Raúl Gómez Chino
Expediente 647/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 647/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Raúl Gómez Chino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por Adrián Román Hernández, autorizado del quejoso Raúl Gómez Chino y otros, mediante el cual refiere que la responsable no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo y solicita se requiera acate la misma; al respecto, se le tiene por hechas sus manifestaciones para los efectos legales conducentes y en atención a su contenido dígase que por auto de diez de agosto del año en curso, se declaró cumplida la ejecutoria, por lo que deberá de estarse a lo ordenado en el citado auto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido del licenciado Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de agosto de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de trece de julio de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Regularice el procedimiento, y conforme a los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, señale nueva fecha para el desahogo de la audiencia de demanda y excepciones, debiendo notificar a las partes dentro de los autos del juicio laboral 1056/2019, y, En caso de llegar el día de la audiencia de demanda y excepciones, y está se encuentra preparada, deberá desahogarla, o en caso contrario respetando los términos y plazos contenido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dicte otra en la que deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en la resolución, a fin de salvaguardar el derecho de la parte quejosa de que se administre justicia de manera pronta y expedita. En el entendido de que se considerará cumplida la sentencia concesoria una vez que la Junta responsable dé cumplimiento al punto precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora.". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio 3836A/2021, de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, y oficio con terminación 4439A/2021 de nueve de julio de dos mil veintiuno, remitió respectivamente copia certificada del acta de audiencia demanda y excepciones, desahogada el dos de junio de dos mil veinte (sic), en el juicio laboral 1056/2019, así como, el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, por el cual fijó hora y día para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber desahogado la audiencia de demanda y excepciones, dentro del expediente laboral 1056/2019, la cual tuvo verificativo el dos de junio de dos mil veinte (sic). Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable, regularice el procedimiento, y conforme a los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, señale nueva fecha para el desahogo de la audiencia de demanda y excepciones, debiendo notificar a las partes dentro de los autos del juicio laboral 1056/2019, y, en caso de llegar el día de la audiencia de demanda y excepciones, y está se encuentra preparada, deberá desahogarla, o en caso contrario respetando los términos y plazos contenido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dicte otra en la que deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en la resolución. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que el dos de junio de dos mil veinte (sic), desahogo la audiencia de demanda y excepciones, dentro del expediente laboral 1056/2019, tal como se desprende las constancias que adjuntó la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Al respecto, téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales a que haya lugar, sin embargo, de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que señaló la fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas para el cinco de octubre de dos mil veintiuno; esto es, aproximadamente dentro de tres meses a partir del día de la fecha del presente acuerdo. Así también, debe señalarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que el derecho de acceso a la impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se integra por, entre otros, el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. En ese orden de ideas, en la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se hizo patente que la junta responsable incumplió los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo, situación que acontece de nueva cuenta con el señalamiento de la fecha para la continuación de la audiencia de referencia; en ese sentido, a fin de evitar mayores dilaciones procesales y en aras de salvaguardar el derecho a una justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere a María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído, emita un acuerdo siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo de manera correcta y precisa, para no seguir retardando el procedimiento laboral, y señale una nueva fecha para la continuación de la audiencia de demanda y excepciones, dentro del plazo previsto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, lo anterior, además es sin dejar de observar las medidas conducentes dada la situación que atravesamos por la pandemia, así como las constancias de notificación correspondientes, para evitar diferimientos innecesarios. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por Adrián Román Hernández, por el cual solicita se le autorice el acceso y consulta del expediente electrónico que nos ocupa, así como la práctica de notificaciones electrónicas. Al respecto, de conformidad con lo establecido por el "ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, por medio del usuario que refiere, a través de la cuenta que se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte el presente proveído y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por los medios electrónicos que solicita; sin perjuicio que con posterioridad decida revocar la presente solicitud. En tales condiciones, dígase al promovente que no ha lugar a tener por autorizado a la persona que propone, toda vez que, por disposición expresa de ese mismo numeral, no puede substituir o delegar a favor de terceros las facultades que le fueron conferidas por la parte quejosa. Tiene aplicación al caso concreto, por analogía, la tesis XX.2o.39 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 1180, del tomo XXVIII, septiembre de 2008, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR A UNA DIVERSA PERSONA SÓLO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE LOS AUTOS. El artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo permite al quejoso y al tercero perjudicado designar un autorizado para oír notificaciones en su nombre y faculta a éste para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o prescripción y realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no se le autoriza para designar a una diversa persona sólo para recibir notificaciones e imponerse de los autos, pues esto únicamente corresponde a los contendientes, conforme a la última parte de dicho párrafo. Asimismo, tampoco puede justificarse tal designación bajo el argumento de que lo realizan como un acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pues éstos deben entenderse como aquellos relacionados con el fondo de la litis constitucional, tales como ampliar la demanda de garantías o cumplir un requerimiento, mas no para realizar los que corresponden únicamente a las partes en cuanto a la representación en juicio." Se autoriza que hagan uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Asimismo, se hace de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Notifíquese.
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