Raul García Martínez
Expediente 620/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Raul García Martínez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que, dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso alguno en contra del auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución documentos originales Infórmese a la parte quejosa que cuenta con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presente debidamente identificado en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso se hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales que haya lugar, el escrito de Raúl García Martínez, en su carácter de representante común de la parte quejosa, por medio del cual desahoga la prevención que se le hizo por auto de dieciocho de mayo de este año; en tal virtud, téngase por desahogada dicha prevención y se provee: Desechamiento de la demanda: Sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de que de su contenido, así como del escrito de desahogo de prevención, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Las autoridades responsables y el acto hoy reclamado son los siguientes: Autoridades responsables: Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Actuario adscrito a la Primera Secretaría de Acuerdos de ese juzgado. Acto reclamado precisado en el escrito de desahogo de prevención: ".La ejecución de la sentencia dictada por el Juez Segundo Civil en Cuernavaca, Morelos, esto en el expediente 121/2021." Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional, advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción VI, del numeral 107, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "(.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" De una interpretación sistemática y en sentido contrario del último de los preceptos en estudio, es factible concluir que la causa de improcedencia se surte cuando los actos ejecutados dentro o fuera de juicio no afecten a personas extrañas a él, o exista en la ley aplicable algún recurso ordinario o medio de defensa a favor del afectado que pudiera tener efectos revocatorios o modificatorios. Si bien el artículo 107, fracción VI, de la Ley reglamentaria de los diversos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo se pedirá ante el juez de distrito, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería; la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que dicho precepto debe interpretarse en forma armónica con el diverso 107, fracción III, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal manera que si éste no impone limitación al principio de definitividad, lo dispuesto en el numeral reglamentario debe ser entendido como una opción adicional. En el caso a estudio, Raúl García Martínez y Nancy Brio Sotelo, se ostentan como terceros extraños por equiparación al procedimiento de origen, pues en sus conceptos de violación, en lo que interesa, aducen: ".Se violan en nuestro agravio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucional (sic), toda vez que las autoridades responsables nos han privado de nuestra garantía de audiencia, legalidad y derecho, al no haber señalado de nueva cuenta día y hora para la continuación del desahogo de pruebas y alegatos y citación para sentencia, así como del dictado de la sentencia definitiva del cual no nos dan acceso a dicho expediente. 121/2021. llevando el juicio a nuestras espaldas y dejándonos sin defensa." ".Como ya se ha mencionado, nunca se señaló de nueva cuenta día y hora para la continuación de pruebas y alegatos ni fuimos citados para su desahogo, ni tampoco sobre la citación de la sentencia y acceso a la misma, por lo tanto no hemos sido llamados ni vencidos en juicio, por lo que resulta totalmente violatoria de garantías por las responsables. que pretenden ejecutar la sentencia definitiva dictada dentro del expediente. 121/2021. y a mayor abundancia no hemos sido oídos ni vencidos en juicio, mismo que se ha llevado a cabo a espaldas de los quejosos." Ahora, de la demanda de amparo, del escrito de desahogo de prevención, se desprende lo siguiente: ? El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, Leobardo Amaro González, demandó a Raúl García Martínez y Nancy Brio Sotelo, en la vía especial de desahucio; entre otras prestaciones, se pidió la desocupación y entrega del bien inmueble que se detalla en el ocurso constitucional, así como el pago de la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS, por concepto de rentas adeudadas. ? La demanda especial de desahucio se admitió en auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, asignándosele el número 121/2021, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, ordenándose el requerimiento de pago y el emplazamiento de los demandados. ? En diligencia de diez de julio de dos mil veintiuno, ambos demandados, fueron requeridos de pago y emplazados a juicio; dichos demandados se opusieron al embargo, porque -según se aduce- acreditaron estar al corriente con el pago de las rentas, por lo que la diligencia de embargo (sic) fue suspendida por el fedatario correspondiente y únicamente fueron emplazados a juicio. ? Mediante escrito de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, los demandados dieron contestación a la demanda entablada en su contra, oponiendo defensas y excepciones, así como el respectivo ofrecimiento de pruebas. ? En auto de veinte de julio de dos mil veintiuno, fue admitida la contestación (sic), dándose vista, por tres días, a la parte actora, para que manifestara sobre el escrito de contestación de demanda. ? A través del escrito de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, el actor desahogó la vista. ? Por auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se acordó ese escrito del actor y se le tuvo por presentado contestando la vista correspondiente; además, en lo que interesa, se señalaron las trece horas del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos respectiva; también se proveyó sobre las pruebas ofrecidas por las partes. ? Ambas partes comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos, pero antes de darla por terminada, el juez acordó: ".Con lo anterior, y tomando en cuenta el estado procesal de los autos, encontrándose proveer respecto de diversas probanzas supervinientes ofertadas, se da por terminada la presente audiencia." ? En auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitieron pruebas ofrecidas por el demandado Raúl García Martínez, en escrito de veinticinco de agosto de ese año; pruebas que consistieron en ".1 y 2 videos, USB pruebas científicas.". ? El ocho de marzo de dos mil veintidós, se desahogaron esas pruebas y se le entregó una copia del video reproducido en USB al abogado de la parte actora, otorgándosele un plazo de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniera. ? Por escrito de once de marzo de dos mil veintidós, el abogado del actor desahogó la vista de referencia. ? En auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al abogado del actor desahogando la vista antes mencionada. ? Mediante escrito de quince de marzo de dos mil veintidós, el demandado Raúl García Martínez, solicitó al juez copia certificada de todo lo actuado en el expediente 121/2021; escrito que le fue admitido en auto de dieciséis de marzo de este año. Como ya lo dijo, este Juzgado Federal estima improcedente la tramitación de esta instancia constitucional, acorde a las precisiones que a continuación se expresan: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en varios criterios jurisprudenciales, que la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, se considera como la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, pues imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además de privarle del derecho a presentar pruebas que las acrediten, y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado del fallo que en el proceso se dicte, lo que impone la procedencia inmediata del examen constitucional, como un medio extraordinario de defensa, así como suplir la queja deficiente cuando esas violaciones se hacen valer en la demanda de amparo. Empero, esa regla general de procedencia inmediata del juicio de amparo y, por consecuencia, la aplicación de la queja deficiente a favor del inconforme, se rompe cuando, como en el caso, la parte interesada conoce de la tramitación del juicio de origen (especial de desahucio), y en específico, de la ejecución de la sentencia dictada en ese juicio, que hoy señala como acto reclamado concreto. Esto, porque al tener conocimiento de que no se le llamó legalmente al procedimiento, o bien, exista algún acto que tienda a afectar sus intereses, tiene la posibilidad de comparecer al juicio especial de desahucio e interponer los recursos ordinarios y medios de defensa contemplados en la legislación que rige su tramitación, con la finalidad de que, la propia potestad local sea la que repare las violaciones y los posibles perjuicios que pudo habérsele ocasionado con la falta o ilegalidad del llamamiento a ese juicio. Bajo ese tenor, es dable sostener que en el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto normativo contemplado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo cuando se trate de persona extraña al procedimiento que constituye uno de los casos de excepción que se contempla en el inciso c) de la mencionada porción legal (las demás excepciones expresadas en los incisos a) y b) de ninguna forma se actualizan en el caso). En efecto, por persona extraña a juicio se entiende aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte, así como también quien habiendo sido señalado como parte, no es llamado a juicio o se le cita en forma contraria a la ley; sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a los peticionarios de amparo, cuando han tenido conocimiento de la transgresión que reclaman, ya que en esas condiciones, al tener el carácter de demandados en el procedimiento y no de terceros extraños, están en condiciones de impugnar las violaciones procesales que reclaman a través de los recursos ordinarios y medios de defensa contemplados en la legislación aplicable al caso. Al respecto, resulta oportuno invocar la jurisprudencia 1/J. 67/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época, con el registro 2004274, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, materia común, página: 729, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." También se estima aplicable la jurisprudencia cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Registro digital: 2020845 Instancia: Primera Sala Décima época Materias: Civil Tesis: 1ª/J. 68/2019 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 1047 Tipo: Jurisprudencia "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad." Por tanto, es evidente la actualización de la causa de improcedencia invocada, aplicada por analogía, en términos de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por ende, lo que procede desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, promovida por Raúl García Martínez y Nancy Brito Sotelo, de acuerdo con los arábigos 112 y 113 de esa ley. Al respecto, es aplicable por analogía jurídica, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia número 2ª/J. 198/2008, publicada en la página 698, tomo XXIX, enero de 2009, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable ocursante; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. A su vez, con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de la autoridad oficiante, a las personas que mencionan en los ocursos de cuenta. Correo electrónico: Ahora bien, por cuanto al correo electrónico que se proporciona y dada la contingencia sanitaria que prevalece, debido al fenómeno de salud pública, derivado del virus denominado SARS-CoV2 (COVID-19), se tiene como medios de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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