Raúl Arath Alcazar Ceja
Expediente 1396/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1396/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raúl Arath Alcazar Ceja
Actuaciones
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Pedimento ministerial. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo se tiene a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Cumple prevención Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por Julio Cesar Reyes Calderón, quien se ostenta como defensor particular de ********************, a través del cual, da cabal cumplimiento a la prevención formulada en auto de ocho de noviembre del año en curso; en tal virtud, se provee lo siguiente. Admisión de la demanda Admítase la demanda de amparo promovida contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Federal con residencia en esta ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. Fecha de la audiencia constitucional Se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Solicitud de informe justificado. Pídanse informe justificado a las autoridades responsables, las que deberán: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395, así como habrá de precisar que dicho informe y las constancias que anexa a aquel, de ser el caso, bajo protesta de decir verdad coinciden con sus originales; salvo que por el volumen o la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos (como en el sistema penal acusatorio) y otros documentos análogos. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida Actualización, equivalente a $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Solicitud de constancias relativas a la representación de quien se ostenta como defensor particular. Asimismo con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo se requiere a la referida autoridad responsable para que en el plazo de tres días remita las constancias con las que se demuestre que Julio Cesar Reyes Calderón, tiene la calidad de defensor particular de ********************. Intervención a la agente del ministerio público de la federación adscrita Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se autoriza la consulta vía electrónica Además, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al fiscal adscrito la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, "para que se le dé acceso en el usuario que corresponda"; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias. Emplazamiento de tercero interesado Resérvese el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe de las autoridades responsables. Incidente de suspensión. Con copia de la demanda fórmese incidente de suspensión en un solo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Requerimiento a las partes Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. Notificaciones a las responsables Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquellas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Se forma cuaderno de suspensión Tramítese en un solo tanto el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número III-1396/2023, como se ordenó en auto de este misma fecha en el expediente principal. Solicitud de informe previo Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, la que deberá: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395. Además deberán precisar bajo protesta de decir verdad que dicho informe coincide con su original. Además, solo en el caso de que estime indispensable remitir constancias junto con su informe, deberá formular la protesta antes referida, también respecto de las constancias anexadas. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida Actualización, equivalente a ********************), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Fecha de la audiencia incidental. Se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Debe aclararse que si bien en términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, la celebración de la audiencia incidental debe programarse dentro de los siguientes cinco días hábiles posteriores a la emisión del presente proveído, atendiendo a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, así como a la naturaleza misma del asunto que nos ocupa, es que dicha audiencia se fijó para la fecha y hora apuntada. Máxime que es un hecho notorio para este Juzgado Federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, que en los asuntos donde se ha fijado la fecha de la audiencia dentro del plazo legal referido, constantemente se difiere por falta de informes previos, recargando innecesariamente la agenda y las labores diarias de este juzgado de Distrito. Sin que dicha determinación constituya una afectación a las partes, en la medida que lo que se busca es evitar una serie de diferimientos y carga de trabajo innecesarios; y en su lugar programar la audiencia para una fecha más remota, aunque asegurando en mayor medida su celebración. Ello en aras de privilegiar los principios de economía procesal y gestionar de una manera los recursos humanos y materiales con los que cuenta este juzgado; lo cual en conjunto beneficia el derecho de acceso a una justicia pronta en beneficio de las partes. Apoya lo anterior la siguiente tesis aislada emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro: "AUDIENCIA INCIDENTAL SEÑALADA FUERA DEL TERMINO LEGAL. QUEJA INFUNDADA". Precisión del acto reclamado Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138 y 139 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) que exista solicitud del quejoso (petición de parte e interés suspensional); y, c) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Cubiertos los anteriores requisitos, debe llevarse a cabo: d) un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho, consistente en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto, sin dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues solo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderarse finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. En el caso concreto se cumplen los enunciados requisitos, pues el acto reclamado se hace consistir esencialmente en: El auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa penal ********************. a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. En efecto, la actuación reclamada, conforme a su naturaleza, se trata de un acto positivo, que crea un estado jurídico con efectos permanentes susceptibles de ejecutarse. Por tanto, de acuerdo a sus características es un acto suspendible, puesto que no agota todos sus efectos con su dictado. b) Que exista solicitud del quejoso. En el caso existe petición de suspensión y además la solicita quien resulta directamente agraviado con el acto reclamado, pues según lo expuesto en la demanda al quejoso le asiste la calidad de enjuiciado en la causa penal de origen, lo cual constituye en su favor un interés jurídico para solicitar la suspensión. c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión del acto combatido no perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándola de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño, pues la medida no propicia alguna de las situaciones previstas por el artículo 129 de la Ley de Amparo, ni alguna otra que se le equipare, habida cuenta que no interrumpe el desarrollo del juicio en cuanto a sus etapas procesales ni impide el dictado de la sentencia con que se decida la controversia. En cambio, suspender los efectos del dictado del auto de vinculación a proceso reclamado de la manera en que más adelante se indicará garantiza el impedir la continuación del juicio penal de origen a su etapa siguiente. Lo anterior, atiende a la preservación de la materia del amparo que implica continuar con la etapa de juicio en la causa penal de origen, dejando consumados de manera irreparable lo reclamado en torno al auto de vinculación a proceso. d) Análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. En el particular ha quedado de manifiesto que el acto reclamado no afecta por sí solo el orden público ni el interés social y, por el contrario, su ejecución puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, al continuar con la causa penal de origen en su etapa de juicio, lo cual en conjunto con el peligro en la demora que supone la tardanza en resolver, torna procedente conceder la medida cautelar solicitada. Efectos de la medida cautelar Con fundamento en los artículos 136, 138, 147 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, es decir, para que se continúe con la causa penal de origen hasta la culminación de la etapa intermedia y una vez hecho lo anterior suspenda el juicio. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 25/2023 (11a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo II, página 1641, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU CONCESIÓN EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. Hechos: Un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito se pronunciaron respecto a la procedencia de la suspensión; provisional en el caso del primer órgano jurisdiccional y definitiva respecto del segundo, cuando el acto reclamado en el amparo indirecto consistía en el auto de vinculación a proceso. Y en sus respectivas resoluciones, sobre la base de las consideraciones que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), el primero de ellos sostuvo que no era procedente conceder la suspensión provisional porque se trataba de un acto que no generaba en automático la privación total de la libertad personal del imputado; mientras que el segundo consideró que el auto de vinculación a proceso generaba una perturbación que, aunque indirecta, incidía en la libertad personal del imputado y, por ello, era susceptible de otorgarse la suspensión definitiva. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el auto de vinculación a proceso no genera efecto alguno sobre la libertad de la persona imputada. Sin embargo, en respeto al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, una vez reunidos los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, procede su suspensión, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la propia ley, cuando la parte quejosa solicita esa medida cautelar en el juicio de amparo indirecto que promueve contra esa determinación procesal que define su situación jurídica. Justificación: El criterio reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", con relación a los alcances y efectos del auto de vinculación a proceso sobre el derecho fundamental a la libertad personal de los imputados, no resulta acorde con las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, a partir del tres de abril de dos mil trece; y en consecuencia, no es aplicable a supuestos regidos por ésta. Ello, porque tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se desprende que el auto de vinculación a proceso no tiene incidencia alguna sobre el derecho fundamental a la libertad de la persona imputada; pues del código mencionado se colige que sus efectos se limitan a establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o bien, respecto de los que se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura al juicio o el sobreseimiento, lo que pone en evidencia que su objetivo se constriñe a definir la situación jurídica de la persona imputada y no privarla de su libertad para asegurar su presencia en el procedimiento, ya que para tales efectos se prevén otras medidas legales; y en la Ley de Amparo, a pesar de que el auto de vinculación a proceso constituye una resolución que para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, excepciona el principio de definitividad, se le desvincula por completo de aquellos actos que afectan la libertad personal. Y precisamente porque el auto de vinculación a proceso no afecta ese derecho fundamental de los imputados de un delito, es por lo que no figura en la parte especial dedicada a la procedencia y efectos de la suspensión de actos en materia penal, que se regula en los artículos 159 a 169 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ello no implica que dicha medida cautelar no proceda respecto de esa resolución procesal porque la Primera Sala, en la contradicción de tesis 397/2016, estableció que el hecho de que un acto de la materia penal no se encuentre contemplado dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión del acto reclamado que precisó el legislador en la parte especial de la Ley de Amparo, no es suficiente para determinar que la medida cautelar sea improcedente porque, en principio, todo acto reclamable es susceptible de ser suspendido, como consecuencia directa del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese orden de ideas, tratándose de la suspensión del auto de vinculación a proceso, se debe atender a las reglas generales que regulan los tipos de suspensión de oficio y a petición de parte, aplicables a todas las materias, previstas en la Ley de Amparo; y una vez constatado que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de ese ordenamiento legal, procederá la medida cautelar, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la misma ley, es decir, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Tales efectos subsistirán en tanto se notifique a las responsables la resolución incidental que decida sobre la suspensión definitiva. Garantía La medida cautelar que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si el citado quejoso, no exhibe ante y a satisfacción de este juzgado y dentro del término de CINCO DÍAS, garantía por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que deberá ser exhibida en billete de depósito del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., y en el deberá aparecer como depositante el impetrante de garantías, o en cualquiera otra de las formas establecidas por la ley, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Autorización de copias y de uso de instrumentos digitales Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Cuenta con autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las autoridades responsables Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, no han informado sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, esto, si ya realizó la devolución del concepto de corralón y arrastre y el pago de la multa, que erogó el quejoso, a consecuencia de la boleta de infracción que le fue levantada. No obstante, mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo al Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica, encargado de la defensa jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del estado de Michoacán, informando que con fecha dos de mayo del año en curso, mediante oficio SFA/DGJ/DC/2542/2023, solicitó a la Dirección de Operación de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración, para que de conformidad a sus atribuciones informara a la brevedad posible, la situación financiera con relación al numerario donde se acordó la devolución a favor del contribuyente Eduardo Abraham Vázquez González o bien, indicara si la cantidad de $13,470.00 (Trece mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.), ya le fue debidamente reintegrada a éste. Por su parte el Jefe de Departamento de Amparos y Procesos Administrativos de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, hizo del conocimiento a este órgano jurisdiccional que el quejoso ha sido omiso en comparecer ante sus instalaciones a efecto de iniciar con el trámite correspondiente a la devolución del pago de arrastre y corralón. Se requiere a la responsable. En consecuencia, se estima necesario requerir a las responsables, para que dentro del término de tres días siguientes, realicen lo siguiente: 1) El Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, informe si ya realizó la devolución correspondiente al pago de arrastre y corralón al quejoso Eduardo Vázquez González; y, 2) La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, informe si ya realizó la devolución de la multa pagada por el quejoso. En ambos supuestos, deberán remitir las constancias con las que acrediten esas actuaciones; o bien, informen los trámites que se encuentran realizando para tal efecto. Subsiste apercibimiento para las responsables En el concepto de que subsisten los apercibimientos que les fueron formulados en auto de uno de julio de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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