Raul Bernal Gonzalez
Expediente 1708/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1708/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Raul Bernal Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. ...Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la cual se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ...Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1708/2022, y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado Morelos, el catorce de noviembre de dos mil veintidós, y remitido el mismo día a este juzgado, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y acto que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Instituto Mexicano del Seguro Social con domicilio ubicado en [.]. IV.- ACTO RECLAMADO. Lo constituye la omisión de la autoridad responsable de suministrar al ahora quejoso el medicamento denominado "********************" correspondiente a los meses de julio, septiembre y octubre de dos mil veintidós, así como los subsecuentes meses que se sigan generando [.]" Lo que estimó violatorio de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 2, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite del juicio. Por auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda a trámite, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado y concedió la suspensión de plano a fin de salvaguardar la integridad, acorde al diagnóstico del quejoso. Además, en esa fecha se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; no se advirtió la existencia de un tercero interesado, dada la naturaleza del acto. Una vez rendido el informe justificado por la autoridad señalada como responsable en el escrito inicial de demanda y al advertirse la participación de la Titular de la Dirección del Hospital General Regional en Medicina Familiar Número 1, se le requirió a la parte quejosa para que en el término de quince días señalara si era su deseo ampliar o aclarar la demanda. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso amplió su demanda por cuanto a la autoridad responsable enunciada en el párrafo que antecede, y dicha ampliación fue admitida el ocho siguiente. Una vez sustanciado el juicio se celebró la audiencia el diez de enero de dos mil veintitrés, por lo que se procede a dictar la resolución respectiva. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado consiste en una acto omisivo del cual previno este juzgado de distrito, el cual fue atribuido a diversas autoridades que tienen residencia en el territorio en que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional, entre otras. II. Fijación del acto reclamado. Del estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social [denominación correcta]. Y en la ampliación [2] Titular de la Dirección del Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social. a) La omisión de suministrar al quejoso el medicamento denominado "********************" correspondiente a los meses de julio, septiembre, octubre y noviembre de dos mil veintidós. III. Existencia de los actos reclamados. Es cierto lo reclamado a las autoridades responsables, en su respectivo ámbito competencial, puesto que con independencia de que lo hayan negado al rendir su informe justificado, corresponde a dichas autoridades comprobar que a la fecha de la presentación de la demanda brindaron la atención médica necesaria al quejoso, sin que se advierta que lo hayan hecho. Se afirma lo anterior, ya que a la fecha de presentación de la demanda -catorce de noviembre de dos mil veintidós-, el quejoso demostró la necesidad de que le fuera suministrado el medicamento necesario para su tratamiento de ********************, lo cual eventualmente podría afectar su derecho fundamental a la salud, poniendo en riesgo su vida. Luego, debe tenerse por existente la omisión reclamada por la parte quejosa, sin desconocer que de autos se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda se le brindó el medicamento respectivo para tratar el padecimiento señalado en líneas que anteceden; no obstante, la existencia del acto reclamado debe realizarse conforme a la fecha de la presentación de la demanda, por lo que al catorce de noviembre de dos mil veintidós se apreciaba que no le había sido suministrado el tratamiento para tratar la condición clínica que en ese momento existía. Lo anterior, se corrobora con las constancias que fueron allegadas al juicio, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y que se estiman suficientes para acreditar su existencia al momento de la presentación de la demanda de amparo.´ En esas condiciones, se desestima desde este momento la causa de sobreseimiento hecha valer por las autoridades responsables, relativa a la inexistencia del acto reclamado. IV. Improcedencia del juicio de amparo. El estudio de las causales de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, por lo que a ello se procede en este apartado. En el caso, en cuanto al acto consistente la falta del suministro de la medicación que refiere -"********************"-, se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Precisamente, la parte quejosa en su demanda reclamó a las autoridades responsables la omisión de otorgarle el medicamento necesario para su tratamiento, el cual no le fue brindado por parte de la respectiva autoridad responsable. Ahora, para demostrar la cesación de esa omisión en los términos en que fue reclamada, debemos partir de que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, se incorporó el derecho humano a la protección de la salud en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el cual, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 4º.- (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. (.)" Así, la protección a la salud es una obligación por parte del Estado que debe atenderse no en sentido abstracto, sino individualmente y que se cumple contando con sistemas de salud a disposición de las personas y que se individualiza siempre que exista una necesidad y, ante ella, una solicitud por parte del gobernado. Ello es así, porque sobre el derecho a la protección de la salud, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la protección en comento se trata de un derecho fundamental reconocido por la Carta Magna, el cual, en lo individual, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general, integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad física-psicológica. Lo anterior está contenido en la tesis 1a. CCLXVII/2016 (10a.), con registro 2013137, publicada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir el Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras". Nótese que, en relación con la protección a la salud, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la conceptualizó como la obtención de un determinado bienestar, lo cual, al tratarse de obtener algo, por definición, requiere de presupuestos lógicos que tengan por objeto la búsqueda de ese satisfactor, como puede ser la necesidad que de ello se tenga. Con base en lo anterior, la protección a la salud como disponibilidad de los servicios médicos debe tener un sustento racional, pues atendiendo a la abstracción del significado de esos conceptos por los que se patentiza el derecho a la salud, se requiere acotar los supuestos en los cuales debe responder la autoridad a fin de garantizarlos en cada caso en concreto. En este sentido, cuando se sostenga que existe una omisión por parte del Estado -autoridades de la salud- de proporcionar protección de la salud, ese tipo de omisiones no debe entenderse en términos materiales, esto es, sólo desde la perspectiva de que la autoridad no haga algo abstracto, sino que la existencia debe ser jurídica, en la medida en que la obligación de actuar garantizando disponibilidad y acceso de atención médica surge por parte de la autoridad cuando exista la necesidad de la persona de recibirla. En ese contexto, en el caso, como ya se expuso, la parte quejosa en su demanda reclamó en específico la omisión de las autoridades responsables de brindarle el medicamento adecuado para combatir su padecimiento, la necesidad de dicho tratamiento la demostró con las constancias anexas al informe justificado rendido por la Titular de la Dirección del Hospital General Regional con Medicina Familiar, Número 1, de Cuernavaca, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de las que se advierte que mediante el registro de receta de trece de diciembre del dos mil veintidós, se suministró al quejoso el medicamento ********************. En ese mismo sentido, se tiene que ********************, autorizado del quejoso [quién además es hijo del peticionario de amparo] manifestó a través de los escritos presentados el cuatro de enero, diecisiete y veinticuatro de febrero, todos del dos mil veintitrés, bajo protesta de decir verdad que el mencionado medicamento ya le fue otorgado al peticionario ********************; lo cual sirve de apoyo a lo informado por la respectiva autoridad responsable, en el sentido de que se le ha proporcionado la totalidad del tratamiento consistente en ********************, de sesenta tabletas. De lo anterior se desprende que a la parte quejosa se le entregó el medicamento cuya omisión reclamaba en el presente juicio de amparo, por lo que con tal proceder, cesaron los efectos del acto reclamado. Ello ya que el quejoso recibió el medicamento señalado en su escrito inicial de demanda, sin que al momento de esas valoraciones el solicitante del amparo se inconformara con el tratamiento médico decidido por la responsable, ni manifestara una sintomatología diversa a la que se le atendió, que hiciera necesaria una intervención distinta; aunado a que los médicos tratantes no sugirieron una valoración o tratamientos distintos a la intervención médica que se decidió proporcionar ; por lo que en tales términos, ya le fue otorgado un tratamiento médico y hospitalario al padecimiento que presentó, cuya omisión era la materia del reclamo en el presente juicio. Además, con posterioridad a la otorgación de dicho medicamento no está acreditada una diversa necesidad del amparista para inferir que dicha atención medica no era la adecuada y que era necesaria una diversa, puesto que no existe prueba en autos que contradiga lo idóneo de las valoraciones médicas que se le realizaron, ni lo adecuado del tratamiento médico que le fue proporcionado, o la calidad del personal médico que lo realizó, máxime que la parte quejosa no se inconformó en su contra en el presente juicio de amparo. No pasa inadvertido que adicional al otorgamiento del medicamento denominado ********************, al aquí quejoso le fueron practicados diversos análisis clínicos y un estudio consistente en ********************el pasado quince de diciembre de dos mil veintidós, lo que se obtiene del contenido de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable [2] Titular de la Dirección del Hospital General Regional en Medicina Familiar Número 1 de Cuernavaca, Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cabe precisar que esta juzgadora se encuentra imposibilitada para sustituirse a la valoración médica que realizó en este caso la respectiva persona especialista tratante que atiende su padecimiento, pues sólo puede ser aquella la que determine qué tratamiento médico y hospitalario específico es el que se requiere para atender el padecimiento que presentaba la persona solicitante del amparo, resultando ilustrativa al respecto por su contenido la jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 202223, de la Décima Época Judicial, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 974, del texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron recursos de queja en los que se impugnaron los efectos de la suspensión provisional concedida por los Jueces de Distrito, ante demandas de amparo, en las que un derechohabiente o beneficiario de instituciones de seguridad social solicitó que se le suministrara gratuitamente un medicamento, que fue prescrito por un médico ajeno a esos organismos, y que además no se encontraba incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud regulado en los artículos 28 y 29 de la Ley General de Salud. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el Juez de Distrito debe conceder la suspensión provisional para el efecto de que los médicos de la Institución responsable, de inmediato, revisen la solicitud del promovente y certifiquen si el medicamento es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, la Institución debe otorgarlo de inmediato, y para ello debe realizar los trámites correspondientes; de no ser así, comunicará su dictamen al paciente para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento, en el entendido que de subsistir la controversia, ésta sólo podrá decidirse en la resolución sobre la suspensión definitiva o el fondo del amparo, según sea el caso. Lo anterior, con la condición de que esté demostrado que el medicamento cuenta con el registro sanitario que exige el artículo 222 de la Ley General de Salud, que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sea porque se acreditó con los documentos anexos a la demanda, porque el secretario certificó esa información en los sitios oficiales correspondientes, o en su defecto, y para el caso de no existir información confiable al respecto, se ordenará que la verificación sea realizada por los médicos de la Institución responsable en cumplimiento de la suspensión. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, aplicable en lo conducente a la suspensión provisional conforme al artículo 157 de esa ley reglamentaria, es posible ordenar el restablecimiento del derecho o garantía afectado por el acto reclamado. Tomando en cuenta la urgencia de la medida y que el quejoso tiene derecho a recibir los medicamentos de calidad que sean necesarios para su padecimiento, como parte de la atención médica integral que se encuentra obligada a otorgar la Institución de seguridad social, como efecto de la suspensión provisional el Juez de Distrito debe ordenar las medidas que se especifican en esta decisión, las cuales tienden a verificar la existencia del registro sanitario exigido por la ley, así como la evaluación previa y confiable de los médicos de la Institución responsable, ya que sin esos elementos determinantes el Juez de Distrito no puede sustituirse en la valoración médica y ordenar directamente en la suspensión provisional el suministro o aplicación del medicamento en cuestión. Por tanto, con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto al acto atribuido a las autoridades responsables, consistente en la omisión de proporcionar a la parte quejosa el medicamento para tratar la condición clínica que presentaba al momento de la presentación de la demanda de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado a las autoridades responsables respectivas, por las razones precisadas en el punto considerativo IV de esta resolución. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marco Antonio García Cortez, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. ...Agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado del quejoso *****; en virtud de que el veinte de febrero del presente año, se le tuvo haciendo del conocimiento que a la fecha al aquí quejoso se le ha proporcionado la totalidad del medicamento consistente en Abiraterona tabletas de 500 mg" por parte de la autoridad responsable. Sin que en el caso, sea procedente formar cuaderno de antecedentes, en razón de que éste ya fue formado en proveído de veinte de los corrientes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de enero de dos mil veintitrés. ...Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa por medio del cual informa que le han sido entregadas al quejoso dos cajas de medicamento de Abiraterona tabletas de 500 mg; se toma de conocimiento para los efectos legales consiguientes. Notifíquese.
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