Raúl Guerra Martínez
Expediente 740/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 740/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Raúl Guerra Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto todos los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 740/2022-I-1, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo que se turnó a este juzgado el mismo día, la quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó: 4.-ACTOS RECLAMADOS: 4.1 La omisión del acuerdo de certificación de pruebas pendientes de perfeccionamiento, el acuerdo que turnan las actuaciones a la fase procesal de alegatos, a la de cierre de instrucción, la omisión del proyecto de Laudo y del LAUDO DEFINITIVO, que ponga fin al conflicto laboral promovido por el suscrito, con fecha 19 de noviembre del 2015, se presentó demanda laboral ante la Oficialía de Partes de la autoridad responsable, y que fuera radicada bajo el índice de la Junta Especial Número UNO, con el número de expediente 1/15/4048, en él se demandó la reinstalación en mi trabajo y diversas prestaciones, a consecuencia del injusto despido del cual fui objeto con fecha 16 de octubre del 2015, así como el pago de diversas prestaciones; procedimiento laboral que se llevó a cabo en todas y cada una de sus etapas, sin que a la fecha de presentación de la presente demanda se haya declarado cerrada la instrucción, para posteriormente turnarse los autos para la emisión del proyecto de Laudo y Laudo que pusiera fin al juicio, por lo que a autoridad responsable aún no se ha pronunciado al respecto, vulnerando con ello, términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, y específicamente, la omisión del proyecto de del ordenamiento legal cita, y específicamente, la omisión del proyecto de Laudo, en términos diversos a los establecidos por la Ley. (lo subrayado es propio) Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 740/2022-I-1, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde este juzgado tiene jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda y su ampliación, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La dilación del procedimiento en el expediente *******, del índice de la Junta responsable, ello al no acatar los términos establecidos en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Tercero. Certeza del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, ello no obstante que al rendir su informe justificado, haya negado la existencia del acto que se reclama, en virtud de que de las documentales anexas al mismo, se desprende el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente *******, que revela lo siguiente: [...] ---LA JUNTA ACUERDA. ---Téngase por recibido el escrito de cuenta mismo que se manda agregar a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y respecto a la solicitud del apoderado legal de la parte actora dígasele que no a lugar de conformidad toda vez que de autos se advierte que aún quedan pendientes pruebas por desahogar, por lo que, se señalan las 10:00 HORA DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA INSPECCIÓN OFRECIDA POR LA PARTE DEMANDADA EN EL NUMERAL X DE SU ESCRITO DE PRUEBAS visible a fojas 73 de autos, por lo que TÚRNESE los autos al C. Actuario adscrito a este Tribunal a fin de que se constituya en el ARCHIVO GENERAL DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE ESTE TRIBUNAL, debiendo el c. Actuario dar fe sobre los puntos que pretende probar la parte demandada con dicho medio de prueba, debiendo levantar acta circunstanciada de tal evento. Así mismo se señalan las 11:00 HORAS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2022 PARA TE (sic) TENGA VERIFICATIVO EL COTEJO Y COMPULSA OFRECIDO POR LA PARTE DEMANDADA en el numeral IX de su escrito de pruebas visible a fojas 73 de autos y documento que se encuentra a fojas 76 a la 79, por lo que túrnese los autos al Actuario a efecto de que se constituya en el ARCHIVO GENERAL DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE ESTE TRIBUNAL, debiendo levantar acta circunstanciada de tal evento. Por lo que a efecto de poder estar en posibilidad de desahogar las diligencias en comento GÍRESE atento oficio a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓ Y ARBITRAJE a fin de hacer de su conocimiento la fecha y hora en que deberá de llevarse a cabo la mencionada diligencia. [...] Asimismo del oficio recibido en este juzgado el veintiuno del actual, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno, al que anexo el proveído emitido el veinte de octubre del año en curso el cual dice: [.] LA JUNTA ACUERDA.- Téngase por recibido el escrito de cuenta mismo que se manda agregar a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y visto lo solicitado en el oficio de mérito, toda vez que de autos se advierte, de la constancia visible a fojas 203 de autos, que no fue posible llevar a cabo la diligencia ordenada por motivos expuestos en la misma, es por lo que se señalan las 10:00 HORAS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA INSPECCIÓN OFRECIDA POR LA PARTE DEMANDADA EN EL NUMERAL X DE SU ESCRITO DE PRUEBAS visible a fojas 73 de autos, por lo que TÚRNESE los autos al C. Actuario adscrito a este Tribunal a fin de que se constituya en el ARCHIVO GENERAL DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE ESTE TRIBUNAL, debiendo, el c. Actuario dar fe sobre los puntos que pretende probar la parte demandada con dicho medio de prueba, debiendo levantar acta circunstanciada de tal evento. Así mismo se señalan las 11:00 HORAS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA TE (sic) TENGA VERIFICATIVO EL COTEJO Y COMPULSA OFRECIDO POR LA PARTE DEMANDADA en el numeral IX de su escrito de pruebas visible a fojas 73 de autos y documento que se encuentra a fojas 76 a la 79, por lo que túrnese los autos al Actuario a efecto de que se constituya en el ARCHIVO GENERAL DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE ESTE TRIBUNAL, debiendo levantar acta circunstanciada de tal evento. Por lo que a efecto de poder estar en posibilidad de desahogar las diligencias en comento, y en virtud de lo manifestado en la constancia actuarial de referencia GÍRESE atento oficio a la PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO a fin de hacer de su conocimiento la fecha y hora en la que deberá de llevarse a cabo la mencionada diligencia, a efecto de que cuente con la documentación objeto de INSPECCIÓN Y COTEJO, apercibida de que en caso de omisión se hará efectivo en su contra el medio de apremio que dispone el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, consiste en multa hasta por la cantidad de cinco U.M.A.S., lo anterior a razón de propiciar la tramitación del juicio que nos ocupa con la mayor economía procesar (sic) toda vez que las probanzas señaladas en líneas arriba constituyen el único medio probatorio pendiente de perfeccionar en el expediente en que actúa, en virtud de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 740/2022-I-1. [.] De la constancia actuarial con fecha seis de octubre de dos mil veintidós, levantada por el actuario número seis adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se advierte: [.] INSPECCIÓN EXPEDIENTE ******* En Ciudad Juárez Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 06 de Octubre del 2022, la suscrita actuaria adscrito a la Junta Especial número UNO de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en atención al auto de fecha 19 de Septiembre del 2022, mismo que ordena llevar a cabo la INSPECCIÓN ofrecida por la parte demandada en el numeral X de su escrito de pruebas visible a fojas 73 de autos motivo por el cual me constituyo en el Archivo General de la Junta de Conciliación y Arbitraje ubicado en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos Sin Numero Edificio Administrativo Del Gobierno Del Estado, Planta Baja, Colonia San Antonio, en esta ciudad. Por lo que hago costar (sic) que no se encuentran presentes las partes ni por si ni por conducto de apoderado legal alguno que lo represente pese a estar debidamente notificados de la presente diligencia según cedulas de notificación de fechas 26 y 28 de septiembre. En este acto procedo a dirigirme al archivo general de este tribunal donde me indican que el documento objeto de la inspección se encuentra al resguardo de la junta especial de origen, por lo que una vez constituida en dicho tribunal me re direccionaron a la Procuraduría de Defensa del Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social donde solicito convenio de terminación de la relación de trabajo correspondientes de las personas físicas ******* Y ******* por lo que soy atendido por personal de dicha secretaria donde le explico el motivo de mi visita y me indican que el documento se encuentra en legajo y que solicitan termino prudente para su localización. Asimismo y siendo las 11:00 horas del día anteriormente señalado en atención al acuerdo de fecha 19 de Septiembre del 2022 proceso al desahogo del COTEJO Y COMPULSA ofrecida por la parte demandada en el numeral IX de su escrito de pruebas visible a fojas 73 de autos y documento que se encuentra a fojas 76 a la 79 de autos. Y por los motivos anteriormente señalados no me es posible llevar a cabo las presentes diligencias por lo que doy por terminada la misma. Dando vista a la junta de mi adscripción para los efectos legales conducentes. Firmando al calce los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo. Conste. Doy Fe. LIC. ******* ACTUARIO NO. ******* ADSCRITO (A) A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE [.] Asimismo, del oficio recibido el día de hoy, enviado por la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por el cual remite el acuerdo de veintiséis de octubre de la presente anualidad, dictado en el expediente ******* del índice de dicha junta, por el que hace del conocimiento de este juzgado que regularizó el acuerdo de veinte del mes y año en curso, y señaló el ocho de noviembre del año en curso, para que se lleve a cabo el desahogo de las diligencias de inspección, así como el cotejo y compulsa, ofrecidos por la parte demandada en el juicio de origen, para lo cual el actuario deberá constituirse en los Archivos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Lo anterior, se corrobora con las documentales que anexo al rendir su informe justificado, así como de los oficios recibidos el veintiuno y veintiocho del actual, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2o, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por haberse emitido por funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Encuentra sustento a lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, la que suscribe estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, por identidad de razón, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 71, tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 197367, del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Con el propósito de fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, derivado de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, cuyo objeto es reparar la violación a esos derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, tanto el legislador ordinario ha establecido, como la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación han interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En suma, se infiere que el juicio de control constitucional se torna improcedente cuando el acto reclamado deja de incidir en la esfera jurídica del peticionario del amparo, de modo que ya no puede producir efecto alguno. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, *******, promovió la acción de amparo contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó la dilación procesal en el expediente *******, y mediante auto de veinticuatro de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda. Ahora, de las constancias enviadas por la Junta responsable, mismas que integran el expediente *******, se advierte que en el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, proveyó respecto al desahogo de las pruebas ofertadas por la parte demandada, fijando las diez y once horas del seis de octubre del año en curso, para el desahogo de las mismas, las cuales por los motivos expresados por la Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, no se llevaron a cabo, y en auto de veinte del actual, la Junta fijo como fecha para el desahogo de las inspecciones el ocho de noviembre del presente año. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias que obran en el expediente laboral ******* que remitió la autoridad responsable; documentales a las que se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. Así, de lo informado por la autoridad responsable resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, ello en virtud de que a la fecha de presentar la demanda de amparo esto es el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, sí existía una dilación en el procedimiento del expediente de origen, la cual dejo de existir al momento de que la Junta responsable emitió el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, fijando fecha para el desahogo de las pruebas ofertadas por la parte demandada; sin que a la fecha haya dejado de actuar. Aunado a que hay pruebas pendientes por desahogar y no se puede pasar a la siguiente etapa del procedimiento laboral, ello hasta concluir el período probatorio. Por lo que, resulta evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión reclamada dado que ya no existe. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y por lo tanto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, se sobresee en este asunto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por *******, en contra de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando tercero. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Cumple requerimiento y remite constancias Glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda la comunicación y los anexos signados por la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a través de la cual, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de trece del mes y año en curso, remite el acuerdo de veinte de octubre de la presente anualidad, dictado en el expediente ******* del índice de dicha junta, del que se advierte que no fue posible llevar a cabo las diligencias ordenadas para el seis de octubre de dos mil veintidós, por lo que señaló el ocho de noviembre del año en curso, para que se lleve a cabo el desahogo de las diligencias de inspección, así como el cotejo y compulsa, ofrecidos por la parte demandada en el juicio de origen; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de las documentales que se reciben, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Prueba documental Téngase a la oficiante ofreciendo la prueba documental que, en alcance a su informe justificado remite, la que se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guardan autos y la certificación de cuenta, se advierte que, para las diez horas con diez minutos del día de hoy, se encuentra señalada la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que de las constancias que la responsable anexó a su informe justificado se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, señaló las diez horas y once horas del seis de octubre del año en curso, para que tuvieran verificativo el desahogo de las diligencias de inspección, así como el cotejo y compulsa, ofrecidos por la parte demandada en el juicio de origen, sin que haya informado a este órgano jurisdiccional si se llevó a cabo el desahogo de dichas pruebas. Requerimiento de constancias En consecuencia, a fin estar en posibilidad de resolver conforme a derecho el presente juicio, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, informe a este órgano jurisdiccional si el seis de octubre del año en curso, se llevó a cabo el desahogo de las diligencias de inspección, así como el cotejo y compulsa, ofrecidos por la parte demandada en el juicio de origen, lo que deberán acreditar con copia certificada de las constancias respectivas. Apercibida que de no dar cumplimiento al presente proveído se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley de Amparo vigente, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Diferimiento de audiencia Atento a lo anterior, existe imposibilidad para celebrar la audiencia señalada para el día de hoy, por lo que se fijan las doce horas con treinta minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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