Raul Garcia Medellin
Expediente 1460/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1460/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Raul Garcia Medellin
- X X X
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, misma que sobreseyó en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para que comparezcan para la devolución de documentos originales. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra negó la suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Por último, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1460/2016-III-B, promovido por Raúl García Medellín, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente resolución con supresión de datos personales e información clasificada como reservada o confidencial, en los términos del último considerando.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Vistos, con conocimiento de las partes, agréguense a los autos el informe justificado de las autoridades responsables 8. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Quinta (Popular) de la ciudad de Puebla y 9. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Quinta (Popular) de la ciudad de Puebla y la copia certificada del diverso informe de la autoridad responsable 5. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Tercera (Sur) de la ciudad de Puebla, con los que da cuenta el Secretario, para que surtan los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, tomando en consideración que fueron señaladas las diez horas con diez minutos del once de noviembre de dos mil dieciséis para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, es evidente que los ocho días que deben mediar entre la vista de los informes aludidos en líneas precedentes y dicha fecha no ocurrirá; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional fijada y se señalan las once horas con veinte minutos del veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio que se actúa. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Finalmente, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las diez horas con veinticinco minutos del veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1460/2016-III-B (foja 40 vuelta), Nahieli Avendaño Palacios, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, encargada del despacho en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia concedida a la titular de este órgano jurisdiccional, informada a través del oficio CCJ/ST/6201/2016 del Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Aída Araceli Ramírez Lozano, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por Raúl García Medellín (fojas 1 a 5), auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 6 a 12) y resolución interlocutoria de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis (38 a 42). A lo anterior, la secretaria encargada del despacho acuerda: Téngase por practicada la relación que antecede, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios; y la secretaria encargada del despacho acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita exhibió pedimento alguno. A lo anterior, la secretaria encargada del despacho acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1460/2016-III-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Raúl García Medellín, por propio derecho; y,R E S U L T A N D O:PRIMERO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Raúl García Medellín, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y,SEGUNDO. La presente interlocutoria se resuelve únicamente por cuanto hace a las autoridades responsables 8. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Quinta (Popular) de la ciudad de Puebla, 9. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Quinta (Popular) de la ciudad de Puebla y 22. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, pues por diversa resolución interlocutoria de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se resolvió lo relativo a las demás autoridades responsables, negándose la medida cautelar solicitada.C O N S I D E R A N D O:PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional.SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son:- I. La orden de presentación o comparecencia emitida por un Agente del Ministerio Público; y,II. La orden de detención girada en su contra.TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 8. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Quinta (Popular) de la ciudad de Puebla y 9. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Quinta (Popular) de la ciudad de Puebla, no rindieron sus informes previos, a pesar de estar debidamente notificada del auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis por el cual se les requirió el mismo; por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 133 de la Ley de Amparo abrogada, se presumen ciertos los actos reclamados a dichas autoridades, únicamente para efectos del presente incidente de suspensión, sin perjuicio de lo que se resuelva en el expediente principal del que éste deriva.Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, de datos de localización, rubro y texto siguientes:INFORMES PREVIOS, OMISIÓN DE RENDIRLOS. EFECTOS. Ningún precepto de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito para exigir a las autoridades responsables a que rindan necesariamente sus informes previos, pues, en todo caso, ante la omisión de rendirlos, lo que previene el artículo 132, párrafo tercero, de dicho ordenamiento, es que su falta establece la presunción de ser cierto el acto que se estime violatorio de garantías para el sólo efecto de la suspensión y que, además, hace incurrir a la autoridad responsable omisa en una corrección disciplinaria, que le será impuesta por el mismo Juez de Distrito en la forma que prevengan las leyes para la imposición de esta clase de correcciones, pero de ninguna manera puede obligarse a las autoridades responsables a que necesariamente los rindan. Por su parte, el 22. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, negó la existencia del acto reclamado consistente en la ejecución de las ordenes de captura aquí reclamadas; sin embargo, tal negativa se desvirtúa, al ser ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 8. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Matutina de la Delegación Quinta (Popular) de la ciudad de Puebla y 9. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Vespertina de la Delegación Quinta (Popular) de la ciudad de Puebla.CUARTO. Procedencia de la medida cautelar.I. Respecto a la orden de comparecencia y/o presentación decretada por un Agente del Ministerio Público, se concede la suspensión definitiva solicitada a la parte quejosa, dado que si bien es cierto una orden de comparecencia o presentación no se traduce propiamente en una privación de libertad, sino que se realiza con el fin de que la persona a quien ésta se dirige declare dentro de la investigación ministerial, y una vez terminada la diligencia para la que fue citada puede reincorporarse a sus actividades cotidianas, no menos cierto es que con su ejecución puede causarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación y existe la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de garantías, sin que en el caso se cuente con mayores datos que los proporcionados por la parte quejosa en su escrito de demanda de los que pueda advertirse tal circunstancia, a fin de evitar que pueda consumarse irreparablemente el mencionado daño o perjuicio, se ordena la paralización o inmovilización de la orden de presentación o comparecencia y sus efectos, sin que lo anterior implique que se impida continuar la integración de la averiguación previa hasta antes del ejercicio de la acción penal, esto hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia.Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia1a./J. 86/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador.II. Por lo que respecta a la orden de detención, presuntamente girada en su contra, conforme a lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada, se concede la suspensión definitiva en los términos y condiciones que enseguida se establecen:Si la orden de detención que reclama la parte quejosa no se ha ejecutado, se concede la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente tienen y no sea privada de su libertad.Si el acto reclamado consiste en la detención de la parte quejosa ya efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concede sin perjuicio de que sin dilación sea puesta a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o bien, su consignación ante el Juez correspondiente.De consistir el acto reclamado en la detención de la parte quejosa ya efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concede y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si no se acredita la flagrancia o la urgencia. De existir flagrancia o urgencia, se previene al Ministerio Público para que la parte quejosa sea puesta en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención.Así mismo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138, párrafo segundo de la Ley de Amparo abrogada, deberá comparecer ante las autoridades responsables ordenadoras dentro de los tres días siguientes, para la continuación del procedimiento penal respectivo, con el apercibimiento que de no hacerlo, dejará de surtir efectos la medida cautelar concedida.Por tanto, requiérase a la autoridad responsable que ordenó el acto reclamado para que informe si la parte quejosa comparece ante ella dentro del plazo señalado en líneas anteriores, esto para saber si cumple o no con la obligación impuesta. Se aclara que la suspensión concedida no surtirá efecto alguno en los siguientes casos: a) Si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa en cumplimiento de una orden de aprehensión o reaprehensión librada en su contra por autoridad judicial;b) Si se le sorprende en la comisión flagrante de delito; y,c) Si la orden de detención que se reclama se refiere a determinado delito que conforme a la ley no permita el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución (grave), pues en este caso en particular la medida suspensional concedida única y exclusivamente producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del Juez de Distrito en lo que se refiere a su libertad personal, precisamente en las instalaciones de la propia autoridad responsable, quedando a disposición de ésta para la continuación del correspondiente procedimiento penal.La suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa en el término de cinco días contados a partir de la notificación de este auto no exhibe una garantía por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos, moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, debiendo acompañar dos fotocopias del documento donde conste ésta, ello en términos de lo dispuesto por el artículo 124 bis de la Ley de Amparo abrogada, para garantizar su presentación ante la autoridad correspondiente que lo reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente de conformidad con el invocado artículo 136 del ordenamiento legal en cita abrogado, cantidad que se fija de manera discrecional por no contar con la información para decretarla en términos del precitado numeral 124 bis, esto es:I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte quejosa; II. La situación económica de la parte quejosa; y,III. La posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia.Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con la información necesaria para hacer un pronunciamiento en el que se consideren dichos elementos; además de que al concederse la suspensión contra actos que afectan la libertad personal, deben tomarse las medidas necesarias en términos de los artículos 124 bis y 138 de la Ley de Amparo abrogada, a fin de que el quejoso, con motivo de la suspensión otorgada no evada la acción de la justicia, por lo que la garantía fijada para que continúe surtiendo sus efectos la medida cautelar concedida es asequible, esto es, está al alcance de cualquier persona, pero a la vez es elevada para asegurar que el inconforme no se sustraiga a la acción de la justicia; aunado a que el promovente en su demanda de garantías no proporciona datos respecto al delito o delitos que se le atribuyen, y no puede obligársele a proporcionar tal información, ya que en la generalidad de los casos el inculpado no tiene conocimiento de los hechos que se le atribuyen sino hasta el momento en que se le aprehende.Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 66/2001 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia a de la nación cuyos rubro y texto son:SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad.La parte quejosa podrá exhibir la garantía solicitada en cualquiera de las formas establecidas por la Ley para el cumplimiento de las obligaciones (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera) pero de exhibirlas en billete de depósito o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos:En caso de exhibir billete de depósito:a) En el apartado autoridad asentar el nombre de este órgano jurisdiccional: Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y,b) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión definitiva concedida a Raúl García Medellín en el incidente de suspensión 1460/2016-III-B.En caso de exhibir póliza de fianza:a) Que se expida ante este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla;b) Que se exprese el objeto para el cual se exhibe, esto es, en el apartado concepto deberá indicar que es para que surta efectos la suspensión definitiva concedida a Raúl García Medellín en el incidente de suspensión 1460/2016-III-B; y,c) Deberá además, contener la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora, a las disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en caso de que se haga efectivo el cobro de las cantidades caucionadas y deberá someterse en forma expresa para tal efecto a lo que sobre el particular dispone el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada.Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Raúl García Medellín, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria.
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