Raúl Ahmed Nasser Vicencio
Expediente 1099/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raúl Ahmed Nasser Vicencio
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Raúl Ahmed Nasser Vicencio, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1099/2019/V-B. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Raúl Ahmed Nasser Vicencio reclama en esta instancia constitucional la orden de traslado del Centro de Reinserción Social......De esta manera, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 57, primer párrafo, 107, 108, 109, 114, 116 y 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, comprendidos en los capítulos III y IV, relativos al procedimiento administrativo y a las controversias ante el Juez de Ejecución. Ello es así, toda vez que los artículos 57, 107, 108, 109 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén el mecanismo de protección denominado "petición administrativa", el cual puede ser promovido, entre otros, por las personas privadas de su libertad, para impugnar hechos, actos u omisiones de las condiciones de internamiento, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y de ser así, la subsanación de ésta. Incluso, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que en caso de que la petición administrativa sea resuelta en sentido contrario a los intereses del promovente o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, éste puede formular controversia ante el juez de ejecución, con el requisito de que se hubiera agotado la petición administrativa. Tal controversia judicial en términos del diverso artículo 116 del ordenamiento invocado, procede respecto de las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con el mismo y el aquí quejoso en su calidad de interno del centro penitenciario donde se encuentra, está legitimado para promoverla conforme al numeral 117 de la ley invocada. En ese orden de ideas, la "petición administrativa" es un medio de defensa judicializado, idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla, el cual se compone de dos instancias, debido a que en caso de recibir una respuesta negativa, el peticionario puede recurrirla ante el juez de ejecución Cabe destacar que si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En ese tenor, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme con el nuevo sistema penal acusatorio. En el caso concreto, el quejoso Raúl Ahmed Nasser Vicencio, como se dijo, reclama en esta instancia constitucional la orden de traslado del Centro de Reinserción Social, con sede en Pacho Viejo, en el que se encontraba interno, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas". Por lo tanto, se concluye que este juicio es improcedente porque el promovente antes de acudir a la instancia de amparo debió agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través del mismo, es posible lograr que las autoridades responsables se pronuncien respecto de su petición de inmediato y, en su caso, formular controversia ante el juez de ejecución, máxime que no se actualiza algún caso de excepción al citado principio. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo. Similar criterio adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, en el toca 38/2019 de su índice, al declarar infundado el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de diecinueve de febrero del año en curso, emitido por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en los autos del juicio de amparo 135/2019 de su índice, en el que desechó de plano la demanda de amparo promovida en aquellos autos, contra "la orden de traslado. a otro centro penitenciario". DOMICILIO. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS Chiapas"; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, de la Ley de Amparo, 298, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al precepto 2° de la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno, en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, a fin de que por su conducto notifiquen al impetrante del amparo Raúl Ahmed Nasser Vicencio el presente proveído, en su centro de reclusión; comunicación que deberá ser enviada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, por lo que hágase uso de la firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación, con apoyo en los artículos 107 a 11 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 300, del Código Federal invocado, se faculta al Titular del órgano de control constitucional que corresponda diligenciar esta comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellos acordar promociones, girar oficios, habilitar días y horas inhábiles, así como para imponer sanciones. Asimismo, se solicita al Juez Federal que conozca del exhorto de referencia, que una vez realizada la diligencia encomendada la remita a la brevedad posible, únicamente vía electrónica. No obstante lo anterior, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, los estrados de este Juzgado, por así haberlo solicitado. AUTORIZADOS. Téngase como autorizada del quejoso a Alba Vicencio Morales, con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese por lista de acuerdos al quejoso y mediante exhorto que al efecto se libre... SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA...
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