Raúl Carrera Martínez y Otros.

Expediente 1274/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1274/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
04/08/2016

Partes del expediente

  • Teresita Esther Aguilar Ángeles y Otros.
  • Raúl Carrera Martínez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veinticinco de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por... ; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA I A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el oficio sin número, suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, con residencia en la Ciudad de México, en su calidad de delegado de la autoridad señalada como responsable para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por el que en vías de cumplimiento al proveído de seis de julio del año en curso, remite copia de diversas constancias, y solicita se le conceda una prórroga de diez días para dar acatamiento al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se concede a la Secretaria Instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México, el plazo que solicita, a fin de que cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Fabián Raymundo Guadarrama Murillo, subsistiendo los apercibimientos efectuados en auto de veinticuatro de mayo del año en curso.

  3. Principal

    MESA VII Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil dieciséis. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ... y ..., fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1274/2016. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Mesa Tres Auxiliar adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas y Consignaciones dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, la parte quejosa reclama diversas violaciones al procedimiento dentro de la integración de la averiguación previa 7253/(S.C.)/2015 Y/O 759/A.E.I.(III)/2015. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, los dos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. De ese cuadro normativo, se colige que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o los actos que se reclamen a la autoridad señalada como responsable, de lo que, interpretado a contrario sensu, se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se promueva por un gobernado que no resienta perjuicio alguno en su esfera jurídica con el acto de autoridad. En el caso, el acto consistente en las diversas diligencias a fin de integrar una averiguación previa, no puede ser violatorio de los derechos fundamentales de los quejosos, en mérito a que por mandato del artículo 21 constitucional, el Ministerio Público es el órgano encargado de la investigación de los delitos, por tanto, no les causa daño o perjuicio, al ser lo anterior de orden público, según lo establece la Carta Magna, ya que éste, en todo caso, se materializará hasta que la autoridad judicial que llegare a conocer de dicha averiguación previa, determine si resulta procedente o no librar orden de aprehensión en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada CXXXV/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, Tomo XX, diciembre de 2004, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dispone: ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. De igual manera resulta aplicable a lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 49, Tomo XXIII, mayo de 2006, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior es así, puesto que el acto de que se trata no tiene como finalidad restringir la libertad personal de los quejosos, ni siquiera de manera momentánea, sino de allegarse de elementos a fin de estar en aptitud de determinar si se configuran o no los ilícitos materia de la indagatoria, de ahí que no se esté en presencia de un acto que cause ejecución de imposible reparación sobre las personas. Máxime que, como bajo protesta de decir verdad los quejosos refieren que el ocho de marzo de la presente anualidad, la averiguación previa en comento fue turnada al Juzgado correspondiente, entonces será ante tal determinación de la autoridad judicial hasta en tanto se materialice el perjuicio de los quejosos en caso de librarse orden de aprehensión en su contra, la cual podrá ser impugnada si así lo estiman pertinente. Asimismo tiene aplicación la tesis aislada VI.30.8P del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 264, Tomo III, Enero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubor y texto: "AVERIGUACION PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales". En ese orden de ideas SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata, lo anterior, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, los dos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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