Raúl Antonio Correa Arenas

Expediente 119/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
119/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Raúl Antonio Correa Arenas
  • Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control En la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    En dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, doy cuenta al Juez, con un oficio y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado, registrado bajo el folio 10922, dentro del juicio de amparo 119/2020. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Llegada de autos. Téngase a la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, devolviendo el legajo impreso del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, y remitiendo testimonio de la ejecutoria pronunciada el quince de julio de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión administrativa 19/2021, de la que se advierte que, dicho tribunal, por una parte, confirmó la sentencia recurrida en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra declaró sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la autoridad responsable. Acúsese el recibo de estilo; incorpórese a los autos el testimonio de la ejecutoria y anexos originales, no así el legajo impreso del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, toda vez que corresponden a actuaciones de este propio órgano, lo anterior con fundamento en el artículo 22, cuarto párrafo, fracción III, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. 2. Se ordena archivo y reserva envío físico del expediente. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada; realícese la notación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.1. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del referido Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; por lo que una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el penúltimo párrafo del artículo citado, depúrese el cuaderno original del incidente de suspensión, para su posterior transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, destrúyase en el término de seis meses, de conformidad con el artículo 20, inciso a), fracción II, del referido acuerdo. Finalmente, toda vez que los cuadernos incidentales no se agregarán al cuaderno principal, hágase la anotación en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    En ocho de marzo de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez con oficio recibido vía interconexión el cual fue registrado con el folio 2788, y con el estado que guardan los autos. Conste.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, en atención al contenido de la Circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dispuso en ella que el ordenamiento para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020 y 37/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, ante la contingencia por el virus COVID-19, se emiten las determinaciones siguientes: Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 82, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Titular de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Michoacán, interponiendo revisión adhesiva; por tanto, una vez que se integre el presente asunto, remítase a la superioridad para lo que a bien tenga determinar. Por otra parte, de autos se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios 14304/2020 y 16602/2020, dirigidos a la autoridad responsable Administrador Desconcentrado de Recaudación en Michoacán, con sede en Morelia, con los que se notificó la sentencia emitida en autos y el proveído por el que se interpuso recurso de revisión contra la misma; en esa virtud, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación acuse el recibo correspondiente, apercibido que de no hacerlo, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Pedro Allende Nazario.

  4. Principal

    R- S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo 119/2020, promovido1 por Raúl Antonio Correa Arenas, por alegada violación de los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas y otra autoridad, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO. Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. La parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente2: La falta de emplazamiento al procedimiento administrativo de inconformidad inc. 002/2019, así como la imposición de una multa de ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización que asciende a la cantidad de $13,032.00 (trece mil treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), ordenada mediante oficio 9178/041/220 de trece de febrero de dos mil veinte, dentro de dicho procedimiento y su ejecución. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal3, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. 1 Por escrito presentado a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el veinticinco de febrero de dos mil veinte, y ampliación de demanda de veintisiete de agosto de dos mil veinte. 2 Esta precisión se realiza con fundamento en el 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". 3 Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como de los Juzgados de Distrito. HÉCTOR GUERRERO VÉJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e0.17 27/02/23 10:01:55 TERCERA. Norma general, actos u omisiones cuya existencia sí quedó acreditada. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, pues al rendir su informe justificado aceptó que impuso al quejoso una multa4. Certeza que se corrobora con las constancias de la tramitación del referido procedimiento, con valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones5. Es cierto el acto de ejecución reclamado de la autoridad responsable Administrador de Recaudación de Michoacán 1, con sede en Morelia, no obstante que lo haya negado al rendir su informe justificado, pues en su carácter de autoridad ejecutora le corresponde hacer efectiva la multa impuesta. De igual manera, es cierto el acto reclamado de la autoridad ordenadora, consistente en la falta de emplazamiento al referido procedimiento, lo anterior, no obstante que no obre su informe justificado en relación con la ampliación de demanda, pues de las constancias que obran en autos se desprende tal omisión6. 4 Véase la Jurisprudencia número 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice de 1995, correspondiente a la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. 5 Consúltese la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." 6 Es aplicable en lo conducente, la tesis VI.1o.P.32K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 910, Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO A LA AUTORIDAD EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SU EXISTENCIA DEPENDE DE SI LA ORDENADORA LO ADMITIÓ, Y DE SU LEGAL INTERVENCIÓN EN SU EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO O LA NEGATIVA DE SU EXISTENCIA, POR LO QUE NO ES APLICABLE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. En la sustanciación del juicio de amparo directo, para determinar la certeza del acto reclamado a la autoridad ejecutora es suficiente que la autoridad señalada como ordenadora admita la existencia de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin a un juicio cuya ejecución se reclama, a pesar de que la referida autoridad ejecutora hubiera omitido rendir su informe, o emitiéndolo hubiera negado su existencia, siempre y cuando esté entre sus facultades el cumplimiento de la misma. Lo anterior debido a que en los juicios de amparo directo sólo procede impugnar sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, así como su ejecución en vía de consecuencia lógico-jurídica y no por vicios propios, tal y como lo ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.". Esto es, ante la omisión del informe justificado de la autoridad señalada por el quejoso como ejecutora, ya sea porque no fue debidamente emplazada o porque habiéndolo sido no lo rindió, no puede presumirse cierto el acto a ella atribuido, conforme lo dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, debido a que éste sólo rige en la sustanciación del juicio de amparo indirecto, al no poderse hacer una aplicación extensiva del mismo precepto, toda vez que la naturaleza del juicio uniinstancial es diversa a la de aquél, puesto que, mientras en la vía directa los actos HÉCTOR GUERRERO VÉJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e0.17 27/02/23 10:01:55 ??????????????? CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Así, se estima que sobrevino la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo7, toda vez que la parte quejosa carece de interés para reclamar el emplazamiento al procedimiento administrativo. El referido interés consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, esto es, el derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio, una ofensa o daño en los derechos o intereses del particular8. Así, a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho público subjetivo, que dice fue infringido en su perjuicio por las autoridades que emitieron los actos reclamados, para lo cual no será suficiente que las autoridades responsables informen que es cierto el acto para concluir necesariamente que el mismo perjudica al promovente, puesto que el perjuicio depende de que existan, legítimamente tutelados, los derechos cuyo respeto reclama mediante la acción constitucional. reclamados cuyo estudio se efectúa siempre deben ser reales y de existencia comprobada en autos, pues su análisis sólo puede hacerse mediante el examen de lo efectivo y expresamente expuesto por la responsable; en estas condiciones, de concederse el amparo, la ordenadora siempre deberá emitir un nuevo fallo, que desde luego trasciende a las autoridades ejecutoras; en la indirecta los actos de ejecución impugnables no siempre son reales, sino en ocasiones producto de una ficción jurídica y, en este último caso, en el supuesto de una concesión del amparo, fundada en la presunción del acto reclamado que sea inconstitucional en sí mismo, debe cumplirse con independencia de que efectivamente el acto sea existente, en razón de que, para efectos única y exclusivamente del juicio de amparo sí lo es, tal y como ya se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada número CXXXIV/98, cuyo rubro es: "SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE REVOCAR EL ACTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL QUE SE TUVO POR CIERTO ANTE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y QUE EN SÍ MISMO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EFECTIVAMENTE LO HAYA EMITIDO."; lo que en la vía directa de ninguna manera podría operar, dado que la calificación de constitucionalidad del acto reclamado invariablemente dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el mismo. Por otro lado, y en el caso de que la responsable ejecutora al rendir su informe justificado hubiera negado la existencia del acto a ésta, también deberá tenerse por cierto, siempre que la ordenadora lo hubiere reconocido, y entre las funciones de la ejecutora esté el cumplimiento del referido acto debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde lo que se resuelva respecto de uno tiene que resolverse igualmente por lo que toca al otro, esto es, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 7 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" 8 Es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 582 del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." HÉCTOR GUERRERO VÉJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e0.17 27/02/23 10:01:55 A efecto de corroborar la causa de improcedencia invocada, conviene señalar los siguientes antecedentes, que se extraen de las constancias del procedimiento administrativo de inconformidad inc. 002/2019, a saber. ? En treinta de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió el recurso de inconformidad interpuesto por Raymundo López Olvera, en cuanto representante legal de la empresa Loros S.A. de C.V. común de las diversas Constructora Eunice S.A. de C.V. Prefabricados, Materiales y Acarreos de Occidente S.A. de C.V. y la persona física Octavio Rodríguez López, contra el fallo de licitación pública nacional 09178002-027-19, convocada por la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas S.A. de C.V. (fojas 1 a 2 del informe justificado). ? En proveído de siete de enero de dos mil veinte, el representante legal de la referida Administración compareció ante la responsable a rendir informe previo en relación con la suspensión provisional concedida en el citado recurso de inconformidad (fojas 4 a 15 del informe justificado). ? En nueve de enero de dos mil veinte, se resolvió sobre la suspensión definitiva en dicho procedimiento (fojas 72 a 75 del informe justificado). ? En trece de febrero de dos mil veinte, se impuso al quejoso una multa al no haber acatado tanto la suspensión provisional y definitiva concedida (fojas 2 a 5 de las documentales que se recibieron como complemento del informe justificado). Con base en el anterior, se estima que si en el caso, el quejoso no es parte en el procedimiento administrativo, es evidente que no tiene interés jurídico para reclamar en vía de amparo el trámite del referido asunto. En todo caso, como se vio, quien resulta ser parte en dicho procedimiento es la persona moral que representa, esto es, la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., misma que, según consta de constancias compareció al procedimiento a través del apoderado legal. Sin que obste el hecho de que se pruebe la existencia de los actos que se reclaman, pues ello en modo alguno revela el interés jurídico del quejoso para acudir al juicio de amparo, en tanto no demuestre que se le afecte de algún modo en su esfera de derechos ventilados en ese trámite. Y si bien, se le impuso una multa dentro de dicho procedimiento, también lo es que en modo alguno se le dejó en estado de indefensión, puesto que tuvo conocimiento de ese acto desde el diecisiete de febrero de dos mil veinte, como se desprende de la demanda de amparo, por lo que estuvo en HÉCTOR GUERRERO VÉJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e0.17 27/02/23 10:01:55 ??????????????? aptitud de atacarlo a través del medio legal correspondiente, además de que, tal medida es independiente del referido procedimiento. De ahí que, se insista en que el quejoso no tiene interés en que sea llamado al procedimiento administrativo de que se trata. Ahora, por lo que ve al acto reclamado consistente en la multa que le fue impuesta dentro del procedimiento en cita, se aprecia se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo,9 al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo. Efectivamente, la fracción citada contiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es, el de DEFINITIVIDAD, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En atención a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. 9 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". HÉCTOR GUERRERO VÉJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e0.17 27/02/23 10:01:55 En relación con ello, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, entre otros, en los que se impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.10 En el caso, al quejoso le fue impuesta una multa en términos del artículo 120, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, virtud a que no acató la suspensión provisional y definitiva concedida en el procedimiento administrativo inc. 002/2019. Las medidas de apremio (multas) constituyen instrumentos jurídicos a través de los cuales la autoridad en el procedimiento administrativo puede hacer cumplir coactivamente sus requerimientos o determinaciones, lo que implica que, una vez dictadas, se convierten en actos definitivos e independientes del procedimiento del que derivaron. En ese sentido, cuando una autoridad impone como medida de apremio la multa, ésta es impugnable a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la fracción III del artículo 14 de su Ley Orgánica, en virtud del fundamento legal en que se apoyó su emisión, esto es, una norma administrativa federal y por la independencia que guarda la multa en relación con el procedimiento en el que se dictó.11 Por tanto, si en el caso la multa se encuentra fijada en términos de una norma administrativa federal, es evidente que, la impugnación de tal medio de apremio debió recurrirse a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Consecuentemente, al quedar acreditado que el quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo, y 10 ARTÍCULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: . III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;. 11 Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 153/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1534, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. Las medidas de apremio constituyen instrumentos jurídicos a través de los cuales el juzgador o la autoridad en el procedimiento administrativo pueden hacer cumplir coactivamente sus requerimientos o determinaciones, lo que implica que, una vez dictadas, se convierten en actos definitivos e independientes del procedimiento del que derivaron; por ello, cuando una autoridad perteneciente a la Procuraduría Federal del Consumidor, en el desempeño de sus atribuciones legales, impone como medida de apremio la multa prevista en el indicado precepto, ésta es impugnable a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la fracción III del artículo 14 de su Ley Orgánica, en virtud del fundamento legal en que se apoyó su emisión, esto es, una norma administrativa federal y por la independencia que guarda la multa en relación con el procedimiento en el que se dictó. HÉCTOR GUERRERO VÉJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e0.17 27/02/23 10:01:55 ??????????????? no haber agotado el principio de definitividad, se decreta el sobreseimiento del presente juicio, mismo que se hace extensivo a la autoridad responsable ejecutora, respecto del acto que se le atribuye.12 Máxime que, en relación con dicho principio, los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo13. Por lo expuesto y fundado se, 12 Se invoca en apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/7 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". 13 Tal como se aprecia de la Jurisprudencia 2ª./J19/2015, (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos ochenta y tres, libro diecisiete, tomo I, abril de dos mil quince, materia administrativa - común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado". HÉCTOR GUERRERO VÉJAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e0.17 27/02/23 10:01:55 RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Raúl Antonio Correa Arenas, por su propio derecho contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, por las razones expuestas en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el treinta de septiembre de dos mil veinte, en que concluyó la emisión de este fallo y en esos mismos términos firma también el secretario Héctor Guerrero Véjar, quien da fe. Razón. En esta fecha se giraron los oficios 14303 y 14304 a las autoridades correspondientes; notificándoles el auto que antecede. Conste

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