Raul Alejandro Hurajes Espinoza
Expediente 1218/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1218/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raul Alejandro Hurajes Espinoza
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales presentada por Raúl Alejandro Hurajes Espinoza; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 1218/2023 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En este sentido, del análisis integral de la demanda de protección de derechos fundamentales, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "1).- En primer lugar, le reclamo la resolución recaída al recurso de Revocación, dictado con fecha diecinueve de octubre del año dos mil veintitrés y notificado por lista de acuerdos el mismo día, dentro del expediente número 387/2022-I del índice del H. Juzgado Octavo de Primera Instancia especializado en materia familiar del Distrito Judicial de la Ciudad de Veracruz, Veracruz, donde se resolvió declarando improcedente el recurso de revocación presentado por el suscrito confirmando el auto recurrido. 2).- En segundo lugar, las consecuencias legales, que se deriven del acto reclamado descrito en el punto que antecede." De igual manera, de los conceptos de violación de la demanda de amparo, el promovente manifestó lo siguiente: Entonces, en el particular, el que suscribe estima que en el caso se colma el supuesto de inviabilidad que establece la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción V, de la ley en cita, debido a que la resolución reclamada es de carácter intraprocesal que no afecta materialmente los derechos sustantivos del promovente. Tales numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no tengan efectos de imposible reparación; en la inteligencia de que la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, define lo que debe entenderse por actos en juicio cuyos efectos son de imposible reparación, al establecer con toda precisión que son aquellos que afecten materialmente alguno de los derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. En otras palabras, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento judicial, únicamente cuando ocasionan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no tratándose de derechos adjetivos o procesales. En ese sentido, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe considerarse a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que deriven tales actos procesales, como sería, por ejemplo, una orden de clausura en bienes del quejoso, la imposición de una multa, entre otros; en razón de los perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les pueden resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución definitiva que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no afectan derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este último caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 19, junio de 2015, tomo I, página 1070, registro 2009478, del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen". De la tesis antes transcrita se advierte la intención del legislador de precisar que únicamente podrá combatirse a través del juicio de amparo indirecto, los actos dictados en juicio, cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen, de modo que cualquier interpretación que pretenda incluir la posibilidad de combatir actos procesales dentro del juicio de amparo indirecto, por más exorbitantes que se manifieste que sean. Así también, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado sobre los alcances de la fracción V, del citado artículo 107 de la Ley de Amparo, enfatizando que el juicio para el control de los actos de autoridad sólo procede cuando los dictados en el juicio afectan materialmente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución o instrumentos internacionales, y no cuando sólo inciden sobre cuestiones adjetivas o procesales. Así, de una interpretación en sentido contrario del citado artículo, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dictados en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación; es decir, el amparo indirecto resulta improcedente contra actuaciones que no afecten, materialmente, derechos sustantivos del quejoso, como la vida o la libertad. En la especie, el acto reclamado consiste en la resolución de diecinueve de octubre del año en curso, dictada en el expediente 387/2022-I del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de la ciudad de Veracruz, Veracruz. Determinación que dirimió el recurso de revocación presentado por el aquí quejoso, en contra del auto de seis de julio de este año, en el cual se declaró desierta una prueba pericial en psicología, por falta de interés jurídico del oferente. De lo anterior, se colige que el acto reclamado no encuadra en el supuesto de procedencia del amparo indirecto, conforme al texto de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, pues no priva a la parte quejosa en forma actual y material de algún derecho patrimonial; ni transgrede la vida misma o la libertad. Sino que se trata de una resolución dictada durante la tramitación del procedimiento civil de origen, cuya consecuencia es que continúe con su cauce hasta el dictado de la sentencia correspondiente en las condiciones que se encuentren las partes. Por su parte, el artículo 172 de la Ley de Amparo, establece que las violaciones al procedimiento que se configuren durante la tramitación de un juicio o aquellos actos en los que se desechen recursos y que afecten partes sustanciales del procedimiento y dejen en estado de indefensión a las partes o en su defecto, cuando se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones del citado artículo a juicio de los órganos jurisdiccionales, tales cuestiones se esclarecerán ante la tramitación del juicio de amparo directo. De lo anterior, es posible advertir que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que no afecta ningún derecho de carácter sustantivo. Sino sólo de carácter procesal y puede extinguirse en la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, pues la sentencia que ponga fin al juicio de origen puede resultar favorable a sus intereses; o en caso contrario, lo que se determine en el mismo puede reclamarse -previa la observancia del principio de definitividad (en su caso)-, en amparo directo. En ese sentido, el acto reclamado no tiene efectos que sean de imposible reparación y por lo tanto, debe ser reclamada, en su caso, junto con la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen vía amparo directo; ya que el mismo no es una infracción que afecte en este momento alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, contra la cual resulte procedente el amparo en la vía indirecta, en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, puesto que tal acto procesal no produce una afectación que sea actual, y por tanto, que afecte algún derecho fundamental protegido por la Constitución Federal, porque ello dependerá de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A.E. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1903 del Libro 29, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2016, Décima Época, materia común, con número de registro 2011339, que establece: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión". Así como también, la Jurisprudencia I.1o.A.E. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1902 del Libro 29, Tomo III, abril de 2016, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011338, que establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución". De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el penúltimo interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo; como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas restantes que menciona en la demanda de amparo, lo anterior por no encontrarse registradas en dicho sistema. Además, de conformidad con los artículos 3, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 37, 38, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza al usuario "********************", para el ingreso, consulta y notificaciones electrónicas de los acuerdos correspondientes a este expediente a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al usuario "********************", para que pueda ingresar, notificarse electrónicamente y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado, realicen las notificaciones respectivas en la vía indicada. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin perjuicio de que los oficios dirigidos a la autoridad responsable como tal o en su carácter de terceros interesados se hagan por los medios a su alcance, como fax o correo electrónico, según su practicidad, levantando la constancia correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, evitar el desgaste innecesario a quienes se les encomienda la tarea de notificar; todo ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 24 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No se opone dicha determinación con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a la responsable o a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, serán entregados en el domicilio de su oficina principal por el funcionario del juzgado, quien recabará la constancia de recibo correspondiente; toda vez que el dispositivo en comento no establece que dicho diligenciario deba constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad a notificar, sino que bastará que el empleado entregue a la autoridad y recabe el acuse de recibo, lo cual se cumple con la constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso, bastando ello para que surta efectos la notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral 237, fracción I, 238 y 243 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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