Raúl Antonio Caballero Flores

Expediente 858/2013 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2013.

Datos del expediente

Expediente
858/2013
Año
2013
Actuaciones
2
Última actuación
23/12/2013

Partes del expediente

  • Raúl Antonio Caballero Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso alguno dentro del término legal; se declara que el auto que tuvo por desechada la demanda, HA CAUSADO ESTADO., se ordena el archivo del presente asunto, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el seis de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de cinco de diciembre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Con la demanda de amparo de cuenta se tiene al quejoso, solicitando la protección de la Justicia de la Unión contra actos del agente del Ministerio Público del Fuero Común con residencia en el poblado de Bacalar, Quintana Roo y otra autoridad; se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Toda vez que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Bajo ese contexto, el suscrito juzgador considera que con relación al acto reclamado en este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad del juicio de amparo, el cual implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Dicho principio, que rige el juicio de amparo se traduce en la obligación impuesta a los gobernados de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera revocar, modificar o nulificar el acto que estima afecta su esfera jurídica. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificarlo, revocarlo o nulificarlo. De lo que se infiere que, para que un medio ordinario de defensa sea condicionante a la procedencia del juicio de amparo es preciso que cumpla los requisitos siguientes: a) Que ese recurso o medio de defensa sea legal, es decir, que esté en ley. b) Que a través de ese medio sea posible modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo. En este caso, el acto reclamado se hace consistir en: "IV.- La Ley o Acto que de la Autoridad se Reclama.- Bajo Protesta de Decir Verdad Manifiesto a usted que de la Autoridad señalada como responsable marcada con el número uno 1.- Le reclamo LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA la cual hago consistir en no ser pronta y expida (sic), tal y como se puede observar en los autos que Integran la Indagatoria Numero diverso, toda vez de que se han aportado y desahogado las pruebas consistente en la fe ministerial, pericial de tomas fotográficas y avalúo de daños sin que a la fecha se haya dictado acuerdo alguno sobre la determinación de la situación jurídica de la presunta responsable (sic) sobre el acto delictivo cometido en mi agravio, aclarando que cada que he acudido en busca de Información sobre el estado de los autos me han salido con evasivas y de la segunda marcada con el número dos el consentimiento del acto reclamado, por lo que se viola en perjuicio de la parte quejosa el Articulo 17 de la Constitución Federal, es por eso que ocurro a solicitar la Protección de la Justicia Federal." (Sic) En ese contexto, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que prevé el Código de Procedimientos Penales del Estado, antes de acudir al juicio de amparo. Ello es así, en atención a que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del citado código adjetivo, contra la abstención a resolver el ejercicio de la acción penal en una averiguación previa, procede el recurso de queja, ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Al respecto los artículos 28 y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establecen: (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 2010) Artículo 28.- Cuando el Agente del Ministerio Público determine que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante, la víctima o el ofendido podrán impugnar esa determinación dentro de cinco días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación personal, ante el Procurador General de Justicia quien contará hasta con sesenta días naturales para emitir una resolución definitiva. (REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008) En caso de que lo resuelto por el Procurador General de Justicia del Estado en cuanto a los hechos que se hubieren denunciado como delictuosos, o por los que se hubiera presentado querella, sea contrario a las pretensiones del denunciante, el querellante o el ofendido, se podrán (sic) impugnar esa determinación mediante el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 20 apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Artículo 107 de la Constitución Política del Estado. (REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008) También será susceptible de impugnar mediante el presente recurso, la negativa del Agente Investigador a tener por admitida una denuncia de hechos, cuando ésta cumpla con los requisitos de ley; la abstención a resolver el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa respectiva, o cuando el Procurador General de Justicia omita resolver el recurso interno en el término establecido. (REFORMADO, P.O. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008) Artículo 29.- La queja o que se refiere el artículo inmediato anterior, deberá hacerse por escrito ante la referida Sala Constitucional y Administrativa, dentro del término de diez días, contados a partir del día siguiente al que se notifique personalmente esa determinación al interesado; mientras no se notifique dicha resolución, no correrá el cómputo para interponer el recurso. En el acto de la notificación la autoridad ministerial, deberá hacer del conocimiento al interesado de la garantía consagrada en el Artículo 28 de este Código, así como el término concedido para tal efecto. El escrito que contenga el recurso de queja deberá exponer los procedentes de hecho que dieron origen a la averiguación previa, así como los agravios que le ocasiona al recurrente la resolución impugnada y se podrán anexar, las pruebas que sean tendientes exclusivamente para acreditar la existencia de omisiones en la actuación de la representación social. Una vez cumplida la presentación del escrito de queja, la Sala Constitucional y Administrativa procederá a requerir al Procurador General de Justicia para que le sean remitidas las constancias conducentes, en un término no mayor de diez días, con el fin de que, en única instancia, proceda a la substanciación del recurso hecho valer y resuelva en un término no mayor a los sesenta días naturales, si ha lugar al confirmar, revocar o modificar la determinación recurrida. Lo previsto en este y en el Artículo 28, será aplicable también en los casos de que el Procurador General de Justicia determine la reserva de la averiguación previa. La Sala Constitucional y Administrativa, para hacer cumplir sus determinaciones se sujetará a las disposiciones contenidas en el Capítulo IV del Título IV de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Como se reitera, de la lectura integra de los artículos transcritos, se obtiene que la abstención a resolver el ejercicio de la acción penal en la averiguación previa respectiva, puede ser impugnada a través del recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Por tanto, si en la especie la parte quejosa reclama del agente del Ministerio Público del Fuero Común con residencia en el poblado de Bacalar, Quintana Roo y otra autoridad, la negativa de de determinar la situación jurídica de la presunta responsable dentro de la diversa averiguación previa y contra dicho acto procede el recurso de queja, medio ordinario de defensa previsto en una ley material y formal, Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es evidente que previo al juicio de amparo debió agotarse el principio de definitividad. En este orden de ideas, ante la existencia de un medio de defensa contra la abstención a resolver el ejercicio de la acción penal por parte de la responsable, en la indagatoria referida, resulta exigible al solicitante de amparo agotar el medio ordinario de defensa -recurso de queja- que en su caso prevé el citado Código de Procedimientos Penales para esta entidad federativa, mismo que rige dicho acto y que tiene como efecto, confirmarlo, revocarlo o modificarlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo y atendiendo a que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda.

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