RAUL GOMEZ CAMPILLO y Otros.

Expediente 1267/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1267/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
17/05/2017

Partes del expediente

  • RAUL GOMEZ CAMPILLO y Otros.
  • Raul Gomez Campillo
  • Jose Armando Isaac Mendoza Lozada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, por medio del cual acusa recibo del oficio CUMP. 1151-1, por el que se le devolvieron las copias certificadas de la causa penal 85/2014 de su índice (anexo I), lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del once de abril al ocho de mayo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez de lo Penal de del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  3. Principal

    (CAPTURA AVISO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO LA RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diez de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 85 a 105), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada dictada en la causa penal 85/2014, que se instruye en contra del aquí quejoso; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, atendiendo a la norma que lo prevé y sanciona, ya que se trata de un tipo penal complejo que comprende varias hipótesis normativas que son excluyentes en su integración, bastando, por ende, la actualización de alguna de ellas, para que se integren los elementos constitutivos del delito atribuido, por tanto, a fin de no incurrir en la falta de fundamentación y motivación la autoridad deberá indicar cuál de los supuestos contemplados se acredita. b) Al establecer el delito de fraude genérico deberá justificar por qué corresponde ubicar la conducta delictiva en el artículo 403, fracción IV, del Código Penal del Estado de Puebla, para lo cual deberá señalar cuál era el salario mínimo en el municipio de Cholula, Puebla, el quince de julio de dos mil nueve (lugar y fecha de la comisión del hecho delictivo), explicando las pruebas u operaciones aritméticas necesarias y reflejarlas en el acto reclamado para ubicar la conducta del quejoso en el supuesto legal citado. c) Deberá explicar de qué manera el inculpado utilizó el engaño o representación falsa de la verdad, en la celebración del contrato de compraventa del inmueble identificado con el número veinticinco del Boulevard, encuentro con la Guadalupana, del Fraccionamiento del mismo nombre, ubicado en la población de Sn Francisco Ocatlán, Cholula, Puebla, ya que no explica de qué manera el inculpado utilizó el engaño o representación falsa de la verdad, en la celebración de dicho contrato, pues si bien relacionó la declaración del agraviado en donde se aprecia que éste no tenía conocimiento del gravamen que tenía la vivienda, hecho que corroboraron los testigos de cargo Margarita Vázquez Villareal y Armando Mendoza González, ello no es suficiente, ya que se requiere que exponga motivadamente las circunstancias que tuvo para arribar a la conclusión de que el inculpado engañó al pasivo para hacerse de un lucro indebido. d) Por cuanto hace a la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, establezca de manera individualizada la conducta que desplegaron, así como su grado de participación o forma de intervención y la manera en que produjeron el delito de fraude. e) También deberá realizar el estudio pormenorizado de la ampliación de declaración del inculpado, aquí quejoso, pues si bien le otorga valor probatorio, lo cierto es que no precisa el contenido de la misma, como tampoco hace alusión en que consistió la negativa de los hechos por parte de dicho inculpado; por tanto, no puede considerarse debidamente analizada por el a quo la ampliación de declaración del inculpado. Lo mismo sucede respecto de las pruebas documentales consistentes en "1.- La documental consistente en la escritura pública que contiene la segregación, fusión, lotificación, constitución de régimen de propiedad en condominio y declaración de interés social dentro de la zona "B" de la segunda etapa del fraccionamiento en régimen de condominio denominado el Encuentro con la Guadalupana (fojas 332 a 341 ídem); 2.- La documental pública consistente en la escritura pública que contiene la cancelación parcial de la hipoteca que otorgó el Banco Nacional de México Sociedad Anónima integrante del grupo Banamex a favor del Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable y copia del contrato de compraventa (fojas 342 a 361 ídem); 3.- La documental pública consistente en la escritura pública consistente en la escritura pública que contiene el poder irrevocable para pleitos y cobranzas, actos de administración y riguroso dominio que otorga Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable de Raúl Gómez Campillo a favor de Genaro Galván Meneses (fojas 362 a 375 ídem); 4.- La documental pública consistente en el oficio de autorización de alineamiento y número oficial (foja 358 ídem); 5.- La documental privada consistente en la carta cancelación de hipoteca expedida por BANAMEX (foja 388 ídem); 6.- La documental privada consistente en el acta de recepción de la vivienda expedida por Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de José Armando Isaac Mendoza Lozada y Eloina Guzmán González con número de control 000227 (foja 376 ídem); 7.- La documental privada consistente en el manual de ampliación de vivienda expedida por Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de José Armando Isaac Mendoza Lozada y Eloina Guzmán González (384 a 387 ídem); y 8.- La documental pública consistente en el formato de asesoría expedida por la Procuraduría Federal del Consumidor de fecha veintiocho de octubre de dos mil diez (foja 390 ídem)." Ya que se concretó a señalar que las documentales exhibidas por el indiciado fueron presentadas en copias simples, por lo que no tenían ningún valor probatorio, y en consecuencia era inútil entrar a su estudio; pero sin exponer los motivos o fundamentos que la llevaron a demeritar dichas pruebas." Inconforme con la anterior determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-13/2017 resolvió confirmar la sentencia recurrida (fojas 290 a 346). Así, en auto de dos de marzo de dos mil diecisiete, se solicitó al juez responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (fojas 347 a 351). Ahora bien, mediante oficio 2011 de ocho de marzo de dos mil diecisiete (fojas 364 a 377), el Juez responsable remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 85/2014 de su índice, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica del quejoso Raúl Gómez Campillo, decretándole auto de formal prisión por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de José Armando Isaac Mendoza Lozada. Resolución en la cual, desglosó los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, atendiendo a la norma que lo prevé y sanciona, indicando los supuestos contemplados por los que se acredita, al establecer lo siguiente: "La premisa mayor del silogismo jurídico que sustenta esta resolución, está constituido por los preceptos de la ley punitiva que prevén y punen el delito en estudio y que a la letra rezan: ARTÍCULO 402. Comete el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. ARTÍCULO 403. El delito de fraude se sancionará: FRACCIÓN IV. Con multa de quinientos a mil días de salario y prisión de siete a diez años, cuando el valor de lo defraudado excediere de mil días de salario. ARTÍCULO 13. La conducta es dolosa, si se ejecutó con intención y coincide con los elementos del tipo penal o se previó como posible el resultado típico y se quiso o aceptó la realización del hecho descrito por la ley. De acuerdo a la descripción típica del delito de FRAUDE GENÉRICO por el que ejercita acción penal el ministerio público, se advierte que su corporeidad se integra por los elementos materiales, objetivos, externos y normativos que a continuación se citan: Que aprovechándose del error en que el agraviado se halla. Alcance un lucro indebido." (fojas 365 vuelta y 366). Por otro lado, el juez de la causa justifica por qué corresponde ubicar la conducta delictiva en el artículo 403, fracción IV del Código Penal del Estado de Puebla, para lo cual señala el salario mínimo en el municipio de Cholula, Puebla, el quince de julio de dos mil nueve (lugar y fecha de la comisión del hecho delictivo), explicando las operaciones aritméticas necesarias, al establecer: "Por último de dicha documental se advierte en concatenación con el dicho del agraviado y testigos de cargo, que el ahora agraviado pagó la cantidad de $366,000.00 (trescientos sesenta y seis mil pesos 00/100 m.n.), cantidad que fue pagada íntegramente a la inmobiliaria denominada GRUPO G.C.R,S.A. DE C.V., a través de diversos depósitos bancarios; de ahí que el monto de lo defraudado asciende a $366,000.00 (trescientos sesenta y seis mil pesos 00/100 m.n.), monto que al ser dividido entre la cantidad de 51.95 que es a la que ascendía el salario mínimo en el municipio de Cholula, Puebla, el día quince de julio de 2009, el cual equivale a 7045 siete mil cuarenta y cinco pesos de salario mínimo, por ello es mayor a mil días de salario mínimo vigente en la comisión del evento delictivo y por ello, encuadra en la fracción IV del artículo 403 del código punitivo de la materia, por el cual correctamente ejercitó acción penal el órgano investigador." (foja 367 vuelta). Por otra parte, el juez del proceso explicó de qué manera el inculpado, aquí quejoso, utilizó el engaño o representación falsa de la verdad, en la celebración del contrato de compraventa del inmueble identificado con el número veinticinco del Boulevard, encuentro con la Guadalupana, del Fraccionamiento del mismo nombre, ubicado en la población de Sn Francisco Ocatlán, Cholula, Puebla, exponiendo motivadamente las circunstancias que tuvo para arribar a la conclusión de que el inculpado engañó al pasivo para hacerse de un lucro indebido, al referir: "De ahí que por su íntima relación llevan al conocimiento de un hecho diverso a través de una conclusión muy natural, consistente en que los sujetos activos del delito desarrollaron una actitud negativa, consistente en que conociendo el falso concepto que tenía el ahora agraviado en el sentido de que le podían ser otorgadas las escrituras del bien inmueble de forma inmediata por desconocer que la vivienda objeto de la compraventa se encontraba hipotecada desde antes de la realización de dicho contrato, en el que el personal de la constructora GRUPO G.C.R, S.A. DE C.V., no le dieron a conocer al doliente la situación legal en que se encontraba la vivienda objeto de la compraventa, obteniendo con ello dicha empresa un lucro indebido, pues la parte agraviada y a raíz del error en que se encontraba, celebró el contrato de compraventa de un bien inmueble que no sabía estaba hipotecado creyendo que sería escriturado al liquidar su valor, lo que en la especie no aconteció, por ello al pagar la cantidad de $366,000.00 (trescientos sesenta y seis mil pesos 00/100 m.n.), cantidad que fue pagada íntegramente a la inmobiliaria denominada GRUPO G.C.R. S.A. DE C.V., a través de diversos depósitos bancarios, esta obtuvo una ganancia económica por dicho monto, ahora bien debe decirse que a pesar que el ilícito consumó cuando los sujetos activos del delito aprovechándose del error que el agraviado se encontraba, realizaron un contrato de compraventa de un bien inmueble que el ahora agraviado no sabía se encontraba hipotecado y por ende no podría inscribir sus escrituras al terminar de pagar el costo de la misma, obteniendo la constructora un lucro indebido, fue hasta el día nueve de septiembre de dos mil once en que el ahora agraviado se enteró de que había sido objeto de dicho conducta criminal, al ser este el día en que el pasivo del delito salió del error en que se encontraba, sin embargo el acto criminal ya había sido consumado; ocasionando que se trasgrediera el bien jurídico tutelado por la norma penal, que para el caso concreto de delito de fraude lo es el patrimonio de las personas." (foja 369). Del mismo modo, el juez de la causa, en el apartado referente a la probable responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito imputado, estableció de manera individualizada la conducta que desplegó, así como su grado de participación y forma de intervención, al referir: "Por ello la forma de intervención del indicado fue de autoría mediata pues tiene el dominio del hecho, pues como administrador único de la constructora tiene en sus manos el curso del acontecimiento típico, y la voluntad que caracteriza dicho dominio del hecho, ya que incluso el mismo expresa su modo de operar, el cual cuenta con sustento demostrativo, es decir reluce que su conducta fue conducida por dolo, pues el modo de operar de dicho indicado lo es a través de sus múltiples trabajadores, quienes venden las propiedades las cuales al realizarse la venta aún se encuentran hipotecadas, y es con el fin de obtener una ganancia económica consistente en el pago del precio pactado para que con la venta de estas liquiden dichas operaciones; infiriéndose que no le hacen del conocimiento dicha situación a sus víctimas; causándoles con ello un perjuicio en su patrimonio, esto es así porque incluso de la misma tesis aislada que cita el indiciado en su escrito de ampliación de declaración se desprende que la venta realizada de un inmueble que se encuentra hipotecado trae como consecuencia jurídica que la hipoteca subsista, a pesar de la transmisión del bien inmueble, de ahí que sin lugar a dudas se crea una afectación a la víctima del delito al tener por parte del indiciado así como de sus trabajadores una actitud negativa, consistente en que el autor, conociendo el falso concepto en que se encuentra la víctima, se abstiene de hacerlo saber para realizar su finalidad delictiva, infiriéndose que dicha instrucción deriva del administrador único para sus subordinados ello en atención de que centradonos (sic) en las sociedades mercantiles y obviando a las sociedad civiles, al administrador único se le confiere la gestión y la representación de la sociedad, de tal forma que su actuación es precisa para la realización del objeto social. Pero no solo es necesario sino también permanente por cuanto es el que desempeñó la función más importante de la sociedad, adoptando de forma cotidiana decisiones para el correcto funcionamiento de la sociedad, por ello es que se infiere la probable responsabilidad del ahora indiciado en la comisión del evento delictivo que se encuentra tipificado en la fracción II del artículo 21 del código punitivo de la materia, esto es que se sirva de sus trabajadores para cometer la conducta ilícita, sin que sea necesario que se tipifiquen todas las hipótesis de intervención de dicha fracción por contar con una disyuntiva." (fojas 372 vuelta y 373). Igualmente, el juez del proceso analizó pormenorizadamente la ampliación de declaración del inculpado, aquí quejoso, haciendo referencia al contenido de la misma, así como en qué consistió la negativa de los hechos por parte de dicho inculpado; al referir: "Ampliación de declaración que es valorada de conformidad con el artículo 194 del código adjetivo de la materia, por tratarse de una confesión calificada divisible, esto es así, en razón de que el indiciado RAÚL GÓMEZ CAMPILLO, señaló ser administrador único de la persona moral "GRUPO GCR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" la que tiene por objeto la construcción y venta de viviendas, señalando que por ese motivo celebraron por parte de dicho persona moral muchos contratos, como lo son fideicomisos así como hipotecas, obteniendo de esa manera la construcción de las viviendas, y con la venta de estas van liquidando dichas operaciones. Aceptando además que el bien objeto material del delito también se encontraba hipotecado y que incluso al momento de la venta de dicho inmueble al ahora agraviado, aun se encontraba hipotecado, encontrándose sabedor que su representada a través de uno de los múltiples vendedores, celebró contrato verbal de compraventa respecto al inmueble objeto material del delito y que dicho inmueble se encuentra dentro del patrimonio de la empresa de la cual el indiciado es administrador único "GRUPO GCR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", señalando como elemento defensivos que el hecho de que el inmueble se encuentre hipotecado no es obstáculo para realizar su venta, y que la cancelación ante la institución bancaria se realizó con posterioridad al contrato de compraventa, aludiendo también que si no se han realizado las escrituras a favor de la víctima, es por cuestiones imputables la notaria en la que se empezó a tramitar dicho testimonio, sin embargo debe decirse que tales elementos defensivos, en nada benefician a su oferente, sino por el contrario de dicho se acredita que:." (fojas 371 vuelta y 372). Y finalmente, el juez A Quo procedió a establecer de manera fundada y motivada el por qué demeritó las siguientes documentales, consistentes en: "1.- La documental consistente en la escritura pública que contiene la segregación, fusión, litificación, constitución de régimen de propiedad en condominio y declaración de interés social dentro de la zona "B" de la segunda etapa del fraccionamiento en régimen de condominio denominado el Encuentro con la Guadalupana; 2.- La documental pública consistente en la escritura pública que contiene la cancelación parcial de la hipoteca que otorgó el Banco Nacional de México Sociedad Anónima integrante del grupo Banamex a favor del Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable y copia del contrato de compraventa; 3.- La documental pública consistente en la escritura pública consistente en la escritura pública que contiene el poder irrevocable para pleitos y cobranzas, actos de administración y riguroso dominio que otorga Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable de Raúl Gómez Campillo a favor de Genaro Galván Meneses; 4.- La documental pública consistente en el oficio de autorización de alineamiento y número oficial; 5.- La documental privada consistente en la carta cancelación de hipoteca expedida por BANAMEX; 6.- La documental privada consistente en el acta de recepción de la vivienda expedida por Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de José Armando Isaac Mendoza Lozada y Eloina Guzmán González con número de control 000227; 7.- La documental privada consistente en el manual de ampliación de vivienda expedida por Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de José Armando Isaac Mendoza Lozada y Eloina Guzmán González; y 8.- La documental pública consistente en el formato de asesoría expedida por la Procuraduría Federal del Consumidor de fecha veintiocho de octubre de dos mil diez. Lo anterior, con fundamento en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, bajo el argumento de que carecen de eficacia probatoria para exculpar al quejoso, pues al momento de la compraventa del inmueble afecto, atreves de sus múltiples trabajadores del amparista, el inmueble se encontraba hipotecado, con lo cual se acreditó el fraude ya que no se podría realizar la escrituración formal del mismo, con lo cual el quejoso obtuvo un lucro indebido; y que dichas documentales en nada cambian el referido hecho, de que el quejoso aprovechándose en el error en que se encontraba la víctima, realizó la compraventa del inmueble afecto (fojas 369 vuelta a 371). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de cuenta del quejoso Omar Cano Martínez, por medio del cual desahoga la vista del proveído de diez de marzo de dos mil diecisiete, en el sentido de que refiere que la ejecutoria de amparo no está cumplida, ya que el juez de la causa no realizó el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico que se le imputa, pues se limitó a transcribir casi de manera idéntica el auto de formal prisión anterior, con la diferencia que sólo anexó ciertos comentarios a uno que otro párrafo. Asimismo, refiere que el juez no establece cómo es que con el actuar del quejoso se actualiza el delito de fraude genérico imputado, y no justifica su partición en la comisión del mismo, como sería un actor material, intelectual, partícipe, cómplice, encubridor o el que sea el caso; además que de constancias nunca se menciona que el quejoso haya tenido algún trato con el agraviado José Armando Isaac Mendoza Lozada, por lo que no se puede hablar que el amparista haya utilizado mecanismos o conductas necesarias para hacer caer al agraviado en una falsa representación de la verdad, y que el probable del que se aqueja el agravio es solo un trámite bancario imputable a una institución privada de banca. Aunado a que, dice el quejoso, la responsable no establece con claridad cómo es que "infiere" la participación del quejoso en la comisión del delito imputado. Por otro lado, refiere que la forma de valorar por parte del juez responsable, las pruebas ofrecidas para la defensa del quejoso es incorrecta por las consideraciones que menciona en el ocurso de cuenta. Manifestación que resulta infundada, ya que como quedó establecido el juez de la causa sí cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Ello en atención a que, el juez responsable sí realiza un desglose de los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico que se le imputa al quejoso con base en los preceptos legales que lo prevén (lo cual incluso se transcribió). Asimismo, el juez establece la forma de participación del quejoso en la comisión del delito atribuido al referir que fue de autoría mediata al ser el administrador único de la constructora afecta, pues el modo de operar de dicho indiciado lo fue a través de sus múltiples trabajadores, quienes vendían las propiedades, las cuales al realizarse la venta aún se encontraban hipotecadas, lo cual hicieron con el fin de obtener un beneficio económico, y ocasionó un perjuicio en su patrimonio a los agraviados; por lo que dice que la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del evento delictivo, se infiere pues al ser el administrador único de la empresa afecta, se le confiere la gestión y la representación de la misma, de tal forma que su actuación es precisa para la realización del objeto social; por lo que su conducta se encuentra tipificada en la fracción II del artículo 21 del código punitivo de la materia, esto al servirse de sus trabajadores para cometer la conducta ilícita. Y, finalmente, el argumento de que la forma de valorar por parte del juez responsable, las pruebas ofrecidas para la defensa del quejoso es incorrecta por las consideraciones que menciona en el ocurso de cuenta, también es infundada ya que como se dijo anteriormente, dicho juzgador si estableció de manera fundada y motivada la valoración de dichas probanzas como consta a fojas 369 vuelta a 371. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA

  4. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTINUEVE DE MARZO DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de diez de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 85 a 105), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada dictada en la causa penal 85/2014, que se instruye en contra del aquí quejoso; y 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, atendiendo a la norma que lo prevé y sanciona, ya que se trata de un tipo penal complejo que comprende varias hipótesis normativas que son excluyentes en su integración, bastando, por ende, la actualización de alguna de ellas, para que se integren los elementos constitutivos del delito atribuido, por tanto, a fin de no incurrir en la falta de fundamentación y motivación la autoridad deberá indicar cuál de los supuestos contemplados se acredita. b) Al establecer el delito de fraude genérico deberá justificar por qué corresponde ubicar la conducta delictiva en el artículo 403, fracción IV, del Código Penal del Estado de Puebla, para lo cual deberá señalar cuál era el salario mínimo en el municipio de Cholula, Puebla, el quince de julio de dos mil nueve (lugar y fecha de la comisión del hecho delictivo), explicando las pruebas u operaciones aritméticas necesarias y reflejarlas en el acto reclamado para ubicar la conducta del quejoso en el supuesto legal citado. c) Deberá explicar de qué manera el inculpado utilizó el engaño o representación falsa de la verdad, en la celebración del contrato de compraventa del inmueble identificado con el número veinticinco del Boulevard, encuentro con la Guadalupana, del Fraccionamiento del mismo nombre, ubicado en la población de Sn Francisco Ocatlán, Cholula, Puebla, ya que no explica de qué manera el inculpado utilizó el engaño o representación falsa de la verdad, en la celebración de dicho contrato, pues si bien relacionó la declaración del agraviado en donde se aprecia que éste no tenía conocimiento del gravamen que tenía la vivienda, hecho que corroboraron los testigos de cargo Margarita Vázquez Villareal y Armando Mendoza González, ello no es suficiente, ya que se requiere que exponga motivadamente las circunstancias que tuvo para arribar a la conclusión de que el inculpado engañó al pasivo para hacerse de un lucro indebido. d) Por cuanto hace a la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, establezca de manera individualizada la conducta que desplegaron, así como su grado de participación o forma de intervención y la manera en que produjeron el delito de fraude. e) También deberá realizar el estudio pormenorizado de la ampliación de declaración del inculpado, aquí quejoso, pues si bien le otorga valor probatorio, lo cierto es que no precisa el contenido de la misma, como tampoco hace alusión en que consistió la negativa de los hechos por parte de dicho inculpado; por tanto, no puede considerarse debidamente analizada por el a quo la ampliación de declaración del inculpado. Lo mismo sucede respecto de las pruebas documentales consistentes en "1.- La documental consistente en la escritura pública que contiene la segregación, fusión, lotificación, constitución de régimen de propiedad en condominio y declaración de interés social dentro de la zona "B" de la segunda etapa del fraccionamiento en régimen de condominio denominado el Encuentro con la Guadalupana (fojas 332 a 341 ídem); 2.- La documental pública consistente en la escritura pública que contiene la cancelación parcial de la hipoteca que otorgó el Banco Nacional de México Sociedad Anónima integrante del grupo Banamex a favor del Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable y copia del contrato de compraventa (fojas 342 a 361 ídem); 3.- La documental pública consistente en la escritura pública consistente en la escritura pública que contiene el poder irrevocable para pleitos y cobranzas, actos de administración y riguroso dominio que otorga Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable de Raúl Gómez Campillo a favor de Genaro Galván Meneses (fojas 362 a 375 ídem); 4.- La documental pública consistente en el oficio de autorización de alineamiento y número oficial (foja 358 ídem); 5.- La documental privada consistente en la carta cancelación de hipoteca expedida por BANAMEX (foja 388 ídem); 6.- La documental privada consistente en el acta de recepción de la vivienda expedida por Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de José Armando Isaac Mendoza Lozada y Eloina Guzmán González con número de control 000227 (foja 376 ídem); 7.- La documental privada consistente en el manual de ampliación de vivienda expedida por Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de José Armando Isaac Mendoza Lozada y Eloina Guzmán González (384 a 387 ídem); y 8.- La documental pública consistente en el formato de asesoría expedida por la Procuraduría Federal del Consumidor de fecha veintiocho de octubre de dos mil diez (foja 390 ídem)." Ya que se concretó a señalar que las documentales exhibidas por el indiciado fueron presentadas en copias simples, por lo que no tenían ningún valor probatorio, y en consecuencia era inútil entrar a su estudio; pero sin exponer los motivos o fundamentos que la llevaron a demeritar dichas pruebas." Inconforme con la anterior determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-13/2017 resolvió confirmar la sentencia recurrida (fojas 290 a 346). Así, en auto de dos de marzo de dos mil diecisiete, se solicitó al juez responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (fojas 347 a 351). Ahora bien, mediante oficio 2011 de ocho de marzo de dos mil diecisiete (fojas 364 a 377), el Juez responsable remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en la causa penal 85/2014 de su índice, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió nuevamente la situación jurídica del quejoso Raúl Gómez Campillo, decretándole auto de formal prisión por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de José Armando Isaac Mendoza Lozada. Resolución en la cual, desglosó los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico, atendiendo a la norma que lo prevé y sanciona, indicando los supuestos contemplados por los que se acredita, al establecer lo siguiente: "La premisa mayor del silogismo jurídico que sustenta esta resolución, está constituido por los preceptos de la ley punitiva que prevén y punen el delito en estudio y que a la letra rezan: ARTÍCULO 402. Comete el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. ARTÍCULO 403. El delito de fraude se sancionará: FRACCIÓN IV. Con multa de quinientos a mil días de salario y prisión de siete a diez años, cuando el valor de lo defraudado excediere de mil días de salario. ARTÍCULO 13. La conducta es dolosa, si se ejecutó con intención y coincide con los elementos del tipo penal o se previó como posible el resultado típico y se quiso o aceptó la realización del hecho descrito por la ley. De acuerdo a la descripción típica del delito de FRAUDE GENÉRICO por el que ejercita acción penal el ministerio público, se advierte que su corporeidad se integra por los elementos materiales, objetivos, externos y normativos que a continuación se citan: Que aprovechándose del error en que el agraviado se halla. Alcance un lucro indebido." (fojas 365 vuelta y 366). Por otro lado, el juez de la causa justifica por qué corresponde ubicar la conducta delictiva en el artículo 403, fracción IV del Código Penal del Estado de Puebla, para lo cual señala el salario mínimo en el municipio de Cholula, Puebla, el quince de julio de dos mil nueve (lugar y fecha de la comisión del hecho delictivo), explicando las operaciones aritméticas necesarias, al establecer: "Por último de dicha documental se advierte en concatenación con el dicho del agraviado y testigos de cargo, que el ahora agraviado pagó la cantidad de $366,000.00 (trescientos sesenta y seis mil pesos 00/100 m.n.), cantidad que fue pagada íntegramente a la inmobiliaria denominada GRUPO G.C.R,S.A. DE C.V., a través de diversos depósitos bancarios; de ahí que el monto de lo defraudado asciende a $366,000.00 (trescientos sesenta y seis mil pesos 00/100 m.n.), monto que al ser dividido entre la cantidad de 51.95 que es a la que ascendía el salario mínimo en el municipio de Cholula, Puebla, el día quince de julio de 2009, el cual equivale a 7045 siete mil cuarenta y cinco pesos de salario mínimo, por ello es mayor a mil días de salario mínimo vigente en la comisión del evento delictivo y por ello, encuadra en la fracción IV del artículo 403 del código punitivo de la materia, por el cual correctamente ejercitó acción penal el órgano investigador." (foja 367 vuelta). Por otra parte, el juez del proceso explicó de qué manera el inculpado, aquí quejoso, utilizó el engaño o representación falsa de la verdad, en la celebración del contrato de compraventa del inmueble identificado con el número veinticinco del Boulevard, encuentro con la Guadalupana, del Fraccionamiento del mismo nombre, ubicado en la población de Sn Francisco Ocatlán, Cholula, Puebla, exponiendo motivadamente las circunstancias que tuvo para arribar a la conclusión de que el inculpado engañó al pasivo para hacerse de un lucro indebido, al referir: "De ahí que por su íntima relación llevan al conocimiento de un hecho diverso a través de una conclusión muy natural, consistente en que los sujetos activos del delito desarrollaron una actitud negativa, consistente en que conociendo el falso concepto que tenía el ahora agraviado en el sentido de que le podían ser otorgadas las escrituras del bien inmueble de forma inmediata por desconocer que la vivienda objeto de la compraventa se encontraba hipotecada desde antes de la realización de dicho contrato, en el que el personal de la constructora GRUPO G.C.R, S.A. DE C.V., no le dieron a conocer al doliente la situación legal en que se encontraba la vivienda objeto de la compraventa, obteniendo con ello dicha empresa un lucro indebido, pues la parte agraviada y a raíz del error en que se encontraba, celebró el contrato de compraventa de un bien inmueble que no sabía estaba hipotecado creyendo que sería escriturado al liquidar su valor, lo que en la especie no aconteció, por ello al pagar la cantidad de $366,000.00 (trescientos sesenta y seis mil pesos 00/100 m.n.), cantidad que fue pagada íntegramente a la inmobiliaria denominada GRUPO G.C.R. S.A. DE C.V., a través de diversos depósitos bancarios, esta obtuvo una ganancia económica por dicho monto, ahora bien debe decirse que a pesar que el ilícito consumó cuando los sujetos activos del delito aprovechándose del error que el agraviado se encontraba, realizaron un contrato de compraventa de un bien inmueble que el ahora agraviado no sabía se encontraba hipotecado y por ende no podría inscribir sus escrituras al terminar de pagar el costo de la misma, obteniendo la constructora un lucro indebido, fue hasta el día nueve de septiembre de dos mil once en que el ahora agraviado se enteró de que había sido objeto de dicho conducta criminal, al ser este el día en que el pasivo del delito salió del error en que se encontraba, sin embargo el acto criminal ya había sido consumado; ocasionando que se trasgrediera el bien jurídico tutelado por la norma penal, que para el caso concreto de delito de fraude lo es el patrimonio de las personas." (foja 369). Del mismo modo, el juez de la causa, en el apartado referente a la probable responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito imputado, estableció de manera individualizada la conducta que desplegó, así como su grado de participación y forma de intervención, al referir: "Por ello la forma de intervención del indicado fue de autoría mediata pues tiene el dominio del hecho, pues como administrador único de la constructora tiene en sus manos el curso del acontecimiento típico, y la voluntad que caracteriza dicho dominio del hecho, ya que incluso el mismo expresa su modo de operar, el cual cuenta con sustento demostrativo, es decir reluce que su conducta fue conducida por dolo, pues el modo de operar de dicho indicado lo es a través de sus múltiples trabajadores, quienes venden las propiedades las cuales al realizarse la venta aún se encuentran hipotecadas, y es con el fin de obtener una ganancia económica consistente en el pago del precio pactado para que con la venta de estas liquiden dichas operaciones; infiriéndose que no le hacen del conocimiento dicha situación a sus víctimas; causándoles con ello un perjuicio en su patrimonio, esto es así porque incluso de la misma tesis aislada que cita el indiciado en su escrito de ampliación de declaración se desprende que la venta realizada de un inmueble que se encuentra hipotecado trae como consecuencia jurídica que la hipoteca subsista, a pesar de la transmisión del bien inmueble, de ahí que sin lugar a dudas se crea una afectación a la víctima del delito al tener por parte del indiciado así como de sus trabajadores una actitud negativa, consistente en que el autor, conociendo el falso concepto en que se encuentra la víctima, se abstiene de hacerlo saber para realizar su finalidad delictiva, infiriéndose que dicha instrucción deriva del administrador único para sus subordinados ello en atención de que centradonos (sic) en las sociedades mercantiles y obviando a las sociedad civiles, al administrador único se le confiere la gestión y la representación de la sociedad, de tal forma que su actuación es precisa para la realización del objeto social. Pero no solo es necesario sino también permanente por cuanto es el que desempeñó la función más importante de la sociedad, adoptando de forma cotidiana decisiones para el correcto funcionamiento de la sociedad, por ello es que se infiere la probable responsabilidad del ahora indiciado en la comisión del evento delictivo que se encuentra tipificado en la fracción II del artículo 21 del código punitivo de la materia, esto es que se sirva de sus trabajadores para cometer la conducta ilícita, sin que sea necesario que se tipifiquen todas las hipótesis de intervención de dicha fracción por contar con una disyuntiva." (fojas 372 vuelta y 373). Igualmente, el juez del proceso analizó pormenorizadamente la ampliación de declaración del inculpado, aquí quejoso, haciendo referencia al contenido de la misma, así como en qué consistió la negativa de los hechos por parte de dicho inculpado; al referir: "Ampliación de declaración que es valorada de conformidad con el artículo 194 del código adjetivo de la materia, por tratarse de una confesión calificada divisible, esto es así, en razón de que el indiciado RAÚL GÓMEZ CAMPILLO, señaló ser administrador único de la persona moral "GRUPO GCR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE" la que tiene por objeto la construcción y venta de viviendas, señalando que por ese motivo celebraron por parte de dicho persona moral muchos contratos, como lo son fideicomisos así como hipotecas, obteniendo de esa manera la construcción de las viviendas, y con la venta de estas van liquidando dichas operaciones. Aceptando además que el bien objeto material del delito también se encontraba hipotecado y que incluso al momento de la venta de dicho inmueble al ahora agraviado, aun se encontraba hipotecado, encontrándose sabedor que su representada a través de uno de los múltiples vendedores, celebró contrato verbal de compraventa respecto al inmueble objeto material del delito y que dicho inmueble se encuentra dentro del patrimonio de la empresa de la cual el indiciado es administrador único "GRUPO GCR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", señalando como elemento defensivos que el hecho de que el inmueble se encuentre hipotecado no es obstáculo para realizar su venta, y que la cancelación ante la institución bancaria se realizó con posterioridad al contrato de compraventa, aludiendo también que si no se han realizado las escrituras a favor de la víctima, es por cuestiones imputables la notaria en la que se empezó a tramitar dicho testimonio, sin embargo debe decirse que tales elementos defensivos, en nada benefician a su oferente, sino por el contrario de dicho se acredita que:." (fojas 371 vuelta y 372). Y finalmente, el juez A Quo procedió a establecer de manera fundada y motivada el por qué demeritó las siguientes documentales, consistentes en: "1.- La documental consistente en la escritura pública que contiene la segregación, fusión, litificación, constitución de régimen de propiedad en condominio y declaración de interés social dentro de la zona "B" de la segunda etapa del fraccionamiento en régimen de condominio denominado el Encuentro con la Guadalupana; 2.- La documental pública consistente en la escritura pública que contiene la cancelación parcial de la hipoteca que otorgó el Banco Nacional de México Sociedad Anónima integrante del grupo Banamex a favor del Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable y copia del contrato de compraventa; 3.- La documental pública consistente en la escritura pública consistente en la escritura pública que contiene el poder irrevocable para pleitos y cobranzas, actos de administración y riguroso dominio que otorga Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable de Raúl Gómez Campillo a favor de Genaro Galván Meneses; 4.- La documental pública consistente en el oficio de autorización de alineamiento y número oficial; 5.- La documental privada consistente en la carta cancelación de hipoteca expedida por BANAMEX; 6.- La documental privada consistente en el acta de recepción de la vivienda expedida por Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de José Armando Isaac Mendoza Lozada y Eloina Guzmán González con número de control 000227; 7.- La documental privada consistente en el manual de ampliación de vivienda expedida por Grupo GCR Sociedad Anónima de Capital Variable a favor de José Armando Isaac Mendoza Lozada y Eloina Guzmán González; y 8.- La documental pública consistente en el formato de asesoría expedida por la Procuraduría Federal del Consumidor de fecha veintiocho de octubre de dos mil diez. Lo anterior, con fundamento en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, bajo el argumento de que carecen de eficacia probatoria para exculpar al quejoso, pues al momento de la compraventa del inmueble afecto, atreves de sus múltiples trabajadores del amparista, el inmueble se encontraba hipotecado, con lo cual se acreditó el fraude ya que no se podría realizar la escrituración formal del mismo, con lo cual el quejoso obtuvo un lucro indebido; y que dichas documentales en nada cambian el referido hecho, de que el quejoso aprovechándose en el error en que se encontraba la víctima, realizó la compraventa del inmueble afecto (fojas 369 vuelta a 371). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de cuenta del quejoso Omar Cano Martínez, por medio del cual desahoga la vista del proveído de diez de marzo de dos mil diecisiete, en el sentido de que refiere que la ejecutoria de amparo no está cumplida, ya que el juez de la causa no realizó el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico que se le imputa, pues se limitó a transcribir casi de manera idéntica el auto de formal prisión anterior, con la diferencia que sólo anexó ciertos comentarios a uno que otro párrafo. Asimismo, refiere que el juez no establece cómo es que con el actuar del quejoso se actualiza el delito de fraude genérico imputado, y no justifica su partición en la comisión del mismo, como sería un actor material, intelectual, partícipe, cómplice, encubridor o el que sea el caso; además que de constancias nunca se menciona que el quejoso haya tenido algún trato con el agraviado José Armando Isaac Mendoza Lozada, por lo que no se puede hablar que el amparista haya utilizado mecanismos o conductas necesarias para hacer caer al agraviado en una falsa representación de la verdad, y que el probable del que se aqueja el agravio es solo un trámite bancario imputable a una institución privada de banca. Aunado a que, dice el quejoso, la responsable no establece con claridad cómo es que "infiere" la participación del quejoso en la comisión del delito imputado. Por otro lado, refiere que la forma de valorar por parte del juez responsable, las pruebas ofrecidas para la defensa del quejoso es incorrecta por las consideraciones que menciona en el ocurso de cuenta. Manifestación que resulta infundada, ya que como quedó establecido el juez de la causa sí cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Ello en atención a que, el juez responsable sí realiza un desglose de los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico que se le imputa al quejoso con base en los preceptos legales que lo prevén (lo cual incluso se transcribió). Asimismo, el juez establece la forma de participación del quejoso en la comisión del delito atribuido al referir que fue de autoría mediata al ser el administrador único de la constructora afecta, pues el modo de operar de dicho indiciado lo fue a través de sus múltiples trabajadores, quienes vendían las propiedades, las cuales al realizarse la venta aún se encontraban hipotecadas, lo cual hicieron con el fin de obtener un beneficio económico, y ocasionó un perjuicio en su patrimonio a los agraviados; por lo que dice que la probable responsabilidad del quejoso en la comisión del evento delictivo, se infiere pues al ser el administrador único de la empresa afecta, se le confiere la gestión y la representación de la misma, de tal forma que su actuación es precisa para la realización del objeto social; por lo que su conducta se encuentra tipificada en la fracción II del artículo 21 del código punitivo de la materia, esto al servirse de sus trabajadores para cometer la conducta ilícita. Y, finalmente, el argumento de que la forma de valorar por parte del juez responsable, las pruebas ofrecidas para la defensa del quejoso es incorrecta por las consideraciones que menciona en el ocurso de cuenta, también es infundada ya que como se dijo anteriormente, dicho juzgador si estableció de manera fundada y motivada la valoración de dichas probanzas como consta a fojas 369 vuelta a 371. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

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