Raúl Hernández Rojas y Otros.

Expediente 399/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
399/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
10/06/2019

Partes del expediente

  • Raúl Hernández Rojas y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; diez de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto que desechó la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 97 fracción I inciso a) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que el citado proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Juárez, Chihuahua, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda promovida por ******* y *******, contra actos de la Juez Cuarto Civil por Audiencias de Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Fórmese el expediente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotarlo en el Libro de Gobierno de este juzgado, bajo el juicio de amparo 399/2019-I-2. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo se tiene como representante común de la parte quejosa a *******, sin perjuicio de que puedan señalar a uno diverso. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, con registro 215188, del rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. La tesis en cuestión explica, esencialmente, que para desechar de plano una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: -.- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. -.- 107. El amparo indirecto procede: -.- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. -.- Sobre el tópico que se analiza, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "personalidad. en contra de la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, resultando inaplicable la jurisprudencia p./j. 4/2001 (ley de amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013).", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de acuerdo con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, los actos procesales causan un perjuicio de imposible reparación siempre que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente algún derecho fundamental del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; pues los efectos negativos que pudieran causar esos actos no se destruirán con el solo hecho de obtener sentencia definitiva favorable. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse en el momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la de la materia; o bien, contra la última resolución que se dicte en el juicio, de encontrarse en la etapa de ejecución. De modo que, en los juicios tramitados ante tribunales civiles se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultando del fallo, cuando se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión, tal como se prevé en la fracción IX del artículo 172 de la Ley de Amparo. De esta manera, se reitera, de manera excepcional procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Para estar en condiciones de evidenciar las razones por las que se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es necesario considerar que al momento de proveer sobre la procedencia de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, se toman en consideración las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de los quejosos y cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de cuyo contenido se aprecia, en lo conducente: 1. En el Juzgado Cuarto Civil por audiencias del distrito judicial Bravos se encuentra radicado el expediente ******* relativo al juicio oral ordinario civil de acción especial hipotecaria promovido por Tertius, sociedad anónima, promotora de inversión de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, en contra de los quejosos. En dicho juicio los quejosos, aseguran que, dieron contestación a la demanda y opusieron excepciones. 2. El once de abril de dos mil diecinueve se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que, según el dicho de los promoventes, no se dio cuenta con las excepciones que hicieron valer. Inconformes con tal audiencia, los demandados, aquí accionantes por conducto de su autorizada interpusieron apelación. 3. La autoridad responsable proveyó respecto de tal recurso en auto de dos de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de origen 114/2019, auto que es del tenor siguiente: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A DOS DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE. Por presentada la C. [*******] con su escrito presentado el día veintinueve de abril del año en curso, en cuanto a lo que solicita dígasele que no ha lugar acordar (sic) de conformidad, toda vez que no está en término para apelar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 628 fracción tercera del Código de Procedimientos Civiles en el Estado. Dicho auto constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, y el mismo no actualiza una afectación de imposible reparación en la parte quejosa, pues se trata de un proveído en básicamente se desecha el recurso de apelación interpuesto por la autorizada de los quejosos. Es decir, el auto combatido únicamente establece que no se acordara de conformidad lo solicitado dado que no se está en término para apelar; por tanto, contra esa resolución resulta improcedente la acción constitucional en la vía indirecta, dado que, es un acto meramente procesal, el cual, por su naturaleza no genera una afectación de imposible reparación a la esfera de derechos de los quejosos. Sustenta lo anterior la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, marzo de 1994, Octava Época, página 307, registro 213050 del tenor literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. EL ACUERDO QUE DESECHA UN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL DIVERSO QUE NO ADMITE PRUEBAS, NO ES COMBATIBLE EN. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 constitucional, en relación con los diversos 114, párrafo IV, 158, y 159, de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede el amparo indirecto cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al juicio. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtenerse una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que desecha un recurso de apelación en contra de un proveído que niega admitir pruebas, no debe reclamarse en amparo indirecto pues no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatido en amparo directo en caso de que se dicte una resolución desfavorable. Desde esta perspectiva, el proveído de dos de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desecha la apelación interpuesta por la autorizada de los demandados aquí quejosos por ser extemporánea constituye un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa. De tal suerte, que tal violación es intraprocesal y no constituye un acto de imposible reparación, dado que el agravio que pueda causarse a los promoventes del amparo tendrá verificativo hasta el momento en el que las violaciones que hoy aducen se les produce trasciendan al sentido del fallo y éste no le sea favorable y, hasta ese momento procesal, se estará en posibilidad de determinar si efectivamente le causan un perjuicio, siempre y cuando resulten trascendentes en la sentencia, razón por la cual podrán ser alegadas en otra oportunidad, tal como se establece en la fracción IX del artículo 172 de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo lo anterior en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, julio de 1993, Octava Época, página 146, registro 215813 de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO QUE FIJA LA TERMINACIÓN DEL PERIODO PROBATORIO (PROCEDIMIENTO MERCANTIL). Acorde con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten al quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que desecha el recurso de apelación interpuesto en un procedimiento mercantil en contra del auto que fija la fecha de terminación del período de pruebas, de ninguna manera es reclamable al través del amparo indirecto, pues no constituye un acto que sea de imposible reparación, ya que dicha resolución sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que los tribunales tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y de las excepciones opuestas, y determinar si se configuran o no sus elementos. Así, el desechamiento del recurso de apelación interpuesto en contra del auto que fija la fecha de terminación del período probatorio, dictado en forma ilegal, debe ser impugnado como violación procesal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 159, fracción IX, de la Ley de Amparo. Por tanto, el amparo promovido resulta improcedente acorde con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Así las cosas, la resolución reclamada por los quejosos y sus consecuencias no son de imposible reparación y por ello resulta improcedente el juicio de amparo indirecto; consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar la demanda de amparo, al quedar actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación de los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la legislación de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Lo anterior guarda congruencia con el hecho de que, admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el recurrente promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 12, y 27, fracción I, de la ley de la materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, y autorizando para tales efectos a *******, toda vez que se encontró inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación y únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del numeral 24 de la ley en cita, a las demás personas que refiere en su escrito. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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