Raquel Lopez Rojas
Expediente 753/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Raquel Lopez Rojas
- Juez Segundo de lo Penal de la Ciudad de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
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(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE 06 DE OCTUBRE DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil veintiuno. I. SENTENCIA CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la cual negó la Protección de la Justicia Federal en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se negó la Justicia de la Unión, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. II. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. III. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En diverso aspecto, devuélvanse las documentales exhibidas por la autoridad responsable 1. Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, consistente en las copias certificadas del original de la causa penal 145/2015 de su índice (Anexo I). No ha lugar a solicitar el acuse de recibo respecto de los discos versátiles digitales devueltos, toda vez que la autoridad responsable indicada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales y el disco versátil descritos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción..."
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San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil veintiuno. I. SENTENCIA CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, la cual negó la Protección de la Justicia Federal en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se negó la Justicia de la Unión, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. II. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. III. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En diverso aspecto, devuélvanse las documentales exhibidas por la autoridad responsable 1. Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, consistente en las copias certificadas del original de la causa penal 145/2015 de su índice (Anexo I). No ha lugar a solicitar el acuse de recibo respecto de los discos versátiles digitales devueltos, toda vez que la autoridad responsable indicada se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales y el disco versátil descritos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
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VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 753/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Raquel López Rojas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado en línea el tres de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, recibido el cuatro siguiente en este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Germán Tetlepanquetzal Silva González, promoviendo con el carácter de defensor particular de Raquel López Rojas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLES. ORDENADORA-- Lo es en este caso la ciudadana JUEZA SEGUNDA DE LO PENAL DE LOS DE ESTA CAPITAL con domicilio bien conocido en esta Ciudad de Puebla. EJECUTORA-- Lo es en este caso: 1. Secretaria Adscrita al Juzgado SEGUNDO DE LO PENAL DE LOS DE ESTA CAPITAL con domicilio bien conocido en esta Ciudad de Puebla. 2. Encargado del Despacho de la Dirección· del Centro Penitenciario de Puebla con domicilio bien conocido en esta Ciudad de Puebla. IV.- ACTO RECLAMADO. a) DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: la razón de cuenta de fecha 16 de junio del 2021 en su punto número II, donde esta autoridad requiere a mi defendida para que se presente al centro penitenciario de la Ciudad de Puebla a efecto de ser identificada administrativamente situación que viola sus garantías individuales ya que el auto de fecha 24 de marzo del 2021 en donde le dictaron auto de formal prisión no ha causado estado porque con fecha 30 de Marzo del 2021 interpusimos Apelación en contra de dicho auto ya que todo el proceso al rubro indicado tiene serias violaciones procesales. Documentales que corren agregados a este escrito como anexo 2. El auto que como acto reclamado se señala, con sus consecuencias legales, es decir, quedar identificada por el medio administrativo de fichaje perjudicaría la buena reputación moral de que goza mi defendida, pues de los elementos aportados durante la tramitación del juicio señalado antes se desprende fehacientemente que no soy penalmente responsable del delito que se le imputa, motivo por el cual no debo ser identificada por ningún medio. Porque hasta la fecha mi defendida no ha sido declarada culpable para que pueda motivar que sea identificada administrativamente. b) DE LA EJECUTORA: la razón de cuenta de fecha 16 de junio del 2021 en su punto número II, donde esta autoridad requiere a mi defendida para que se presente al centro penitenciario de la Ciudad de Puebla a efecto de ser identificada administrativamente situación que viola sus garantías individuales ya que el auto de fecha 24 de marzo del 2021 en donde le dictaron auto de formal prisión no ha causado estado porque con fecha 30 de Marzo del 2021 interpusimos Apelación en contra de dicho auto, ya que todo el proceso al rubro indicado tiene serias violaciones procesales. El auto que como acto reclamado se señala, con sus consecuencias legales, es decir, quedar identificada por el medio administrativo de fichaje perjudicaría la buena reputación moral de que goza mi defendida, pues de los elementos aportados durante la tramitación del juicio señalado antes se desprende fehacientemente que no soy penalmente responsable del delito que se le imputa, motivo por el cual no debo ser identificada por ningún medio. Porque hasta la fecha mi defendida no ha sido declarada culpable para que pueda motivar que sea identificada administrativamente." (Foja 3). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del asunto. En acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintiuno (fojas 85 a 90), se registró la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 753/2021 de este índice y se previno a la parte promovente como sigue: "PRIMERO. Manifieste bajo protesta decir verdad, si acude a esta contienda constitucional en su carácter de defensor particular de la quejosa Raquel López Rojas, o en su caso, dicha peticionaria de amparo acude por su propio derecho. Lo anterior es así, en virtud que la demanda de amparo que se provee, se encuentra firmada por la quejosa Raquel López Rojas y por el defensor particular Germán Tetlepanquetzal Silva González. SEGUNDO. Hecho lo anterior, manifieste bajo protesta decir verdad si es su voluntad señalar como acto reclamado destacado: 1. El auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 143/2015, por la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, en el que requiere a la aquí promovente Raquel López Rojas, para que en el término de tres días comparezca ante el Centro Penitenciario de Puebla, a efecto de que sea identificada administrativamente, con el apercibimiento de no hacerlo se revocará su libertad provisional. O en su caso: 2. El auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 143/2015, por la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, en el que se desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por la parte promovente, en contra del diverso de dieciséis de junio del año en curso, (.)" Mediante escrito con registro 14138 (foja 94), los promoventes desahogaron la prevención en cita. En auto de once de agosto de dos mil veintiuno (95 y 96), se ordenó que Raquel López Rojas, ratificara la firma del escrito de desahogo, lo que ocurrió en diligencia de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno (foja 101). En acuerdo de dieciocho siguiente (fojas 102 a 110), se determinó que Raquel López Rojas, acudía a esta instancia constitucional por su propio derecho y se tuvo como su autorizado en términos amplios a Germán Tetlepanquetzal Silva González. Se desechó la demanda respecto del acto reclamado consistente en el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 143/2015, por la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, en el que requirió a la aquí promovente Raquel López Rojas, para que en el término de tres días compareciera ante el Centro Penitenciario de Puebla, a efecto de que fuera identificada administrativamente, con el apercibimiento que de no hacerlo se revocaría su libertad provisional. Desechamiento que se hizo extensivo a las autoridades que la parte quejosa señaló como Secretaria adscrita al Juzgado Segundo de lo Penal de Puebla y Director del Centro Penitenciario de Puebla. Se determinó que no había lugar a tener como nuevo acto reclamado el auto de formal prisión de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictado en contra de la aquí quejosa, pues mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento a la peticionaria de amparo que la prevención formulada en dicho acuerdo fue con el fin de que precisara lo indicado en el mismo, sin que ello significara que cambiara o modificara su demanda, ni que la ampliara. Y, finalmente, se admitió la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 143/2015, por la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, en el que se desechó por extemporáneo el recurso de revocación interpuesto por la parte promovente, en contra del diverso de dieciséis de junio del año en curso; se ordenó abrir por cuerda separada el incidente de suspensión, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 117). TERCERO. Parte tercera interesada. El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se emplazó a juicio al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable (foja 116) Y el veinticuatro de ese mes y año, se hizo lo propio con la moral "Suburbia Plaza Dorada" o quien legalmente la represente (foja 119). CUARTO. Cita para sentencia. En acuerdo de treinta de agosto de dos mil veintiuno (foja 122), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos), se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a una autoridad que reside en la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, escrito de desahogo, como del análisis del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que en este juicio de derechos fundamentales, Raquel López Rojas, reclama: El auto de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 143/2015, por la Jueza Segundo de lo Penal de Puebla, en el que se desechó por extemporáneo el recurso de revocación interpuesto por su defensor particular, en contra del diverso de dieciséis de junio del año en curso. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La jueza responsable, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado (foja 120), por lo que se tiene plenamente acreditada su certeza. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con el contenido de las copias del proceso penal 143/2015 de su índice, remitidas en apoyo a su informe justificado, en el que se aprecia que, en efecto, el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, emitió la determinación combatida (foja 670 del anexo I). Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este juzgador no advierte la actualización de causal de improcedencia, ni las partes invocaron alguna, por lo que es procedente el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto combatido, se sigue que la demanda de amparo debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que no se actualiza ninguna excepción al mismo. Plazo que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Entonces, al señalar el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que los plazos judiciales se contarán desde el día siguiente al de la fecha de notificación, se concluye que las notificaciones en el procedimiento penal surten efectos el mismo día en que se efectúan. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 57/2015, cuyos datos de localización, rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO NO ESTABLECE EL MOMENTO EN EL CUAL SURTEN EFECTOS LAS NOTIFICACIONES, DEBE ESTIMARSE QUE ELLO OCURRE EN EL INSTANTE MISMO DE LA NOTIFICACIÓN, POR LO QUE EL CÓMPUTO PARA LA PRESENTACIÓN DE AQUÉLLA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE NOTIFICÓ EL ACTO Y ÉSTA SURTIÓ EFECTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA MATERIA. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece que el plazo para presentar la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En relación con el primer supuesto, el surtimiento de efectos de las notificaciones al día siguiente al en que se practican no puede considerarse una regla general ni absoluta, pues está condicionada a lo que determine la ley que rige el acto reclamado. En esas condiciones, con frecuencia los preceptos en materia de notificaciones no regulan expresamente el momento en el que surten efectos, sin embargo, al hablar de plazos señalan que correrán a partir del día siguiente al de la fecha de notificación, lo que permite concluir que en este caso las notificaciones no surten sus efectos al día siguiente, sino el mismo día, sobre todo si se toma en cuenta que -por regla general- surten sus efectos de manera inmediata y no es posible prolongar el surtimiento de sus efectos por un día, si no lo dispuso expresamente el legislador; de ahí que en términos del precepto indicado, el cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo inicia el día siguiente al de la notificación, sin que sea necesaria la existencia de una norma expresa que regule la manera en que surtirán efectos las notificaciones, pues basta con acudir a su naturaleza, así como a la interpretación armónica del ordenamiento, en relación con la forma en la que se computan los plazos, para determinar la teleología respecto al surtimiento de efectos de las diligencias aludidas." Ahora bien, de las constancias que envió la responsable, se aprecia que la directa quejosa fue notificada del auto impugnado el veintisiete de julio de dos mi veintiuno, mientras que su defensor particular lo fue el veintiocho siguiente (fojas 734 y vuelta del anexo I). Luego, para el término de los quince días, se toma la que se le realizó a la defensa de la peticionaria de amparo, por ser la última que se practicó; ello, con la finalidad de maximizar su protección y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido y por las razones que la informan, se cita la siguiente jurisprudencia: "FORMAL PRISIÓN. SI LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LA DECRETA SE LLEVÓ A CABO EN DIVERSAS FECHAS AL INCULPADO Y A SU DEFENSOR, RESPECTIVAMENTE, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRACTICÓ LA ÚLTIMA. De la interpretación conforme de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de un acto privativo de libertad derivado de un procedimiento penal, como el auto de formal prisión, rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, y que existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días para la presentación de la demanda respecto al acto o resolución que reclame el quejoso, una de ellas es a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto. En ese sentido, a la luz del principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la legislación adjetiva aplicable posibilita que una determinación adversa al inculpado, pueda impugnarse por él o por su defensor, cuando la notificación de un auto de formal prisión al inculpado y a su defensor se llevó a cabo en diversas fechas, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo debe computarse a partir de que se practicó aquella que le genere mayor beneficio al promovente privado de su libertad, es decir, la última de ellas, esto con la finalidad de maximizar la protección a favor del procesado y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona." Por tanto, dicha notificación realizada el veintiocho de julio de dos mil veintiuno al defensor particular de Raquel López Rojas, surtió efectos en esa data y el plazo de quince días para promover el amparo transcurrió del veintinueve de julio al dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, descontándose los sábados y domingos que mediaron entre esas fechas por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. De ahí que si la demanda de amparo se presentó el tres de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es claro que el juicio en que se actúa es oportuno. SEXTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la undécima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. La causa penal de la que deriva el acto reclamado, se tramita conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de los actos reclamados se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que la quejosa tiene el carácter de procesada en la causa penal de origen. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. El parámetro de análisis de este tipo de control, se integra por los derechos humanos: - Contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en el artículo 1º), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. - Reconocidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. - Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en el texto de los mismos o mediante jurisprudencia de la Corte. - Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consagrados en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido o no, parte. Así, corresponde a este juzgador determinar si el acto reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental de la parte quejosa. En ese sentido resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos contra el acto reclamado, sin que se advierta materia que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Al respecto, conviene relatar, a manera de antecedentes, que de las constancias remitidas por la responsable se aprecia que el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en los autos del proceso penal 143/2015, de su índice, dictó un acuerdo en el que en lo que al caso interesa, requirió a la procesada (hoy peticionaria de amparo) Raquel López Rojas, para que en el término de tres días hábiles compareciera al Centro Penitenciario de Puebla a efecto de ser identificada administrativamente, apercibida que de no hacerlo se revocaría su libertad provisional, se haría efectiva la caución que otorgó y se ordenaría su reaprehensión (foja 665 del anexo I) Dicho acuerdo se notificó tanto a la citada Raquel López Rojas, como a su defensor Germán Tetlepanquetzal Silva González, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno. (Foja 669 del anexo I). Mediante escrito fechado el trece de julio de dos mil veintiuno y presentado ante la responsable el dieciséis siguiente, Germán Tetlepanquetzal Silva González, defensor particular de Raquel López Rojas, interpuso recurso de revocación en contra del precitado acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno. (Fojas 702 a 708 del anexo I). En proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno (foja 670 del anexo I), la responsable desechó el recurso planteado por extemporáneo como sigue: ".QUINTO.- Asimismo, se tiene por recibido el escrito del abogado Germán Tetlepanquetzal Silva González, y de la procesada Raquel López Rojas, de fecha 13 trece de julio de 2021dos mil veintiuno, por el que interpone recurso de revocación en contra del punto II del auto de 16 dieciséis de junio de 2021 dos mi veintiuno; en consecuencia dígasele que en términos del artículo 269 del código adjetivo de la materia, se desecha por extemporáneo, toda vez que el referido auto fue notificado el 29 veintinueve del año en curso (sic), y presentado hasta el dieciséis de julio de la presente anualidad, aunado a que como se advierte en el puno que antecede, la procesada Raquel López Rojas, ya compareció a ser identificada administrativamente." Es éste el acto reclamado. Así las cosas es evidente que la determinación de la responsable es correcta, pues como bien precisó, el medio de impugnación intentado resultó extemporáneo, por haberse interpuesto fuera del término de veinticuatro horas que prevé el artículo 269, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, para su interposición. A fin de explicar lo anterior, es menester citar el contenido de los ordinales 267 a 269 del aludido ordenamiento procesal que señalan: "SECCION SEGUNDA.- RECURSOS DE REVOCACION Y DE REPOSICION Artículo 267.- El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación. Artículo 268.- El recurso de revocación toma el nombre de reposición cuando se trata de autos dictados en la substanciación de la segunda instancia. Artículo 269.- Interpuesto el recurso en el acto de la notificación o dentro de las veinticuatro horas siguientes, el Juez o Tribunal ante quien se interponga, lo admitirá o desechará de plano." Justamente, de la notificación que obra en autos a foja 669 del anexo I, se advierte que el acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se notificó tanto a la citada Raquel López Rojas, como a su defensor Germán Tetlepanquetzal Silva González, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Por lo que si el escrito a través del cual el último de los nombrados interpuso recurso de revocación fue presentado ante la responsable trece días hábiles después de su notificación -esto es el dieciséis de julio de dos mil veintiuno- como consta del sello de la oficialía de partes del Juzgado Segundo de lo Penal de Puebla, visible a foja 702 del anexo I, es innegable que a dicha data ya había trascurrido en exceso el término de veinticuatro horas a que hace alusión el citado arábigo 269 del código procesal de la materia y fuero. Ello, desde luego, porque la notificación del auto impugnado surtió efectos al momento de su práctica, es decir a las doce horas con cuarenta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, tomando en consideración la última de ellas, realizada al defensor particular de la hoy quejosa ya que ambas se hicieron en la misma fecha (ver foja 669 del anexo I), de ahí que las veinticuatro horas con que contaba para interponer el citado recurso de revocación fenecieron el treinta de junio de dos mil veintiuno, a las doce horas con treinta y nueve minutos. Como apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia: "NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. SURTEN EFECTOS EL MISMO DÍA EN QUE SE PRACTICAN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla no es preciso en determinar cuándo surten sus efectos las notificaciones, sin embargo, señala que los términos judiciales se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, de donde se concluye que, por regla general, las notificaciones en materia penal surten efectos desde que se efectúan y, por ende, si la codificación que rige el acto concreto no señala, específicamente, cuándo surte efectos la notificación, los términos deben computarse a partir del día siguiente al en que ésta se realiza." Sin que sobre destacar que este juzgador no se encuentra facultado para hacer el análisis de las formalidades que en la práctica de las notificaciones del acto reclamado se siguieron, ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra la litis, que como se ha apuntado, se ciñe al análisis de la resolución dictada por la autoridad responsable. Se invoca en apoyo, en lo conducente y por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 125/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL LAUDO RECLAMADO. La notificación es un acto procesal a cargo del órgano jurisdiccional ordinario que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que tiene una presunción de validez, al ejecutarlo un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, una vez realizado, genera los efectos y consecuencias jurídicas que implica, por lo menos hasta que se demuestre la falta de cumplimiento de esas formalidades en su diligenciación y, en ese sentido, su ineficacia para demostrar la comunicación de un acto o resolución, desde luego, a través del medio de impugnación que permita analizar ese tipo de vicios. Así, la parte que no esté conforme con la notificación efectuada por el órgano jurisdiccional respecto del laudo que pretende combatir, tiene la carga procesal de impugnar dicho acto a través del incidente de nulidad de notificaciones (regulado por la legislación laboral), pues de lo contrario, esa actuación debe entenderse consentida, además de subsistente y con plenos efectos legales. Luego, el juicio de amparo directo no es el medio pertinente para determinar la legalidad o ilegalidad de la notificación practicada por el órgano jurisdiccional emisor del laudo reclamado, ni siquiera al realizar el estudio de la oportunidad de la presentación de la demanda, por lo que cuando exista constancia de que se efectuó la notificación respectiva a determinada parte en el juicio laboral, los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a ella y a la fecha de su diligenciación para analizar la procedencia del juicio de amparo directo, específicamente para realizar el cómputo a efecto de determinar si se promovió oportunamente, sin que puedan hacer un análisis de las formalidades que en la práctica de dicha notificación se siguieron ni desconocer su existencia, pues ello implicaría someter a escrutinio un acto que no integra litis que, como se ha apuntado, se ciñe al análisis del laudo dictado en el juicio laboral y, en su caso, de las violaciones en el procedimiento que le dieron origen." Finalmente, no escapa a la atención de este juzgador, lo manifestado por la parte quejosa en cuanto a que la responsable no tomó (sic) un correcto estudio de su recurso (ver foja 8 del cuaderno principal); no obstante, tal aserto es infundado, pues es evidente que al desechar el citado medio de impugnación, la juez de la causa no sólo no se encontraba obligada a estudiar sus motivos de inconformidad, sino que estaba imposibilitada para realizarlo, de lo contrario su proceder hubiera sido incongruente, en virtud de que la consecuencia del desechamiento de un recurso es la firmeza de la resolución impugnada. En mérito de lo expuesto, resulta incuestionable que el acto reclamado no entraña vulneración a los derechos públicos subjetivos de la quejosa, por lo que procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, respecto del acto reclamado a la Juez Segunda de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 61, 63, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Raquel López Rojas, contra los actos reclamados, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la quejosa y tercera interesada; y por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado de la Jueza Segunda de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, se tiene como prueba de su parte la documental que anexa a su informe de ley; sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno. Dado el cuantioso número de fojas que conforma la documental remitida, fórmese el cuaderno de prueba I, para mejor facilidad de su manejo, respetando su folio, sello y rúbrica. Finalmente, ya que fueron señaladas las nueve horas con veintiocho minutos del diez de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional; resulta evidente que para esa fecha aún se encontrará transcurriendo el término de ocho días para que las partes se impongan del contenido del informe de cuenta; por lo que, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista a las partes...
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