Raúl Eleno Ramírez

Expediente 307/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
307/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Raúl Eleno Ramírez
  • Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlán, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. Estado de los autos. Del estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, dado que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, y fue negada la suspensión definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación: "CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SOLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL", por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia en que se sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgado así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; d) Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A: VISTOS, Los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 307/2022; promovido por Raúl Eleno Ramírez, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlán, Oaxaca, Juez de Control del Distrito Judicial de San Francisco Tanivet, Oaxaca, Fiscal General del Estado de Oaxaca y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal el dieciocho siguiente, Raúl Eleno Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades y actos que se transcriben a continuación: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.- Señalo como autoridad responsable a las (sic) siguiente. Autoridades señaladas como ordenadoras: Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca; Juez de Control del Distrito Judicial de San Francisco Tanivet, Oaxaca. Autoridades señaladas como ejecutoras: Fiscal General del Estado de Oaxaca Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. Actos reclamados: reclamo de las autoridades e su carácter de ordenadoras la orden de aprehensión girada en mi contra, y de las ejecutoras el cumplimiento de dicho mandamiento de captura y con las cuales pretenden privarme ilegalmente de mi libertad Asimismo, narró los antecedentes del acto reclamado, formuló conceptos de violación y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de demanda y trámite del juicio de amparo. En proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional registró el expediente con el número 307/2022; se admitió la demanda de mérito, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa a las autoridades responsables y el acto reclamado, en los términos siguientes: Al Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca y Juez de Control del Distrito Judicial de San Francisco Tanivet, Oaxaca, la orden de aprehensión girada en su contra; y al Fiscal General del Estado de Oaxaca y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, la ejecución de dicha orden. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades señaladas responsables Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, Juez de Control del Distrito Judicial de San Francisco Tanivet, Oaxaca, Fiscal General del Estado de Oaxaca, y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, ni de autos se advierta su existencia. Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente, de las constancias de autos, por el juzgador. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa, a más de que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional. Sirve de sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia 553, publicada en la página 369, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394509, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". Luego, con el propósito de verificar la certeza o falsedad del acto atribuido a las autoridades responsables, se atiende al contenido del sumario, de su detallada revisión se advierte que, no obra en él, medio de convicción alguno del que se evidencie la existencia de los actos que se reclaman. En consecuencia, dado que la negativa informada por las responsables no fue desvirtuada por el quejoso, ni demostrado en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia de los actos reclamados antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Apéndice 2000, Sexta Época, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". CUARTO. Autorización mediante Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete con cuarenta y cinco minutos a catorce con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente determinación se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 307/2022, promovido por Raúl Eleno Ramírez, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo, en términos de los fundamentos y motivos expuestos en el diverso penúltimo, ambos de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 307/2022. R E S U L T A N D O : ÚNICO. En proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se mandó tramitar el presente incidente de suspensión promovido por Raúl Eleno Ramírez, contra los actos reclamados al Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlán, Oaxaca, Juez de Control del Distrito Judicial de San Francisco Tanivet, Oaxaca, Fiscal General del Estado de Oaxaca y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución, actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16, Constitucionales. Por consiguiente, se pidió a las autoridades responsables su informe previo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en el juicio de amparo consisten en los siguientes: La orden de aprehensión librada en contra del quejoso por parte del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlán, Oaxaca, Juez de Control del Distrito Judicial de San Francisco Tanivet, Oaxaca, y su ejecución a cargo del Fiscal General y del Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlán, Oaxaca, Juez de Control del Distrito Judicial de San Francisco Tanivet, Oaxaca, Fiscal General del Estado de Oaxaca y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado con prueba alguna tal negativa. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procede negar la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre la cual deba recaer dicha medida cautelar. Es aplicable en la especie la jurisprudencia número 286, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, visible en la página 237, intitulada: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rinda prueba en contrario" . Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se niega la suspensión definitiva solicitada por Raúl Eleno Ramírez, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando primero, en términos de los fundamentos y consideraciones expuestas en el diverso considerando segundo, ambos de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

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