Raul Martinez Salazar

Expediente 916/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
916/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Raul Martinez Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    (.)Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el resguardo de los tomos de constancias que acompañó el Tribunal de Alzada, por haber declarado carecer de competencia, devuélvanse dichas constancias al Juez Primero de Primera Instancia Civil del Segundo Distrito Judicial con sede en Altamira, Tamaulipas para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)(.)

  2. Principal

    Ciudad Madero, Tamaulipas, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, la[s] constancia[s] de [los] actuario[s] judicial[es] adscrito[s] a este juzgado, mediante el [los] cual[es] se señala[n] la imposibilidad para notificar a la parte quejosa por los motivos que expone en la misma. Por otra parte, de la certificación que antecede, se advierte un domicilio donde puede ser notificada la parte quejosa; en consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituyan en el [los] domicilio[s] de la[s] parte[s] quejosa Raúl Martínez Salazar y le notifique el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, licenciada Juana Lugo Coronado, Secretaria en funciones de Jueza, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizada expresamente para ello en sesión de nueve de agosto de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2792/2021, de la misma fecha, ante el [la] Secretari@ Cecilia Gómez Castro, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Ciudad Madero, Tamaulipas, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, la[s] constancia[s] de [los] actuarios judiciales adscritos a este juzgado, mediante el los cuales se señala[n] la imposibilidad para notificar a la parte quejosa por los motivos que expone en la misma. Por otra parte, de la certificación que antecede, se advierte un domicilio donde puede ser notificada la parte quejosa; en consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituyan en el [los] domicilio de la parte[s] quejosa Raúl Martínez Salazar y le notifique el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, licenciada Juana Lugo Coronado, Secretaria en funciones de Jueza, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizada expresamente para ello en sesión de nueve de agosto de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2792/2021, de la misma fecha, ante el la Secretari Cecilia Gómez Castro, que autoriza y da fe. Doy fe. SINTESIS DEL AUTO DE DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el[los] documento[s] que remite la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por el cual remite la demanda de amparo promovida por Raúl Martínez Salazar, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil, con sede en Altamira, Tamaulipas, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 constitucionales, las constancias originales que integran el juicio ejecutivo mercantil 532/2018, del índice de la autoridad judicial indicada; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Acepta conocimiento. En tales condiciones, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado de este Circuito, con fundamento en lo establecido en los artículos 33 y 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, se avoca a conocer del juicio de amparo en cuestión. Acuse de recibo. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 916/2021-IV-A. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido ". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de esta juzgadora, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que establecen; [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Del primer precepto trascrito se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia Constitución o de la Ley. En relación al segundo dispositivo antes citado, aplicado en sentido contrario, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que dictados durante la etapa de ejecución de sentencia no sean la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Con base en lo anterior, se tiene que, si bien es cierto, el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone qué debe entenderse como la "última resolución" del procedimiento de ejecución, también lo es que dicho precepto legal se refiere a distintas clases de actos realizados fuera de juicio o después de concluido, contra los que procede el amparo indirecto, sólo contra la última resolución. En ese sentido, debe apuntarse que, generalmente, los juicios constan de tres etapas, y en esa consideración, hay actos: a) Fuera o antes del juicio conocidos también como prejudiciales; b) Los emitidos en juicio, que incluye los correspondientes a las etapas de instrucción y sentencia (fase in procedendo e in judicando); y, c) Los existentes después de concluido el juicio, esto es, a partir de dictada la sentencia. Estos últimos se subdividen en: c.1) Actos en ejecución de sentencia, y son los que preparan la ejecución aunque no la ejecutan de manera directa; y, c.2) Actos para la ejecución de sentencia, que son los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir el fallo. Así, debe apuntarse que al referirse la ley a actos después de concluido el juicio, engloba un universo de determinaciones judiciales que podrían ser reclamadas en amparo indirecto. Entre esos actos, ciertamente (tratándose de los actos de ejecución de una sentencia) están los catalogados como "la última resolución" y la ley describe lo que se entiende por ella. Cabe precisar, que el juicio de amparo no es un recurso de casación procedente contra cada uno de los actos que, concatenados, configura el procedimiento, sino que tiende a respetar la competencia material del juez ordinario, que debe resolver el juicio desde el ámbito de legalidad, hasta la total conclusión del procedimiento seguido ante él, y solo después de que concluya, podrá analizarse la constitucionalidad de dicho juicio, tanto desde el aspecto procesal como del material, pero considerándolo como un todo, como un solo acto, aunque formado de distintos actos concatenados. Sin embargo, ante la posibilidad de que existan actos dentro de juicio que afecten derechos fundamentales de tal manera que de esperar a que concluya el procedimiento la violación constitucional no podrá repararse, se admitió el juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio, señalándose dichos actos como reclamados sin esperar a la última resolución; pero únicamente como regla de excepción, y siempre que el acto tuviera una ejecución de imposible reparación. Sobre el tema señalado en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, consideró que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en lo anterior, sostuvo nuestro Máximo Tribunal, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. La interpretación que antecede, refirió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dedujo de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo la línea argumentativa que precede se concluyó, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" se abandonaba el criterio de que el juicio de amparo indirecto procedía excepcionalmente en contra de violaciones procesales cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse dicha concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen. De conformidad con lo expuesto, siempre debe tenerse en cuenta que el amparo no debe constituir un medio de impugnación que pudiera utilizarse arbitrariamente y para retardar el procedimiento, por tanto se interpretó la procedencia del juicio de amparo en etapa de ejecución siempre de manera restrictiva; en consecuencia, debe concluirse que un acto dictado en ejecución de sentencia solamente puede reclamarse a través del amparo indirecto, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del quejoso. Da sustento a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. De igual forma, es aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 1a./J. 28/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Estudio de la demanda Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 532/2018, promovido por Ignacio Pérez Betancourt en contra de Raúl Martínez Salazar, en la que se declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por Rosa Miriam Sánchez Cruz, en su carácter de endosataria en procuración de la parte actora, en contra del auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, y al efecto dispuso requerir al aquí quejoso [demandado] para que permitiera el acceso al perito valuador designado por la parte actora para la práctica de una diligencia consistente en dictamen de valuación, apercibido que de no hacerlo, dicho dictamen se realizaría con lo apreciable desde el exterior de su domicilio. Asimismo, de la lectura de la demanda y anexos que la conforman se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que la parte quejosa señala que [1] fue demandado en la vía ejecutiva mercantil por Ignacio Pérez Betancourt, que [2] compareció a juicio a contestar la demanda instada en su contra, opuso excepciones y defensas; [3] que fue dictada en su contra sentencia condenatoria el doce de agosto de dos mil veinte, mismo que se advierte se encuentra en etapa de ejecución de sentencia; [4], que por acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, ante las diversas probanzas exhibidas por la parte quejosa, el juez responsable dictó un auto en el que dejó sin efectos el embargo previamente trabado sobre un inmueble de la parte quejosa, por lo que inconforme con tal determinación, la parte actora interpuso recurso de revocación en su contra, el que fue resuelto en ocho de abril de dos mil veintiuno, revocando el auto antes señalado y requiriendo al quejoso para que permitiera el acceso al perito valuador designado por la parte actora para la práctica del dictamen de valuación ordenado en autos, apercibido que de no hacerlo, dicho dictamen se realizaría con lo apreciable desde el exterior de su domicilio. Bajo ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para recabar mayor información a la que actualmente se tiene, cuenta habida que se cuenta con las constancias originales del juicio de origen, pues es patente que los actos citados con antelación de los que la parte promovente se duele en esta vía constitucional, son actos dictados durante la etapa de ejecución de sentencia que no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; por tanto, no son actos susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Y, tampoco es un acto dictado en ejecución de sentencia que afecte de manera directa derechos sustantivos del quejoso, que como caso de excepción pueda reclamarse a través del amparo indirecto, pues en su caso, únicamente se le requiere para que permita el acceso al perito valuador a fin de que practique el dictamen correspondiente, apercibiéndolo solo en el caso de no permitir su acceso, a que dicho dictamen se verificará con lo que tenga a la vista el perito en cita. De igual manera, y si bien señala que el inmueble ya no es de su propiedad, ya que indica que procedió a la venta del mismo, cuya valuación se encuentra ordenada, cierto es entonces, que en todo caso, no se causa un agravio a sus intereses, pues en esa circunstancia a quien pudiera causar un perjuicio con lo determinado por la responsable, sería al titular de la propiedad sobre la que pesa el embargo ordenado en autos, entonces para combatir las violaciones procesales que aduce se cometen en su contra; a efecto de lograr que la impartición de justicia sea expedita, es necesario restringir la posibilidad de combatir cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento de ejecución de sentencia y permitir que todas ellas, en caso de que generen alguna afectación, puedan resolverse de manera simultánea. Por lo anterior, con fundamento en los arábigos 112 y 113, del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Raúl Martínez Salazar; al reclamar actos en ejecución de sentencia que no son de ejecución irreparable. Tomo de constancias por separado. Asimismo, con los anexos remitidos fórmese por cuerda separada en tomos I y II de constancias, para el mejor manejo del presente expediente. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Martha Guadalupe Vázquez Vázquez y Elizabeth Jiménez Perales; en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea, asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico que indica, a través del cual se entable comunicación no procesal en caso de estimarse necesario, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19

  4. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Recepción de la demanda. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el[los] documento[s] que remite la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por el cual remite la demanda de amparo promovida por Raúl Martínez Salazar, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil, con sede en Altamira, Tamaulipas, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 constitucionales, las constancias originales que integran el juicio ejecutivo mercantil 532/2018, del índice de la autoridad judicial indicada; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Acepta conocimiento. En tales condiciones, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado de este Circuito, con fundamento en lo establecido en los artículos 33 y 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, se avoca a conocer del juicio de amparo en cuestión. Acuse de recibo. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Registro. Regístrese en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 916/2021-IV-A. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda. Este juzgador procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido ". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Conforme a esos lineamientos, a criterio de esta juzgadora, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que establecen; [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Del primer precepto trascrito se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia Constitución o de la Ley. En relación al segundo dispositivo antes citado, aplicado en sentido contrario, se tiene que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que dictados durante la etapa de ejecución de sentencia no sean la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Con base en lo anterior, se tiene que, si bien es cierto, el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone qué debe entenderse como la "última resolución" del procedimiento de ejecución, también lo es que dicho precepto legal se refiere a distintas clases de actos realizados fuera de juicio o después de concluido, contra los que procede el amparo indirecto, sólo contra la última resolución. En ese sentido, debe apuntarse que, generalmente, los juicios constan de tres etapas, y en esa consideración, hay actos: a) Fuera o antes del juicio conocidos también como prejudiciales; b) Los emitidos en juicio, que incluye los correspondientes a las etapas de instrucción y sentencia (fase in procedendo e in judicando); y, c) Los existentes después de concluido el juicio, esto es, a partir de dictada la sentencia. Estos últimos se subdividen en: c.1) Actos en ejecución de sentencia, y son los que preparan la ejecución aunque no la ejecutan de manera directa; y, c.2) Actos para la ejecución de sentencia, que son los encaminados directa, inmediata y específicamente a cumplir el fallo. Así, debe apuntarse que al referirse la ley a actos después de concluido el juicio, engloba un universo de determinaciones judiciales que podrían ser reclamadas en amparo indirecto. Entre esos actos, ciertamente (tratándose de los actos de ejecución de una sentencia) están los catalogados como "la última resolución" y la ley describe lo que se entiende por ella. Cabe precisar, que el juicio de amparo no es un recurso de casación procedente contra cada uno de los actos que, concatenados, configura el procedimiento, sino que tiende a respetar la competencia material del juez ordinario, que debe resolver el juicio desde el ámbito de legalidad, hasta la total conclusión del procedimiento seguido ante él, y solo después de que concluya, podrá analizarse la constitucionalidad de dicho juicio, tanto desde el aspecto procesal como del material, pero considerándolo como un todo, como un solo acto, aunque formado de distintos actos concatenados. Sin embargo, ante la posibilidad de que existan actos dentro de juicio que afecten derechos fundamentales de tal manera que de esperar a que concluya el procedimiento la violación constitucional no podrá repararse, se admitió el juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio, señalándose dichos actos como reclamados sin esperar a la última resolución; pero únicamente como regla de excepción, y siempre que el acto tuviera una ejecución de imposible reparación. Sobre el tema señalado en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, consideró que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en lo anterior, sostuvo nuestro Máximo Tribunal, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. La interpretación que antecede, refirió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dedujo de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo la línea argumentativa que precede se concluyó, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" se abandonaba el criterio de que el juicio de amparo indirecto procedía excepcionalmente en contra de violaciones procesales cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse dicha concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen. De conformidad con lo expuesto, siempre debe tenerse en cuenta que el amparo no debe constituir un medio de impugnación que pudiera utilizarse arbitrariamente y para retardar el procedimiento, por tanto se interpretó la procedencia del juicio de amparo en etapa de ejecución siempre de manera restrictiva; en consecuencia, debe concluirse que un acto dictado en ejecución de sentencia solamente puede reclamarse a través del amparo indirecto, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del quejoso. Da sustento a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. De igual forma, es aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 1a./J. 28/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Estudio de la demanda Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 532/2018, promovido por Ignacio Pérez Betancourt en contra de Raúl Martínez Salazar, en la que se declaró fundado el recurso de revocación interpuesto por Rosa Miriam Sánchez Cruz, en su carácter de endosataria en procuración de la parte actora, en contra del auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, y al efecto dispuso requerir al aquí quejoso [demandado] para que permitiera el acceso al perito valuador designado por la parte actora para la práctica de una diligencia consistente en dictamen de valuación, apercibido que de no hacerlo, dicho dictamen se realizaría con lo apreciable desde el exterior de su domicilio. Asimismo, de la lectura de la demanda y anexos que la conforman se advierte en forma patente y absolutamente clara [manifiesto] que la parte quejosa señala que [1] fue demandado en la vía ejecutiva mercantil por Ignacio Pérez Betancourt, que [2] compareció a juicio a contestar la demanda instada en su contra, opuso excepciones y defensas; [3] que fue dictada en su contra sentencia condenatoria el doce de agosto de dos mil veinte, mismo que se advierte se encuentra en etapa de ejecución de sentencia; [4], que por acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, ante las diversas probanzas exhibidas por la parte quejosa, el juez responsable dictó un auto en el que dejó sin efectos el embargo previamente trabado sobre un inmueble de la parte quejosa, por lo que inconforme con tal determinación, la parte actora interpuso recurso de revocación en su contra, el que fue resuelto en ocho de abril de dos mil veintiuno, revocando el auto antes señalado y requiriendo al quejoso para que permitiera el acceso al perito valuador designado por la parte actora para la práctica del dictamen de valuación ordenado en autos, apercibido que de no hacerlo, dicho dictamen se realizaría con lo apreciable desde el exterior de su domicilio. Bajo ese contexto, se tiene la certeza y plena convicción [indudable] de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto, porque la improcedencia del acto reclamado es incuestionable desde este momento procesal; esto es, es innecesario recabar constancias para recabar mayor información a la que actualmente se tiene, cuenta habida que se cuenta con las constancias originales del juicio de origen, pues es patente que los actos citados con antelación de los que la parte promovente se duele en esta vía constitucional, son actos dictados durante la etapa de ejecución de sentencia que no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; por tanto, no son actos susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Y, tampoco es un acto dictado en ejecución de sentencia que afecte de manera directa derechos sustantivos del quejoso, que como caso de excepción pueda reclamarse a través del amparo indirecto, pues en su caso, únicamente se le requiere para que permita el acceso al perito valuador a fin de que practique el dictamen correspondiente, apercibiéndolo solo en el caso de no permitir su acceso, a que dicho dictamen se verificará con lo que tenga a la vista el perito en cita. De igual manera, y si bien señala que el inmueble ya no es de su propiedad, ya que indica que procedió a la venta del mismo, cuya valuación se encuentra ordenada, cierto es entonces, que en todo caso, no se causa un agravio a sus intereses, pues en esa circunstancia a quien pudiera causar un perjuicio con lo determinado por la responsable, sería al titular de la propiedad sobre la que pesa el embargo ordenado en autos, entonces para combatir las violaciones procesales que aduce se cometen en su contra; a efecto de lograr que la impartición de justicia sea expedita, es necesario restringir la posibilidad de combatir cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento de ejecución de sentencia y permitir que todas ellas, en caso de que generen alguna afectación, puedan resolverse de manera simultánea. Por lo anterior, con fundamento en los arábigos 112 y 113, del ordenamiento legal mencionado, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Raúl Martínez Salazar; al reclamar actos en ejecución de sentencia que no son de ejecución irreparable. Tomo de constancias por separado. Asimismo, con los anexos remitidos fórmese por cuerda separada en tomos I y II de constancias, para el mejor manejo del presente expediente. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Martha Guadalupe Vázquez Vázquez y Elizabeth Jiménez Perales; en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. En otro aspecto, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea, asimismo, se tiene por señalado el correo electrónico que indica, a través del cual se entable comunicación no procesal en caso de estimarse necesario, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

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