Raúl Jesús Méndez Rodríguez
Expediente 415/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Raúl Jesús Méndez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese al expediente el oficio de cuenta número 19036/2023, con firma electrónica y evidencia criptográfica del actuario adscrito al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, por el que transcribe el acuerdo de ocho de agosto del año en curso, del que se advierte que aceptó la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo que dio origen a este juicio y se avocó al conocimiento del asunto. Anotaciones Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora, vista la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de oficio y de plano; y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Al tratarse de un asunto en el que se decretó la suspensión de oficio y de plano, y tomando en consideración lo determinado en la consulta en relación a la normativa vigente en los juicios de amparo en los que se haya decretado la suspensión de plano, respecto del destino que se debe dar a dichos asuntos, misma que se notificó a este órgano jurisdiccional el cuatro de julio del año en curso, por parte de la asesora en Materia de Archivo Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General de siete de junio de dos mil veintitrés, aplicado por analogía, se ordena la conservación integral de este expediente. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 17 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la conservación integra de este expediente siguiendo los lineamientos establecidos. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FOLIO 8900 Por otra parte, glósese el oficio número 19110/2023, con firma electrónica y evidencia criptográfica del Titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, por el que devuelve diligenciado el exhorto 328/2023 (orden 892/2023), del índice de este órgano jurisdiccional, por medio del cual se le solicitó notificar personalmente al directo quejoso Raúl Jesús Ménd********************, el proveído de uno de agosto del año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta firmado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por el que informa respecto del cumplimiento de la suspensión de plano concedida a favor del quejoso *********z. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta el oficio, pues no obstante que se remitieron vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificada su recepción por el secretario de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, remitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, uno de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, en representación de Raúl Jesús Méndez Rodríguez, contra actos del Director y/o Directora del Centro Federal de Readaptación Social CPS-OAXACA número 13, Miahuatlán de Porfirio Díaz en el Estado de Oaxaca, que hace consistir literalmente en:**** SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO Ahora, como en el caso, se trata de un asunto en donde se encuentra involucrada el peligro de privación de la vida y ataques a la libertad fuera del procedimiento de acuerdo a lo afirmado por el quejoso, a través de quien lo representa, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 5° de la Convención Americana de Derechos Humanos -que protege el derecho a la integridad personal-, se decreta la suspensión de oficio y de plano a favor del quejoso Raúl Jesús Méndez Rodríguez, para los siguientes efectos: a) Cesen de inmediato cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 de la Ley de la materia, tales como actos intimidatorios, discriminatorios, que ponen en riesgo grave la vida. Tomando en consideración los actos reclamados en esta instancia constitucional y conforme a lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas y para maximizar su protección, instituye el principio de interpretación "pro persona", encontrándose obligadas las autoridades del Estado Mexicano a promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este sentido, debe mencionarse lo establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prevé: "Artículo 12. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." A su vez, en el ámbito nacional, el artículo 2 de la Ley General de Salud, señala que el derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: ( El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; ( La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; ( La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; ( La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; ( El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; ( El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y, ( El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. El numeral 3 del mismo ordenamiento, en sus fracciones I y II, en relación con el artículo 34, fracción I de la citada legislación, señala que son materia de salubridad general: la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud del servicio público a la población en general; así como la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables. En tales condiciones, esta juzgadora considera que el acto reclamado se encuentra estrechamente vinculado con una circunstancia que pone en peligro la vida del quejoso Raúl Jesús Méndez Rodríguez, pues se trata de la falta de atención médica para su padecimiento de DIABETES, así como de PSORIASIS, y secuelas de COVID; además aduce que se ha sentido muy mal y que no le proporcionan un médico para que lo cheque ya que le hace falta mucho el aire y no puede respirar se está asfixiando; por ello, resulta ser inconstitucional e inconvencional. Ahora, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. (.)". Se conoce que procede la suspensión de oficio, en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, b) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En ese orden de ideas, la "falta de atención médica que se traduce en poner en peligro la vida del quejoso", en una interpretación extensiva que se encuentra prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, conforme al artículo 1° de la Constitución, cuando la parte quejosa se duele de un acto de tal naturaleza, por lo que debe otorgarse la suspensión de oficio y de plano, ya que está en juego el derecho a la salud de la quejosa, el cual se encuentra estrechamente interconectado con otros derechos humanos, como es la vida. Esto es así, puesto que dicha omisión, se traduce en una inadecuada atención médica, de ahí que resulte un acto negativo que compromete los derechos humanos a la salud y a la vida, los cuales el Estado Mexicano está obligado a proteger y garantizar de manera oportuna, eficaz y con calidad, pues en esos términos están tutelados en los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la salud incluye el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y servicios, atención médica, suministro de medicamentos e insumos necesarios para tratamientos, así como a medidas apropiadas de los Estados en relación con determinantes socioeconómicos de la salud. En consecuencia, al no tener el quejoso acceso, disposición y atención al tratamiento médico necesario para sus padecimientos, conlleva el peligro de su subsistencia. ******** Ahora bien, de los antecedentes de la demanda se aprecia que el quejoso Raúl Jesús Méndez Rodríguez, cuenta con dos padecimientos médicos que requieren un tratamiento especializado para sus enfermedades, como en el caso es la DIABETES, PSORIASIS, y secuelas de COVID. Así las cosas, tratándose de un acto de naturaleza relevante que genera una afectación en el derecho fundamental a la salud, previsto en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, para que las autoridades responsables, ordenen, a quien corresponda que, de inmediato y bajo su más estricta responsabilidad, proporcionen al quejoso Raúl Jesús Méndez Rodríguez, además, de la atención médica especializada en su padecimiento, le sean suministrados y/o surtidos todos y cada uno de los medicamentos para el tratamiento de sus padecimientos, sin que ello implique desatender el resto de necesidades que se presente de conformidad con sus cuadros clínicos, hasta en tanto se notifique del auto por el cual haya causado ejecutoria la resolución en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 55/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1270, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2020430, cuyo rubro y texto son:********CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DECRETADA DE PLANO Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído, es de orden público y por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo; por lo que las autoridades responsables deberán rendir informe a este Juzgado de Distrito dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, sobre el acatamiento a esta medida. El informe deberá contener la forma y términos en que haya dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano decretada, agregando copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Apercibidas que de no rendir el informe solicitado, se les impondrá una multa de doscientos días de unidades de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento a las autoridades responsables que de no acatar la suspensión, se harán merecedoras a las sanciones previstas en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de veintiuno a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de veintiuno a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [...] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra." Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, consultable en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, registro 229397, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." En la inteligencia de que dicho informe deberá ser enviado únicamente vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vaya a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes.******NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO Ahora, toda vez que el directo quejoso se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social CPS-OAXACA número 13, Miahuatlán de Porfirio Díaz en el Estado de Oaxaca, con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, vía electrónica o por interconexión líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, designe al actuario o fedatario respectivo, a fin de que de MANERA INMEDIATA se presente en dicho Centro de internamiento o en cualquier otro lugar donde pudiera estar el directo quejoso, y proceda a: 1) certificar de manera pormenorizada su integridad física, 2) le notifique el contenido de este proveído; debiendo requerirlo en términos del numeral 15 de la normativa de la materia para que en el acto de la diligencia manifieste si ratifica la demanda promovida a su nombre. Asimismo, deberá apercibirlo que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. Además, lo requerirá para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán por lista de acuerdos, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; por autorizadas las personas que refiere para recibir notificaciones. En la inteligencia de que el Juez exhortado está facultado para dictar todas aquellas medidas que estime necesarias para lograr la notificación del referido quejoso, como podrían ser, entre otras, habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo previsto por el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, se solicita al encargado del lugar donde se encuentre el quejoso, proporcione al fedatario judicial comisionado las facilidades necesarias para lo encomendado, debiendo salvaguardar la integridad física de tal funcionario bajo su más estricta responsabilidad. Consecuentemente, se solicita al aludido juzgador que una vez diligenciado en sus términos la respectiva encomienda, se sirva remitir las constancias correspondientes y los devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional, poniéndose a su disposición el correo oficial del juzgado 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; siendo innecesario su remisión por la vía ordinaria acostumbrada. DECLINACIÓN DE COMPETENCIA Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Luego, de acuerdo a la doctrina, la ley y la jurisprudencia, la competencia, al igual que la legitimación, la temporalidad y las causas de improcedencia, son temas de estudio previo y oficioso, pues en el momento en que el órgano jurisdiccional antes de analizar el tópico de la competencia, decide que el acto reclamado es procedente, tal decisión lo obliga a estudiar el fondo del asunto, lo que sólo es lógicamente posible, partiendo en forma expresa o de modo implícito, de la base de que el propio tribunal tiene competencia para el examen del asunto. La competencia constituye un supuesto cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto emita, puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función de que define, aparte de que juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, confirme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el resolutor haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. En ese sentido, la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; d) competencia auxiliar; y e) competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón de territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionado con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de Distrito, así como su especialización y límites territoriales. En ese contexto, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, en atención a las consideraciones siguientes. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, del precepto legal transcrito, se deduce, que por regla general será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito del lugar de residencia de la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado, siempre que éste no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) El Juez de Distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). De lo anterior, se advierte que la competencia para conocer de actos que requieren ejecución material, se surte en favor de determinado Juez de Distrito, según el momento correspondiente al período de ejecución, pues cuando no existen aún actos tendientes a lograr ésta, cobra aplicación la primera hipótesis, cuando apenas existe la prevención de llevar a cabo la ejecución del acto, opera la segunda, y así, las subsecuentes, en un orden sucesivo que el legislador establece. Cabe señalar que de esas hipótesis, solamente la primera atiende en forma estricta al lugar en que "debe" ser ejecutado el acto reclamado, pues las restantes admiten salvedades, al dar competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción sobre el lugar donde se pretenda ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, a pesar de que debiera ser ejecutado en otro sitio y no en esa jurisdicción. En este caso el acto reclamado se hace consistir en la ilegal e inconstitucional tortura, golpes y vejaciones, omisión de vigilar, respetar y reparar el derecho humano a la salud y atención médica, emitido por la Directora del Centro Federal de Readaptación Social CPS-OAXACA número 13, Miahuatlán de Porfirio Díaz en el Estado de Oaxaca, autoridad responsable que tiene su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, atento a lo previsto en el Acuerdo General número 57/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana. En razón de lo anterior y conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta incompetente por razón de territorio para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa, por lo que declina competencia al Juez de Distrito, en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno. Apoya lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, con registro 189167, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página mil doscientos noventa y nueve, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Administrativa-Común, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Además, orienta a lo anterior la diversa Tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Al caso resulta aplicable, la jurisprudencia número 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 107, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." Asimismo, la tesis I.1o.A.44.A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1299, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec; previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia certificada de la demanda de amparo. Se solicita al Juzgado que por razón de turno corresponda el conocimiento del asunto, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia planteada; peticionando remita a la brevedad el acuse el recibo de estilo correspondiente. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO En otro aspecto, del escrito inicial de demanda se advierte que el promovente señala que el directo quejoso Raúl Jesús Méndez Rodríguez, se encuentra siendo víctima de tortura, golpes y vejaciones. Ante tal circunstancia, con fundamento en los 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1, 3 y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, dese vista con lo anterior al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que, en su caso, instruya la investigación de acuerdo con sus facultades y con los estándares nacionales e internacionales, y verifique la posible comisión del delito de tortura infringida al quejoso. Al caso es aplicable la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justica de la Nación, visible en la página 561, Tomo I, Libro 6, seis de mayo de dos mil catorce, decima época, registro 2006483, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del tenor literal siguiente: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." AUTORIZADO Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Aníbal Francisco Rubio Sánchez, por tener inscrita su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciada en derecho; y en términos de la segunda parte del párrafo segundo de ese numeral a las demás personas que refiere el quejoso. CORREO NO VINCULADO Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud de la parte quejosa para tener el correo electrónico que proporcionó, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie al verificar el "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que la dirección electrónica no está asignada a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que fijaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por la suscrita Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. De conformidad con el precepto 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la legislación aplicable, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico el oficio que se expida en este expediente, sin ulterior acuerdo, lo remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, en relación con el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios y secretarias del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese, y por exhorto al directo quejoso..
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