Raúl Guillermo García Rubio
Expediente 306/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 306/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Raúl Guillermo García Rubio
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. De la certificación que antecede, se advierte que Raúl Guillermo García Rubio, no interpuso el medio de impugnación de referencia contra el auto de veintisiete de abril de esta anualidad, en el que se desechó la demanda de amparo, habiendo transcurrido el plazo concedido para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existindo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el arábigo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído, de conformidad a lo previsto en el arábigo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado precepto21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el ordinal 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintidós Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del 1. Juez Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, y 2. Departamento de Personal de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, de Petróleos Mexicanos, que hace consistir en la negativa de su petición que hizo valer a la primera de las responsables, a través del incidente de reducción de pensión en el expediente 233/2012 de su índice, relativa a reparar su acuerdo erróneo en el que determinó que el descuento debería aplicarse sobre su salario íntegro ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 306/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el numeral de referencia, que al efecto señala Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano El precepto transcrito, establece que el órgano de control constitucional tiene la obligación de estudiar la demanda para la protección de derechos fundamentales, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XVIII, de la legislación aplicable, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Tal precepto establece el principio de definitividad en el juicio de amparo, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. En la especie, el quejoso reclama el acuerdo dictado en el expediente familiar 233/2012, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, en el que se determinó improcedente tramitar incidente de reducción de pensión provisional de alimento que promovió. Constituyendo tal determinación el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora, en contra del acuerdo combatido, procede el recurso de apelación conforme al numeral 973 del Código de Procedimientos Civiles para esta Entidad Federativa, que es del siguiente tenor literal Artículo 973. En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza Como se advierte, tal numeral prevé la procedencia del recurso de apelación contra resoluciones que versen sobre alimentos, y establece la limitante consistente en que tratándose de la fijación de estos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. En este punto, es importante destacar que el precepto 80 del citado código adjetivo civil de esta Entidad, establece que las resoluciones judiciales son simples determinaciones de trámite y se llamarán decretos; sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; y autos, las demás no comprendidas en las clasificaciones anteriores, de donde se sigue que al disponer el artículo 973 del referido ordenamiento las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, también se refiere a los autos y no exclusivamente a las sentencias. Tal consideración se sustenta con la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 322/2016, en sesión de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, que generó la tesis 1a. CCXIII/2018 (10a.), en cuyo apartado, para solución de este asunto importa 63. Por su parte, el ordenamiento procesal de Durango no establece -como en el de la actual Ciudad de México- que cuando la sentencia definitiva sea apelable lo será el auto o interlocutoria, pero sí prevé que los autos y sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen término al juicio podrán ser apelados en el efecto devolutivo. 64. Siguiendo esta premisa, el código duranguense señala que el juez de lo familiar podrá fijar la pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el juicio, siendo posible deducir que se trata de un auto que no paraliza ni pone fin al juicio, pues ello acontecerá hasta que se dicte la sentencia definitiva. 65. Además, al igual que en el código procesal civil de la Ciudad de México, se dispone que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza, término que - como ya se señaló- no se refiere de forma exclusiva a sentencias, sino también a otro tipo de actuaciones judiciales como son los autos. Por lo tanto, debe interpretarse que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango prevé que el recurso ordinario que procede contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional es la apelación Consideraciones que dieron origen a la tesis visible a página 357, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda Además, el diverso numeral 673 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, dispone: Artículo 673. La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte Tal precepto expresa que los autos serán apelables cuando, entre otros supuestos, tengan fuerza de definitivos; noción que debe entenderse en el sentido de que lo decidido en el auto correspondiente, por sus particularidades, no sea susceptible de repararse en la sentencia o resolución final que se llegare a dictar. Es decir, en el escenario de que lo resuelto en el auto que se pretenda impugnar cause un gravamen que no puede enmendarse en la sentencia respectiva, esa circunstancia será la que dotará de definitividad a tal proveído y, por ende, a ser susceptible de controvertirse a través del recurso de apelación. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 994, Tomo XXXI, materia: común, Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto APELACIÓN Los autos sólo son apelables cuando tienen fuerza de definitivos y cuando la ley lo dispone, si además lo fuere la sentencia que en el juicio se dicte, y dichos autos tienen fuerza de definitivos cuando causan un gravamen que no puede repararse en la sentencia, y si ésta se dictó, el auto que mande dar vista de una promoción del reo, sí tiene fuerza de definitivo, puesto que ya no se está en condiciones de conseguir su reparación en la sentencia y, por tanto, contra él cabe el recurso de apelación En ese orden de ideas, se tiene que el auto tildado de inconstitucional en el juicio para la tutela de los derechos de rango máximo, es de carácter definitivo, ya que la modificación del monto del pago de alimentos provisionales, causa un gravamen que no puede repararse en la sentencia definitiva, pues ésta versará sobre la procedencia o no de los alimentos definitivos demandados, así como de los reclamados de manera retroactiva, y no de los hoy modificados. Se invoca por su contenido, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 33, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS. Los alimentos decretados de manera provisional participan de las características de orden público e interés social de la pensión alimenticia definitiva, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimenticio aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión alimenticia. Lo anterior se robustece si consideramos que las cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en satisfacer las necesidades del acreedor. Por mayoría de razón, no deben ser reintegrados los alimentos decretados de manera provisional, si se reclama su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo pues para que éste se configure es imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique. Por lo que, si los alimentos fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica que justifica dicho desplazamiento patrimonial Conforme a lo expuesto, se tiene que contra el acto reclamado consistente en el acuerdo dictado en el expediente familiar 233/2012, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, en el que se determinó improcedente tramitar incidente de reducción de pensión provisional de alimento que promovió, procede el recurso de apelación, sobre todo porque el párrafo segundo del artículo 673 del ordenamiento legal antes transcrito, dispone que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. De ahí que al no agotar la parte quejosa previamente a la promoción del juicio de amparo dicho medio ordinario de defensa, por virtud del cual pudo haberse modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, ni encontrarse en los casos de excepción a que se refiere el artículo 61 fracción XVIII, incisos a, b, c y d, de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, visible en página 902, Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías No pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, la jurisprudencia PC.XIII.C.A.J/1C(11a.) emitida por el Pleno en Materias Civil y Administrativa de este Circuito Judicial, con registro digital 2023704, de rubro y texto siguientes: PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA DECRETA, ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posiciones encontradas al resolver sendos recursos de revisión, pues por un lado, uno consideró que el recurso de apelación es improcedente en contra del auto que fija la pensión alimenticia provisional, mientras que los otros dos determinaron que en contra de dicho acto sí es procedente el recurso de apelación Criterio jurídico: El Pleno en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito determina que en contra del auto que decreta la pensión alimenticia provisional, no procede el recurso de apelación ni algún otro. Justificación: El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca prevé la posibilidad de recurrir las determinaciones jurisdiccionales. El recurso de revocación (reposición en la segunda instancia) procede en contra de los decretos y autos respecto de los cuales no se prevea expresamente la alzada. El recurso de apelación es taxativo, pues se interpone en contra de las determinaciones respecto de las que expresamente la codificación señala su procedencia, que pueden entenderse son las que paralizan el juicio, mismas que se traducen en sentencias definitivas dictadas en juicios ordinarios, interlocutorias y los autos definitivos, o que según la interpretación sistemática de las normas, tengan una ejecución irreparable en la sentencia definitiva; el recurso de queja es procedente en contra del desechamiento de la demanda, el desconocimiento de la personalidad de un litigante antes del emplazamiento, denegada apelación, actos de ejecución y omisiones, entre otros; y la responsabilidad, que en realidad no es un recurso, al no tener por objeto la revisión de la determinación impugnada. Ahora, el artículo 973 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca establece la regla general de procedencia del recurso de apelación en los juicios de controversias del orden familiar, incluyendo los alimentos; sin embargo, el diverso 962 del mismo ordenamiento legal prevé la regla especial consistente en que tratándose de las medidas provisionales y urgentes que el Juez emita al recibir una demanda en materia familiar y de alimentos, no admite más recurso que el de responsabilidad. Por ende, el auto que fija la pensión alimenticia provisional es una determinación provisional y urgente, ya que tiene por objeto garantizar la supervivencia del que los necesita, durante la tramitación del juicio; por lo que en aplicación del principio de especialidad normativa debe prevalecer el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca frente al 973 del mismo ordenamiento y, por tanto, contra esos actos no procede recurso alguno." En efecto, pues de la ejecutoria respectiva, se advierte que dicho Pleno determinó que el recurso de apelación no procede tratándose de medidas provisionales y urgentes, entendiéndose por éstas, las que emite el juez Familiar con motivo de la solicitud con la que se da inicio al trámite de la controversia familiar, y que tienen por objeto, proveer lo necesario para garantizar los alimentos a los miembros de la familia, en especial, tratándose de menores, siendo una de ellas, la fijación de una pensión alimenticia provisional. Hipótesis que al caso es el hoy planteado, pues en la presente instancia constitucional se combate el acuerdo que determinó improcedente dar trámite al incidente de reducción de pensión provisional de alimento que promovió, determinación que no se traduce en una medida urgente, pues ésta se emitió en la secuela procesal por parte del hoy promovente en el juicio natural, por ende, se está ante un auto definitivo, en contra del cual, sí procede el recurso de apelación. En relatadas conclusiones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE PLANO promovida por Raúl Guillermo García Rubio, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Contratista número veintisiete, colonia Cofamsa y/o fraccionamiento Sección treinta y ocho, también conocida como Ciudad Peluche, San Isidro Pishishi, Tehuantepec, Oaxaca. Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente de tener el número telefónico que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el arábigo 21, último párrafo, de la legislación aplicable, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que ep promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en e numeral 3, párrafos sexto, séptimo y octavo del ordenamiento invocado, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el referido precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los ordinales 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente al promovente del amparo
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintidós Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del 1. Juez Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, y 2. Departamento de Personal de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, de Petróleos Mexicanos, que hace consistir en la negativa de su petición que hizo valer a la primera de las responsables, a través del incidente de reducción de pensión en el expediente 233/2012 de su índice, relativa a reparar su acuerdo erróneo en el que determinó que el descuento debería aplicarse sobre su salario íntegro ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 306/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el numeral de referencia, que al efecto señala Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano El precepto transcrito, establece que el órgano de control constitucional tiene la obligación de estudiar la demanda para la protección de derechos fundamentales, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XVIII, de la legislación aplicable, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Tal precepto establece el principio de definitividad en el juicio de amparo, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. En la especie, el quejoso reclama el acuerdo dictado en el expediente familiar 233/2012, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, en el que se determinó improcedente tramitar incidente de reducción de pensión provisional de alimento que promovió. Constituyendo tal determinación el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora, en contra del acuerdo combatido, procede el recurso de apelación conforme al numeral 973 del Código de Procedimientos Civiles para esta Entidad Federativa, que es del siguiente tenor literal Artículo 973. En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza Como se advierte, tal numeral prevé la procedencia del recurso de apelación contra resoluciones que versen sobre alimentos, y establece la limitante consistente en que tratándose de la fijación de estos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. En este punto, es importante destacar que el precepto 80 del citado código adjetivo civil de esta Entidad, establece que las resoluciones judiciales son simples determinaciones de trámite y se llamarán decretos; sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; y autos, las demás no comprendidas en las clasificaciones anteriores, de donde se sigue que al disponer el artículo 973 del referido ordenamiento las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, también se refiere a los autos y no exclusivamente a las sentencias. Tal consideración se sustenta con la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 322/2016, en sesión de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, que generó la tesis 1a. CCXIII/2018 (10a.), en cuyo apartado, para solución de este asunto importa 63. Por su parte, el ordenamiento procesal de Durango no establece -como en el de la actual Ciudad de México- que cuando la sentencia definitiva sea apelable lo será el auto o interlocutoria, pero sí prevé que los autos y sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen término al juicio podrán ser apelados en el efecto devolutivo. 64. Siguiendo esta premisa, el código duranguense señala que el juez de lo familiar podrá fijar la pensión alimenticia provisional mientras se resuelve el juicio, siendo posible deducir que se trata de un auto que no paraliza ni pone fin al juicio, pues ello acontecerá hasta que se dicte la sentencia definitiva. 65. Además, al igual que en el código procesal civil de la Ciudad de México, se dispone que las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza, término que - como ya se señaló- no se refiere de forma exclusiva a sentencias, sino también a otro tipo de actuaciones judiciales como son los autos. Por lo tanto, debe interpretarse que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango prevé que el recurso ordinario que procede contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional es la apelación Consideraciones que dieron origen a la tesis visible a página 357, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda Además, el diverso numeral 673 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, dispone: Artículo 673. La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte Tal precepto expresa que los autos serán apelables cuando, entre otros supuestos, tengan fuerza de definitivos; noción que debe entenderse en el sentido de que lo decidido en el auto correspondiente, por sus particularidades, no sea susceptible de repararse en la sentencia o resolución final que se llegare a dictar. Es decir, en el escenario de que lo resuelto en el auto que se pretenda impugnar cause un gravamen que no puede enmendarse en la sentencia respectiva, esa circunstancia será la que dotará de definitividad a tal proveído y, por ende, a ser susceptible de controvertirse a través del recurso de apelación. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 994, Tomo XXXI, materia: común, Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto APELACIÓN Los autos sólo son apelables cuando tienen fuerza de definitivos y cuando la ley lo dispone, si además lo fuere la sentencia que en el juicio se dicte, y dichos autos tienen fuerza de definitivos cuando causan un gravamen que no puede repararse en la sentencia, y si ésta se dictó, el auto que mande dar vista de una promoción del reo, sí tiene fuerza de definitivo, puesto que ya no se está en condiciones de conseguir su reparación en la sentencia y, por tanto, contra él cabe el recurso de apelación En ese orden de ideas, se tiene que el auto tildado de inconstitucional en el juicio para la tutela de los derechos de rango máximo, es de carácter definitivo, ya que la modificación del monto del pago de alimentos provisionales, causa un gravamen que no puede repararse en la sentencia definitiva, pues ésta versará sobre la procedencia o no de los alimentos definitivos demandados, así como de los reclamados de manera retroactiva, y no de los hoy modificados. Se invoca por su contenido, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 33, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS. Los alimentos decretados de manera provisional participan de las características de orden público e interés social de la pensión alimenticia definitiva, por lo que no deben ser reintegrados al deudor alimenticio aun cuando en el juicio el acreedor no haya probado la necesidad de recibirlos o se haya disminuido el monto de la pensión alimenticia. Lo anterior se robustece si consideramos que las cantidades entregadas han sido consumidas de manera irreparable en satisfacer las necesidades del acreedor. Por mayoría de razón, no deben ser reintegrados los alimentos decretados de manera provisional, si se reclama su devolución a través de la acción de enriquecimiento ilegítimo pues para que éste se configure es imprescindible que no exista una causa jurídica, contractual o extracontractual que lo justifique. Por lo que, si los alimentos fueron entregados en virtud de una determinación judicial, la cual tiene como fundamento un deber legal, es innegable que existe una causa jurídica que justifica dicho desplazamiento patrimonial Conforme a lo expuesto, se tiene que contra el acto reclamado consistente en el acuerdo dictado en el expediente familiar 233/2012, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, en el que se determinó improcedente tramitar incidente de reducción de pensión provisional de alimento que promovió, procede el recurso de apelación, sobre todo porque el párrafo segundo del artículo 673 del ordenamiento legal antes transcrito, dispone que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. De ahí que al no agotar la parte quejosa previamente a la promoción del juicio de amparo dicho medio ordinario de defensa, por virtud del cual pudo haberse modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, ni encontrarse en los casos de excepción a que se refiere el artículo 61 fracción XVIII, incisos a, b, c y d, de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, visible en página 902, Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías No pasa desapercibido para este órgano de control constitucional, la jurisprudencia PC.XIII.C.A.J/1C(11a.) emitida por el Pleno en Materias Civil y Administrativa de este Circuito Judicial, con registro digital 2023704, de rubro y texto siguientes: PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE LA DECRETA, ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posiciones encontradas al resolver sendos recursos de revisión, pues por un lado, uno consideró que el recurso de apelación es improcedente en contra del auto que fija la pensión alimenticia provisional, mientras que los otros dos determinaron que en contra de dicho acto sí es procedente el recurso de apelación Criterio jurídico: El Pleno en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito determina que en contra del auto que decreta la pensión alimenticia provisional, no procede el recurso de apelación ni algún otro. Justificación: El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca prevé la posibilidad de recurrir las determinaciones jurisdiccionales. El recurso de revocación (reposición en la segunda instancia) procede en contra de los decretos y autos respecto de los cuales no se prevea expresamente la alzada. El recurso de apelación es taxativo, pues se interpone en contra de las determinaciones respecto de las que expresamente la codificación señala su procedencia, que pueden entenderse son las que paralizan el juicio, mismas que se traducen en sentencias definitivas dictadas en juicios ordinarios, interlocutorias y los autos definitivos, o que según la interpretación sistemática de las normas, tengan una ejecución irreparable en la sentencia definitiva; el recurso de queja es procedente en contra del desechamiento de la demanda, el desconocimiento de la personalidad de un litigante antes del emplazamiento, denegada apelación, actos de ejecución y omisiones, entre otros; y la responsabilidad, que en realidad no es un recurso, al no tener por objeto la revisión de la determinación impugnada. Ahora, el artículo 973 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca establece la regla general de procedencia del recurso de apelación en los juicios de controversias del orden familiar, incluyendo los alimentos; sin embargo, el diverso 962 del mismo ordenamiento legal prevé la regla especial consistente en que tratándose de las medidas provisionales y urgentes que el Juez emita al recibir una demanda en materia familiar y de alimentos, no admite más recurso que el de responsabilidad. Por ende, el auto que fija la pensión alimenticia provisional es una determinación provisional y urgente, ya que tiene por objeto garantizar la supervivencia del que los necesita, durante la tramitación del juicio; por lo que en aplicación del principio de especialidad normativa debe prevalecer el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca frente al 973 del mismo ordenamiento y, por tanto, contra esos actos no procede recurso alguno." En efecto, pues de la ejecutoria respectiva, se advierte que dicho Pleno determinó que el recurso de apelación no procede tratándose de medidas provisionales y urgentes, entendiéndose por éstas, las que emite el juez Familiar con motivo de la solicitud con la que se da inicio al trámite de la controversia familiar, y que tienen por objeto, proveer lo necesario para garantizar los alimentos a los miembros de la familia, en especial, tratándose de menores, siendo una de ellas, la fijación de una pensión alimenticia provisional. Hipótesis que al caso es el hoy planteado, pues en la presente instancia constitucional se combate el acuerdo que determinó improcedente dar trámite al incidente de reducción de pensión provisional de alimento que promovió, determinación que no se traduce en una medida urgente, pues ésta se emitió en la secuela procesal por parte del hoy promovente en el juicio natural, por ende, se está ante un auto definitivo, en contra del cual, sí procede el recurso de apelación. En relatadas conclusiones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE PLANO promovida por Raúl Guillermo García Rubio, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Contratista número veintisiete, colonia Cofamsa y/o fraccionamiento Sección treinta y ocho, también conocida como Ciudad Peluche, San Isidro Pishishi, Tehuantepec, Oaxaca. Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente de tener el número telefónico que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el arábigo 21, último párrafo, de la legislación aplicable, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que ep promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en e numeral 3, párrafos sexto, séptimo y octavo del ordenamiento invocado, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el referido precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los ordinales 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente al promovente del amparo
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