Raquel Sánchez Camacho
Expediente 875/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raquel Sánchez Camacho
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintidós.Vista la certificación de esta fecha y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja contra el auto de seis de octubre del año en curso, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó este expediente; en tal razón, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones correspondientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, puesto que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veinticinco de octubre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Raquel Sánchez Camacho, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de identidad reservada de iniciales J.M.S. y M.A.M.S., fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio 875/2022 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CONSIDERACIÓN PREVIA A fin de proveer lo conducente sobre la demanda que nos ocupa, procede señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedente la desechará de plano. En relación con ello, lo manifestado se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifestado e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por la quejosa y la correspondiente hipótesis normativa, por lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; siendo así que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia advertida es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por su parte, el artículo 62 de la Ley en cita, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que se desprende que las causas de improcedencia se deberán analizar de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. DESECHAMIENTO Ahora, respecto al acto reclamado que la promovente del amparo señaló en el escrito de demanda relativo a la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, dictada en los autos del expediente 702/2019-V, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en Veracruz, Veracruz, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diverso 17 y 18, de la Ley de Amparo, pues la ocursante consintió tácitamente los actos reclamados, al no haber promovido en su contra el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el referido numeral 17. En efecto, esos dispositivos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." (Lo destacado es propio) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". (lo subrayado es propio) De lo anterior, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados éstos a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclama o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efecto, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis, a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto a la primera es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado a la parte quejosa la resolución o acuerdo que reclama, en los términos señalados en la legislación que rige el acto, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. En tratándose de las dos restantes, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos, por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la ley que rige la materia, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino que el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que implica alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. A propósito de lo expuesto, es importante destacar que cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia de amparo que concedió la protección constitucional, el cómputo del plazo para presentar la demanda comienza a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución. Por ello, el plazo no puede computarse hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en la Ley de Amparo y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. Así, se desprende de la jurisprudencia 40/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2010666, Décima Época, materia común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva". Sobre esa base, es importante traer a contexto el marco normativo que regula las notificaciones practicadas en los juicios civiles en el Estado de Veracruz. Al respecto, el numeral 92 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz establece lo siguiente: "CAPÍTULO VI De los términos judiciales ARTÍCULO 92 Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que hubiere quedado hecho el emplazamiento o notificación." Del artículo transcrito se advierte que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que hubiere quedado hecho el emplazamiento o notificación, con independencia de que se practiquen de manera personal o por lista, pues dicho dispositivo se limita a establecer la forma en que habrán de computarse los plazos para los efectos de los procedimientos que se rijan conforme a las disposiciones del citado código procesal; sin que contemple el momento en que las notificaciones respectivas deben surtir sus efectos y sin que exista en el citado código disposición alguna que establezca tal cuestión. En armonía con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en relación con el supuesto previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo relativo a que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado; por ende, cuando los preceptos -de la ley que resulte aplicable- en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, pero señalan que los plazos correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, debe concluirse que en esos casos las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día. Agregó el Pleno que ello es así máxime si se toma en cuenta que -por regla general- las notificaciones surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; y que por ello -cuando la ley del acto no establece cuando surten sus efectos las notificaciones- el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 11/2017, publicada en la página siete, Libro Cuarenta y Dos, Mayo de 2017, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2014199, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." En esa tesitura, si bien el citado artículo 92 del código adjetivo civil local no establece cuándo deben surtir efectos las notificaciones sino únicamente contempla que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que hubiere quedado hecho el emplazamiento o notificación, debe entenderse que las notificaciones practicadas al tenor del citado código surten sus efectos el día que son hechas salvo disposición expresa en contrario, al no existir precepto alguno sobre el momento en que surte sus efectos la notificación por lista de acuerdos. No es óbice que el articulo 85 disponga que en las notificaciones por lista se pondrá en los autos, razón del número y la fecha con que se haya listado el acuerdo respectivo, así como también el momento en que surta todos sus efectos la notificación; pues ello no significa que quede al arbitrio de la autoridad judicial o del notificador la fecha en que una notificación pueda surtir efectos sino únicamente implica que el legislador consideró como requisito de la constancia de notificación que entre sus datos contenga la fecha en que dicha notificación surte sus efectos, por lo que en el caso de las que surten sus efectos el mismo día así deberá establecerse en la constancia correspondiente. Ahora bien, del escrito de demanda se destaca, como quedó asentado en líneas anteriores, que la promovente del amparo reclama la resolución de tres de agosto del año en curso, dictada por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en Veracruz, Veracruz, en cumplimiento a la sentencia amparadora emitida en el juicio 901/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, y que constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. En dicha resolución, la autoridad responsable modificó el porcentaje fijado inicialmente respecto de la quejosa Raquel Sánchez Camacho; en la inteligencia de que en su parte considerativa se estableció: "(.) copia fotostática simple del sistema de derechohabientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, (visible a foja 75 del sumario), con valor probatorio de conformidad con los artículos 293 y 333 del Código Procesal Civil, sin fecha de emisión, del que se aprecia que los derechohabientes y beneficiarios del ciudadano ELEAZAR MARCIAL MEJÍA, son su esposa la actora de este juicio, sus menores hijas de identidad reservada de iniciales "J.Y.M.S." y "M.A.M.S.", también su menor hijo de identidad reservada de iniciales C.J.M.O., el joven Giovanny Christopher Marcial Sánchez, su madre Minerva Mejía Jiménez y Margarita Oliva López, mismo que fue exhibido en copia fotostática simple, con valor indiciario en términos del artículo 293 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, lo que se ve robustecido con las manifestaciones que hace la actora en su escrito de desahogo de vista concedido con el recurso de reclamación, (f.132), al manifestar lo siguiente: ""Me vi en la necesidad de marcarle a mi esposo Eleazar para pedirle apoyo con el seguro médico militar para mi hijo lo cual se negó, pero al pasar las semanas volví a hablar con él, y mi esposo, el señor Eleazar me envió las tarjetas de afiliación de mis tres hijos"", lo que se valora en una confesión en términos de los artículos 316 y 320 del Código Procesal Civil, por lo que se desprende que las aquí acreedoras alimentarias tienen cubierto el rubro de asistencia médica a que se refiere el artículo 239 del Código Civil del Estado y que fueron hechos que se desconocían al momento de fijar la medida provisional de alimentos, y que ahora esta circunstancia debe impactar para la graduación de la pensión provisional, sin perjuicio de la definitiva." (.) se modifica la medida provisional fijada en auto de fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve, del sesenta por ciento al CINCUENTA POR CIENTO sobre su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe como teniente de infantería en la Secretaría de la Defensa Nacional, con domicilio en la Ciudad de México, en el entendido que a la actora ciudadana RAQUEL SÁNCHEZ CAMACHO se reduce de un veinte por ciento a un quince por ciento, a sus menores hijas de identidad reservada y de iniciales "J.Y.M.S." y "M.AM.S.", representadas por su progenitora se reduce de un veinte por ciento a un diecisiete punto cinco por ciento, por lo que deberá girarse oficio a la fuente laboral del demandado, para que se sirva realizar el descuento correspondiente a la pensión alimenticia provisional fijada aquí por el suscrito Juzgador, toda vez que hemos visto que se encontraba desajustada al principio de proporcionalidad enmarcado en el artículo 242 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, tras realizar la ponderación de las necesidades de los acreedores y las posibilidades del aquí demandado con las pruebas que hasta este momento procesal se tienen en autos, considerando que las acreedoras alimentarias se encuentran en un mismo núcleo familiar, ya que la actora ciudadana RAQUEL SÁNCHEZ CAMACHO, al estar viviendo al lado de sus menores hijas, es de entenderse que de ahí mismo se satisfacen las necesidades alimentarias de ésta, al encontrarse dentro del mismo núcleo que petición (sic) a los alimentos, ya que además como administradora de los mismos, debe velar por una mejor distribución favoreciendo las necesidades de sus menores hijas, sin perderse de vista que el deudor alimentario, que es quien la persona que genera los recursos económicos para satisfacer la obligación alimentaria de sus citadas acreedoras, debe considerarse que tiene mayores necesidades que cada una de las referidas acreedoras en lo individual, cantidad que se considerara justa y equitativa al tener otro acreedor alimentario más, quien es menor de edad, y sus acreedores alimentarios gozan del rubro de asistencia médica, tomando en considerando lo expuesto en párrafos precedentes y también porque el propio deudor debe conservar lo propio para sus gastos personales y de su acreedor alimentario." Ahora, acorde con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para quien esto suscribe, que en este órgano de control constitucional se encuentra radicado el juicio de amparo 901/2021, del índice de este juzgado, de cuyas constancias se advierte la resolución que constituye el acto reclamado en el presente expediente (875/2022), y se aprecia que la autoridad responsable notificó a la aquí promovente el tres de agosto del año en curso, como se advierte del sello de notificación por lista que obra en la última página de esa determinación. Así, el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda de amparo se computa a partir del día siguiente a aquél en que se notificó la actuación reclamada, esto es, a partir del cuatro de agosto de dos mil veintidós y feneció el veinticuatro de agosto siguiente, en tanto, la demanda de amparo se presentó el cinco de octubre de este año, mediante buzón. No obsta que la promovente refiera en su escrito de demanda que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el cuatro de octubre del año en curso, fecha en que se le notificó el auto de tres de octubre anterior, por el que se tuvo por cumplida la sentencia en el juicio de amparo 901/2021, pues como se indicó anteriormente, la notificación de esa determinación fue realizada por la autoridad responsable desde el referido tres de agosto de este año, luego, como se estableció, desde el día siguiente a esa notificación comenzó a trascurrir el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, con independencia de que si en aquel juicio de garantías se tuviera por cumplida la ejecutoria de amparo. De igual manera, del sello de notificación de la resolución reclamada aludida se indica que la notificación surte efectos al día siguiente. En ese orden, si la demanda de amparo se presentó hasta el cinco de octubre de dos mil veintidós, por buzón judicial, es claro que la acción constitucional se ejerció en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días permitidos por la Ley de Amparo para tal efecto; de ahí que el acto reclamado se considera consentido tácitamente. Por lo tanto, se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 14, publicada en la página once, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". No se omite destacar que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término de quince o de treinta días, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales; como tampoco se trata de una sentencia condenatoria en materia penal. Tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del plazo genérico de quince días, lo que en el caso no acontece. De igual forma, se destaca que este juzgador, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no está facultado para analizar la legalidad de la notificación de la resolución reclamada. Por analogía, se citan las jurisprudencias 5/2014 y 125/2016, sustentadas, en su orden, por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA" y "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO". Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado de la demanda de amparo. Asimismo, se tiene por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Alberto Cadenas Ascencio y Norma Vieyra Hernández, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas, ya que no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y tampoco se indicas las cédulas profesionales para que se puedan consultar en el Registro citado en primer término. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando como medio de contacto el correo electrónico que indica en la demanda, el cual se utilizará en caso de ser necesario, para comunicaciones no procesales, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos Jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las demás partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de la secretaria Yonaji Nuria Juárez Rivas, con quien actúa y da fe, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el Acuerdo General 21/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia, y en términos de la Circular DGGJ/05/2020, de catorce de mayo de dos mil veinte. Doy Fe. Razón. En la misma fecha se anota la demanda en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, bajo el número 875/2022, y se turnó el expediente a la actuaría para su notificación. Conste. YNJR/dari*
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 06/10/2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C... Boca del Río, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Raquel Sánchez Camacho, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de identidad reservada de iniciales J.M.S. y M.A.M.S., fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el juicio 875/2022 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. CONSIDERACIÓN PREVIA A fin de proveer lo conducente sobre la demanda que nos ocupa, procede señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedente la desechará de plano. En relación con ello, lo manifestado se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifestado e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por la quejosa y la correspondiente hipótesis normativa, por lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; siendo así que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia advertida es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por su parte, el artículo 62 de la Ley en cita, establece: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que se desprende que las causas de improcedencia se deberán analizar de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. DESECHAMIENTO Ahora, respecto al acto reclamado que la promovente del amparo señaló en el escrito de demanda relativo a la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, dictada en los autos del expediente 702/2019-V, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en Veracruz, Veracruz, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, en relación con los diverso 17 y 18, de la Ley de Amparo, pues la ocursante consintió tácitamente los actos reclamados, al no haber promovido en su contra el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el referido numeral 17. En efecto, esos dispositivos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." (Lo destacado es propio) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". (lo subrayado es propio) De lo anterior, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados éstos a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclama o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efecto, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis, a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto a la primera es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado a la parte quejosa la resolución o acuerdo que reclama, en los términos señalados en la legislación que rige el acto, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. En tratándose de las dos restantes, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos, por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 18 de la ley que rige la materia, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino que el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que implica alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. A propósito de lo expuesto, es importante destacar que cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia de amparo que concedió la protección constitucional, el cómputo del plazo para presentar la demanda comienza a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución. Por ello, el plazo no puede computarse hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en la Ley de Amparo y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. Así, se desprende de la jurisprudencia 40/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2010666, Décima Época, materia común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva". Sobre esa base, es importante traer a contexto el marco normativo que regula las notificaciones practicadas en los juicios civiles en el Estado de Veracruz. Al respecto, el numeral 92 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz establece lo siguiente: "CAPÍTULO VI De los términos judiciales ARTÍCULO 92 Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que hubiere quedado hecho el emplazamiento o notificación." Del artículo transcrito se advierte que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que hubiere quedado hecho el emplazamiento o notificación, con independencia de que se practiquen de manera personal o por lista, pues dicho dispositivo se limita a establecer la forma en que habrán de computarse los plazos para los efectos de los procedimientos que se rijan conforme a las disposiciones del citado código procesal; sin que contemple el momento en que las notificaciones respectivas deben surtir sus efectos y sin que exista en el citado código disposición alguna que establezca tal cuestión. En armonía con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en relación con el supuesto previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo relativo a que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado; por ende, cuando los preceptos -de la ley que resulte aplicable- en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, pero señalan que los plazos correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, debe concluirse que en esos casos las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día. Agregó el Pleno que ello es así máxime si se toma en cuenta que -por regla general- las notificaciones surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; y que por ello -cuando la ley del acto no establece cuando surten sus efectos las notificaciones- el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 11/2017, publicada en la página siete, Libro Cuarenta y Dos, Mayo de 2017, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2014199, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." En esa tesitura, si bien el citado artículo 92 del código adjetivo civil local no establece cuándo deben surtir efectos las notificaciones sino únicamente contempla que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que hubiere quedado hecho el emplazamiento o notificación, debe entenderse que las notificaciones practicadas al tenor del citado código surten sus efectos el día que son hechas salvo disposición expresa en contrario, al no existir precepto alguno sobre el momento en que surte sus efectos la notificación por lista de acuerdos. No es óbice que el articulo 85 disponga que en las notificaciones por lista se pondrá en los autos, razón del número y la fecha con que se haya listado el acuerdo respectivo, así como también el momento en que surta todos sus efectos la notificación; pues ello no significa que quede al arbitrio de la autoridad judicial o del notificador la fecha en que una notificación pueda surtir efectos sino únicamente implica que el legislador consideró como requisito de la constancia de notificación que entre sus datos contenga la fecha en que dicha notificación surte sus efectos, por lo que en el caso de las que surten sus efectos el mismo día así deberá establecerse en la constancia correspondiente. Ahora bien, del escrito de demanda se destaca, como quedó asentado en líneas anteriores, que la promovente del amparo reclama la resolución de tres de agosto del año en curso, dictada por el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en Veracruz, Veracruz, en cumplimiento a la sentencia amparadora emitida en el juicio 901/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, y que constituye el acto reclamado en este juicio constitucional. En dicha resolución, la autoridad responsable modificó el porcentaje fijado inicialmente respecto de la quejosa Raquel Sánchez Camacho; en la inteligencia de que en su parte considerativa se estableció: "(.) copia fotostática simple del sistema de derechohabientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, (visible a foja 75 del sumario), con valor probatorio de conformidad con los artículos 293 y 333 del Código Procesal Civil, sin fecha de emisión, del que se aprecia que los derechohabientes y beneficiarios del ciudadano ELEAZAR MARCIAL MEJÍA, son su esposa la actora de este juicio, sus menores hijas de identidad reservada de iniciales "J.Y.M.S." y "M.A.M.S.", también su menor hijo de identidad reservada de iniciales C.J.M.O., el joven Giovanny Christopher Marcial Sánchez, su madre Minerva Mejía Jiménez y Margarita Oliva López, mismo que fue exhibido en copia fotostática simple, con valor indiciario en términos del artículo 293 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, lo que se ve robustecido con las manifestaciones que hace la actora en su escrito de desahogo de vista concedido con el recurso de reclamación, (f.132), al manifestar lo siguiente: ""Me vi en la necesidad de marcarle a mi esposo Eleazar para pedirle apoyo con el seguro médico militar para mi hijo lo cual se negó, pero al pasar las semanas volví a hablar con él, y mi esposo, el señor Eleazar me envió las tarjetas de afiliación de mis tres hijos"", lo que se valora en una confesión en términos de los artículos 316 y 320 del Código Procesal Civil, por lo que se desprende que las aquí acreedoras alimentarias tienen cubierto el rubro de asistencia médica a que se refiere el artículo 239 del Código Civil del Estado y que fueron hechos que se desconocían al momento de fijar la medida provisional de alimentos, y que ahora esta circunstancia debe impactar para la graduación de la pensión provisional, sin perjuicio de la definitiva." (.) se modifica la medida provisional fijada en auto de fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve, del sesenta por ciento al CINCUENTA POR CIENTO sobre su salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe como teniente de infantería en la Secretaría de la Defensa Nacional, con domicilio en la Ciudad de México, en el entendido que a la actora ciudadana RAQUEL SÁNCHEZ CAMACHO se reduce de un veinte por ciento a un quince por ciento, a sus menores hijas de identidad reservada y de iniciales "J.Y.M.S." y "M.AM.S.", representadas por su progenitora se reduce de un veinte por ciento a un diecisiete punto cinco por ciento, por lo que deberá girarse oficio a la fuente laboral del demandado, para que se sirva realizar el descuento correspondiente a la pensión alimenticia provisional fijada aquí por el suscrito Juzgador, toda vez que hemos visto que se encontraba desajustada al principio de proporcionalidad enmarcado en el artículo 242 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, tras realizar la ponderación de las necesidades de los acreedores y las posibilidades del aquí demandado con las pruebas que hasta este momento procesal se tienen en autos, considerando que las acreedoras alimentarias se encuentran en un mismo núcleo familiar, ya que la actora ciudadana RAQUEL SÁNCHEZ CAMACHO, al estar viviendo al lado de sus menores hijas, es de entenderse que de ahí mismo se satisfacen las necesidades alimentarias de ésta, al encontrarse dentro del mismo núcleo que petición (sic) a los alimentos, ya que además como administradora de los mismos, debe velar por una mejor distribución favoreciendo las necesidades de sus menores hijas, sin perderse de vista que el deudor alimentario, que es quien la persona que genera los recursos económicos para satisfacer la obligación alimentaria de sus citadas acreedoras, debe considerarse que tiene mayores necesidades que cada una de las referidas acreedoras en lo individual, cantidad que se considerara justa y equitativa al tener otro acreedor alimentario más, quien es menor de edad, y sus acreedores alimentarios gozan del rubro de asistencia médica, tomando en considerando lo expuesto en párrafos precedentes y también porque el propio deudor debe conservar lo propio para sus gastos personales y de su acreedor alimentario." Ahora, acorde con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para quien esto suscribe, que en este órgano de control constitucional se encuentra radicado el juicio de amparo 901/2021, del índice de este juzgado, de cuyas constancias se advierte la resolución que constituye el acto reclamado en el presente expediente (875/2022), y se aprecia que la autoridad responsable notificó a la aquí promovente el tres de agosto del año en curso, como se advierte del sello de notificación por lista que obra en la última página de esa determinación. Así, el plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda de amparo se computa a partir del día siguiente a aquél en que se notificó la actuación reclamada, esto es, a partir del cuatro de agosto de dos mil veintidós y feneció el veinticuatro de agosto siguiente, en tanto, la demanda de amparo se presentó el cinco de octubre de este año, mediante buzón. No obsta que la promovente refiera en su escrito de demanda que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el cuatro de octubre del año en curso, fecha en que se le notificó el auto de tres de octubre anterior, por el que se tuvo por cumplida la sentencia en el juicio de amparo 901/2021, pues como se indicó anteriormente, la notificación de esa determinación fue realizada por la autoridad responsable desde el referido tres de agosto de este año, luego, como se estableció, desde el día siguiente a esa notificación comenzó a trascurrir el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, con independencia de que si en aquel juicio de garantías se tuviera por cumplida la ejecutoria de amparo. De igual manera, del sello de notificación de la resolución reclamada aludida se indica que la notificación surte efectos al día siguiente. En ese orden, si la demanda de amparo se presentó hasta el cinco de octubre de dos mil veintidós, por buzón judicial, es claro que la acción constitucional se ejerció en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días permitidos por la Ley de Amparo para tal efecto; de ahí que el acto reclamado se considera consentido tácitamente. Por lo tanto, se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 14, publicada en la página once, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala.". No se omite destacar que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción para promover el juicio de amparo en cualquier tiempo, o fuera del término de quince o de treinta días, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales; como tampoco se trata de una sentencia condenatoria en materia penal. Tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; en consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del plazo genérico de quince días, lo que en el caso no acontece. De igual forma, se destaca que este juzgador, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no está facultado para analizar la legalidad de la notificación de la resolución reclamada. Por analogía, se citan las jurisprudencias 5/2014 y 125/2016, sustentadas, en su orden, por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA" y "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO". Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado de la demanda de amparo. Asimismo, se tiene por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Alberto Cadenas Ascencio y Norma Vieyra Hernández, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las restantes personas, ya que no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y tampoco se indicas las cédulas profesionales para que se puedan consultar en el Registro citado en primer término. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando como medio de contacto el correo electrónico que indica en la demanda, el cual se utilizará en caso de ser necesario, para comunicaciones no procesales, en términos del artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos Jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las demás partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y Notifíquese personalmente.
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