Raúl Daniel Pérez Ramos

Expediente 1318/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1318/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Raúl Daniel Pérez Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término otorgado al promovente para desahogar la prevención formulada en auto del día catorce de noviembre del año en curso; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y se le tiene interponiendo la demanda únicamente por su propio derecho. ACTOS RECLAMADOS En la especie la parte quejosa reclama de la autoridad responsable el dictado de la sentencia interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra el proveído de treinta de septiembre anterior, dictado en el expediente *** del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. ANTECEDENTES 1. El aquí quejoso mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de los Juzgados del Distrito Judicial de Cuatatán, Estado de México, solicito la disolución del vínculo matrimonial con Cristina Trejo Escalona, en la vía de divorcio incausado, misma que fue radicado por el Juez Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, bajo el expediente ***. 2. Sustanciado el procedimiento en segunda audiencia de avenencia ante la falta de conciliación entre *** y ***, el juez del conocimiento decretó en lo que aquí atañe, la disolución del vínculo matrimonial y concedió un término de cinco días a las partes para que formularan sus pretensiones 3. En atención a dicha vista el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso formuló diversas prestaciones, en las que destaca la pensión alimenticia en favor de la menor y aquí tercera interesada, por lo que en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se le tuvieron por ofrecidas sus pretensiones ordenando correr traslado a la demandada ***, en ese mismo auto se le dio vista de cinco días a dicha demandada para que manifestara lo que a su interés conviniera y se opusiera a las excepciones y ofrecer pruebas. 4. El mismo veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, ***, presentó su escrito de pretensiones en cumplimiento a la resolución de divorcio, a lo que el juez responsable mediante proveído de treinta de septiembre del presente año, tuvo por formuladas su pretensiones; sin embargo, a fin de acordar lo conducente la previno para que en el término de tres días proporcionara domicilio particular del accionate de este juicio de amparo y exhibiera copia simple del mismo para correrle traslado, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, no se tendrían por hechas sus pretensiones. 5. El cuatro de octubre de dos mil veintitrés el quejoso interpuso recurso de revocación en contra del auto de treinta de septiembre de la anualidad. 6. Mediante resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el juez natural declaró inoperantes los agravios expuestos en contra del auto de treinta de septiembre pasado y, por ende, lo confirmó. (Resolución que constituye el acto reclamado) DESECHAMIENTO El artículo 113 de la ley de la materia dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A.J/6 1 por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En el presente asunto el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso 107, fracción V, -interpretado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo 2 , como a continuación se demostrará. En ese orden, el primero de los artículos citados, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo precepto, en la fracción mencionada, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente contra los que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una interpretación en sentido contrario, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese aspecto, la Ley de Amparo vigente precisa lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", al establecer que son los que afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que con dicha precisión el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Concluyó, a partir de lo anterior, que para la procedencia del amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, es necesario que se cumplan dos condiciones: a) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; y, b) Que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). 3 " Expuesto lo anterior, en el presente asunto la parte quejosa reclama de manera sustancial la sentencia interlocutoria de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra el proveído de treinta de septiembre de este año, dictado en el expediente *** del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el que tuvo por formuladas las pretensiones de su contraria en el juicio natural, que precisamente serán materia de litis en ese proceso. Sin embargo, el acto que por esta vía reclama no constituye un acto de imposible reparación, pues hasta este momento procesal no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa; ni impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, además, no reviste una afectación a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. or el contrario, el acto reclamado únicamente se traduce en un perjuicio procesal que pudiera resentir en sus derechos adjetivos, cuyas consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, además de ser susceptible de repararse si la resolución definitiva que se pronuncie le es favorable, por lo que la parte quejosa aún puede seguir haciendo uso de sus derechos para obtener sentencia a su favor; incluso, de no obtener sentencia que le favorezca, el acto que aquí se reclama podrá combatirse como violación procesal (siempre y cuando se hayan cumplido con los requisitos para ello) mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen. Esa aplicable por las razones jurídicas que la integran, la jurisprudencia 1/2016 4 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo.". Así como la tesis VIII.2o.C.T.11 C5 , sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, de rubro y texto: "CADUCIDAD DE LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DIVERSA QUE NO LA ACUERDA DE CONFORMIDAD, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), visible en la página 15 del Libro 29, Tomo I, abril de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas, de título y subtítulo: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", determinó que es improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que revoca la diversa que decretó la caducidad en la primera instancia; esto es, aquella de segundo grado en que no se decrete la caducidad de la instancia, porque no constituye un acto de imposible reparación, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos y, por ello, dicha resolución únicamente podrá combatirse como violación procesal mediante el amparo directo que se interponga contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Por tanto, es improcedente el amparo indirecto cuando se reclama la resolución que confirma la diversa que no acuerda de conformidad la caducidad de la primera instancia, al actualizarse la causal establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, toda vez que esa resolución no constituye un acto de imposible reparación, porque no afecta derechos sustantivos, sino únicamente derechos adjetivos o procesales.". En efecto, la parte quejosa refiere que la resolución reclamada le causa perjuicio al no revocarse el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por recibido el escrito presentado por ***, mediante el cual formula sus pretensiones en atención a lo ordenado en resolución de veintiuno de septiembre del presente año, no obstante aduce el solicitante de amparo, fue presentado de forma extemporánea. En efecto, como se dijo tal actuación en este momento no causa un perjuicio de imposible reparación al promovente del amparo, pues de las transcripciones de los autos de referencia que vierte en su demanda, se desprende que la autoridad responsable únicamente tuvo por presentado el escrito de pretensiones de ***, y la previno para que en el término de tres días proporcionara domicilio particular del accionate de este juicio de amparo y exhibiera copia simple del mismo para correrle traslado, con el apercibimiento que de no hacerlo, no se tendría por hechas sus pretensiones. De ahí que no exista un pronunciamiento de fondo por parte del juez de origen, respecto a las pretensiones expuestas por ***, pues tal situación se encuentra supeditada al desahogo del juicio de origen, razón por la cual se insiste los actos que por esta vía combate no le deparan un perjuicio de imposible reparación, ya que únicamente se traduce en un perjuicio procesal que pudiera resentir en sus derechos adjetivos. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil veintidós. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Raúl Daniel ...; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1318/2022-VI. PREVENCIÓN De inicio, debe indicarse que el numeral 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo está facultado para requerir al promovente con el propósito de que aclare su demanda cuando existan deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Así, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, se advierten diversas inconsistencias en su forma que impiden a este órgano federal proveer lo que en derecho corresponda. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción I y 114, fracciones I, II y III, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, realice lo siguiente: 1) Precise si promueve la demanda de amparo únicamente por propio derecho, o bien, en representación de sus menores hijos de identidad reservada de iniciales D.A.P.T y V.M.P.T. Lo anterior, dado que el análisis del escrito, se desprende la defensa de la esfera jurídica de los infantes. 2) En el caso de que promueva la demanda en representación de la menor deberá exhibir el original o copia certificada del acta de nacimiento de los menores de edad que pretende representar en este juicio. No pasa desapercibido que para demostrar tal circunstancia se anexó copia simple del acta de nacimiento de los menores, sin embargo, la misma carece de valor probatorio ya que se trata de una copia fotostática simple susceptible de alteración. 3) Bajo protesta de decir verdad, manifieste si ha promovido diverso juicio de amparo en contra de actos aquí reclamados, de ser así, tendrá que referir el número de juicio y el Juzgado ante el cual se encuentra radicado. 4) Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, la parte quejosa deberá allegar copias suficientes del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación, a fin de correr traslado a cada una de las partes, así como de los documentos que en su caso adjunte. En el entendido de que ello no será necesario si el escrito aclaratorio se remite vía electrónica, caso en el cual, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que las documentales que en su caso adjunte, son copia íntegra e inalterada de los documentos que originales que ahí se reproducen. Lo que resulta necesario toda vez que conforme a lo establecido en el artículo 12, segundo párrafo, inciso f), del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, cuando el promovente ingrese documentos públicos mediante el uso de la FIREL deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, que éstos son copia íntegra o inalterada del documento impreso. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de incumplir las prevenciones formuladas se proveerá su demanda únicamente por lo que hace a Raúl Daniel Pérez Ramos, por derecho propio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En relación a que se le practique las notificaciones vía electrónica, y de forma personal en el domicilio que señalo (Cuautitlán Izcalli); en términos de lo dispuesto en los artículos 26 fracción IV, 30 fracción II, 31 fracciones II y III de la ley de la materia, con relación en el artículo 9 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ésta y las subsecuentes notificaciones consideradas de carácter personal se le practicarán vía electrónica por conducto del primer usuario (FelipeNeri) que refiere; en el entendido que el promovente queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia que refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe, de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación, ello sin perjuicio que, conforme lo dispone el segundo párrafo del propio ordenamiento en relación al numeral 26, fracción I, de la ley de la materia, aquellas notificaciones que por su trascendencia lo ameriten, se ordena realizar por conducto de Actuario de la adscripción en el domicilio señalado en su demanda. Con la aclaración que, acorde a su solicitud, las notificaciones se efectuarán vía electrónica, es decir, no se realizarán por ambos conductos a la vez - electrónicas y personales-, sino únicamente como esté ordenado en el auto respectivo, ya que la Ley de la materia no permite duplicar las notificaciones. También se tienen por autorizadas a las personas que menciona en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos y las restantes para los efectos que indica. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese vía electrónica al promovente.

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