Raúl Canseco Blas

Expediente 1769/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1769/2014
Año
2014
Actuaciones
8
Última actuación
16/02/2015

Partes del expediente

  • Raúl Canseco Blas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    ME3SA VI A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino de este incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de veintitrés de diciembre de dos mil catorce (fojas 12 a 15), se negó la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar respecto de todos los actos reclamados por la parte quejosa, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA VI A Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho auto, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Por otra parte, para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  3. Principal

    MESA VI A Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio sin número signado por el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cinco de Responsabilidad Oficial, Médica y Técnica, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, por el que, en atención al requerimiento formulado en auto de dieciséis del actual (foja 46), remite copia certificada del pliego consignatorio de doce de diciembre de dos mil catorce, derivado de la averiguación previa de 167(II)2013 o 98(FESPRE)2013, instruida contra Luz María Cruz Murillo, José Manuel Antonio Javier y Marco Rodrigo Sánchez Aguilar, como probables responsables en la comisión del delito doloso consumado de abuso de autoridad cometido en agravio de la sociedad y de Rogelio Alvarado Morales y César Manuel Alvarado Cruz; y contra el aquí quejoso Raúl Blas Canseco, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad cometido en agravio de Rogelio Alvarado Morales y César Manuel Alvarado Cruz; y del acuse de recibo del juzgado Penal de Tlacolula, Oaxaca. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las constancias que obran en el presente asunto así como las remitidas por el representante social responsable, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, que impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de control constitucional, en términos del diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La disposición legal transcrita (similar a la que preveía la fracción III del artículo 74 de la anterior Ley de Amparo) fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Precisado lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se duele del acuerdo de diez de diciembre de dos mil catorce dictado en la averiguación previa 98(FESPRE)2014, control 18/2014, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Mesa Cinco de Responsabilidad Oficial, Médica y Técnica, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (fojas 1 y 2), pues refiere que con su emisión se le ha violado su derecho de defensa contenido en el artículo 20 Constitucional, pues pese a que existen diversas pruebas por desahogarse en dicha indagatoria, la autoridad en el acuerdo combatido apriorísticamente ha tenido por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en la comisión del delito que se le atribuye y por ende, ha negado su desahogo. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe de ley, se refleja que el diez de diciembre de dos mil catorce, se acordaron improcedentes las peticiones de José Manuel Antonio Javier (coinculpado) y del aquí quejoso, respecto a que se requiriera tanto al Presidente Municipal Constitucional y Director de Salud, ambos del Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, para que informaran si existe nombramiento alguno del primero en cita como Director de Salud, correspondiente al periodo 2011-2013, del mencionado Ayuntamiento, así como de señalar fecha y hora para que se llevara a cabo el examen o interrogatorio a los pasivos de los delitos, y solicitar informe respecto de que si existe permiso municipal del bar denominado Roger´s o Rogers, propiedad de los ofendidos del periodo 2011-2013, por las razones asentadas en dicho acuerdo (fojas 36 y 37). Posteriormente, previo requerimiento se tuvo por recibido el pliego consignatorio de doce de diciembre del año próximo pasado, en el cual la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cinco de Responsabilidad Oficial, Médica y Técnica, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, ejerció acción penal contra RAÚL BLAS CANSECO y otros, como probable responsable en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, cometido en agravio de Rogelio Alvarado Morales y César Manuel Alvarado Cruz, y solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión; mismo que fue recibido el trece de diciembre de dos mil catorce ante el Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, como se advierte del acuse de recibo (fojas 51 a 76). Documentales que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. De esa narrativa, queda de manifiesto que ha cambiado la situación jurídica del quejoso, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la etapa de investigación, pues al haberse ejercido acción penal en su contra, ésta queda sometida a la potestad de juez penal que tendrá a cargo la instauración del proceso respectivo, lo que impide analizar en el amparo la constitucionalidad de las violaciones que se aducen cometidas en la indagatoria, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación. Apoya lo apuntado, los siguientes criterios: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación. "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ACORDAR DIVERSAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y ÉSTA HA SIDO CONSIGNADA ANTE EL JUEZ PENAL Y SE HA GIRADO ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DEL QUEJOSO. El artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo establece que: "El juicio de amparo es improcedente: ... X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ... ". De acuerdo con dicho numeral si la recurrente reclamó de las autoridades administrativas la omisión de acordar diversas pruebas ofrecidas dentro de la averiguación previa, la que dio origen al proceso penal respectivo, al haber sido consignada ante el Juez Penal correspondiente y haber girado éste orden de aprehensión en contra del quejoso, con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del citado acto sin afectar la nueva situación jurídica, toda vez que al haber sido consignada la averiguación previa al Juez de la causa el representante social dejó de tener el carácter de autoridad para convertirse en parte dentro del procedimiento judicial, circunstancia que hace que en dicho caso concreto se actualice la citada causal de improcedencia. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio, fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, de la misma ley. Por tanto, se ordena dejar sin efecto la hora y fecha señaladas en proveído de dieciséis de enero del presente año (foja 46 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR LISTA: MESA VI A Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio sin número signado por el Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cinco de Responsabilidad Oficial, Médica y Técnica, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, por el que, en atención al requerimiento formulado en auto de dieciséis del actual (foja 46), remite copia certificada del pliego consignatorio de doce de diciembre de dos mil catorce, derivado de la averiguación previa de 167(II)2013 o 98(FESPRE)2013, instruida contra Luz María Cruz Murillo, José Manuel Antonio Javier y Marco Rodrigo Sánchez Aguilar, como probables responsables en la comisión del delito doloso consumado de abuso de autoridad cometido en agravio de la sociedad y de Rogelio Alvarado Morales y César Manuel Alvarado Cruz; y contra el aquí quejoso Raúl Blas Canseco, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad cometido en agravio de Rogelio Alvarado Morales y César Manuel Alvarado Cruz; y del acuse de recibo del juzgado Penal de Tlacolula, Oaxaca. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las constancias que obran en el presente asunto así como las remitidas por el representante social responsable, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, que impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de control constitucional, en términos del diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La disposición legal transcrita (similar a la que preveía la fracción III del artículo 74 de la anterior Ley de Amparo) fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Precisado lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se duele del acuerdo de diez de diciembre de dos mil catorce dictado en la averiguación previa 98(FESPRE)2014, control 18/2014, del índice de la Agencia del Ministerio Público de la Mesa Cinco de Responsabilidad Oficial, Médica y Técnica, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (fojas 1 y 2), pues refiere que con su emisión se le ha violado su derecho de defensa contenido en el artículo 20 Constitucional, pues pese a que existen diversas pruebas por desahogarse en dicha indagatoria, la autoridad en el acuerdo combatido apriorísticamente ha tenido por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en la comisión del delito que se le atribuye y por ende, ha negado su desahogo. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe de ley, se refleja que el diez de diciembre de dos mil catorce, se acordaron improcedentes las peticiones de José Manuel Antonio Javier (coinculpado) y del aquí quejoso, respecto a que se requiriera tanto al Presidente Municipal Constitucional y Director de Salud, ambos del Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, para que informaran si existe nombramiento alguno del primero en cita como Director de Salud, correspondiente al periodo 2011-2013, del mencionado Ayuntamiento, así como de señalar fecha y hora para que se llevara a cabo el examen o interrogatorio a los pasivos de los delitos, y solicitar informe respecto de que si existe permiso municipal del bar denominado Roger´s o Rogers, propiedad de los ofendidos del periodo 2011-2013, por las razones asentadas en dicho acuerdo (fojas 36 y 37). Posteriormente, previo requerimiento se tuvo por recibido el pliego consignatorio de doce de diciembre del año próximo pasado, en el cual la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Cinco de Responsabilidad Oficial, Médica y Técnica, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, ejerció acción penal contra RAÚL BLAS CANSECO y otros, como probable responsable en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, cometido en agravio de Rogelio Alvarado Morales y César Manuel Alvarado Cruz, y solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión; mismo que fue recibido el trece de diciembre de dos mil catorce ante el Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, como se advierte del acuse de recibo (fojas 51 a 76). Documentales que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. De esa narrativa, queda de manifiesto que ha cambiado la situación jurídica del quejoso, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en la etapa de investigación, pues al haberse ejercido acción penal en su contra, ésta queda sometida a la potestad de juez penal que tendrá a cargo la instauración del proceso respectivo, lo que impide analizar en el amparo la constitucionalidad de las violaciones que se aducen cometidas en la indagatoria, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación. Apoya lo apuntado, los siguientes criterios: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación. "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ACORDAR DIVERSAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y ÉSTA HA SIDO CONSIGNADA ANTE EL JUEZ PENAL Y SE HA GIRADO ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DEL QUEJOSO. El artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo establece que: "El juicio de amparo es improcedente: ... X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ... ". De acuerdo con dicho numeral si la recurrente reclamó de las autoridades administrativas la omisión de acordar diversas pruebas ofrecidas dentro de la averiguación previa, la que dio origen al proceso penal respectivo, al haber sido consignada ante el Juez Penal correspondiente y haber girado éste orden de aprehensión en contra del quejoso, con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del citado acto sin afectar la nueva situación jurídica, toda vez que al haber sido consignada la averiguación previa al Juez de la causa el representante social dejó de tener el carácter de autoridad para convertirse en parte dentro del procedimiento judicial, circunstancia que hace que en dicho caso concreto se actualice la citada causal de improcedencia. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio, fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, de la misma ley. Por tanto, se ordena dejar sin efecto la hora y fecha señaladas en proveído de dieciséis de enero del presente año (foja 46 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

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