Raúl Antonio Gómez Anell
Expediente 806/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 20 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 30/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raúl Antonio Gómez Anell
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
... Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, esta Potestad Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia dictada el ocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 181 a 191), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Raúl Antonio Gómez Anell, en los siguientes términos: ".para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente la audiencia impugnada y, siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria, se pronuncie de manera inmediata respecto de la convivencia de las menores de edad con su progenitor, tomando las medidas necesarias para que se lleven a cabo dichas convivencias, al no advertir, hasta ese momento procesal, un peligro inminente, como lo sostuvo, el juez responsable..." Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, por auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el mismo, y se ordenó requerir el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de Ley de Amparo, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que les fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 231 a 233). Por oficio de trece de diciembre de dos mil dieciséis, signado por la Juez Octava de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, informó y remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector emitido (fojas 248 a 252); por lo anterior, mediante acuerdo de quince de diciembre pasado, quedaron los autos a la vista de las partes, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (fojas 254 y 255); sin que lo hubieren hecho. Ahora, el amparo concedido a Raúl Antonio Gómez Anell, por su propio derecho fue para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Dejará insubsistente la audiencia reclamada de treinta de junio de dos mil dieciséis, celebrada en autos del expediente civil 722/2016/II de su índice; y 2. Se pronunciara respecto de la convivencia de las menores de edad con el aquí quejoso. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que por auto de trece de diciembre último, dejó insubsistente los acuerdos dictados en la audiencia de treinta de junio de dos mil dieciséis, celebrada en autos del expediente civil 722/2016/II de su índice y en proveído de misma fecha decretó un nuevo régimen de visitas y convivencias que las menores deberán tener con su progenitor, la certificación solicitada por el citado Raúl Antonio Gómez Anell, estableciendo las bases de convivencia de ambos padres con sus menores hijas. En tales condiciones, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que se restituyó a los solicitantes del amparo en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Gírese oficio a la autoridad responsable que tuvo a su cargo el cumplimiento de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente, carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su destrucción. Asimismo, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; comunicado mediante oficio número CCJ/ST/8603/2016 de seis de diciembre de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Roberto Carlos Esteves Aguilar, secretario quien autoriza y da fe.
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, esta Potestad Federal procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia dictada el ocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 181 a 191), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Raúl Antonio Gómez Anell, en los siguientes términos: ".para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente la audiencia impugnada y, siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria, se pronuncie de manera inmediata respecto de la convivencia de las menores de edad con su progenitor, tomando las medidas necesarias para que se lleven a cabo dichas convivencias, al no advertir, hasta ese momento procesal, un peligro inminente, como lo sostuvo, el juez responsable..." Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, por auto de siete de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria el mismo, y se ordenó requerir el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de Ley de Amparo, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que les fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 231 a 233). Por oficio de trece de diciembre de dos mil dieciséis, signado por la Juez Octava de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con residencia en esta ciudad, informó y remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector emitido (fojas 248 a 252); por lo anterior, mediante acuerdo de quince de diciembre pasado, quedaron los autos a la vista de las partes, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (fojas 254 y 255); sin que lo hubieren hecho. Ahora, el amparo concedido a Raúl Antonio Gómez Anell, por su propio derecho fue para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Dejará insubsistente la audiencia reclamada de treinta de junio de dos mil dieciséis, celebrada en autos del expediente civil 722/2016/II de su índice; y 2. Se pronunciara respecto de la convivencia de las menores de edad con el aquí quejoso. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que por auto de trece de diciembre último, dejó insubsistente los acuerdos dictados en la audiencia de treinta de junio de dos mil dieciséis, celebrada en autos del expediente civil 722/2016/II de su índice y en proveído de misma fecha decretó un nuevo régimen de visitas y convivencias que las menores deberán tener con su progenitor, la certificación solicitada por el citado Raúl Antonio Gómez Anell, estableciendo las bases de convivencia de ambos padres con sus menores hijas. En tales condiciones, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos, ya que se restituyó a los solicitantes del amparo en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Gírese oficio a la autoridad responsable que tuvo a su cargo el cumplimiento de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se decreta que este expediente junto con el original del incidente, carecen de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración, y por cuanto ve al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en atención a lo ordenado en el párrafo segundo, de la fracción III, del punto y normativa invocada, procede su destrucción. Asimismo, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el expediente principal y el original del incidente de suspensión a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguesele copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; comunicado mediante oficio número CCJ/ST/8603/2016 de seis de diciembre de dos mil dieciséis, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Roberto Carlos Esteves Aguilar, secretario quien autoriza y da fe.
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