Raúl Alejandro Reyes Baca
Expediente 1146/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1146/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Raúl Alejandro Reyes Baca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
se advierte que ha transcurrido el término de diez días, para interponer el recurso de revisión que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra la sentencia engrosada el veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó; sin que lo hayan hecho valer. En consecuencia, se declara que el citado fallo definitivo ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Devolución de constancias. Devuélvanse a las autoridades responsables, las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar el acuse correspondiente, en virtud de que el sello de recepción asentado por las citadas autoridades hace las veces de acuse de recibo. Orden de archivo. De conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que en el presente asunto se sobreseyó. Además, se hace constar que este expediente no es de relevancia documental. Consecuentemente, archívese como asunto concluido previas anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Destino de los cuadernos incidentales. Asimismo, conforme al numeral 21, inciso c), del referido acuerdo general, se hace constar que como se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados y no existen documentos originales, el original del cuaderno del incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Igualmente, con fundamento en el arábigo 20, fracción II, inciso a) del citado ordenamiento, se hace constar que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por este juzgado una vez que transcurran más de seis meses contados desde que se pronunció la sentencia interlocutoria. Agréguese copia autorizada de este acuerdo al original del cuaderno de suspensión. Devolución de documentos. Requiérase a las partes para que acudan este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, dentro de un plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger los documentos exhibidos en el presente asunto, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos. Asimismo, hágase de su conocimiento que las citas para presentarse físicamente deberán registrarse conforme al horario asignado a este órgano jurisdiccional en el artículo 15 y Anexo I del Acuerdo General 25/2020, esto es, de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las trece horas con cuarenta y cinco minutos. Por tanto, a fin de que puedan presentarse ante este órgano federal, con fundamento en el numeral 3 del citado acuerdo, dígase a las partes que deberán programar una cita a través del sistema "Agenda OJ", ubicado en el micrositio "Servicios jurisdiccionales" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
."ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 1146/2019 Como se precisó en el apartado correspondiente de este fallo, en el presente juicio de amparo se señalaron como actos reclamados, los siguientes: Ordenadora: A) De la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, se reclama la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0486580892, abierta a nombre de Raúl Alejandro Reyes Baca, en la institución financiera denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.), acto derivado del expediente 1021/2019, del índice de dicho juzgado, en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto de bienes del aquí quejoso. Ejecutoras: B) Tanto del Director General Adjunto de Atención a Autoridades "B" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como de la institución financiera denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, se reclamó la ejecución del embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0486580892, abierta a nombre de Raúl Alejandro Reyes Baca, en la citada institución financiera. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que el presente sumario resulta improcedente, concretamente respecto del acto reclamado ubicado en el inciso A), por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: El precepto legal en comento, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Así, conforme al precepto y fracción citados, el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción de la contienda constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y sólo es procedente cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar las actuaciones del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueden revocar, nulificar o modificar; de allí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la ley de la materia, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Bajo esa perspectiva, este órgano jurisdiccional estima que el quejoso se encuentra en posibilidad de impugnar a través del medio ordinario de defensa, la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0486580892, abierta a su nombre en la institución financiera denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.); actuación que fue emitida por la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, en el expediente 1021/2019 en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto de bienes del aquí quejoso. En efecto, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Comercio, se encuentra el numeral 1,183, el cual señala que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, y enseguida remite a los artículos 1,339; 1,345, fracción IV; y 1,345 bis 1 del propio código. A su vez, el numeral 1,345, fracción IV, del Código de Comercio dispone: "Artículo 1,345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: [.] IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo". El citado precepto señala, en forma genérica, que contra la resolución que recaiga a las providencias precautorias (tanto la resolución que niegue la medida como la que la conceda) procede recurso de apelación de tramitación inmediata, atendiendo a la cuantía del negocio. En torno a la procedencia del recurso de apelación, los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio vigentes disponen que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente, por tanto, si la cuantía del negocio es inferior a la cantidad antes referida, no procederá el recurso de apelación. En el caso, la suerte principal que se le reclama al quejoso es por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.). Por tanto, en contra del auto por virtud del cual se obsequiaron las providencias precautorias, procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 1,339 bis del Código de Comercio. De esta manera, para los efectos del juicio de amparo, la determinación reclamada carece de definitividad, toda vez que en su contra procede el recurso de apelación, a través del cual puede ser modificado o revocado; por lo que surte la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Además, no pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso refiera que la medida se decretó sin su llamamiento; sin embargo, esta formalidad procesal no rige para el supuesto en el que se decreta una providencia precautoria para el aseguramiento de bienes, ya que éste representa un acto de molestia, y como tal, no requiere de audiencia previa; por tanto, no existe deber constitucional de llamar al procedimiento, porque no consiste en una privación definitiva del bien que se llegue a asegurar. En efecto, debe señalarse que el procedimiento del que emana el acto reclamado son las providencias precautorias promovidas como acto prejudicial, cuya legislación aplicable a su sustanciación es el Código de Comercio, las cuales constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan por ser accesorias y sumarias. Son accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo, sino un medio; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves y se surten con requisitos concisos, ya que siendo de corte instrumental, su objeto es mitigar el riesgo de no satisfacer su fin, como lo es el de asegurar la eficacia de un derecho principal, cuyo titular debate; de modo que al no definir ese derecho, sino pretender garantizarlo, debe considerarse que estas providencias no constituyen un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento principal donde se dictan; en el cual, el sujeto afectado sí debe tener la posibilidad de defenderse conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. En esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado que este juzgador ubicó en el inciso A) de este apartado, lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que fueron precisados en el inciso B) ubicado al inicio del presente estudio, pues no se reclaman por vicios propios. En ese sentido, sólo resta destacar que con motivo del sobreseimiento decretado en este apartado, este juzgador se encuentra impedido para pronunciarse respecto la constitucionalidad de los actos reclamados. ."ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 110/2020. Como se precisó en el apartado correspondiente de este fallo, en el presente juicio de amparo se señaló como acto reclamado, el siguiente: De la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, se reclama la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en las cuentas números 0159130780 y 0197551533, abiertas a nombre de la persona moral denominada La Casa del Pastelero, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la institución financiera BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.), acto derivado del expediente 1021/2019, del índice de dicho juzgado, en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto bienes de la aquí quejosa. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que el presente sumario resulta improcedente por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, precepto normativo que ya fue transcrito en párrafos precedentes de este fallo, y del cual se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción de la contienda constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Bajo esa perspectiva, este órgano jurisdiccional estima que la quejosa denominada La Casa del Pastelero, Sociedad Anónima de Capital Variable, se encuentra en posibilidad de impugnar a través del medio ordinario de defensa, la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en las cuentas números 0159130780 y 0197551533, abiertas a su nombre en la institución financiera BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.); actuación que fue emitida por la Jueza Décima de lo Civil de la Ciudad de México, en el expediente 1021/2019 en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto de bienes de la aquí quejosa. Lo anterior es así, porque como quedó precisado en el apartado que antecede, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Comercio, se encuentra el numeral 1,183 que señala que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, y enseguida remite a los artículos 1,339; 1,345, fracción IV; y 1,345 bis 1 del propio código. En ese sentido, no debe perderse de vista que el artículo 1,345, fracción IV, del Código de Comercio, señala, en forma genérica, que contra la resolución que recaiga a las providencias precautorias (tanto la resolución que niegue la medida como la que la conceda) procede recurso de apelación de tramitación inmediata, atendiendo a la cuantía del negocio. Y que en torno a la procedencia del recurso de apelación, los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio vigentes disponen que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente, por tanto, si la cuantía del negocio es inferior a la cantidad antes referida, no procederá el recurso de apelación. En el caso, la suerte principal que se le reclama a la quejosa es por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.). Por tanto, en contra del auto por virtud del cual se obsequiaron las providencias precautorias, procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 1,339 bis del Código de Comercio. De esta manera, para los efectos del juicio de amparo, la determinación reclamada carece de definitividad, toda vez que en su contra procede el recurso de apelación, a través del cual puede ser modificado o revocado; por lo que surte la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Además, no pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso refiera que la medida se decretó sin su llamamiento; sin embargo, esta formalidad procesal no rige para el supuesto en el que se decreta una providencia precautoria para el aseguramiento de bienes, ya que éste representa un acto de molestia, y como tal, no requiere de audiencia previa; por tanto, no existe deber constitucional de llamar al procedimiento, porque no consiste en una privación definitiva del bien que se llegue a asegurar. En efecto, debe señalarse que el procedimiento del que emana el acto reclamado son las providencias precautorias promovidas como acto prejudicial, cuya legislación aplicable a su sustanciación es el Código de Comercio, las cuales constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan por ser accesorias y sumarias. Son accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo, sino un medio; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves y se surten con requisitos concisos, ya que siendo de corte instrumental, su objeto es mitigar el riesgo de no satisfacer su fin, como lo es el de asegurar la eficacia de un derecho principal, cuyo titular debate; de modo que al no definir ese derecho, sino pretender garantizarlo, debe considerarse que estas providencias no constituyen un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento principal donde se dictan; en el cual, el sujeto afectado sí debe tener la posibilidad de defenderse conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. En esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia. En ese sentido, sólo resta destacar que con motivo del sobreseimiento decretado en este apartado, este juzgador se encuentra impedido para pronunciarse respecto la constitucionalidad de los actos reclamados. IX. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 162/2020. Como se precisó en el apartado correspondiente de este fallo, en el presente juicio de amparo se señaló como acto reclamado, el siguiente: Ordenadora: A) De la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, se reclama la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0159373845, abierta a nombre de Raúl Alejandro Reyes Baca, en la institución financiera denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.), acto derivado del expediente 1021/2019, del índice de dicho juzgado, en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto bienes del aquí quejoso. Ejecutora: B) De la institución financiera denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, la ejecución del embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0159373845, abierta a nombre de Raúl Alejandro Reyes Baca, en la citada institución financiera. Precisado lo anterior, este juzgador advierte que el presente sumario resulta improcedente, concretamente respecto del acto reclamado ubicado en el inciso A), por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, precepto normativo que ya fue transcrito en párrafos precedentes de este fallo, y del cual se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso es parte en el juicio o procedimiento del cual derivan los actos reclamados, y no hace valer, previamente a la promoción de la contienda constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad. Bajo esa perspectiva, este órgano jurisdiccional estima que el quejoso Raúl Alejandro Reyes Baca, se encuentra en posibilidad de impugnar a través del medio ordinario de defensa, la orden de embargo y/o retención del dinero depositado en la cuenta número 0159373845, abierta a nombre de Raúl Alejandro Reyes Baca, en la institución financiera denominada BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, hasta por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.); actuación que fue emitida por la Juez Décimo de lo Civil de la Ciudad de México, en el expediente 1021/2019 en el que la representación de Banco Base, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Base, solicitó se decretaran "providencias precautorias" prejudiciales a juicio ejecutivo mercantil respecto de bienes de la aquí quejosa. Lo anterior es así, porque como quedó precisado en este fallo, conforme al sistema legal que rige los recursos en el Código de Comercio, se encuentra el numeral 1,183 que señala que en contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, y enseguida remite a los artículos 1,339; 1,345, fracción IV; y 1,345 bis 1 del propio código. En ese sentido, no debe perderse de vista que el artículo 1,345, fracción IV, del Código de Comercio, señala, en forma genérica, que contra la resolución que recaiga a las providencias precautorias (tanto la resolución que niegue la medida como la que la conceda) procede recurso de apelación de tramitación inmediata, atendiendo a la cuantía del negocio. Y que en torno a la procedencia del recurso de apelación, los artículos 1,339 y 1,340 del Código de Comercio vigentes disponen que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $682,646.89 (seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente, por tanto, si la cuantía del negocio es inferior a la cantidad antes referida, no procederá el recurso de apelación. En el caso, la suerte principal que se le reclama al quejoso es por la cantidad de $2'014,485.61 (dos millones catorce mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 61/100 M.N.). Por tanto, en contra del auto por virtud del cual se obsequiaron las providencias precautorias, procede el recurso de apelación, previsto en el artículo 1,339 bis del Código de Comercio. De esta manera, para los efectos del juicio de amparo, la determinación reclamada carece de definitividad, toda vez que en su contra procede el recurso de apelación, a través del cual puede ser modificado o revocado; por lo que surte la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Además, no pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso refiera que la medida se decretó sin su llamamiento; sin embargo, esta formalidad procesal no rige para el supuesto en el que se decreta una providencia precautoria para el aseguramiento de bienes, ya que éste representa un acto de molestia, y como tal, no requiere de audiencia previa; por tanto, no existe deber constitucional de llamar al procedimiento, porque no consiste en una privación definitiva del bien que se llegue a asegurar. En efecto, debe señalarse que el procedimiento del que emana el acto reclamado son las providencias precautorias promovidas como acto prejudicial, cuya legislación aplicable a su sustanciación es el Código de Comercio, las cuales constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan por ser accesorias y sumarias. Son accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo, sino un medio; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves y se surten con requisitos concisos, ya que siendo de corte instrumental, su objeto es mitigar el riesgo de no satisfacer su fin, como lo es el de asegurar la eficacia de un derecho principal, cuyo titular debate; de modo que al no definir ese derecho, sino pretender garantizarlo, debe considerarse que estas providencias no constituyen un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento principal donde se dictan; en el cual, el sujeto afectado sí debe tener la posibilidad de defenderse conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. En esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado que este juzgador ubicó en el inciso A) de este apartado, lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que fueron precisados en el inciso B) ubicado al inicio del presente estudio, pues no se reclaman por vicios propios. En ese sentido, sólo resta destacar que con motivo del sobreseimiento decretado en este apartado, este juzgador se encuentra impedido para pronunciarse respecto la constitucionalidad de los actos reclamados. X. DECISIÓN En mérito de lo anterior, al resultar improcedentes los juicios de amparo de los que se ha dado cuenta, lo que en la especie procede es sobreseer en dichos juicios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 61, fracciones XII, 63, fracción V, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1146/2019 promovido por Raúl Alejandro Reyes Baca, contra los actos y por las autoridades precisadas, por las razones expuestas en el apartado de este fallo denominado "VII. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 1146/2019". SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo 110/2020 promovido por el apoderado de la persona moral denominada La Casa del Pastelero, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos y por las autoridades precisadas, por las razones expuestas en el apartado de este fallo denominado "VIII. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 110/2020". TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo 162/2020 promovido por Raúl Alejandro Reyes Baca, contra los actos y por las autoridades precisadas, por las razones expuestas en el apartado de este fallo denominado "IX. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO 162/2020". Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A QUIEN LEGALMENTE REPRESENTE A BANCO BASE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2020.
- Principal
." agréguese a los autos el oficio enviado vía electrónica por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el cual solicita copia certificada de diversas constancias, del juicio de amparo 110/2020. En tales condiciones, como lo requiere la autoridad oficiante remítase copia certificada de las constancias que solicita. Asimismo, hágase de su conocimiento que mediante auto de diez de febrero de dos mil veinte, se ordenó la acumulación del expediente 110/2020 al presente juicio de amparo 1146/2019, toda vez que fueron promovidos contra las mismas autoridades respecto del mismo acto reclamado, siendo que el uno de septiembre de dos mil veinte se celebró la audiencia constitucional. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,550 expedientes
- Raquel Juan Marcos Cavazos289/2019
- Raquel Juan Marcos Cavazos463/2019
- Raquel Letayf Yapur930/2017
- Raquel Vázquez Valle849/2019
- Raul Adalberto Herrera Hazas1375/2018
- Raúl Alberto Lugo Zubiaga112/2018
- Raúl Alejandro Reyes Baca162/2020
- Raúl Anselmo Soto607/2020
- Raúl Antonio Cameras Meneses233/2015
- Raúl Antonio González López889/2019
- Raúl Antonio González López890/2019
- Raúl Bernabé Patiño507/2020