Raúl Alejandro Reyes Baca

Expediente 162/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
162/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Raúl Alejandro Reyes Baca

Actuaciones

  1. Principal

    Mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Raúl Alejandro Reyes Baca, en su carácter de representante legal de la moral denominada La Casa del Pastelero, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de amparo indirecto en contra de actos que reclamó a la institución de crédito denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y que hizo consistir en el bloqueo, retención, confiscación y/o aseguramiento del dinero depositado en sus cuentas números 0159130780 y 0197551533. 5. Admisión. De esa demanda correspondió conocer al Juez Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el que, previa formulación de diversas prevenciones, por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve admitió a trámite la demanda, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y requirió el informe justificado a la autoridad responsable. En este apartado cabe señalar que el referido Juez de Distrito, con motivo de las prevenciones formuladas, sólo tuvo como autoridad responsable a la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, no así a la institución financiera denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 6. Returno. Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veinte, el Juez Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, planteó el returno del citado asunto al considerar que se encontraba relacionado con el juicio de amparo 1146/2019 radicado en este juzgado. Este juzgador Federal, al advertir que dicho juicio efectivamente tenía relación con el diverso radicado en este órgano jurisdiccional con el número 1146/2019, por auto de diez de febrero de dos mil veinte se avocó al conocimiento del asunto, le asignó el número 110/2020 y declaró la validez de todo lo actuado por el juez declinante. Juicio de amparo 162/2020 7. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Raúl Alejandro Reyes Baca, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de actos que reclamó a la institución de crédito denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, y que hizo consistir en el bloqueo, retención, confiscación y/o aseguramiento del dinero depositado en su cuenta número 0159373845. 8. Admisión. De esa demanda correspondió conocer al Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el que, previa formulación de diversas prevenciones, por acuerdo de trece de diciembre de dos mil diecinueve admitió a trámite la demanda, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, y requirió el informe justificado a la autoridad señalada como responsable. En este apartado cabe señalar que el referido Juez de Distrito, con motivo de las prevenciones formuladas, tuvo como autoridades responsables tanto a la institución financiera denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como a la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México. 9. Returno. Mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veinte, el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, planteó el returno del citado asunto al considerar que se encontraba relacionado con el juicio de amparo 1146/2019 radicado en este juzgado. Este juzgador Federal, al advertir que dicho juicio efectivamente tenía relación con el diverso radicado en este órgano jurisdiccional con el número 1146/2019, por auto de veintiuno de febrero de dos mil veinte se avocó al conocimiento del asunto, le asignó el número 162/2020 y declaró la validez de todo lo actuado por el juez declinante. 10. Audiencia constitucional. A las diez horas con cuarenta minutos del uno de septiembre de dos mil veinte, tuvo lugar la audiencia constitucional, al tenor de lo asentado en el acta que antecede a esta resolución. III. COMPETENCIA Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que en la especie se reclaman actos a la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, emitidos fuera de juicio, en su calidad de autoridad ordenadora. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y en acatamiento, además, a la jurisprudencia 40/2000 y a la tesis aislada VI/2004, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se fijan los actos reclamados en los siguientes términos: Juicio de amparo 1146/2019 Ordenadora: A) De la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, se reclama la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0486580892, abierta a nombre de Raúl Alejandro Reyes Baca, en la institución financiera denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.), acto derivado del expediente 1021/2019, del índice de dicho juzgado, en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto bienes del aquí quejoso. Ejecutoras: B) Tanto del Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como de la institución financiera denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, la ejecución del embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0486580892, abierta a nombre de Raúl Alejandro Reyes Baca, en la citada institución financiera. Juicio de amparo 110/2020 De la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, se reclama la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en las cuentas números 0159130780 y 0197551533, abiertas a nombre de la persona moral denominada La Casa del Pastelero, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la institución financiera BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.), acto derivado del expediente 1021/2019, del índice de dicho juzgado, en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto bienes de la aquí quejosa. Juicio de amparo 162/2020 Ordenadora: A) De la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, se reclama la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0159373845, abierta a nombre de Raúl Alejandro Reyes Baca, en la institución financiera denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.), acto derivado del expediente 1021/2019, del índice de dicho juzgado, en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto bienes del aquí quejoso. Ejecutora: B) De la institución financiera denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, la ejecución del embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0159373845, abierta a nombre de Raúl Alejandro Reyes Baca, en la citada institución financiera. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Son ciertos los actos que se reclaman, pues así lo expresaron las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 917812, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las documentales que la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, anexó a su informe con justificación, consistente en copias certificadas del expediente 1021/2019, de su índice, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones judiciales. VI. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA Las demandas de amparo se presentaron oportunamente el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, toda vez que los quejosos se ostentan terceros extraños y manifestaron que tuvieron conocimiento de los actos reclamados el día treinta de octubre de ese mismo año. Así, de conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días para la promoción del presente juicio de amparo, trascurrió del treinta y uno de octubre al veinticinco de noviembre de esa anualidad, sin contar los días uno, dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, veintitrés y veinticuatro de noviembre de dos mil diecinueve, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. VII. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 1146/2019 Como se precisó en el apartado correspondiente de este fallo, en el presente juicio de amparo se señalaron como actos reclamados, los siguientes: Ordenadora: A) De la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, se reclama la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0486580892, abierta a nombre de Raúl Alejandro Reyes Baca, en la institución financiera denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.), acto derivado del expediente 1021/2019, del índice de dicho juzgado, en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto de bienes del aquí quejoso. Ejecutoras: B) Tanto del Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como de la institución financiera denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, se reclamó la ejecución del embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0486580892, abierta a nombre de Raúl Alejandro Reyes Baca, en la citada institución financiera. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que el presente sumario resulta improcedente, concretamente respecto del acto reclamado ubicado en el inciso A), por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: El precepto legal en comento, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Así, conforme al precepto y fracción citados, el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción de la contienda constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y sólo es procedente cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar las actuaciones del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueden revocar, nulificar o modificar; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la ley de la materia, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 1571, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra indica: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." También se invoca la jurisprudencia número I.60.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que en su estricta literalidad establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así también, robustece a lo aquí dicho, la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, enunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Bajo esa perspectiva, este órgano jurisdiccional estima que el quejoso se encuentra en posibilidad de impugnar a través del medio ordinario de defensa, la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0486580892, abierta a su nombre en la institución financiera denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.); actuación que fue emitida por la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, en el expediente 1021/2019 en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto de bienes del aquí quejoso. En efecto, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Comercio, se encuentra el numeral 1,183, el cual señala que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, y enseguida remite a los artículos 1,339; 1,345, fracción IV; y 1,345 bis 1 del propio código. A su vez, el numeral 1,345, fracción IV, del Código de Comercio dispone: "Artículo 1,345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: [.] IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo". El citado precepto señala, en forma genérica, que contra la resolución que recaiga a las providencias precautorias (tanto la resolución que niegue la medida como la que la conceda) procede recurso de apelación de tramitación inmediata, atendiendo a la cuantía del negocio. En torno a la procedencia del recurso de apelación, los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio vigentes disponen que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente, por tanto, si la cuantía del negocio es inferior a la cantidad antes referida, no procederá el recurso de apelación. En el caso, la suerte principal que se le reclama al quejoso es por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.). Por tanto, en contra del auto por virtud del cual se obsequiaron las providencias precautorias, procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 1,339 bis del Código de Comercio. De esta manera, para los efectos del juicio de amparo, la determinación reclamada carece de definitividad, toda vez que en su contra procede el recurso de apelación, a través del cual puede ser modificado o revocado; por lo que surte la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al efecto, es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), cuyo rubro y texto refieren: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." Además, no pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso refiera que la medida se decretó sin su llamamiento; sin embargo, esta formalidad procesal no rige para el supuesto en el que se decreta una providencia precautoria para el aseguramiento de bienes, ya que éste representa un acto de molestia, y como tal, no requiere de audiencia previa; por tanto, no existe deber constitucional de llamar al procedimiento, porque no consiste en una privación definitiva del bien que se llegue a asegurar. En efecto, debe señalarse que el procedimiento del que emana el acto reclamado son las providencias precautorias promovidas como acto prejudicial, cuya legislación aplicable a su sustanciación es el Código de Comercio, las cuales constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan por ser accesorias y sumarias. Son accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo, sino un medio; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves y se surten con requisitos concisos, ya que siendo de corte instrumental, su objeto es mitigar el riesgo de no satisfacer su fin, como lo es el de asegurar la eficacia de un derecho principal, cuyo titular debate; de modo que al no definir ese derecho, sino pretender garantizarlo, debe considerarse que estas providencias no constituyen un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento principal donde se dictan; en el cual, el sujeto afectado sí debe tener la posibilidad de defenderse conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 216, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia". Similar criterio sustentaron el Décimo y Décimo Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil, ambos del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja Q.C. 347/2019 y Q.C. 276/2019, respectivamente. En esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado que este juzgador ubicó en el inciso A) de este apartado, lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que fueron precisados en el inciso B) ubicado al inicio del presente estudio, pues no se reclaman por vicios propios. Resulta aplicable, la jurisprudencia 516, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo texto: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". En ese sentido, sólo resta destacar que con motivo del sobreseimiento decretado en este apartado, este juzgador se encuentra impedido para pronunciarse respecto la constitucionalidad de los actos reclamados. Se invoca en apoyo de lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 49, Volumen 24, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 239006, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." VIII. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 110/2020. Como se precisó en el apartado correspondiente de este fallo, en el presente juicio de amparo se señaló como acto reclamado, el siguiente: De la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, se reclama la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en las cuentas números 0159130780 y 0197551533, abiertas a nombre de la persona moral denominada La Casa del Pastelero, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la institución financiera BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.), acto derivado del expediente 1021/2019, del índice de dicho juzgado, en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto bienes de la aquí quejosa. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que el presente sumario resulta improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, precepto normativo que ya fue transcrito en párrafos precedentes de este fallo, y del cual se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción de la contienda constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Bajo esa perspectiva, este órgano jurisdiccional estima que la quejosa denominada La Casa del Pastelero, Sociedad Anónima de Capital Variable, se encuentra en posibilidad de impugnar a través del medio ordinario de defensa, la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en las cuentas números 0159130780 y 0197551533, abiertas a su nombre en la institución financiera BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.); actuación que fue emitida por la Jueza Décima de lo Civil de la Ciudad de México, en el expediente 1021/2019 en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto de bienes de la aquí quejosa. Lo anterior es así, porque como quedó precisado en el apartado que antecede, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Comercio, se encuentra el numeral 1,183 que señala que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, y enseguida remite a los artículos 1,339; 1,345, fracción IV; y 1,345 bis 1 del propio código. En ese sentido, no debe perderse de vista que el artículo 1,345, fracción IV, del Código de Comercio, señala, en forma genérica, que contra la resolución que recaiga a las providencias precautorias (tanto la resolución que niegue la medida como la que la conceda) procede recurso de apelación de tramitación inmediata, atendiendo a la cuantía del negocio. Y que en torno a la procedencia del recurso de apelación, los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio vigentes disponen que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente, por tanto, si la cuantía del negocio es inferior a la cantidad antes referida, no procederá el recurso de apelación. En el caso, la suerte principal que se le reclama a la quejosa es por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.). Por tanto, en contra del auto por virtud del cual se obsequiaron las providencias precautorias, procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 1,339 bis del Código de Comercio. De esta manera, para los efectos del juicio de amparo, la determinación reclamada carece de definitividad, toda vez que en su contra procede el recurso de apelación, a través del cual puede ser modificado o revocado; por lo que surte la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al efecto, es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), cuyo rubro es: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Además, no pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso refiera que la medida se decretó sin su llamamiento; sin embargo, esta formalidad procesal no rige para el supuesto en el que se decreta una providencia precautoria para el aseguramiento de bienes, ya que éste representa un acto de molestia, y como tal, no requiere de audiencia previa; por tanto, no existe deber constitucional de llamar al procedimiento, porque no consiste en una privación definitiva del bien que se llegue a asegurar. En efecto, debe señalarse que el procedimiento del que emana el acto reclamado son las providencias precautorias promovidas como acto prejudicial, cuya legislación aplicable a su sustanciación es el Código de Comercio, las cuales constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan por ser accesorias y sumarias. Son accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo, sino un medio; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves y se surten con requisitos concisos, ya que siendo de corte instrumental, su objeto es mitigar el riesgo de no satisfacer su fin, como lo es el de asegurar la eficacia de un derecho principal, cuyo titular debate; de modo que al no definir ese derecho, sino pretender garantizarlo, debe considerarse que estas providencias no constituyen un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento principal donde se dictan; en el cual, el sujeto afectado sí debe tener la posibilidad de defenderse conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 216, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA". En esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia. En ese sentido, sólo resta destacar que con motivo del sobreseimiento decretado en este apartado, este juzgador se encuentra impedido para pronunciarse respecto la constitucionalidad de los actos reclamados. Se invoca en apoyo de lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 49, Volumen 24, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 239006 de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". IX. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 162/2020. Como se precisó en el apartado correspondiente de este fallo, en el presente juicio de amparo se señaló como acto reclamado, el siguiente: Ordenadora: A) De la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, se reclama la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0159373845, abierta a nombre de Raúl Alejandro Reyes Baca, en la institución financiera denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.), acto derivado del expediente 1021/2019, del índice de dicho juzgado, en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto bienes del aquí quejoso. Ejecutora: B) De la institución financiera denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, la ejecución del embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0159373845, abierta a nombre de Raúl Alejandro Reyes Baca, en la citada institución financiera. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que el presente sumario resulta improcedente, concretamente respecto del acto reclamado ubicado en el inciso A), por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, precepto normativo que ya fue transcrito en párrafos precedentes de este fallo, y del cual se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción de la contienda constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Bajo esa perspectiva, este órgano jurisdiccional estima que el quejoso Raúl Alejandro Reyes Baca, se encuentra en posibilidad de impugnar a través del medio ordinario de defensa, la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0159373845, abierta a nombre de Raúl Alejandro Reyes Baca, en la institución financiera denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.); actuación que fue emitida por la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, en el expediente 1021/2019 en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto de bienes de la aquí quejosa. Lo anterior es así, porque como quedó precisado en este fallo, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Comercio, se encuentra el numeral 1,183 que señala que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, y enseguida remite a los artículos 1,339; 1,345, fracción IV; y 1,345 bis 1 del propio código. En ese sentido, no debe perderse de vista que el artículo 1,345, fracción IV, del Código de Comercio, señala, en forma genérica, que contra la resolución que recaiga a las providencias precautorias (tanto la resolución que niegue la medida como la que la conceda) procede recurso de apelación de tramitación inmediata, atendiendo a la cuantía del negocio. Y que en torno a la procedencia del recurso de apelación, los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio vigentes disponen que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente, por tanto, si la cuantía del negocio es inferior a la cantidad antes referida, no procederá el recurso de apelación. En el caso, la suerte principal que se le reclama al quejoso es por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.). Por tanto, en contra del auto por virtud del cual se obsequiaron las providencias precautorias, procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 1,339 bis del Código de Comercio. De esta manera, para los efectos del juicio de amparo, la determinación reclamada carece de definitividad, toda vez que en su contra procede el recurso de apelación, a través del cual puede ser modificado o revocado; por lo que surte la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Al efecto, es aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), cuyo rubro: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Además, no pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso refiera que la medida se decretó sin su llamamiento; sin embargo, esta formalidad procesal no rige para el supuesto en el que se decreta una providencia precautoria para el aseguramiento de bienes, ya que éste representa un acto de molestia, y como tal, no requiere de audiencia previa; por tanto, no existe deber constitucional de llamar al procedimiento, porque no consiste en una privación definitiva del bien que se llegue a asegurar. En efecto, debe señalarse que el procedimiento del que emana el acto reclamado son las providencias precautorias promovidas como acto prejudicial, cuya legislación aplicable a su sustanciación es el Código de Comercio, las cuales constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan por ser accesorias y sumarias. Son accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo, sino un medio; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves y se surten con requisitos concisos, ya que siendo de corte instrumental, su objeto es mitigar el riesgo de no satisfacer su fin, como lo es el de asegurar la eficacia de un derecho principal, cuyo titular debate; de modo que al no definir ese derecho, sino pretender garantizarlo, debe considerarse que estas providencias no constituyen un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento principal donde se dictan; en el cual, el sujeto afectado sí debe tener la posibilidad de defenderse conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 216, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA". En esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado que este juzgador ubicó en el inciso A) de este apartado, lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que fueron precisados en el inciso B) ubicado al inicio del presente estudio, pues no se reclaman por vicios propios. Resulta aplicable, la jurisprudencia 516, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS". En ese sentido, sólo resta destacar que con motivo del sobreseimiento decretado en este apartado, este juzgador se encuentra impedido para pronunciarse respecto la constitucionalidad de los actos reclamados. Se invoca en apoyo de lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 49, Volumen 24, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 239006 de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". X. DECISIÓN En mérito de lo anterior, al resultar improcedentes los juicios de amparo de los que se ha dado cuenta, lo que en la especie procede es sobreseer en dichos juicios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 61, fracciones XII, 63, fracción V, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1146/2019 promovido por Raúl Alejandro Reyes Baca, contra los actos y por las autoridades precisadas, por las razones expuestas en el apartado de este fallo denominado "VII. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 1146/2019". SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 110/2020 promovido por el apoderado de la persona moral denominada La Casa del Pastelero, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos y por las autoridades precisadas, por las razones expuestas en el apartado de este fallo denominado "VIII. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 110/2020". TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo 162/2020 promovido por Raúl Alejandro Reyes Baca, contra los actos y por las autoridades precisadas, por las razones expuestas en el apartado de este fallo denominado "IX. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 162/2020". Notifíquese personalmente.

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