Raul González Rodríguez
Expediente 1270/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1270/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Raul González Rodríguez
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO, SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN UNA VEZ QUE HAYAN TRANCURRIDO CINCO AÑOS; SIN QUE OBREN DOCUMENTOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS DEBAN SER DEVUELTOS NI SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Raúl González Rodríguez, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1270/2018-IV. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en el presente caso se reclama de la autoridad responsable: 1. El acuerdo de once de junio de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 08294/2014/9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a través del cual se despacha auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma. 2. Diligencia de embargo realizada el catorce de septiembre de dos mil quince (ejecutada en cumplimiento al acuerdo referido). 3. Acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el controvertido laboral aludido, por el cual se ordena la entrega material del inmueble ubicado en Santa Rosa de Lima, número 1325, fraccionamiento Santa Mónica, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Una vez precisados los actos reclamados de este asunto, debe tenerse presente que el quejoso se ostenta como demandado atribuyendo violaciones procesales a las etapas de remate y ejecución del juicio laboral 08294/2014/9, bajo el argumento de que aunque el laudo de once de marzo de dos mil quince fue notificado, sin embargo él no fue requerido de pago de lo allí condenado ni apercibido para el caso de no hacerlo, en los precisos términos que ahí indica. En razón de ello, en principio debe precisarse que al quejoso no debe dársele el tratamiento de tercero extraño por equiparación. Es así, porque tal concepto corresponde solo a aquellas personas que aun siendo partes, no hayan sido emplazadas o que fueron emplazadas incorrectamente, no hayan comparecido al juicio, y que no hayan conocido del laudo (o en su caso de la sentencia definitiva que se dicte en el mismo sino hasta después de concluido el término para impugnarla mediante el recurso ordinario que la ley señale). En efecto, a esas personas se les considerara terceros extraños por equiparación, pues como sucede con las personas extrañas, quedaron inauditos en juicio, lo que los dejó en estado de indefensión. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, página 56, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En contraste, si se interpreta en sentido contrario el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y según diversos criterios jurisprudenciales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sola circunstancia de que el afectado haya tenido conocimiento del juicio de origen antes de que se haya dictado el laudo o la sentencia definitiva, aun cuando no haya sido legal y debidamente emplazado, desvirtúa el carácter de tercero extraño al juicio de origen por equiparación con el que pueda comparecer al juicio de amparo, porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio referido se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Así como en la diversa 2a./J. 198/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 698, que ordena lo siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo". En la especie, el quejoso no reclama el emplazamiento, sino que el estudio integral de la demanda de amparo pone de manifiesto que de lo que se duele es de que no fue requerido de pago del laudo previamente a las etapas de remate y ejecución de sentencia. Y en virtud de ello afirma no haber sido oído y vencido -específicamente en aquellas etapas subsecuentes al laudo- pues dice que se ordenó el embargo de bienes de su propiedad, sin que previamente se le permitiera, dentro del plazo que marca la ley, realizar el pago de lo condenado, tal y como lo ordenó el laudo de once de marzo de dos mil quince. Lo anterior se patentiza con la siguiente transcripción: ". viola los derechos del suscrito al no haber sido oído no vencido en juicio, en el caso específico el proveído de fecha 11 de Junio del 2015, que despacha auto de ejecución con efectos de mandamiento, ordena en su solo acto, el requerimiento de pago y en caso de no hacerlo, se ordena el embargo de bienes para garantizar el adeudo a que salió condenado a pagar el suscrito. --- De lo trascrito, se puede apreciar que el resolutivo tercero del laudo dictado en autos, ordena que se me notifique, requiera y aperciba legalmente para que en el improrrogable término de 15 días de cumplimiento al laudo dictado en el juicio natural, en el caso específico, con fecha 11 de junio del 2015, se despacha auto de ejecución con efectos de mandamiento para su cumplimentación, sin que previamente se dé cabal cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo referido, es decir, para que la autoridad ordene el embargo de bienes a garantizar lo condenado, tuvo que agotar el procedimiento ordenado, primeramente debió de requerírseme para que en el término de 15 días pueda hacer el pago requerido y apercibírseme legalmente en caso de no hacerlo se trabara embargo sobre los bienes de propiedad del suscrito. --- A mayor abundamiento, el auto de fecha 11 de Junio del 2015, viola el derecho procesal y el derecho de poder hacer el pago de lo condenado, toda vez que en autos, no obra que previo al despacho del auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma para su cumplimentación, se me haya requerido para que en el improrrogable término de 15 de días (sic) cubra lo condenado, en autos se aprecia únicamente la notificación del laudo de fecha 11 de Marzo del 2015, mas no así el requerimiento y apercibimiento legal hacia el suscrito.". Además, de las constancias que integran el juicio laboral 08294/2014/9, las cuales se tienen a la vista como hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que obran en un tomo por separado del diverso juicio de amparo 1078/2018-IV, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El dieciséis de mayo de dos mil catorce, Carlos Arzola Martínez demandó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a Raúl González Rodríguez y otros, por diversas prestaciones de carácter laboral. 2. Por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil catorce, se radicó dicha demanda con el número 08294/2014/9, se fijaron las doce horas del veintiocho de julio de dos mil catorce, para la celebración de la audiencia de conciliación de demanda y excepciones, se ordenó emplazar a los demandados, y se les apercibió que de no comparecer se les tendría inconformes con todo arreglo conciliatorio, y contestando la demanda instada en su contra en sentido afirmativo. 3. El siete de octubre de dos mil catorce, se realizó el emplazamiento de Raúl González Rodríguez. 4. A las doce horas del veintisiete de octubre de dos mil catorce, en la audiencia de conciliación y de demanda y excepciones del juicio laboral referido, se tuvo compareciendo al actor y al demandado Raúl González Rodríguez (aquí quejoso), por conducto de su apoderado jurídico José Baldomero Quintero Gutiérrez, suspendiéndose dicha diligencia y se procedió a señalar nueva fecha y hora. Cabe precisar que a foja 18 de dicho expediente, obra en original la carta poder a través de la cual Raúl González Rodríguez otorgó a José Baldomero Quintero Gutiérrez y Manuel Ismael Alva Martínez, poder amplio cumplido y bastante, para que conjunta o separadamente, comparecieran en su nombre y representación ante cualquier autoridad que refiere el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, y en especial ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en San Luis Potosí, a fin de que defendieran sus derechos dentro del juicio laboral 8294/2014/9, promovido por Carlos Arzola Martínez. 5. A las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se celebró la audiencia de conciliación y de demanda y excepciones, en la que no compareció el demandado aquí quejoso, por lo que se le tuvo inconforme con todo arreglo conciliatorio, así como contestando en sentido afirmativo la demanda instada en su contra. 6. Seguidas las demás etapas del juicio laboral, el once de marzo de dos mil quince, se dictó laudo, en el cual se condenó a Raúl González Rodríguez, Alvina Rodríguez de la Rosa, y a quien resulte ser concesionario o dueño del vehículo taxi, número económico 1258, placas de circulación TSD4258, a pagar el total de $4´600,541.00 (cuatro millones seiscientos mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional). De todo lo hasta aquí expuesto es inconcuso que, ante el hecho de que la parte quejosa conoció el juicio de origen previo al dictado del laudo con el que concluyó, incluso apersonándose a éste por conducto de su apoderado jurídico y el planteamiento que realiza en la demanda de amparo, es indiscutible que no promueve con el carácter de tercero extraño por equiparación al juicio laboral 8294/2014/9. Máxime que dicha institución no es aplicable para las etapas de remate y ejecución de sentencia, pues tal carácter sólo puede hacerse valer respecto de la garantía de audiencia, la cual tiene como objetivo que el demandado sea emplazado, se le permita ofrecer pruebas y alegar previo al dictado de sentencia, para que así se salvaguarde su derecho, sin que pueda hacerse valer tal carácter únicamente respecto de las referidas etapas una vez que fue condenado en el controvertido judicial, al cual compareció previamente al dictado de la sentencia. Y es que lo relevante es que, ha quedado de relieve a través de las manifestaciones vertidas por el quejoso en su escrito de demanda, las cuales se robustecen con los antecedentes advertidos del juicio laboral 08294/2014/9, que ya conocía previo al dictado del laudo, todos los datos de identificación del juicio de origen seguido en su contra, en el cual es parte demandada, ante lo cual es inconcuso que no le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación. Luego, bajo tal premisa, respecto de los actos reclamados se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Los citados dispositivos legales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. [.]." De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Del segundo de los dispositivos legales en comento, se desprende que éste regula la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distingue los siguientes supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. 2. Actos específicos. a) Actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual, en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. Al respecto es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". b) Actos de remate. La acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Cabe destacar que el referido artículo precisa lo que debe entenderse por la última resolución en la etapa de ejecución, y en el caso de remate, tiene esa calidad la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, determinaciones que podrían ser coetáneas o no, es decir emitirse en un solo acuerdo o por separado. Respecto a lo cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a/J13/16, que se reproduce más adelante, estableció que basta que se emita indistintamente una sola de ellas para considerar la última resolución en la etapa de remate. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Con lo anterior se pretende evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que el legislador consideró, constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. Ello, en virtud de que el remate está referido a un procedimiento específico, cuya finalidad es la obtención de dinero que de manera directa e inmediata constituye la satisfacción de la obligación prevista en la sentencia definitiva, por regla general, de dar una cantidad de dinero, que la parte deudora no cubrió voluntariamente. Ahora bien, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia invocada, resulta pertinente señalar que de las constancias del tomo laboral referido, también se advierte que: a) El once de junio de dos mil quince, se dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma para su cumplimentación, y se ordenó al actuario de la adscripción requiriera a la parte demandada para el pago de $4´600,541.00 (cuatro millones seiscientos mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional), y en caso de no hacerlo se procediera a embargar bienes suficientes para garantizar el importe de la cantidad referida. b) El catorce de septiembre de dos mil quince, se llevó a cabo el embargo del inmueble ubicado en calle Santa Rosa de Lima, número 1325, fraccionamiento Santa Mónica, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, el cual se adjudicó al actor el siete de abril de dos mil diecisiete, y por auto de treinta de mayo siguiente, se ordenó al Notario Público Treinta y Cuatro con ejercicio en San Luis Potosí, San Luis Potosí, para que procediera a la elaboración de escrituras del inmueble referido en favor de la parte actora. Actuación con la cual se concluyó la etapa de remate, atendiendo a lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) ya transcrita. c) Una vez realizada la escritura respectiva, por autos de veintitrés de abril y dieciocho de octubre del año en curso, se ordenó poner en posesión material y jurídica al actor, respecto del inmueble ubicado en calle Santa Rosa de Lima, número 1325, fraccionamiento Santa Mónica, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. De lo expuesto, resulta inconcuso que los actos reclamados, consistentes en el acuerdo de once de junio de dos mil quince (a través del cual se dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma), y la diligencia de embargo realizada el catorce de septiembre de dos mil quince, se realizaron previo a concluir la etapa de remate del juicio laboral 08294/2014/9, pues como ha quedado de relieve la última resolución en dicha fase es la que indistintamente ordena la escrituración o la entrega del bien rematado, bastando que se emita una sola para considerar actualizada la última resolución de remate; lo cual aconteció con el auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, en el que el Presidente de la Junta responsable, ordenó la escrituración del inmueble adjudicado al actor. Y consecuentemente, una vez concluida aquella continua la etapa de ejecución, en la cual se encuentra comprendido el auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (aquí reclamado), por el cual se requiere la entrega del multicitado inmueble. De ahí que, si las determinaciones y diligencia reclamadas no constituyen ni la última dictada en la etapa de remate (en el caso la de escrituración), ni la última resolución en etapa de ejecución de sentencia (la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo como totalmente concluido), luego entonces resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta. Lo cual se afirma, pues si como ya quedó precisado, la responsable ordenó previamente la formalización de la transmisión de propiedad, mediante la escritura pública, es claro que bastó este acto para considerar culminado el remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, dada la firmeza que ha adquirido la adjudicación del bien sujeto a remate, y que, por tanto, era en ese momento procesal cuando el hoy quejoso debió promover el juicio de amparo en su contra, precisamente de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el cual podía hacer valer como violaciones procesales el acuerdo de once de junio de dos mil quince y la diligencia de embargo realizada el catorce de septiembre de dos mil quince. Por su parte, deviene inconcuso que las subsecuentes determinaciones reclamadas, a través de las cuales, posterior a aquella orden de escrituración y su ejecución, se ordena poner al adjudicatario en posesión material y jurídica del bien inmueble rematado, como ya se señaló, constituye un acto emitido en la etapa de ejecución de sentencia, empero, sin que constituya la última dictada en esa fase, pues no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mucho menos ordena el archivo definitivo del expediente. Sin soslayar que de ejecutarse el acto reclamado ello conllevaría a desposeer al quejoso del inmueble previamente escriturado a favor de su contraparte, ya que tal circunstancia es insuficiente para estimar que se actualiza el caso de excepción a que alude la diversa jurisprudencia "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", por lo consiguiente: El Más Alto Tribunal del País, ha establecido que el juicio de amparo contra actos dictado en ejecución de sentencia es procedente, de manera excepcional, cuando: a) El acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan transgredir con la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva. Lo anterior, se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.- La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En ese contexto no puede perderse de vista que la orden de entrega de dicho bien al adjudicatario es consecuencia legal y necesaria de la determinación que aprobó el remate (datada el siete de abril de dos mil diecisiete), la cual tiene como fin ejecutar el laudo once de marzo de dos mil quince, en el cual se condenó al demandado al pago de $4´600,541.00 (cuatro millones seiscientos mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional), el cual se encuentra firme. Luego entonces, el auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho que ordenó la entrega del inmueble rematado no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio laboral de origen, sino el medio para ejecutarla. No es obstáculo a lo anterior que el quejoso refiera que tuvo conocimiento de los actos reclamados hasta el dieciséis de noviembre del presente año, en virtud que al ser parte demandada en el juicio laboral génesis de los actos reclamados (al cual incluso se apersonó a través de su apoderado jurídico), y por ende parte procesal, tiene la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa (como lo es el recurso de revisión conforme a la Ley Federal del Trabajo o en su caso el incidente de nulidad), contra aquellas actuaciones que podrían perjudicarle. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1654, que dispone: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo". En esas condiciones, respecto de los actos reclamados se actualiza en la especie la causa de improcedencia a que se refiere la fracción 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, respecto de los actos reclamados, el suscrito advierte que también se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal en el supuesto de que, contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, página 902, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En ese orden de ideas, a efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en comento, deviene necesario destacar a quién corresponde llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. En ese tenor, los artículos 939, 940 y 949 de la Ley Federal de Trabajo señalan: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas". "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita". "Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo". De los preceptos reproducidos se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje corresponde llevarla a cabo a los presidentes de las mismas. Asimismo, los artículos relativos a la procedencia del recurso de revisión previstos por la legislación laboral federal, son del tenor siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." El análisis sistemático de los anteriores dispositivos legales revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas. En la segunda hipótesis, conocerá el presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Finalmente, en el tercer supuesto, conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar sobre la necesidad de agotar el recurso de revisión para la procedencia del juicio de amparo, es necesario establecer con claridad si los presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Al respecto de los artículos 617 y 618 prevén sus facultades en los siguientes términos: "Artículo 617. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes: [.] IV. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos señalados en la fracción anterior; [.]." "Artículo 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: [.] II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial; [.]." Como puede advertirse de los preceptos reproducidos, los presidentes de las Juntas tienen, entre otras facultades y obligaciones, la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y estas últimas, a su vez, tienen las siguientes: "Artículo 614. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes: [.] III. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el Presidente de la Junta en la ejecución de los laudos del Pleno; [.]". "Artículo 616. Las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones siguientes: [.] IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones del Presidente en ejecución de los laudos; [.]". De todo lo expuesto se llega al convencimiento de que los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si, como en el caso, los actos reclamados consisten en los acuerdos de once de junio de dos mil quince y dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitidos por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y la diligencia de embargo realizada por el Actuario el catorce de septiembre de dos mil quince, dentro del juicio laboral 08294/2014/9 (el cual se encuentra en etapa de ejecución de laudo), es claro que en contra de tales actuaciones procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Esto es así, ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente cesa la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues a partir de ese momento se entra a la etapa de ejecución del mismo, la cual, por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo, artículos 617 y 618, corresponde llevar a cabo a los presidentes de las Juntas, toda vez que tales dispositivos les confiere exclusivamente esas atribuciones. Máxime que tales acuerdos despachan auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma a efecto de que el demandado pague la cantidad a la que fue condenado, y se ordena poner en posesión al adjudicatario del bien inmueble rematado, y la diligencia tuvo como efecto requerir de pago al demandado y ante la falta de pago, se procedió a realizar el embargo del inmueble que fue rematado, adjudicado y escriturado a favor del actor, con el fin de cumplir el laudo aludido. En consecuencia, es dable concluir que el recurso de revisión procede en contra de los acuerdos de once de junio de dos mil quince y dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitidos por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y la diligencia de embargo realizada por el Actuario el catorce de septiembre de dos mil quince, dentro del juicio laboral 08294/2014/9, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo. Corrobora la anterior conclusión, la exposición de motivos de la reforma del cuatro de enero de mil novecientos ochenta, de la que derivó el texto actual de la Ley Federal del Trabajo, que prevé la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos del presidente de una Junta, emitidos en el periodo de ejecución de los laudos, la cual, en lo que interesa, es del tenor siguiente: "... Nuestro sistema jurídico garantiza, mediante la intervención de los tribunales federales, la posibilidad de enmendar, en su caso, cualquier error de procedimiento o de fondo en que hubieren incurrido las Juntas al aplicarse e interpretarse las disposiciones legales correspondientes; es por eso que en el capítulo XIV da a las partes el derecho de solicitar la revisión de los actos que realicen los presidentes, actuarios o funcionarios habilitados, en ejecución de los laudos..." De esta transcripción se advierte que el valor que quiso salvaguardar el legislador ordinario, con la reforma al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, fue el de otorgar a las partes en un juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión, entre otros, de los actos que realicen los presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo; de donde se advierte que la intención del legislador no fue la de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden, concreta y específicamente, a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo. Por tanto, el precepto no es restrictivo en el sentido de que determine la procedencia del recurso de revisión únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, es decir, aquellas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél, o que se encaminen esencialmente a ese objetivo, sino también a todas aquellas que aunque no tengan estas características se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, en las cuales se haya cometido un yerro que deba ser corregido o enmendado. Bajo este criterio, las actuaciones aquí reclamadas, al haberse emitido en el periodo de ejecución, ello las hace recurribles conforme a la teleología del precepto en cuestión, pues, además, la expresión "en ejecución de los laudos", utilizada por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, denota ubicación, al referirse a aquellos actos emitidos en esa fase ejecutiva del procedimiento. Por tanto, si en el caso, en contra de los acuerdos aquí reclamados emitidos por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y diligencia de embargo realizada por la Actuaria de dicha Junta, la Ley Federal del Trabajo establece que procede el recurso de revisión, es inconcuso que al no agotarse resulta improcedente el juicio constitucional biinstancial, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 95/2002 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, la cual emitió -en la ejecutoria correspondiente- las consideraciones anteriormente parafraseadas y que sirven de premisa normativa para la emisión de este auto en lo aplicable al caso concreto. La tesis jurisprudencial de mérito es localizable en la página 374, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Cabe precisar, que como consecuencia de la interpretación que ya ha hecho la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la procedencia del recurso de revisión contra todas aquellas determinaciones que aunque no hayan sido emitidas estrictamente para la ejecución de un laudo, sean emitidas durante la etapa de ejecución del laudo, ello al tenor de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia que antecede, por consiguiente no se actualiza el supuesto de excepción previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO". Así pues, como la parte quejosa no observó el principio de definitividad en contra de los actos aquí reclamados, pues en su contra procede el recurso de revisión de los actos de ejecución, previsto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, es evidente, que se actualiza la causal de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Teniendo aplicación la tesis Jurisprudencial número 447, visible a fojas 297 y 298, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable a foja seiscientos setenta y ocho, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, de la Séptima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sin que sea óbice a lo anterior la eventual posibilidad de ser considerado como actos de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de su demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente al promovente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Raúl González Rodríguez, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1270/2018-IV. En consecuencia, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en el presente caso se reclama de la autoridad responsable: 1. El acuerdo de once de junio de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 08294/2014/9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a través del cual se despacha auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma. 2. Diligencia de embargo realizada el catorce de septiembre de dos mil quince (ejecutada en cumplimiento al acuerdo referido). 3. Acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el controvertido laboral aludido, por el cual se ordena la entrega material del inmueble ubicado en Santa Rosa de Lima, número 1325, fraccionamiento Santa Mónica, municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Una vez precisados los actos reclamados de este asunto, debe tenerse presente que el quejoso se ostenta como demandado atribuyendo violaciones procesales a las etapas de remate y ejecución del juicio laboral 08294/2014/9, bajo el argumento de que aunque el laudo de once de marzo de dos mil quince fue notificado, sin embargo él no fue requerido de pago de lo allí condenado ni apercibido para el caso de no hacerlo, en los precisos términos que ahí indica. En razón de ello, en principio debe precisarse que al quejoso no debe dársele el tratamiento de tercero extraño por equiparación. Es así, porque tal concepto corresponde solo a aquellas personas que aun siendo partes, no hayan sido emplazadas o que fueron emplazadas incorrectamente, no hayan comparecido al juicio, y que no hayan conocido del laudo (o en su caso de la sentencia definitiva que se dicte en el mismo sino hasta después de concluido el término para impugnarla mediante el recurso ordinario que la ley señale). En efecto, a esas personas se les considerara terceros extraños por equiparación, pues como sucede con las personas extrañas, quedaron inauditos en juicio, lo que los dejó en estado de indefensión. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, página 56, que dispone: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En contraste, si se interpreta en sentido contrario el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y según diversos criterios jurisprudenciales de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sola circunstancia de que el afectado haya tenido conocimiento del juicio de origen antes de que se haya dictado el laudo o la sentencia definitiva, aun cuando no haya sido legal y debidamente emplazado, desvirtúa el carácter de tercero extraño al juicio de origen por equiparación con el que pueda comparecer al juicio de amparo, porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio el derecho de audiencia contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio referido se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, página 1627, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Así como en la diversa 2a./J. 198/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 698, que ordena lo siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo". En la especie, el quejoso no reclama el emplazamiento, sino que el estudio integral de la demanda de amparo pone de manifiesto que de lo que se duele es de que no fue requerido de pago del laudo previamente a las etapas de remate y ejecución de sentencia. Y en virtud de ello afirma no haber sido oído y vencido -específicamente en aquellas etapas subsecuentes al laudo- pues dice que se ordenó el embargo de bienes de su propiedad, sin que previamente se le permitiera, dentro del plazo que marca la ley, realizar el pago de lo condenado, tal y como lo ordenó el laudo de once de marzo de dos mil quince. Lo anterior se patentiza con la siguiente transcripción: ". viola los derechos del suscrito al no haber sido oído no vencido en juicio, en el caso específico el proveído de fecha 11 de Junio del 2015, que despacha auto de ejecución con efectos de mandamiento, ordena en su solo acto, el requerimiento de pago y en caso de no hacerlo, se ordena el embargo de bienes para garantizar el adeudo a que salió condenado a pagar el suscrito. --- De lo trascrito, se puede apreciar que el resolutivo tercero del laudo dictado en autos, ordena que se me notifique, requiera y aperciba legalmente para que en el improrrogable término de 15 días de cumplimiento al laudo dictado en el juicio natural, en el caso específico, con fecha 11 de junio del 2015, se despacha auto de ejecución con efectos de mandamiento para su cumplimentación, sin que previamente se dé cabal cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo referido, es decir, para que la autoridad ordene el embargo de bienes a garantizar lo condenado, tuvo que agotar el procedimiento ordenado, primeramente debió de requerírseme para que en el término de 15 días pueda hacer el pago requerido y apercibírseme legalmente en caso de no hacerlo se trabara embargo sobre los bienes de propiedad del suscrito. --- A mayor abundamiento, el auto de fecha 11 de Junio del 2015, viola el derecho procesal y el derecho de poder hacer el pago de lo condenado, toda vez que en autos, no obra que previo al despacho del auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma para su cumplimentación, se me haya requerido para que en el improrrogable término de 15 de días (sic) cubra lo condenado, en autos se aprecia únicamente la notificación del laudo de fecha 11 de Marzo del 2015, mas no así el requerimiento y apercibimiento legal hacia el suscrito.". Además, de las constancias que integran el juicio laboral 08294/2014/9, las cuales se tienen a la vista como hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, ya que obran en un tomo por separado del diverso juicio de amparo 1078/2018-IV, se advierten los siguientes antecedentes: 1. El dieciséis de mayo de dos mil catorce, Carlos Arzola Martínez demandó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a Raúl González Rodríguez y otros, por diversas prestaciones de carácter laboral. 2. Por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil catorce, se radicó dicha demanda con el número 08294/2014/9, se fijaron las doce horas del veintiocho de julio de dos mil catorce, para la celebración de la audiencia de conciliación de demanda y excepciones, se ordenó emplazar a los demandados, y se les apercibió que de no comparecer se les tendría inconformes con todo arreglo conciliatorio, y contestando la demanda instada en su contra en sentido afirmativo. 3. El siete de octubre de dos mil catorce, se realizó el emplazamiento de Raúl González Rodríguez. 4. A las doce horas del veintisiete de octubre de dos mil catorce, en la audiencia de conciliación y de demanda y excepciones del juicio laboral referido, se tuvo compareciendo al actor y al demandado Raúl González Rodríguez (aquí quejoso), por conducto de su apoderado jurídico José Baldomero Quintero Gutiérrez, suspendiéndose dicha diligencia y se procedió a señalar nueva fecha y hora. Cabe precisar que a foja 18 de dicho expediente, obra en original la carta poder a través de la cual Raúl González Rodríguez otorgó a José Baldomero Quintero Gutiérrez y Manuel Ismael Alva Martínez, poder amplio cumplido y bastante, para que conjunta o separadamente, comparecieran en su nombre y representación ante cualquier autoridad que refiere el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, y en especial ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en San Luis Potosí, a fin de que defendieran sus derechos dentro del juicio laboral 8294/2014/9, promovido por Carlos Arzola Martínez. 5. A las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, se celebró la audiencia de conciliación y de demanda y excepciones, en la que no compareció el demandado aquí quejoso, por lo que se le tuvo inconforme con todo arreglo conciliatorio, así como contestando en sentido afirmativo la demanda instada en su contra. 6. Seguidas las demás etapas del juicio laboral, el once de marzo de dos mil quince, se dictó laudo, en el cual se condenó a Raúl González Rodríguez, Alvina Rodríguez de la Rosa, y a quien resulte ser concesionario o dueño del vehículo taxi, número económico 1258, placas de circulación TSD4258, a pagar el total de $4´600,541.00 (cuatro millones seiscientos mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional). De todo lo hasta aquí expuesto es inconcuso que, ante el hecho de que la parte quejosa conoció el juicio de origen previo al dictado del laudo con el que concluyó, incluso apersonándose a éste por conducto de su apoderado jurídico y el planteamiento que realiza en la demanda de amparo, es indiscutible que no promueve con el carácter de tercero extraño por equiparación al juicio laboral 8294/2014/9. Máxime que dicha institución no es aplicable para las etapas de remate y ejecución de sentencia, pues tal carácter sólo puede hacerse valer respecto de la garantía de audiencia, la cual tiene como objetivo que el demandado sea emplazado, se le permita ofrecer pruebas y alegar previo al dictado de sentencia, para que así se salvaguarde su derecho, sin que pueda hacerse valer tal carácter únicamente respecto de las referidas etapas una vez que fue condenado en el controvertido judicial, al cual compareció previamente al dictado de la sentencia. Y es que lo relevante es que, ha quedado de relieve a través de las manifestaciones vertidas por el quejoso en su escrito de demanda, las cuales se robustecen con los antecedentes advertidos del juicio laboral 08294/2014/9, que ya conocía previo al dictado del laudo, todos los datos de identificación del juicio de origen seguido en su contra, en el cual es parte demandada, ante lo cual es inconcuso que no le asiste el carácter de tercero extraño por equiparación. Luego, bajo tal premisa, respecto de los actos reclamados se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Los citados dispositivos legales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. [.]." De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Del segundo de los dispositivos legales en comento, se desprende que éste regula la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distingue los siguientes supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. 2. Actos específicos. a) Actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial únicamente procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual, en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. Al respecto es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". b) Actos de remate. La acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Cabe destacar que el referido artículo precisa lo que debe entenderse por la última resolución en la etapa de ejecución, y en el caso de remate, tiene esa calidad la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, determinaciones que podrían ser coetáneas o no, es decir emitirse en un solo acuerdo o por separado. Respecto a lo cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a/J13/16, que se reproduce más adelante, estableció que basta que se emita indistintamente una sola de ellas para considerar la última resolución en la etapa de remate. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Con lo anterior se pretende evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que el legislador consideró, constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. Ello, en virtud de que el remate está referido a un procedimiento específico, cuya finalidad es la obtención de dinero que de manera directa e inmediata constituye la satisfacción de la obligación prevista en la sentencia definitiva, por regla general, de dar una cantidad de dinero, que la parte deudora no cubrió voluntariamente. Ahora bien, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia invocada, resulta pertinente señalar que de las constancias del tomo laboral referido, también se advierte que: a) El once de junio de dos mil quince, se dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma para su cumplimentación, y se ordenó al actuario de la adscripción requiriera a la parte demandada para el pago de $4´600,541.00 (cuatro millones seiscientos mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional), y en caso de no hacerlo se procediera a embargar bienes suficientes para garantizar el importe de la cantidad referida. b) El catorce de septiembre de dos mil quince, se llevó a cabo el embargo del inmueble ubicado en calle Santa Rosa de Lima, número 1325, fraccionamiento Santa Mónica, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, el cual se adjudicó al actor el siete de abril de dos mil diecisiete, y por auto de treinta de mayo siguiente, se ordenó al Notario Público Treinta y Cuatro con ejercicio en San Luis Potosí, San Luis Potosí, para que procediera a la elaboración de escrituras del inmueble referido en favor de la parte actora. Actuación con la cual se concluyó la etapa de remate, atendiendo a lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) ya transcrita. c) Una vez realizada la escritura respectiva, por autos de veintitrés de abril y dieciocho de octubre del año en curso, se ordenó poner en posesión material y jurídica al actor, respecto del inmueble ubicado en calle Santa Rosa de Lima, número 1325, fraccionamiento Santa Mónica, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. De lo expuesto, resulta inconcuso que los actos reclamados, consistentes en el acuerdo de once de junio de dos mil quince (a través del cual se dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma), y la diligencia de embargo realizada el catorce de septiembre de dos mil quince, se realizaron previo a concluir la etapa de remate del juicio laboral 08294/2014/9, pues como ha quedado de relieve la última resolución en dicha fase es la que indistintamente ordena la escrituración o la entrega del bien rematado, bastando que se emita una sola para considerar actualizada la última resolución de remate; lo cual aconteció con el auto de treinta de mayo de dos mil diecisiete, en el que el Presidente de la Junta responsable, ordenó la escrituración del inmueble adjudicado al actor. Y consecuentemente, una vez concluida aquella continua la etapa de ejecución, en la cual se encuentra comprendido el auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (aquí reclamado), por el cual se requiere la entrega del multicitado inmueble. De ahí que, si las determinaciones y diligencia reclamadas no constituyen ni la última dictada en la etapa de remate (en el caso la de escrituración), ni la última resolución en etapa de ejecución de sentencia (la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo como totalmente concluido), luego entonces resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta. Lo cual se afirma, pues si como ya quedó precisado, la responsable ordenó previamente la formalización de la transmisión de propiedad, mediante la escritura pública, es claro que bastó este acto para considerar culminado el remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, dada la firmeza que ha adquirido la adjudicación del bien sujeto a remate, y que, por tanto, era en ese momento procesal cuando el hoy quejoso debió promover el juicio de amparo en su contra, precisamente de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el cual podía hacer valer como violaciones procesales el acuerdo de once de junio de dos mil quince y la diligencia de embargo realizada el catorce de septiembre de dos mil quince. Por su parte, deviene inconcuso que las subsecuentes determinaciones reclamadas, a través de las cuales, posterior a aquella orden de escrituración y su ejecución, se ordena poner al adjudicatario en posesión material y jurídica del bien inmueble rematado, como ya se señaló, constituye un acto emitido en la etapa de ejecución de sentencia, empero, sin que constituya la última dictada en esa fase, pues no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mucho menos ordena el archivo definitivo del expediente. Sin soslayar que de ejecutarse el acto reclamado ello conllevaría a desposeer al quejoso del inmueble previamente escriturado a favor de su contraparte, ya que tal circunstancia es insuficiente para estimar que se actualiza el caso de excepción a que alude la diversa jurisprudencia "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", por lo consiguiente: El Más Alto Tribunal del País, ha establecido que el juicio de amparo contra actos dictado en ejecución de sentencia es procedente, de manera excepcional, cuando: a) El acto reclamado infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan transgredir con la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva. Lo anterior, se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.- La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En ese contexto no puede perderse de vista que la orden de entrega de dicho bien al adjudicatario es consecuencia legal y necesaria de la determinación que aprobó el remate (datada el siete de abril de dos mil diecisiete), la cual tiene como fin ejecutar el laudo once de marzo de dos mil quince, en el cual se condenó al demandado al pago de $4´600,541.00 (cuatro millones seiscientos mil quinientos cuarenta y un pesos 00/100 moneda nacional), el cual se encuentra firme. Luego entonces, el auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho que ordenó la entrega del inmueble rematado no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio laboral de origen, sino el medio para ejecutarla. No es obstáculo a lo anterior que el quejoso refiera que tuvo conocimiento de los actos reclamados hasta el dieciséis de noviembre del presente año, en virtud que al ser parte demandada en el juicio laboral génesis de los actos reclamados (al cual incluso se apersonó a través de su apoderado jurídico), y por ende parte procesal, tiene la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa (como lo es el recurso de revisión conforme a la Ley Federal del Trabajo o en su caso el incidente de nulidad), contra aquellas actuaciones que podrían perjudicarle. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1654, que dispone: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo". En esas condiciones, respecto de los actos reclamados se actualiza en la especie la causa de improcedencia a que se refiere la fracción 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, respecto de los actos reclamados, el suscrito advierte que también se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." El precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal en el supuesto de que, contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la administración pública. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, página 902, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En ese orden de ideas, a efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en comento, deviene necesario destacar a quién corresponde llevar a cabo el procedimiento de ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. En ese tenor, los artículos 939, 940 y 949 de la Ley Federal de Trabajo señalan: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas". "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita". "Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo". De los preceptos reproducidos se colige que la ejecución de los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje corresponde llevarla a cabo a los presidentes de las mismas. Asimismo, los artículos relativos a la procedencia del recurso de revisión previstos por la legislación laboral federal, son del tenor siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." El análisis sistemático de los anteriores dispositivos legales revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas. En la segunda hipótesis, conocerá el presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Finalmente, en el tercer supuesto, conocerá el Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del presidente de ésta, o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Ahora bien, para estar en aptitud de determinar sobre la necesidad de agotar el recurso de revisión para la procedencia del juicio de amparo, es necesario establecer con claridad si los presidentes de las Juntas tienen o no facultades para ejecutar los laudos emitidos por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Al respecto de los artículos 617 y 618 prevén sus facultades en los siguientes términos: "Artículo 617. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes: [.] IV. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos señalados en la fracción anterior; [.]." "Artículo 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades siguientes: [.] II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial; [.]." Como puede advertirse de los preceptos reproducidos, los presidentes de las Juntas tienen, entre otras facultades y obligaciones, la de ejecutar los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y estas últimas, a su vez, tienen las siguientes: "Artículo 614. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y obligaciones siguientes: [.] III. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por el Presidente de la Junta en la ejecución de los laudos del Pleno; [.]". "Artículo 616. Las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones siguientes: [.] IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones del Presidente en ejecución de los laudos; [.]". De todo lo expuesto se llega al convencimiento de que los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje son los que cuentan con facultades para tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos y si, como en el caso, los actos reclamados consisten en los acuerdos de once de junio de dos mil quince y dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitidos por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y la diligencia de embargo realizada por el Actuario el catorce de septiembre de dos mil quince, dentro del juicio laboral 08294/2014/9 (el cual se encuentra en etapa de ejecución de laudo), es claro que en contra de tales actuaciones procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, ya que este dispositivo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Esto es así, ya que una vez que fue dictado el laudo correspondiente cesa la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues a partir de ese momento se entra a la etapa de ejecución del mismo, la cual, por disposición expresa de la Ley Federal del Trabajo, artículos 617 y 618, corresponde llevar a cabo a los presidentes de las Juntas, toda vez que tales dispositivos les confiere exclusivamente esas atribuciones. Máxime que tales acuerdos despachan auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma a efecto de que el demandado pague la cantidad a la que fue condenado, y se ordena poner en posesión al adjudicatario del bien inmueble rematado, y la diligencia tuvo como efecto requerir de pago al demandado y ante la falta de pago, se procedió a realizar el embargo del inmueble que fue rematado, adjudicado y escriturado a favor del actor, con el fin de cumplir el laudo aludido. En consecuencia, es dable concluir que el recurso de revisión procede en contra de los acuerdos de once de junio de dos mil quince y dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitidos por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y la diligencia de embargo realizada por el Actuario el catorce de septiembre de dos mil quince, dentro del juicio laboral 08294/2014/9, por disposición expresa del numeral 849 de la Ley Federal del Trabajo. Corrobora la anterior conclusión, la exposición de motivos de la reforma del cuatro de enero de mil novecientos ochenta, de la que derivó el texto actual de la Ley Federal del Trabajo, que prevé la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos del presidente de una Junta, emitidos en el periodo de ejecución de los laudos, la cual, en lo que interesa, es del tenor siguiente: "... Nuestro sistema jurídico garantiza, mediante la intervención de los tribunales federales, la posibilidad de enmendar, en su caso, cualquier error de procedimiento o de fondo en que hubieren incurrido las Juntas al aplicarse e interpretarse las disposiciones legales correspondientes; es por eso que en el capítulo XIV da a las partes el derecho de solicitar la revisión de los actos que realicen los presidentes, actuarios o funcionarios habilitados, en ejecución de los laudos..." De esta transcripción se advierte que el valor que quiso salvaguardar el legislador ordinario, con la reforma al artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, fue el de otorgar a las partes en un juicio laboral la posibilidad de solicitar la revisión, entre otros, de los actos que realicen los presidentes de las Juntas en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo; de donde se advierte que la intención del legislador no fue la de restringir ese medio ordinario de defensa exclusivamente a las determinaciones que tienden, concreta y específicamente, a la ejecución de los laudos, sino la de hacerlo extensivo a cualquier otra emitida por el presidente de la Junta en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo. Por tanto, el precepto no es restrictivo en el sentido de que determine la procedencia del recurso de revisión únicamente contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, es decir, aquellas que tengan por objeto en forma directa e inmediata el cumplimiento de aquél, o que se encaminen esencialmente a ese objetivo, sino también a todas aquellas que aunque no tengan estas características se emitan en o durante el procedimiento de ejecución del laudo, en las cuales se haya cometido un yerro que deba ser corregido o enmendado. Bajo este criterio, las actuaciones aquí reclamadas, al haberse emitido en el periodo de ejecución, ello las hace recurribles conforme a la teleología del precepto en cuestión, pues, además, la expresión "en ejecución de los laudos", utilizada por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, denota ubicación, al referirse a aquellos actos emitidos en esa fase ejecutiva del procedimiento. Por tanto, si en el caso, en contra de los acuerdos aquí reclamados emitidos por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y diligencia de embargo realizada por la Actuaria de dicha Junta, la Ley Federal del Trabajo establece que procede el recurso de revisión, es inconcuso que al no agotarse resulta improcedente el juicio constitucional biinstancial, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 95/2002 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, la cual emitió -en la ejecutoria correspondiente- las consideraciones anteriormente parafraseadas y que sirven de premisa normativa para la emisión de este auto en lo aplicable al caso concreto. La tesis jurisprudencial de mérito es localizable en la página 374, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Cabe precisar, que como consecuencia de la interpretación que ya ha hecho la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la procedencia del recurso de revisión contra todas aquellas determinaciones que aunque no hayan sido emitidas estrictamente para la ejecución de un laudo, sean emitidas durante la etapa de ejecución del laudo, ello al tenor de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia que antecede, por consiguiente no se actualiza el supuesto de excepción previsto en el último párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 86/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS SUPUESTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, NO SE ACTUALIZAN CUANDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HA DETERMINADO JURISPRUDENCIALMENTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA CONTRA EL ACTO RECLAMADO". Así pues, como la parte quejosa no observó el principio de definitividad en contra de los actos aquí reclamados, pues en su contra procede el recurso de revisión de los actos de ejecución, previsto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, es evidente, que se actualiza la causal de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Teniendo aplicación la tesis Jurisprudencial número 447, visible a fojas 297 y 298, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable a foja seiscientos setenta y ocho, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, de la Séptima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Sin que sea óbice a lo anterior la eventual posibilidad de ser considerado como actos de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de su demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente al promovente."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Raul Espinola Gutierrez105/2016
- Raúl Estrada Juache1285/2009
- Raúl García Delgado370/2018
- Raúl García Guardiola852/2023
- Raul Garcia Nuñez1188/2018
- Raul Garcia Nuñez469/2019
- Raúl Jasso Jasso1600/2023
- Raul Medina Garcia1206/2022
- Raul Rafael Otero Moreno1240/2019
- Raul Rocha Hernandez901/2019
- Raul Ruben Jasso Mendez1020/2019
- Raul Trejo Sanchez184/2022