Raul Aceves Rodriguez

Expediente 1246/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1246/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Raul Aceves Rodriguez
  • RAUL ACEVES RODRIGUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio 421 signado por el Secretario encargado del Despacho del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, sin realizar mayor pronunciamiento respecto a su contenido, puesto que mediante proveído de trece de mayo pasado se acordó lo conducente. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 421 remitido -vía correo electrónico institucional- por el Secretario encargado del Despacho del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, a través del cual, acusa recibo de la misiva 462/2022 de veintidós de abril de dos mil veintidós, por el que este órgano jurisdiccional le notificó la determinación dictada en esa fecha y le remitió la copia certificada de diversas constancias derivadas de la causa penal 258/2013 de su índice, con la cual se formó el anexo I del presente juicio de amparo. De lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a los que haya lugar. Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla -autoridad no responsable- en cumplimiento a un requerimiento efectuado en autos, se ordena devolverle lo siguiente: ( Copia certificada de diversas constancias derivadas de la causa penal 258/2013 de su índice, con la cual se formó el anexo I del presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que la referida autoridad se encuentra fuera de la circunscripción de este órgano constitucional, requiérasele para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, acuse recibo del oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo junto con la documental que se anexa. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a la autoridad responsable (a ésta, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla -autoridad no responsable-.

  4. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1246/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Raúl Aceves Rodríguez, en su carácter de apoderado legal de la moral quejosa Camionera del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable. R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado a este órgano jurisdiccional, Raúl Aceves Rodríguez, en su carácter de apoderado legal de la moral quejosa Camionera del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de Rubén Villanueva Gorgua, Fiscal de Zona Poniente, Tehuacán, Puebla -denominación correcta-. El promovente narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 8°, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Auto de radicación y prevención. Por acuerdo dictado el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 1246/2021; asimismo, previno al promovente para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente, realizara lo siguiente: ( Manifestara, bajo protesta de decir verdad, cuál era el carácter con el que ostentaba en el presente controvertido constitucional, es decir, si por propio derecho en su carácter de garante de la persona moral o como representante legal de la misma; y, ( En caso de que fuera en carácter de representante legal, exhibiera el documento idóneo del que se advirtieran todas las facultades para promover el juicio de amparo a nombre de la moral. Tercero. Escrito aclaratorio. Mediante escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, el promovente señaló que comparecía en su carácter de apoderado legal de la moral quejosa y, además, acompañó copia certificada del instrumento notarial 67870 de la Notaría Pública Número 7 del entonces Distrito Federal. Cuarto. Auto admisorio. Previo reconocimiento de la firma que calza el escrito aclaratorio por parte del promovente, por acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda de amparo -sin incidente de suspensión-, requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Quinto. Cita para audiencia. En auto de once de marzo del actual, se fijaron las nueve horas con veintiocho minutos del treinta de marzo del actual, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a una autoridad de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que Raúl Aceves Rodríguez, en su carácter de apoderado legal de la moral quejosa Camionera del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclama: 1. La abstención de determinar el ejercicio o no de la acción penal dentro de la averiguación previa AP-793/2010/TECAM; 2. La omisión de notificar a su representada el oficio 1887/2010/TEC de uno de julio de dos mil diez, emitido dentro de la averiguación previa AP-793/2010/TECAM, por el cual se remitió al Coordinador General Administrativo de la entonces de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla la ficha de depósito CIE 103 058984 2 por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida como caución para la liberación del vehículo Tipo autobús, Marca Volvo, Modelo 2003, número de serie 3CER2E81235010466, número de motor 249826, placas de circulación 404HP9 del Servicio Público Federal (pasajeros); y, 3. La omisión de notificar a su representada el oficio FMPJ/PGJ/124/12 de treinta de enero de dos mil doce, por el cual, el Director General Administrativo y Secretario del Consejo Técnico del Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla remitió a la Directora General de la Comisión Administrativa de la Junta de Administración del Poder Judicial del Estado de Puebla la citada garantía, por la eventual consignación de la averiguación previa AP-793/2010/TECAM. Al respecto, debe decirse que los actos referidos se fijan de esa manera, porque el promovente, en su demanda de amparo, señaló textualmente lo siguiente -lo destacado es propio-: "(.) IV..La omisión de notificar constancias que obran y derivan de la averiguación previa AP-793/2010/TECAM, conforme y apegada a derecho, por lo que se desconoce la determinación por parte de esta autoridad responsable, y por consecuencia el desconocimiento total del estado procesal de la averiguación previa antes citada, por lo que se me ha dejado imposibilitado para recuperar caución que en su momento procesal oportuno se exhibió para garantizar el pago de la reparación del daño y libertad provisional, esto derivado a la falta de notificación de la determinación por parte de esta misma autoridad citada con antelación, o en su caso el no notificar si se remitió a otro titular, o no dar conocimiento de un área de creación o específica para el conocimiento de averiguaciones previas del Sistema Tradicional, así como la abstención de determinar la averiguación previa 793/2010/TECAM. Esto es, la moral quejosa se duele de que la representación social no le hizo del conocimiento el destino que dio a la garantía por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió como caución para la liberación del referido vehículo, y de que dicha autoridad no ha determinado la indagatoria de origen. De ahí que los actos se precisen en la forma en que se hizo. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el promovente atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 Rubén Villanueva Gorgua, Fiscal de Zona Poniente, Tehuacán, Puebla -denominación correcta-. Niega. 74 y 75. Tabla Única. La autoridad responsable negó la existencia de los actos que se le reclaman, sin que en autos exista prueba alguna de que desvirtué tal negativa. Se explica. De la copia certificada de las constancias derivadas de la causa penal 258/2013 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla -recabada de oficio por este órgano jurisdiccional-, la cual, por tratarse de un documento público, tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte -en lo que interesa- la siguiente información: 1. El veinticuatro de junio de dos mil diez, el entonces Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público de Tecamachalco, Mesa Par, radicó e inició la averiguación previa AP-793/2020/TECAM, con motivo de un hecho de tránsito ocurrido en el kilómetro 198+900 de la Autopista Puebla-Orizaba, Tramo Quecholac-Esperanza. 2. El veintiocho de junio de dos mil diez, Raúl Aceves Rodríguez, en su carácter de apoderado legal de la moral Camionera del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, compareció ante la representación social para realizar, entre otras actos, lo siguiente: i) acreditar la propiedad del vehículo involucrado en el hecho de tránsito investigado -vehículo Tipo autobús, Marca Volvo, Modelo 2003, número de serie 3CER2E81235010466, número de motor 249826, placas de circulación 404HP9 del Servicio Público Federal (pasajeros)-; ii) manifestar que desconocía los hechos investigados por no haberlos presenciado, pero que sabía que el vehículo era conducido por Raymundo Salas Rojas, por lo que en ese momento, formuló querella por los daños presentados en el vehículo de su representada; iii) otorgar el más amplio y cumplido perdón en favor de Raymundo Salas Rojas, sin reservarse alguna acción civil o penal en su contra; y, iv) solicitar, previo los trámites correspondientes, la devolución del vehículo. 3. El treinta de junio de dos mil diez, Raúl Aceves Rodríguez, en su carácter de apoderado legal de la moral Camionera del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, compareció nuevamente ante la representación social para informar pormenores de las personas lesionadas en el hecho de tránsito y para solicitar que se le fijara garantía a fin de que se liberara el vehículo de su representada. 4. En la misma fecha, la representación social, en atención a la solicitud antes precisada, fijó como caución para liberar el vehículo involucrado en el hecho de tránsito la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos, cero centavos, moneda nacional), que comprendía los siguientes conceptos: i) $20,000.00 (veinte mil pesos, cero centavos, moneda nacional) para garantizar el pago de la reparación del daño en favor de Juan de Dios Hernández Martínez; ii) $10,000.00 (diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional) para garantizar el pago de la reparación del daño en favor de Jaime Benjamín; iii) $20,000.00 (veinte mil pesos, cero centavos, moneda nacional) para garantizar el pago de la reparación del daño en favor de Eunice Quiroz Elías; iv) $15,000.00 (quince mil pesos, cero centavos, moneda nacional) para garantizar el pago de la reparación del daño en favor de Digna Gil Rueda; v) $20,000.00 (veinte mil pesos, cero centavos, moneda nacional) para garantizar el pago de la reparación del daño en favor de Guadalupe Sánchez Soto; y, vi) $15,000.00 (quince mil pesos, cero centavos, moneda nacional) para garantizar el pago de la reparación del daño en favor de Grace González. 5. El uno de julio de dos mil diez, Raúl Aceves Rodríguez, en su carácter de apoderado legal de la moral Camionera del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, compareció ante la representación social para exhibir la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos, cero centavos, moneda nacional), que le fue fijada para la liberación del vehículo de su representada y por concepto de reparación del daño, por lo que el ministerio público procedió al llenado de la ficha de depósito CIE de la Institución Bancaria denominada Bancomer. 6. En la misma fecha, la representación social giró el oficio 1887/2010/TEC, por el cual remitió al Coordinador General Administrativo de la entonces de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla la ficha de depósito CIE 103 058984 2 por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida como caución para la liberación del vehículo Tipo autobús, Marca Volvo, Modelo 2003, número de serie 3CER2E81235010466, número de motor 249826, placas de circulación 404HP9 del Servicio Público Federal (pasajeros). 7. El dieciséis de noviembre de dos mil once, la representación social ordenó girar oficio al Director General Administrativo de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a efecto de que se realizara el traspaso a la cuenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla de la ficha de depósito CIE 103 058984 2 por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos, cero centavos, moneda nacional), cuenta habida que se ejercitaría acción penal ante el Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla. 8. El uno de marzo de dos mil doce, se tuvo por recibido el oficio FMPJ/PGJ/124/12 de treinta de enero de esa anualidad, por el cual, el Director General Administrativo y Secretario del Consejo Técnico del Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla remitió a la Directora General de la Comisión Administrativa de la Junta de Administración del Poder Judicial del Estado de Puebla la citada garantía, ante la consignación de la averiguación previa. 9. El dieciséis de julio de dos mil trece, el agente del ministerio público ejerció acción penal en contra de Raymundo Salas Rojas, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de: i) daño en propiedad ajena culposo, en agravio de Camionera del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable -moral quejosa-; y, ii) lesiones culposas, en agravio de Juan de Dios Hernández Martínez, Jaime Benjamín, Eunice Quiroz Elías, Digna Gil Rueda, Guadalupe Sánchez Soto y Grace González. 10. El veinticuatro de octubre de dos mil trece, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla tuvo por recibida la consignación de mérito, radicó la causa penal 258/2013, negó la orden de comparecencia solicitada en contra de Raymundo Salas Rojas, por su probable responsabilidad en la comisión del indicado delito de lesiones culposas; y, por otra parte, libró en su contra la orden de comparecencia solicitada, por su probable responsabilidad en la comisión del mencionado delito de daño en propiedad ajena culposo, en agravio de Camionera del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable -moral quejosa-. 11. El ocho de septiembre de dos mil quince, el juez de la causa decretó la prescripción de la acción penal respecto a la probable responsabilidad de Raymundo Salas Rojas, en la comisión del mencionado delito de daño en propiedad ajena culposo, en agravio de Camionera del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable -moral quejosa-. En ese tenor, respecto al primer acto reclamado, consistente en la abstención de determinar el ejercicio o no de la acción penal dentro de la averiguación previa AP-793/2010/TECAM, se colige que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el ministerio público ya había ejercitado acción penal. En efecto, -como se narró- mediante determinación emitida el dieciséis de julio de dos mil trece, el agente del ministerio público ejerció acción penal en contra de Raymundo Salas Rojas, esto es, antes de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio de derechos fundamentales, lo cual ocurrió el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y/o distintos a los que dieron origen a la queja. De ahí que resulte evidente que el citado acto reclamado no es cierto para efectos del presente juicio, pues -se reitera- la determinación del ejercicio de la acción penal ya existía desde mucho antes al momento en que se presentó la demanda de amparo. Ahora bien, por cuanto al segundo y tercer actos reclamados, se estima que la representación social no se encontraba obligada, de oficio, a notificar las misivas que dieron destino a la garantía de $100,000.00 (cien mil pesos, cero centavos, moneda nacional) que la moral quejosa exhibió, por conducto de su apoderado legal, para que le devolvieran el vehículo involucrado en el hecho de tránsito investigado y por concepto de reparación del daño; y, por ende, se estima que no existen las omisiones reclamadas. La dinámica procesal del juicio de amparo indirecto, consiste en que admitida la demanda, el juez solicita a la o las autoridades responsables el informe en el que justificará su actuar. En ese sentido, la autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe; sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. Por ejemplo: ( En el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó; o, ( En el caso de la omisión, no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: i) sí actuaron, o ii) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. En ese sentido, cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevé el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existen. En este último escenario, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 104/2018, determinó que a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto omisivo no existe, es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. Así, indicó que en la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen era el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Por tanto, concluyó que en el caso que los actos reclamados sean omisiones, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues en ese tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. En ese orden de ideas, consideró que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; esto es, no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa. Sentado lo anterior, conforme a los antecedentes narrados de la averiguación previa de origen, es menester señalar que la moral quejosa tiene el carácter de parte ofendida, pues fue la afectada por los daños materiales causados a su vehículo por el hecho de tránsito investigado; no obstante, la caución que exhibió, por conducto de su apoderado legal, fue en su carácter de garante para garantizar la posible condena a la reparación del daño a las víctimas del delito de lesiones culposas y con el objeto de que el vehículo le fuera devuelto. Entonces, con base en las consideraciones plasmadas por el Alto Tribunal Constitucional en el precedente analizado, la fiscalía no se encontraba obligada a hacer del conocimiento de la moral quejosa, de oficio, el destino que dio a la caución exhibida por su apoderado legal, pues no existió solicitud de su parte para que la autoridad le comunicara: i) Que mediante oficio 1887/2010/TEC de uno de julio de dos mil diez, se remitió al Coordinador General Administrativo de la entonces de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla la ficha de depósito CIE 103 058984 2 por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida como caución para la liberación del vehículo Tipo autobús, Marca Volvo, Modelo 2003, número de serie 3CER2E81235010466, número de motor 249826, placas de circulación 404HP9 del Servicio Público Federal (pasajeros); y, ii) Que mediante oficio FMPJ/PGJ/124/12 de treinta de enero de dos mil doce, el Director General Administrativo y Secretario del Consejo Técnico del Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla remitió a la Directora General de la Comisión Administrativa de la Junta de Administración del Poder Judicial del Estado de Puebla la citada garantía, por la consignación de la averiguación previa. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 20, Apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -vigente a partir de la reforma publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación- y en el artículo 54 bis, fracción I, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, la autoridad -en este caso el ministerio público- se encuentra obligada a informar a la víctima u ofendido del delito el desarrollo de la averiguación previa, siempre y cuando exista una solicitud de por medio para tal fin, tal como expresamente lo señalan tales preceptos. En ese sentido, de los autos de la causa penal 258/2013 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, en donde obran las actuaciones de la averiguación previa 793/2010/TECAM, no existe solicitud de la moral quejosa dirigida al ministerio público para que éste le informara cuál fue el destino que se le dio a la multicitada caución y, por ende, no se puede sostener que se encontraba obligado para tal efecto. Dicho en otras palabras, la moral quejosa debió solicitar al ministerio público que le comunicara las determinaciones que hubieren tomado en relación con la garantía exhibida, a fin de que éste tuviera la obligación constitucional y legal de hacerlo en un breve término. De ahí que si no existió alguna solicitud de por medio, las omisiones reclamadas a la representación social no existen para efectos del presente juicio de amparo. Al margen de lo anterior, se considera que a través de la promoción y tramitación del presente juicio de amparo, la moral quejosa se ha enterado del destino que se dio a la garantía que exhibió en la indagatoria de origen, es decir, tiene conocimiento que desde el treinta de enero de dos mil doce fue remitida al Poder Judicial del Estado de Puebla, autoridad ante la cual, en todo caso, deberá realizar las gestiones necesarias para obtener su devolución. En virtud de lo expuesto, ante la inexistencia de los actos reclamados y la ausencia de prueba idónea para acreditar lo contrario, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio respecto de las autoridades y actos antes precisados. Cuarto. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 63, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 1246/2021, promovido por Raúl Aceves Rodríguez, en su carácter de apoderado legal de la moral quejosa Camionera del Golfo, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia, y por los motivos allí expuestos. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de la sentencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a la autoridad responsable (a ésta, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción) y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano