Raúl Balam Sabido

Expediente 820/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
820/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
13/09/2019

Partes del expediente

  • Raúl Balam Sabido
  • Raúl Balam Sabido y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio y anexo remitido por la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en alcance a su informe con justificación, el cual se ordena glosar a este expediente. Ahora bien, en atención al contenido del referido oficio y del informe con justificación de la responsable, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso Raúl Balam Sabido reclama la falta de cancelación del certificado de derechos sobre tierras de uso común 1724 del ejido Sisbicchen, Municipio de Chemax, Estado de Yucatán, la expedición y entrega de un nuevo certificado con el nombre correcto del aquí agraviado según sentencia emitida en el expediente TUA 1434/2013, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad, de acuerdo a su solicitud presentada ante la responsable el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Sin embargo, de las constancias certificadas conducentes remitidas por la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, las cuales remitió en apoyo a su informe justificado y al oficio de cuenta, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el cinco de agosto de dos mil diecinueve, la nombrada responsable entregó a José Carlos Be Canul, representante del quejoso Raúl Balam Sabido, el nuevo certificado de derechos sobre tierras de uso común con número 87591 de catorce de enero de dos mil quince, relativo al ejido Sisbicchen, Municipio de Chemax, Estado de Yucatán, en cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente TUA 1434/2013, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Cuatro, con residencia en esta ciudad. Lo anterior fue realizado con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el trece de junio de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas del veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de julio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido que de autos consta que el oficio y anexos remitidos por la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable en el presente juicio, fue puesto a la vista de las partes por acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, por lo que aún no transcurre el término señalado en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, a fin de permitir que las partes tengan oportunidad de conocer con la debida anticipación el contenido del referido oficio y anexos, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las once horas del veintidós de agosto de dos mil diecinueve. ....Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Se agrega a estos autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio de la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de once de julio del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ponen el citado oficio y anexos a la vista de las partes para el ejercicio de sus derechos, si así lo estimaren pertinente. Ahora bien, de las constancias remitidas, se advierte que obra el certificado de derechos sobre tierras de uso común número 87591, a nombre de Raúl Balam Sabido, el cual se encuentra a su disposición, en el centro de atención a usuarios de esa delegación, de acuerdo a lo informado por la autoridad responsable; por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales conducentes. Asimismo, en cuanto al domicilio procesal que señala en el oficio de cuenta, por proveído de once de los corrientes, se acordó al respecto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

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