Raul Corzo Canales

Expediente 371/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
371/2020
Año
2020
Actuaciones
24
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Raul Corzo Canales
  • Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública
  • Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el quejoso... en su carácter de Secretario Técnico de Combate a la Tortura, tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, por el cual desiste del presente juicio de amparo. Ahora, según lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistirse en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. En esos términos, la manifestación del desistimiento es un elemento de convicción suficiente para concluir que es voluntad de la parte quejosa desistirse del juicio de amparo. Así, en el caso, el ocurso que se provee cuenta con la firma electrónica del promovente del juicio; de ahí que dicha evidencia criptográfica, permite apreciar su intención de desistirse del presente juicio, por lo que produce los mismos efectos que tendría el signado ante autoridad judicial. Cabe precisar que el suscrito prescinde de ordenar la ratificación del escrito de cuenta, puesto que el Máximo Tribunal del país ha establecido que la firma electrónica con su respectiva evidencia criptográfica, permite advertir el nombre de su autor y su intención para realizar la actuación procesal de que se trate, con lo cual el órgano jurisdiccional se puede cerciorar que no se trata de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad, pues incluso un ocurso presentado electrónicamente, que tenga la firma y evidencia criptográfica respectiva, se equipara a uno signado ante autoridad judicial; de ahí que si el escrito que se provee, produce los mismos efectos jurídicos que el signado ante presencia jurisdiccional, luego entonces, se estima innecesario su ratificación. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 31/2021 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1533, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2023937, que señala: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial." Así como la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2000, visible a página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, que a la letra dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente amparo por desistimiento de la demanda intentada. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de agosto de dos mil veintidós. En ese orden de ideas, ya que la parte quejosa no puede retractarse de su manifestación de voluntad de desistir en su perjuicio del presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 356 fracción III del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que este proveído ha causado estado. Resulta aplicable por las razones que informa la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 687, Tomo XXXIII, de Enero de 2011, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado, archívese el expediente como concluido y comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el juicio, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Asimismo, es depurable el original del incidente de suspensión, el cual deberá conservarse por el plazo de tres años, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General y lo establecido en el Capítulo 7, Apartado 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, pues se concedió la medida cautelar, por lo que se ordena glosarlo al expediente en que se actúa; mientras que es destruible el duplicado del incidente una vez que transcurran seis meses, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) de esa misma normatividad. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula lll, de Tramite Masiva de Casos en Veracruz; ahora bien, resérvese proveer lo conducente a su contenido, hasta en tanto fenezca la vista de quince días otorgada a la parte quejosa por auto de doce de los cursantes, a efecto de manifestar si es su deseo o no ampliar la demanda por lo que hace a la autoridad oficiante. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Incidental

    Vistos para resolver el incidente de suspensión número 371/2020-l. R e s u l t a n d o Único. Por auto de uno de julio de dos mil veintidós se dictó la suspensión provisional respecto a la ampliación de demanda, se requirió el informe previo a la autoridad responsable y se fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que sea la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura quien integre la carpeta de investigación iniciada por actos de tortura y/o malos tratos en perjuicio de Raúl Corzo Canales. Segundo. La autoridad responsable Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, al rendir su informe previo negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, del contenido íntegro de dicho informe se advierte su existencia. Ahora bien, en primer lugar debe precisarse que el treinta de junio y veintisiete de julio de dos mil veinte se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, precisamente, para el efecto: "que el Fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional, lleve a cabo, sin demora, todas las diligencias que le permitan el esclarecimiento de los hechos delictivos denunciados por el Secretario Técnico de Combate a la Tortura, tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública desde el mes de noviembre de dos mil diecinueve, y la obtención de los datos, que en su caso señalen a un probable responsable." Incluso, tal medida cautelar que fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el incidente en revisión 26/2021 de su índice. Por ello, es evidente que a nada práctico llevaría proveer nuevamente en relación a la suspensión del acto reclamado a la autoridad que refiere el quejoso, toda vez que el efecto por el cual solicita la medida cautelar, ya fue objeto de señalamiento al resolver sobre la concesión de la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. No obstante lo anterior, el suscrito juzgador, con fundamento en el artículo 147, primer párrafo de la legislación de la materia, considera conveniente limitar los efectos de la suspensión a la nueva autoridad responsable, esto es, al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, pues con ello lo que se pretende es atender puntualmente el motivo de reclamo del inconforme y preservar los derechos cuya tutela se demandan en esta instancia constitucional. En esos términos se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión en supervisar e investigar los actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos en perjuicio de Raúl Corzo Canales, quien se encuentra privado de libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno en Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México. En ese orden, si bien dicho acto por su naturaleza es omisivo, ello no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados. Lo anterior en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, Pag. 286; de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA." Sobre esa base, se concluye que la omisión reclamada tiene efectos en perjuicio del quejoso, que pueden ser objeto de paralización a través de la medida cautelar solicitada. En esas condiciones, toda vez que el acto reclamado puede afectar los derechos de acceso a la justicia y conocimiento de la verdad del quejoso, en calidad de víctima de tortura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 147 y 138 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional, lleve a cabo -sin demora- todas las diligencias que le permitan el esclarecimiento de los hechos delictivos denunciados por el Secretario Técnico de Combate a la Tortura, tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, desde noviembre de dos mil diecinueve, y la obtención de los datos, que en su caso señalen a un probable responsable. La presente medida cautelar surte efectos hasta en tanto las responsables reciban notificación sobre la sentencia ejecutoriada que se dicte en el juicio principal del cual deriva esta incidencia. En el caso no se exige garantía alguna para la eficacia de los efectos de la suspensión, pues los derechos de acceso a la justicia y conocimiento de la verdad tutelados a través de la medida cautelar, por su naturaleza no están sujetos a condición alguna. Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e: Único. Se concede la suspensión definitiva, por las razones y para los efectos precisados en el considerando segundo de la presente resolución. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Incidental

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de julio de dos mil veintidós. Agréguese el informe previo rendido por el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Veracruz, para ser tomado en cuenta al momento de resolver la suspensión definitiva en relación a la ampliación de demanda en el presente asunto. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa..."

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