Raúl Daniel Hernández Juárez

Expediente 783/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
783/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/07/2019

Partes del expediente

  • Raúl Daniel Hernández Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], y archívese el presente asunto como totalmente concluido; en el entendido de que el presente juicio constitucional se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial [momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo]. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso Raúl Daniel Hernández Juárez, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la autoridad señalada como responsable: Autoridad responsable:  Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es:  La omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral de origen D-3/967/2015. Ahora bien, del informe justificado rendido en esta fecha, se desprende que las autoridades responsables señalan que el acto reclamado no son ciertos, en virtud de que el siete de junio de dos mil diecinueve emitió laudo dentro del juicio laboral D-3/967/2015, para lo cual remitió copia certificada de tales actuaciones, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a el quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que RAÚL DANIEL HERNÁNDEZ JUÁREZ acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla de dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral D-3/967/2015. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el siete de junio de dos mil diecinueve, la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dictó lado dentro del expediente D-3/967/2015. En las referidas circunstancia, la autoridad responsable, al haber dictado el laudo de siete de junio de dos mil diecinueve dentro del juicio laboral D-3/967/2015, -cuya omisión se reclama-, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto del acto que Raúl Daniel Hernández Juárez reclamó de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el término de veinticuatro horas concedido a la autoridad sustituta Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla en proveído de veintinueve de abril del año en curso (fojas 1198 a 1200), a fin de que diera cumplimiento a la medida cautelar concedida al quejoso; en ese sentido, se provee A fin de lograr el cumplimiento a la medida cautelar concedida, requiérase nuevamente a la referida autoridad sustituta para que de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, dentro del improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS contado a partir de la notificación del presente auto, de cumplimiento a la referida suspensión definitiva concedida al quejoso y al efecto realice los siguientes actos I. Restituya al aquí quejoso NOÉ RAMIRO BERISTAIN, en el cargo de Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla; y, II. Permita el acceso a las instalaciones que ocupa la misma. Haciendo del conocimiento de la autoridad requerida, que subsiste el apercibimiento con el que se conminó en auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve. En otro aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que en proveído de dieciocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 984 a 986), se requirió a la diversa autoridad sustituta Presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia y del Consejo Nacional de Padres de Familia, sin que a la presente data haya dado cumplimiento al requerimiento efectuado ni informado las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, o en su caso, la imposibilidad que tenga para ello; por tanto se provee Requiérase nuevamente a la aludida autoridad sustituta Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Padres de Familia y del Consejo Nacional de Padres de Familia, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS contado a partir de la notificación del presente auto, informe las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la medida cautelar concedida. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 259, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la unidad de medida y actualización emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve.

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