Raul Garcia Nuñez

Expediente 469/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
469/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/05/2019

Partes del expediente

  • Raul Garcia Nuñez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de catorce de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de catorce de mayo de dos mil diecinueve, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ESTA FECHA QUE A LA LETRA DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Raúl García Núñez, quien se ostenta apoderado y representante legal de Ma. Eugenia Mendoza Mares, en contra de la omisión reclamada del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 469/2019-IV. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al dispositivo legal en cita, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la parte quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, el análisis integral del ocurso de demanda pone de manifiesto que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: - La omisión en que incurre el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, al no emitir la sentencia respectiva en el juicio de amparo directo 984/2017 de su índice, promovido por la aquí quejosa en contra del laudo dictado el treinta de junio de dos mil diecisiete, en autos del juicio laboral 10/2015/J.E., del índice de la Junta Especial para Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley con residencia en esta ciudad. Precisado lo anterior, el suscrito estima que respecto de la omisión reclamada se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; [.]." De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de resoluciones emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito. Cabe destacar que no obstante que el dispositivo legal hace referencia expresa a resoluciones, dicho extremo también abarca a omisiones atribuidas a dichos órganos de control constitucional, pues cabe señalar, como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. XVII/2018 (10a.), desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. Así, en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos -como lo serían las resoluciones a que se refiere el precepto en consulta-, sino también a través de actos negativos u omisiones. La tesis en cita se localiza con el número 1a. XVII/2018 (10a.), en la página 1092, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Así, como se adelantó, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que mediante el presente juicio constitucional se reclama una omisión atribuida al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, por lo que es evidente que la misma no puede ser analizada a través del juicio de amparo biinstancial, toda vez que por disposición del legislador, contenida en el citado artículo y fracción, no existe posibilidad jurídica de promover un juicio de amparo contra un acto, en el caso una omisión, atribuida a un Tribunal Colegiado de Circuito, sin excepción alguna. Ilustra lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia PC.III.L. J/11 L (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo III, página 1381, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA MULTA IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE QUEJA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE DICHO JUICIO. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 61, fracción VI y 113 de la Ley de Amparo, se advierte que: a) contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito no procede recurso alguno y el juicio de amparo en su contra es improcedente; b) la función de tales órganos es netamente jurisdiccional; y, c) si al examinar el escrito de demanda de amparo se advierte alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. Asimismo, de los numerales reseñados se abstrae que cuando el acto reclamado consista en una multa impuesta en la resolución de un recurso de queja emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia toda vez que dicha resolución es definitiva y no admite recurso alguno, sin que pueda caber una excepción a la regla general prevista en la fracción VI del artículo 61 aludido, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones emitidas por aquél se delimitó tanto en la Ley de Amparo, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que no es sostenible una interpretación diversa que permita impugnarla, pues de lo contrario, se vaciaría el contenido de la disposición constitucional que le otorga el carácter de definitiva e inatacable; además de que durante el trámite del recurso de queja la autoridad responsable puede contestar la omisión imputada y aportar las pruebas que estime conducentes para justificar su dicho". Además, el suscrito considera que respecto de la omisión reclamada también se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción IX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]." De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra algún acto emitido en un juicio de amparo, acto que, como se señaló con antelación, de conformidad con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también puede consistir una omisión. Esto resulta explicable tomando en cuenta que a los Tribunales Colegiados compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo directo, por lo que de ser procedente dicho medio extraordinario de defensa en contra de otros actos, en el presente asunto, de una omisión generada en diverso juicio de amparo, ello implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional. De ahí que, en todo caso, si los órganos de control constitucional en un juicio de amparo incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio de amparo, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece. Sobre tales bases, como se adelantó, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, toda vez que mediante el presente juicio constitucional se reclama la omisión en que incurre el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, al no emitir la sentencia respectiva en el juicio de amparo directo 984/2017 de su índice, promovido por la aquí quejosa en contra del laudo dictado el treinta de junio de dos mil diecisiete, en autos del juicio laboral 10/2015/J.E., del índice de la Junta Especial para Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley con residencia en esta ciudad. Con lo anterior, se pone de relieve que contra dicha omisión no puede ser enderezado el juicios de amparo biinstancial, toda vez que por disposición del legislador, contenida en el citado artículo y fracción, no existe posibilidad jurídica de promover un juicio de amparo contra las omisiones emanadas de otro procedimiento de la misma naturaleza, sin excepción alguna, pues la idea de suprimir el ejercicio del control constitucional sobre el juicio de amparo tiene su explicación lógica en el principio de que está prohibido generalmente promover un medio de impugnación extraordinario en contra de determinaciones emitidas en otro del mismo orden, pues de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. Y es que lo que pretendió evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la causa de improcedencia en análisis, fue que una determinación u omisión emitida en un juicio constitucional o los actos tendientes a cumplir una ejecutoria de amparo, pudieran ser objeto de controversia y decisión en otro juicio de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios que versan sobre la misma materia o su ejecución, en detrimento de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social, pues de lo contrario se quebrantaría la estabilidad jurídica que tienen todos los procesos. Ciertamente, la causa de improcedencia en estudio tiene como finalidad evitar la promoción de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales previene en su capítulo XI y no mediante un nuevo y autónomo juicio de amparo; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia precisada. En apoyo a la anterior consideración, se cita en lo conducente, la Jurisprudencia, XXI.1º.J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que aparece en la página 867, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo.". En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse las causas de improcedencia a que se refieren las fracciones VI y IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. En otro orden de ideas, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. NP.

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