de su resolución, una continuada o inacabada, o bien, una de tracto sucesivo. Ahora bien, en la especie, como se destacó, los actos reclamados constituyen la omisión de proporcionarles la atención médica que consideran les corresponde, lo que incluye la omisión de informarles los datos de los médicos, especialistas, enfermeras, farmacias y hospitales que deben proteger su salud y vida. Atento a lo anterior, si bien los actos reclamados son de carácter negativo traen aparejada ejecución ya que implican la restitución de un derecho vulnerado, a saber, la negativa de proporcionales la atención médica, hospitalaria, estudios y/o procedimientos médicos y quirúrgicos, así como el suministro de medicamentos necesarios para su salud y proporcionar información relacionados con la atención integral de su salud. En el caso, los quejosos sostuvieron en la demanda de amparo que a pesar de que las autoridades tienen el deber de brindarles atención médica y suministrarles los medicamentos prescritos, lo cierto es que no se les proporciona ese servicio de salud, por virtud del cambio del sistema del servicio médico AUTOADMINISTRADO al "INTEGRAL" O "CAPITADO", derivado de la licitación pública nacional LA-006HIU002-E2-2021. Por tanto, la omisión de las autoridades responsables de brindar atención médica a los quejosos, se erige en un acto de tal naturaleza capaz de producir, en el mundo fáctico o real, una consecuencia material, a saber, la alteración o, incluso, el agravamiento del estado de salud de los promoventes, pues las reglas de la lógica indican que la mayoría de las enfermedades no se resuelven de manera natural, sino que es necesario la intervención de un agente que aporte un tratamiento médico que equilibre la corporeidad -o, incluso, la psique- de la persona. Entonces, el acto negativo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho humano tutelado a favor de los gobernados legal y constitucionalmente sí materializa una consecuencia en la integridad física de los quejosos.. 22/04/24 14:05:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ En consecuencia, una vez delimitada la naturaleza del acto reclamado, este órgano jurisdiccional estima que se actualizan los requisitos para otorgar la medida cautelar, en términos de los numerales 128 y 129 de la Ley de Amparo, pues la solicitó la parte quejosa y, además, con su concesión no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Por tanto, lo que procede es conceder la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables [1] Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), [2] Ernesto Prieto Ortega, Director General del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), [3] Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria en el fideicomiso FOPESIBAN, [4] Juan Pablo Botton Falcón Director General de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, [5] Fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural FOPESIBAN, [6] Comité Técnico de Fideicomiso denominado Fondo de Pensiones del Sistema Banrural FOPESIBAN, [5] Ignacio Pérez Colín, Apoderado Nacional Financiera, S.N.C. en el Fondo de Pensiones del Sistema Banrural FOPESIBAN, y, [6] Luis Guillermo Becerril Berrones, Coordinador del Servicios Médico Nacional del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, giren las instrucciones pertinentes a las autoridades e instituciones que corresponda, a fin de que: a) Les sea proporcionada a los directos quejosos, la atención médica integral; y, b) Les comuniquen los datos (listados) de los médicos, especialistas, enfermeras, farmacias, hospitales, laboratorios que se encuentran en el sistema de salud con que actualmente cuentan los quejosos a fin de que puedan acudir a recibir los servicios y/o atención médica que requieran. Lo anterior, toda vez que en el presente caso, se busca la protección al derecho a la salud, establecido en el párrafo cuarto del artículo 4°, de la Constitución Federal; prerrogativa que se compone de 22/04/24 14:05:14 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.33.38.34.36.30.35.35 ALICIA JANNETHE VELASCO RUIZ ??????????????? la atención médica que comprende todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad Sustenta lo anterior, la tesis cuyo contenido dice: Sustenta lo anterior, la tesis cuyo contenido dice: SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos Sin que por el momento se estime factible fijar garantía alguna, dado que se carecen de elementos para ponderar si en el caso, con la medida adoptada, existe la posibilidad de causar daños y perjuicio a la parte tercera interesada. La medida cautelar tendrá vigencia, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que recaiga sobre la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente de suspensión.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. CAMBIO DE TITULAR Visto; en atención al oficio SEADS/1064/2021 de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, firmado por el Encargado del Despacho del Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, el Pleno de dicho órgano colegiado acordó la adscripción de la suscrita juzgadora Alejandra Ugalde Pérez a este órgano jurisdiccional, con efecto a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el cambio de titular. Luego, a fin de que tengan la oportunidad de plantear, en su caso, algún impedimento en relación con dicha designación. INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL TRÁMITE DEL ASUNTO, ACTUARIOS JUDICIALES Y OFICIALES ADMINISTRATIVOS. Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: En todo momento, queda a cargo del Secretario -quien aparece como fedatario- cerciorarse tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad y dar fe de ello al pie de cada determinación judicial. NOTIFICACIÓN POR LISTA. El contenido del presente auto no actualiza alguno de los supuestos del artículo 26, de la Ley de Amparo, motivo por el cual, una vez publicado en lista de acuerdos electrónica del Portal del Poder Judicial de la Federación, en términos del numeral 29 del ordenamiento en cita, quedan todas las partes enteradas de su contenido; luego, no se generan oficios derivados de este acuerdo. Resulta aplicable en ese sentido, la tesis XX. 304 K del entonces denominado Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito2, invocada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INEXACTO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTE OBLIGADO A ORDENAR LA NOTIFICACION PERSONAL DEL DIFERIMIENTO DE LA."
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