Raul Avila Camacho
Expediente 890/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 14 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 890/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 14/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Raul Avila Camacho
Actuaciones
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Raúl Ávila Camacho, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad; se provee como sigue: 1).- Registro de demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número progresivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Desecha. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda de amparo, dado que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Se explica. El citado artículo impone la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. En el caso, este Juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso no cumplió con el principio de definitividad, antes de acudir al juicio de amparo. El principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, ya que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de derechos humanos, por lo que, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos; en consecuencia, al existir un medio ordinario de defensa el amparo resulta improcedente. Tal principio se reconoce en la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque prevé que contra actos u omisiones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo procede el amparo, debiendo agotar previamente los recursos ordinarios que establezca la ley de la materia; lo que también es recogido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sobre esa base, en el presente asunto, se colman los requisitos exigidos para la actualización de la aludida causa de improcedencia, en tanto que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en el acuerdo de veintitrés de septiembre del año en curso, dictado dentro del juicio laboral 01/299/11 JE2, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, dictado por su Presidente, en el que en esencia impuso una multa de treinta unidades de medida y actualización; y su ejecución, mientras que el impetrante no agotó en contra de ese auto el recurso previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo que procede contra el mismo. En efecto, los artículos 849 y 850, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 849.- Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." De tales dispositivos se desprende que contra los actos del Presidente en ejecución de laudos, procede la revisión, la cual deberá presentarse por escrito ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje correspondiente. En este contexto, el juicio de amparo promovido por la quejosa contra los actos reclamados y autoridades responsables señalados en la demanda de amparo, es improcedente al no haber agotado el principio de definitividad, porque el auto reclamado es posible que pueda ser modificado o revocado a través del medio de defensa que consiste en el recurso de revisión, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, que se promueva ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje correspondiente; improcedencia que se hace extensiva a la ejecución de dicho acuerdo, al no haber sido impugnada por vicios propios. Por tanto, el peticionario debe promover el recurso de revisión previsto en la ley laboral, para con ello, observar el principio de definitividad, ya que no se actualiza alguna excepción a este principio. Y dicha causal de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que en el caso es procedente el medio de defensa mencionado previo a la promoción del juicio de amparo; de ahí que resulte innecesario substanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1681, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la que se dispone: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo promovida. 3).- Domicilio de parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda y por autorizada la persona que menciona en los términos que señala, por tratarse de un asunto en materia laboral. Por otro lado, en términos del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, para mejorar la comunicación con las partes, se les invita a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales puedan entablar comunicaciones no procesales. 4).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa, en la fecha y hora generada en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". 5).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.
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