Raúl Cortés Galindo

Expediente 230/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
230/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/04/2018

Partes del expediente

  • Raúl Cortés Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro de abril de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: Tiene relevancia documental, en virtud de que se ubica en los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado. En su oportunidad deberá conservarse en su totalidad en el archivo histórico y de relevancia documental; y procédase a la digitalización de la demanda y sentencia respectiva. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno correspondiente. De conformidad con lo establecido en el punto décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su total conservación en el archivo histórico y de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 230/2018; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. RAÚL CORTES GALINDO, por su propio derecho, mediante escrito presentado el dos de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer en su momento al juzgado Segundo de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades siguientes: Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la imposición de una sanción disciplinaria. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, falta de tramitación y respuesta a su escrito de petición de cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la revisión de su celda del día veintidós de noviembre de dos mil diecisiete; así como la orden para efectuarle revisiones corporales vejatorias y humillantes. Oficiales de prevención penitenciaría del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la aplicación de actos vejatorios, infames y degradantes, así como tratos crueles, sufridos el siete de noviembre de dos mil diecisiete. Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 29 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de dos de enero de dos mil dieciocho, el juzgado Segundo de Distrito en el Estado, admitió la demanda de amparo, radicándola bajo el número 3/2018, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. En auto de uno de febrero de dos mil dieciocho (foja 76) dejó de tener como autoridad responsable a los Oficiales en Prevención Penitenciaría del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, ante su inexistencia. Mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, y al encontrarse ante actos desvinculados entre sí, ordenó la separación de autos, a efecto de ser resueltos de manera separada. TERCERO. El cinco de marzo de dos mil dieciocho, con motivo de lo anterior, se recibieron en este órgano jurisdiccional las copias certificadas deducidas del juicio de amparo 3/2018, del índice del juzgado Segundo de Distrito en el Estado, razón por la cual, se radicó el presente asunto bajo el número 230/2018, el cual se avocaría al conocimiento del acto reclamado por RAÚL CORTÉS GALINDO consistente en la revisión de su celda llevada a cabo el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete; así como la orden para efectuarle revisiones corporales vejatorias y humillantes, y que se atribuye al Encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Sin que hubiera necesidad de requerir el informe justificado al encontrarse integrados los autos, por lo que se dio la intervención que le corresponde a la Representación Social de la Federación adscrita, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. El Encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, la misma se desvirtúa, pues de la lectura del mismo se desprende que efectivamente el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo una revisión en el dormitorio donde se encuentra el quejoso, con la finalidad de detectar y asegurar objetos o sustancias prohibidas. Por tal razón, se presume cierto el acto que se le atribuye. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, Tomo XIV-Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". TERCERO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, primera parte, y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: ." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ciertamente, la invocada fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando la parte quejosa consienta tácitamente el acto reclamado, es decir, cuando no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo correspondiente, que en este caso es de quince días, acorde a lo dispuesto en el numeral 17 de la ley de Amparo. Por su parte, el numeral 18 del propio ordenamiento legal, contiene tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: 1. Surta sus efectos, conforme a la ley que rige el acto reclamado, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame. 2. El peticionario de amparo haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de su ejecución; o, 3. Se haya ostentado sabedor de los actos reclamados. Atento a lo anterior, es claro que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos referidos. Precisado lo anterior, es de concluirse que en la especie la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en atención a que el cómputo para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda, comenzó a correr a partir del día hábil siguiente al en que se llevó a cabo la revisión de su celda -veintidós de noviembre de dos mil diecisiete-, esto es, dicho plazo transcurrió del veintitrés de noviembre al doce de diciembre de dos mil diecisiete, sin contar los días dos, tres, nueve y diez diciembre del mismo año, por ser sábados y domingos. Lo anterior es así, pues al no señalarse en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuándo surten efectos los actos fundados en dicha legislación, luego entonces, se entiende que en la especie el plazo para impugnar el acto hoy reclamado, empezó a transcurrir al día siguiente de su ejecución, ello acorde con la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 7, libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas. En ese sentido, al presentarse la demanda de garantías el dos de enero de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, según el sello fechador de recibido, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que se contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV, de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa en este medio de control, si previamente lo consintió. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En ese orden de ideas, y al actualizarse la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, se sobresee en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 230/2018, en términos de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que no ha transcurrido el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes conozcan el contenido de los informes justificados; resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere y se fijan para su verificativo las TRECE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. NOTIFÍQUESE.

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