Raúl Antonio Caballero Flores

Expediente 167/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
167/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2016

Partes del expediente

  • Raúl Antonio Caballero Flores
  • Raúl Antonio Caballero Flores y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veintiséis de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintitrés de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite copia autorizada del testimonio de resolución emitida el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, en autos del recurso de queja 76/2016, en la que determinó: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el acuerdo recurrido. TERCERO. Se desecha la demanda en el juicio de amparo indirecto 167/2016, del registro del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal." Acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, se toma en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, después de transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente auto, por haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Finalmente, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual acusa recibo del oficio 6507 con el que le fue enviado copia certificada de los autos del juicio de amparo 167/2016. Asimismo, informa que el once de abril del año en curso, dicho Tribunal Colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; el cual quedó registrado bajo el número 76/2016 del índice del tribunal de su adscripción.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, firmado por ********, mediante el cual interponen recurso de queja contra el proveído de diez de marzo de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de amparo promovida contra los actos que imputaron al Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo y otras autoridades. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja en comento. En consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, para que el citado órgano colegiado acuerde lo que en derecho corresponda, debiéndose anexar el original del escrito de agravios correspondiente, así como una copia de éste destinada al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal de Alzada. Asimismo, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, manifestando a la Superioridad que es cierto el acto que impugna la parte quejosa toda vez que este órgano jurisdiccional el diez de marzo de dos mil dieciséis dictó el acuerdo que desechó la demanda de amparo promovida, en virtud de que se actualizó de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que el numeral 101 de la ley de la materia, establece que el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, y una vez fenecido el término, se tramitará como corresponda. Empero, al haberse desechado la demanda de amparo, no se dio intervención legal alguna a las demás partes que pudieran haber resultado en este juicio, como lo sería las autoridades responsables, y, en su caso, a quien le correspondiera el carácter de tercero interesado. De ahí que a criterio de este juzgado es factible dar el trámite correspondiente al recurso en los términos ya acotados, es decir, sin necesidad de correr traslado con el escrito de expresión de agravios a las demás partes, así como tampoco requerirlas en términos del citado ordinal 101 de la ley de la materia, pues se insiste, no tuvieron intervención legal alguna en el asunto, precisamente, por el desechamiento de la demanda de amparo. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias necesarias del juicio de amparo en que se actúa, a fin de que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto.

  4. Principal

    (CITATORIO) (auto) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de quince de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de diez de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Con la demanda de amparo de cuenta, los prooventes, por su propio derecho solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuyen al Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo y otras autoridades; se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 167/2016. Atento del contenido de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "IV.- LA LEY O ACTO QUE DE LA AUTORIDAD SE RECLAMA.- Bajo Protesta de Decir Verdad manifestamos a Usted que de la Autoridad señalada como responsable le reclamamos lo siguiente: DE LA PRIMERA AUTORIDAD GUBENAMENTAL (sic) LE RECLAMO: A).- El decreto que reforma íntegramente el decreto que crea los Servicios Educativos y Culturales de Quintana Roo, todo lo referente a su actual relación laboral de sus trabajadores, toda vez de que el gobierno al Incluir al Organismo Público Descentralizado dentro de la Ley de los trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del estado de Quintana Roo, resulta INCONSTITUCIONAL ya que lesiona los derechos laborales de la parte trabajadora en lo referente al pago de la prima de antigüedad establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, ya que al cambiar la relación laboral por la formación de un Organismo Público descentralizado, la ley que debe de regir o prevalecer es la Ley Federal del Trabajo, y no la Ley Burocrática estatal, como obra mencionada en el artículo 28 del decreto Publicado en fecha 8 de febrero del año 2008 en el periódico oficial del estado de Quintana Roo. DE LA SEGUNDA AUTORIDAD COMO LO ES EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO LERECLAMO: B).- La aprobación del DECRETO publicado en fecha 08 de febrero del año 2008 en el periódico oficial del estado, donde reforma el decreto de la creación de los Servicios Educativos y Culturales de Quintana Roo, así como en todo lo referente a la relación laboral de sus trabajadores, toda vez de que al Incluir al Organismo Público Descentralizado dentro de la Ley de los trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del estado de Quintana Roo, resulta INCONSTITUCIONAL ya que lesiona los derechos laborales de la parte trabajadora en lo referente al pago de la prima de antigüedad establecida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, y que al cambiar la relación laboral por la formación de un Organismo Público descentralizado, la ley que debe de regir o prevalecer es la Ley Federal del Trabajo, y no la Ley Burocrática estatal, y el H. CONGRESO DEL ESTADO no debe Incluir al Organismo Público Descentralizado, porque tendría que legislar leyes al respecto, y esto no le compete, esto nos permitimos fundamentarlo en la tesis jurisprudencial siguiente: [.] DE LA TERCERA AUTORIDAD COMO LO ES LA DELEGACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO CON SEDE EN ESTA CIUDAD LE RECLAMO: A).- El registro y anotación marginal que se efectuó con motivo de la creación del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO como lo es SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, esto es para el efecto de demostrar que su formalización y creación, quedo bajo las disposiciones que establece la LEY FEDERAL DEL TRABAJO sobre la relación laboral de sus trabajadores, que desde ese momento quedaron protegidos bajo el apartado A del artículo 123 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Ahora, resulta pertinente destacar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Así, el anterior precepto legal impone al órgano jurisdiccional la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano; análisis que se lleva a cabo desde este momento ya que en el caso se estima que existe una causal de improcedencia manifiesta e indudable. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, Tomo XX, Materia Común, Novena Época, visible en la página 1631, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. [....]". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I. 60. C. J/19, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 1999, Tomo X, Materia Común, Novena Época, visible en la página 730, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. [....]" Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Ahora, respecto a los actos reclamados que en esencia se hacen consistir en la inconstitucionalidad del decreto que crea los Servicios Educativos y Culturales de Quintana Roo y todo lo referente a su actual relación laboral de sus trabajadores y como consecuencia su registro y anotación marginal, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.].". De conformidad con el artículo y fracción transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día de su entrada en vigor. En ese contexto, para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal antes transcrito se desprende que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general; Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se advierte que cuando se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo para promover la demanda será de treinta días. Plazo que se computará, acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, esto es, a partir del día de su entrada en vigor. Entonces, al margen del marco jurídico, los actos reclamados consistentes en la inconstitucionalidad del decreto que crea los Servicios Educativos y Culturales de Quintana Roo y todo lo referente a su actual relación laboral de sus trabajadores y como consecuencia su registro y anotación marginal, se ubican dentro del contemplado en la fracción I del artículo 17, de la Ley de Amparo, es decir, que el término para promover el juicio de amparo es de treinta días cuando se reclame una norma general autoaplicativa. Ahora, para un mejor entendimiento de lo que es una ley autoaplicativa, cabe precisar que éste se trata de una norma general que causa una afectación con su sola entrada en vigor, esto es, una norma que trasciende directamente para afectar de manera individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, pues si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Sustenta lo anterior, la tesis 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), de la Primera Sala, visible en la página ciento cuarenta y ocho, Tomo I, julio de dos mil catorce, Décima Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. [....]" Expuesto lo anterior, se puede decir que en el caso concreto se ésta ante una norma autoaplicativa, pues los quejosos reclaman la inconstitucionalidad del decreto que creó los Servicios Educativos y Culturales de Quintana Roo y todo lo referente a su actual relación laboral de sus trabajadores, es decir, una disposición que resultó obligatoria desde el momento que entró en vigor. En ese contexto, si en el caso particular el decreto que reclaman fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo el ocho de febrero de dos mil ocho, y éste entro en vigor al día siguiente de su publicación, tal como lo establece el artículo transitorio primero, esto es el nueve de febrero de dos mil ocho, es inconcuso que a partir de esa data los promoventes tuvieron posibilidad de impugnarlos en la vía constitucional y, por tanto, es la que fija el punto de partida para el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la tesis P. CIX/98, del Pleno, visible en la página doscientos cincuenta y uno, Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de paráfrasis: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. [....] Así, el término para presentar la demanda de amparo transcurrió del once de febrero al veintiocho de marzo de dos mil ocho, sin contar los sábados y domingos, así como los días inhábiles. En tales condiciones, si la demanda de amparo en la que se actúa fue presentada el nueve de marzo de dos mil dieciséis, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de treinta días a que se contrae el numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito de los actos reclamados, que actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Sustenta lo dicho, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página trescientos sesenta y cuatro, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. [.....]". Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente.

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