Raúl Ángel Ortiz Rojas

Expediente 1315/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1315/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Raúl Ángel Ortiz Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. En esas condiciones, provéase sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías promovida por Raúl Ángel Ortiz Rojas, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, 113, 171 y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.]" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. ; [.]". De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. Ahora, al resolver la contradicción de tesis 96/2016 el Alto Tribunal en Pleno consideró que la figura jurídica de la acumulación se trata de una institución procesal que otorga sólo derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que si bien la decisión que se tome en el procedimiento -tanto de acumular o no diversos juicios- pudiera afectar derechos de las partes, éstos no tienen el carácter de derechos sustantivos, pues se trata de derechos adjetivos reconocidos a las partes no por la Constitución, sino por normas ordinarias, por lo que cualquier violación cometida derivada de la acumulación, afectará sólo al procedimiento en el que se plantee y a los derechos procesales de las partes, pero no a las personas titulares de derechos sustantivos, en su carácter de personas y no como partes en un juicio. Además, el Tribunal explicó que tampoco la decisión respecto de una acumulación, como figura procesal, puede generar una afectación sustantiva sustentada en la transgresión del artículo 17 constitucional en relación con el derecho a una impartición de justicia de forma pronta, completa e imparcial; lo anterior, pues si bien el referido artículo Constitucional tiene como objeto regular de forma eficaz la impartición de justicia, verificando que los procedimientos se integren debidamente, ello no se traduce en una afectación material a un derecho sustantivo que haga procedente el recurso, pues la afectación en su caso se materializará hasta el dictado de la sentencia en donde se determinará si la litis está debidamente integrada y si la parte que aduce la violación procesal no obtuvo sentencia favorable. Así, el Pleno concluyó que los actos relacionados con la acumulación de juicios, se tratan de resoluciones procesales que no pueden tener una afectación material a derechos sustantivos, que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tanto que las posibles afectaciones que genera se refieren sólo a cuestiones adjetivas o procesales, en tanto se trata de derechos adjetivos otorgados por leyes secundarias para que los procedimientos puedan desarrollarse de la mejor forma posible; aunado a que las afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamarse se materializarán al dictarse la sentencia, si la parte no obtiene sentencia favorable. El anterior razonamiento quedó plasmado en la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2013364 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 38, Enero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2016 (10a.) Página: 5 "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." Contradicción de tesis 96/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto en Materia Civil del Tercer Circuito y Quinto del Décimo Quinto Circuito. 19 de septiembre de 2016. Mayoría de cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz y José Fernando Franco González Salas. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis XV.5o.2 K (10a.), de título y subtítulo: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA Y QUE SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO, NO ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE LLEVE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.", aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de enero de 2014 a las 13:02 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 2945, y El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la queja 49/2016. El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 32/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de enero de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. En el caso, del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente al reclamarse en la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, dentro del toca IV-16/2019 que decretó la acumulación de los autos del juicio ordinario familiar oral 343/2019 al diverso juicio especial oral familiar 419/2018; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, 171 y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Así las cosas, acorde al criterio jurisprudencial previamente citado, se estima que el acto reclamado no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), pues solo se trata de un acuerdo de trámite que no lo privan de algún derecho sustancial, sino que es de naturaleza inminentemente adjetiva, de manera que será hasta la sentencia que resuelva en definitiva el juicio oral familiar, supuesto en el cual, incluso tampoco sería procedente la de vía de amparo indirecta. Cabe mencionar que la determinación del órgano responsable en el sentido de acumulación de autos, no fija el sentido en que habrá de dictarse la resolución correspondiente, pues faltaría la valoración que la autoridad del procedimiento de origen otorgue a los medios de convicción, así como el análisis que por obligación realice respecto a la procedencia o improcedencia de la demanda puesta a su consideración; de ahí que el acto reclamado no se pueda considerar como de aquellos que afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte amparista. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, 171 y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por tanto se impone desechar la demanda de amparo analizada. Por los motivos que contienen, se citan los criterios de jurisprudencia siguientes. "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". "Tesis: I.11o.C. J/7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 175081 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Mayo de 2006 Página 1536 Jurisprudencia (Común) GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. Amparo en revisión 198/2002. Lorelei Edna Vigueras Elizalde y otra. 4 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. Amparo en revisión (improcedencia) 203/2002. Lorelei Edna Vigueras Elizalde y otra. 27 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Zeus Hernández Zamora. Amparo en revisión (improcedencia) 276/2003. Melvin Investment LTD. 21 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: Vanessa Delgadillo Hernández. Amparo en revisión (improcedencia) 437/2005. María Teresa Montagut Goya. 26 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. Amparo en revisión (improcedencia) 102/2006. Tecnoarquitectura, S.A. de C.V. 20 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez." Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Raúl Ángel Ortiz Rojas , contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Dado lo asentado en la certificación secretarial que obra al rubro, se tienen como autorizada para oír y recibir notificaciones de la parte promovente a Sonia Zavala López, con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos a Vanessa Karina Martínez Huerta, hasta en tanto acredite encontrarse facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. En esas condiciones, provéase sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías promovida por Raúl Ángel Ortiz Rojas, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, 113, 171 y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.]" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. ; [.]". De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. Ahora, al resolver la contradicción de tesis 96/2016 el Alto Tribunal en Pleno consideró que la figura jurídica de la acumulación se trata de una institución procesal que otorga sólo derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que si bien la decisión que se tome en el procedimiento -tanto de acumular o no diversos juicios- pudiera afectar derechos de las partes, éstos no tienen el carácter de derechos sustantivos, pues se trata de derechos adjetivos reconocidos a las partes no por la Constitución, sino por normas ordinarias, por lo que cualquier violación cometida derivada de la acumulación, afectará sólo al procedimiento en el que se plantee y a los derechos procesales de las partes, pero no a las personas titulares de derechos sustantivos, en su carácter de personas y no como partes en un juicio. Además, el Tribunal explicó que tampoco la decisión respecto de una acumulación, como figura procesal, puede generar una afectación sustantiva sustentada en la transgresión del artículo 17 constitucional en relación con el derecho a una impartición de justicia de forma pronta, completa e imparcial; lo anterior, pues si bien el referido artículo Constitucional tiene como objeto regular de forma eficaz la impartición de justicia, verificando que los procedimientos se integren debidamente, ello no se traduce en una afectación material a un derecho sustantivo que haga procedente el recurso, pues la afectación en su caso se materializará hasta el dictado de la sentencia en donde se determinará si la litis está debidamente integrada y si la parte que aduce la violación procesal no obtuvo sentencia favorable. Así, el Pleno concluyó que los actos relacionados con la acumulación de juicios, se tratan de resoluciones procesales que no pueden tener una afectación material a derechos sustantivos, que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tanto que las posibles afectaciones que genera se refieren sólo a cuestiones adjetivas o procesales, en tanto se trata de derechos adjetivos otorgados por leyes secundarias para que los procedimientos puedan desarrollarse de la mejor forma posible; aunado a que las afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamarse se materializarán al dictarse la sentencia, si la parte no obtiene sentencia favorable. El anterior razonamiento quedó plasmado en la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2013364 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 38, Enero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2016 (10a.) Página: 5 "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." Contradicción de tesis 96/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto en Materia Civil del Tercer Circuito y Quinto del Décimo Quinto Circuito. 19 de septiembre de 2016. Mayoría de cinco votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz y José Fernando Franco González Salas. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz. Tesis y/o criterios contendientes: Tesis XV.5o.2 K (10a.), de título y subtítulo: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA Y QUE SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO, NO ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE LLEVE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.", aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de enero de 2014 a las 13:02 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 2945, y El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la queja 49/2016. El Tribunal Pleno, el veintiocho de noviembre en curso, aprobó, con el número 32/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de enero de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. En el caso, del análisis integral de la demanda, en observancia a lo dispuesto por los artículos antes transcritos, se considera que la misma resulta improcedente al reclamarse en la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, dentro del toca IV-16/2019 que decretó la acumulación de los autos del juicio ordinario familiar oral 343/2019 al diverso juicio especial oral familiar 419/2018; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, 171 y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. Así las cosas, acorde al criterio jurisprudencial previamente citado, se estima que el acto reclamado no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, dado que no producen a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos (derechos fundamentales de los gobernados tutelados por la constitución federal), pues solo se trata de un acuerdo de trámite que no lo privan de algún derecho sustancial, sino que es de naturaleza inminentemente adjetiva, de manera que será hasta la sentencia que resuelva en definitiva el juicio oral familiar, supuesto en el cual, incluso tampoco sería procedente la de vía de amparo indirecta. Cabe mencionar que la determinación del órgano responsable en el sentido de acumulación de autos, no fija el sentido en que habrá de dictarse la resolución correspondiente, pues faltaría la valoración que la autoridad del procedimiento de origen otorgue a los medios de convicción, así como el análisis que por obligación realice respecto a la procedencia o improcedencia de la demanda puesta a su consideración; de ahí que el acto reclamado no se pueda considerar como de aquellos que afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de la parte amparista. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, aplicado a contrario sensu, 171 y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por tanto se impone desechar la demanda de amparo analizada. Por los motivos que contienen, se citan los criterios de jurisprudencia siguientes. "Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 205651 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Página 11 Jurisprudencia (Común) EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Contradicción de tesis 47/90. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión números 1303/90 y 939/89, respectivamente. 9 de enero de 1992. Mayoría de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Disidentes: Lanz Cárdenas, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester. Ausente: Adato Green. Secretario: Miguel Angel Castañeda Niebla". "Tesis: I.11o.C. J/7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 175081 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Mayo de 2006 Página 1536 Jurisprudencia (Común) GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. Amparo en revisión 198/2002. Lorelei Edna Vigueras Elizalde y otra. 4 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. Amparo en revisión (improcedencia) 203/2002. Lorelei Edna Vigueras Elizalde y otra. 27 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Zeus Hernández Zamora. Amparo en revisión (improcedencia) 276/2003. Melvin Investment LTD. 21 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretaria: Vanessa Delgadillo Hernández. Amparo en revisión (improcedencia) 437/2005. María Teresa Montagut Goya. 26 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. Amparo en revisión (improcedencia) 102/2006. Tecnoarquitectura, S.A. de C.V. 20 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo viuda de Magaña Cárdenas. Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez." Los criterios invocados en este acuerdo se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Raúl Ángel Ortiz Rojas , contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Dado lo asentado en la certificación secretarial que obra al rubro, se tienen como autorizada para oír y recibir notificaciones de la parte promovente a Sonia Zavala López, con la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, y únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos a Vanessa Karina Martínez Huerta, hasta en tanto acredite encontrarse facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.

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