Raquel Ortiz González
Expediente 315/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 315/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raquel Ortiz González
Actuaciones
- Principal
Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de junio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Toda vez que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
- Principal
Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede, y con la demanda de amparo, presentada físicamente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, la cual fue turnada a este órgano jurisdiccional y registrada bajo el folio6021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de mayo de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: RECEPCIÓN Y REGISTRO. Por recibida la demanda de amparo promovida por ****, carácter que se le reconoce, en términos del poder notarial que al efecto anexó a su escrito de demanda; contra actos de la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, y otra autoridad; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 315/2023. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Y DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, a efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos manifiesto" e "indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Ahora, en el caso, se aprecia que el peticionario de amparo, comparece ante esta instancia constitucional a dolerse en esencia del acto reclamado consistente en: "ACTO RECLAMADO.- reclamo de la autoridad ordenadora, la resolución definitiva dictada con fecha 17 diecisiete de abril del año en curso, dentro del toca civil de apelación número 1-92/2023, formado con motivo de la apelación interpuesta por RAQUEL ORTIZ GONZALEZ, en contra de la sentencia definitiva, dictada dentro del juicio ordinario civil de expediente número 707/2022, por el señor Juez primero de primera instancia en materia civil de la ciudad de Uruapan, Michoacán, mismo que culminó con los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. Esta Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Los motivos de agravio que expuso **** -por conducto de su apoderado jurídico, Licenciado *****-, resultaron inoperantes en una parte, e insuficientes en otra; por lo tanto, TERCERO. Se confirma la sentencia interlocutoria dictada el 15 quince de febrero del 2023 dos mil veintitrés, por el Juez Primero de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. CUARTO. Se condena la parte apelante al pago de los gastos y costas generados con motivo de la tramitación de esta instancia. Notifíquese personalmente.... De la AUTORIDAD EJECUTORA, reclamo el cumplimiento y ejecución de la resolución antes mencionada." En consecuencia, este juzgado de Distrito advierte que el presente juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causal prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu; como se verá a continuación. El artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece la posibilidad que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que la fracción referida da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial, es decir, a la que deriva de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. En tanto, el diverso artículo 107, fracción V, establece que para la procedencia del juicio de garantías es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación. Dicho en otras palabras, no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, tales como la vida, la libertad, las posesiones o derechos; que no podrán resarcidos, ni aún en el caso de obtener un fallo favorable, ya que la afectación o sus efectos a tales derechos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia que satisfaga sus pretensiones en el juicio; ésta delimitación permite distinguir tales derechos de aquellos en los que las consecuencias de la posible violación padecida se extinguen en la realidad al obtener una sentencia favorable, sin dejar huella en su esfera jurídica; esa es la nota distintiva que orienta al juzgador para distinguir qué actos dentro de juicio son de imposible reparación, que ameritan la pronta intervención para remediar el agravio padecido. En relación al concepto actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión; y con base en esta disposición legal, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llagará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse de forma efectiva. En el caso, la determinación reclamada sí constituye un acto de carácter intraprocesal que no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la resolución definitiva dictada por la Magistrado responsable, la cual confirmó la sentencia interlocutoria emitida por el Juez responsable, mediante el cual declaró improcedente el incidente de nulidad de emplazamiento, promovido por la quejosa, no se traduce en una privación del derecho de acción en el juicio de origen, ni afecta en este momento algún otro derecho sustantivo, sino solamente ocasiona lesiones de naturaleza formal o adjetiva, pues dicha determinación sólo provoca la continuación del procedimiento, para que, en su momento, se emita sentencia definitiva. En todo caso, de serle ésta desfavorable y haber influido en su sentido la violación procesal mencionada, podrá reclamarla en el amparo directo que contra el fallo promueva, de acuerdo con el artículo 170, fracción I, y 174 de la Ley de Amparo, pues se ubica en la fracción V del artículo 172 de la misma ley, en cuanto dispone que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, cuando se resuelve ilegalmente un incidente de nulidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 94/2008, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 23/2008-PS consultable en la página 256, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo . Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada.". De igual forma la jurisprudencia por P./J. 38/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del tomo 59, Noviembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta.". Sin que represente obstáculo a lo anterior, el hecho de que en la resolución combatida se haya condenado a la quejosa al pago de las costas generadas con motivo de la tramitación del incidente de nulidad de actuaciones en mención, ello es así, ya que dicha condena es de naturaleza accesoria a la resolución incidental, de modo que si ésta no tiene efectos de imposible reparación, no podrían reclamarse aisladamente las costas en amparo indirecto, sino conjuntamente con aquélla en el amparo directo, aun cuando se obtuviera sentencia favorable, ya que el afectado conservaría su interés aunque sólo fuera para impugnar ese aspecto. Es aplicable el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 1a./J. 29/2009, publicada en la página 77 del tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de junio de 2009, con registro digital 167130, de rubro y texto: "COSTAS. LAS DERIVADAS DE UN INCIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DEL FONDO RESUELTO EN ÉL, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA. La condena en costas es de naturaleza accesoria a la pretensión principal en juicio, por lo que la decretada respecto de ambas instancias en una resolución de segundo grado que confirma otra que resuelve una cuestión incidental de índole procesal es consecuencia del análisis de la violación adjetiva materia del incidente relativo y, por tanto, debe seguir su misma suerte, en virtud de que la condena en ese aspecto constituye la sanción impuesta a las partes en la incidencia como resultado de haberse decidido el fondo de ésta. En ese sentido, es indudable que la impugnación en costas debe hacerse valer atendiendo a la vía que corresponda, es decir, de acuerdo al tipo de incidente del que derive. De ahí que si por su naturaleza este último se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si el incidente implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente, es decir, en este último supuesto, el análisis de la legalidad de lo decidido sobre tal condena debe reservarse para dicho momento, pues no puede desvincularse la condena en costas del fondo resuelto en el incidente. Ello es así porque el amparo es un juicio extraordinario cuyo objetivo es proteger las garantías individuales de los gobernados frente a las autoridades y procede en la vía directa contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, ocasión en la que se pueden analizar las violaciones del procedimiento que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo excepcionalmente se prevé la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso; por lo que implica que el juicio de garantías no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad supervisar todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, pues la marcha del procedimiento no puede paralizarse sino en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. No es obstáculo para estimar que la determinación incidental sobre costas puede impugnarse en amparo directo, el hecho de que el condenado hubiese sido vencedor en cuanto al fondo del litigio, pues en ese supuesto conserva interés jurídico para promover ese juicio, aunque sólo sea para reclamar la condena en costas en la resolución intermedia de segunda instancia que trascendió a su esfera jurídica." Entonces, será hasta que se alegue como violación procesal al promoverse amparo directo en contra de la sentencia definitiva al juicio civil, el momento en el cual el Tribunal Colegiado que por turno corresponda su conocimiento, esté en posibilidad de analizar si la decisión judicial de la sala civil responsable de confirmar la interlocutoria de declaró infundado el incidente de nulidad de actuaciones (emplazamiento) fue apegada a derecho o no, y si la condena de costas era o no procedente en dicho supuesto. Estudio que incluso, atendiendo al criterio del Más Alto Tribunal del país, debe efectuarse en suplencia de la queja deficiente. Encuentra puntual aplicación la jurisprudencia 1a./J. 13/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 144/2017, localizable con el registro digital 2019780, de epígrafe: "EMPLAZAMIENTO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PARA EXAMINAR DE OFICIO LAS DILIGENCIAS RESPECTIVAS, AUN RESPECTO DE CUESTIONES NO ADUCIDAS EN EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y, EN SU CASO, EN EL RECURSO ORDINARIO INTERPUESTO CONTRA LO RESUELTO EN ÉSTE. Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el emplazamiento al juicio es una de las formalidades esenciales del procedimiento de mayor relevancia para garantizar el derecho de audiencia al demandado, pues de ese acto procesal depende que éste pueda contestar la demanda, ofrecer y desahogar pruebas y alegar en el juicio. En suma, tiene como propósito que el demandado tenga adecuada defensa, de modo que se ha considerado un acto procesal de orden público y de estudio oficioso por parte de los juzgadores. Por las mismas razones, se ha estimado que la falta o la ilegalidad del emplazamiento se erige como la violación procesal de carácter más grave en el proceso, y que actualiza una violación evidente de la ley que deja sin defensa al enjuiciado, que autoriza a suplir la deficiencia de la queja de los conceptos de violación en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, cuando dicha actuación se impugna como violación procesal en el juicio constitucional. Sobre esa base, cuando en el juicio natural el demandado comparece antes de que se emita la sentencia definitiva y plantea el incidente de nulidad de actuaciones para impugnar el emplazamiento y, en su caso, agota el recurso ordinario procedente contra lo resuelto en dicho incidente, si se plantea como violación procesal en el juicio de amparo, el tribunal colegiado válidamente puede examinar de fondo conceptos de violación respecto de cuestiones no propuestas en la instancia incidental, o bien, suplir la queja para advertir oficiosamente irregularidades de la diligencia de emplazamiento aun cuando no hayan sido materia del incidente respectivo, ello, pues el hecho de que el demandado hubiere planteado una impugnación expresa del emplazamiento a través de la nulidad de actuaciones, no excluye la obligación de estudio oficioso de los juzgadores, de manera que mientras subsista y pueda ser analizada la controversia sobre la regularidad del emplazamiento, éste debe ser analizado con toda amplitud en el juicio de amparo, mediante la suplencia de la queja." Por lo tanto, este juzgador federal considera que la resolución reclamada en modo alguno afecta derechos sustantivos de la impetrante del amparo, tutelados por la Constitución Federal, ya que la sola confirmación de la interlocutoria que declaró improcedente la nulidad de actuaciones (emplazamiento) al juicio ordinario civil y condenó a la quejosa al pago de gastos y costas, en modo alguno ocasiona un perjuicio de imposible reparación en la esfera jurídica de derechos de la quejosa, pues será hasta que se dicte la sentencia definitiva correspondiente en dicho juicio civil, de confirmarse y declararse firme, lo que haría que la afectación ahora adjetiva, se impactara en sus derechos sustantivos. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, con fundamento en el ordinal 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que lo acredita como licenciado en derecho; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
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