Raúl Edgardo Faisal Soto
Expediente 317/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/05/2019
Partes del expediente
- Raúl Edgardo Faisal Soto
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de veintitrés de abril de dos mil diecinueve; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó, en el entendido que el presente asunto se tramito sin cuaderno incidental. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Asimismo, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado signado por la Presidenta y Actuaria de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: La Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. ACTO RECLAMADO: "(.) el retardo de la admisión de la providencia cautelar consistente en el embargo precautorio a bienes de la empresa PSCDI TI S.A. DE C.V., para garantizar el pago de las prestaciones reclamadas dentro de la demanda inicial (.)" Ahora bien, del informe justificado rendido por la Presidenta y Actuaria de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en esta data se desprende que la autoridad responsable señaló que al acto reclamado por la parte quejosa no es cierto, en virtud de que por auto de ocho de agosto de dos mil dieciocho, se acordó y dio trámite a la medida cautelar solicitada y por resolución de quince de enero de dos mil diecinueve, se resolvió la providencia cautelar de embargo precautorio solicitada, en la que se determinó negar la misma, para lo cual remitió copia certificadas del expediente laboral D-3/1413/2017, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cierto, en el particular se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el acto es inexistente. Es pertinente destacar que el precepto legal invocado, establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." La lectura del transcrito precepto permite advertir que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia. En ese sentido, cabe resaltar que la demostración de la violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que quien promueve una demanda de amparo está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia del acto que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que cuando la autoridad responsable lo acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa, se centrará en la inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea en sí mismo violatorio de derechos, por el contrario, si la autoridad niega el mismo, la carga de la prueba que recae en el quejoso versará sobre la existencia del acto reclamado, esto es, desacreditar la negativa vertida por la autoridad y enseguida, la inconstitucionalidad del mismo; por ende, si la parte impetrante es omisa en desacreditar la negativa de esa autoridad, no proporciona al órgano jurisdiccional materia sobre la cual versa la instancia constitucional. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia VI.2o. J/308 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, página: 77, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". De las constancias que remitió la autoridad responsable, a las cuales se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte que la responsable que el ocho de agosto de dos mil dieciocho, se acordó y dio trámite a la medida cautelar solicitada y por resolución de quince de enero de dos mil diecinueve, se resolvió la providencia cautelar de embargo precautorio solicitada, en la que se determinó negar la misma, es decir, a la fecha de presentación de la demanda -cinco de marzo de dos mil diecinueve- la omisión reclamada no existía. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, respecto de la omisión reclamada de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por lo que, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con veintiocho minutos del veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el alegato ministerial 085/2019, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, por el que formula alegatos, los cuales serán relacionados en la audiencia constitucional. Por otro lado, en atención al tercer punto de peticiones del pedimento de cuenta, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, como lo solicita una vez que sea dictada la sentencia correspondiente en el juicio de amparo en que se actúa, expídase copia de la misma. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por Andrea Haces Alonso, en su carácter de apoderada general de la persona moral denominada El Cielo Medical Center RSB, Sociedad Civil, por el que pretende ampliar su demanda de amparo, al respecto, se provee: De la integridad del escrito de cuenta, no se advierte con claridad respecto de qué actos en concreto pretende ampliar su demanda de amparo, pues hace diversas manifestaciones que concluyen con su inconformidad con la expedición de la licencia de uso de suelo, la cual fue reclamada desde su demanda inicial; en tal virtud, requiérase a la inconforme para que dentro del término de tres días siguiente al en que surta la notificación del presente acuerdo, aclare su escrito de ampliación de demanda precisando con exactitud cuáles son los actos que reclama en vía de ampliación. Lo anterior, porque de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, ya que el suscrito no puede presumir cuál es el acto reclamado a éstas, dado que es un requisito de forma de la demanda que la ley o acto que de cada autoridad se reclame se señale con exactitud, en virtud, de que, a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de amparo. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse el acto reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Amparo, se concluye que en la demanda de amparo y, por ende, en su ampliación, debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. De ahí, que ante la oscuridad del escrito de ampliación de demanda en cuanto al señalamiento del acto reclamado, lo que procede es requerir a la parte quejosa para que aclare cuál o cuáles son los actos por los que en concreto amplía su ocurso inicial. Se apercibe al quejoso que de no desahogar el presente requerimiento en el término concedido (tres días), se tendrá por ampliada sólo en cuanto a sus conceptos de violación. Para dar oportunidad a lo anterior, difiérase la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes
- Raúl Cruz Galicia1725/2015
- Raúl Daniel Hernández Juárez155/2017
- Raul Daniel Hernandez Juarez902/2021
- Raúl Daniel Hernández Juárez783/2019
- Raúl Daniel Hernández Juárez1451/2018
- Raúl Edgardo Faisal Soto1154/2021
- Raúl Edgardo Faisal Soto255/2023
- Raúl Edgardo Faisal Soto1937/2022
- Raúl Enrique Aguilar García1217/2018
- Raúl Ernesto Capitan Galan656/2015
- Raul Gandara Cabrera y Otros.570/2015
- Raúl García Figueroa1176/2017