Raúl Arturo Rivas Pech
Expediente 1759/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1759/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Raúl Arturo Rivas Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Se agregan a los presentes autos para los efectos legales correspondientes los informes justificados rendidos por el Juez de Control adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, por vacaciones del titular, con sede en Progreso y Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial, en funciones del titular, con sede en Valladolid, todos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, los cuales de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ponen a la vista de las partes para el uso de sus derechos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, los informes previos rendidos por el Juez de Control adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, por vacaciones del titular, con sede en Progreso y Juez Primero de Control del Tercer Distrito Judicial, en funciones del titular, con sede en Valladolid, todos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán; lo anterior para que sean tomados en consideración en el momento procesal oportuno de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
AVISO..QUEJOSA ..Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta que antecede de la que se advierte que Guadalupe Oropeza Ruiz, perito ejecutivo técnico "B" adscrita a la Delegación Estatal en Yucatán de la Procuraduría General de la República, ratificó su dictamen pericial rendido en este asunto; con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, póngase a la vista de las partes el dictamen de mérito por el término de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, la comunicación telegráfica enviada por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con el que informa la fecha que recibió el oficio 25217-IV en el que se le notificó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo aplicable, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia firmada el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó el presente juicio y en el segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. En consecuencia, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al Subdelegado de Prestaciones de Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, se sirvan informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo o bien, los actos realizados para ese fin, en el entendido de que los efectos concedidos en el presente juicio de amparo fueron los siguientes: ". a fin de restituir al solicitante de amparo en el goce del derecho humano violado, no se le aplique el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, por tanto, se deje sin efectos el acto de aplicación y todas sus consecuencias, consistentes en el oficio ISS.100.31.300.1.1006.06.2019 de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que determinó que la suma de sus pensiones de jubilación y viudez no podrían exceder el monto equivalente a diez salarios mínimos". Debiendo remitir a este tribunal federal las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se les señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Por otra parte, con fundamento en el artículo 192, párrafo tercero del ordenamiento legal invocado requiérase al Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como superior jerárquico del Subdelegado de Prestaciones de dicho Instituto; para que le ordene acatar la sentencia concesoria; apercibida que de no hacerlo de igual forma se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Mediad y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo, acorde con el ordinal 267, fracción I, de la ley reglamentaria vigente, e incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.
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