Raudelt Hernández Bugarin

Expediente 726/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
726/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Raudelt Hernández Bugarin

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 726/2023.. Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por el quejoso, mediante el cual informa que se tiene por notificado del auto de desechamiento; asimismo solicita la devolución de documentos exhibidos en su demanda de amparo. Acuerdo Agréguese a los presentes autos el escrito que se atiende, y en atención a lo manifestado respecto a la notificación del auto de desechamiento, este juzgado toma nota, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, por cuanto hace a la devolución de los documentos que solicita, se informa que mediante proveído de veintisiete de julio pasado, quedaron a su disposición. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Causa estado desechamiento Del estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el párrafo primero del artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído once de julio pasado, en que desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Archivo Toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que no existe actuación alguna por cumplimentar; remítase el presente expediente al archivo como asunto definitivamente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración Conforme a los artículos 14 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es destruible, al tratarse de un auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, transcurridos tres años a partir del presente acuerdo de archivo, procédase a su destrucción. Digitalización Ahora, conforme a la normativa invocada resulta necesario que el expediente electrónico se encuentre integrado en su totalidad; en consecuencia, se instruye a los Actuarios y Oficiales Judiciales "C", que tengan a su cargo el presente asunto, para que verifiquen que todas las constancias y documentos del expediente físico estén digitalizados e incorporados al expediente electrónico, o en su caso, digitalicen las constancias de notificación, promociones y determinaciones que se encuentren pendientes, en tanto que a la persona Secretaria responsable le corresponde cerciorarse que tal circunstancia se cumpla; lo anterior, con la finalidad de estar en condiciones de materializar el destino que corresponda a este expediente. Devolución de documentos En cumplimiento el citado Acuerdo General, hágase saber a la parte quejosa el derecho que tiene para que dentro de un plazo de noventa días naturales a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, con la finalidad de recoger los documentos que allegó al presente juicio de amparo, con el apercibimiento que de no realizar lo indicado, se destruirán. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; once de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Secretario de Educación Guerrero y otras autoridades. Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 726/2023, y fórmense los expedientes físico y electrónicos respectivos. Desechamiento de la demanda Ahora bien, una vez que analizado integralmente el escrito inicial de demanda, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la suscrita estima que la demanda de que se trata debe ser desechada de plano, por notoriamente improcedente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito se advierte que el juez de Distrito se encuentra autorizado para desechar la demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ante ello, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 fracción I, y 5, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)". De los preceptos transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se colige que éste sólo es procedente en contra de actos de autoridad que sean violatorios de los derechos humanos reconocidos y los derecho fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por otra parte, la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dicha competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y las de supraordinación que se dan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular (salvo los casos señalados en la ley), sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera del gobernado. En consecuencia, si es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan los derechos humanos, al colocarse el gobernado como titular de los mismos, frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio. Luego, atento a que el artículo 5° fracción II de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y para el caso de los particulares, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es conveniente agregar que, si bien, el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios, así como determinados por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstracto y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realice actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad, se entiende aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí, que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que sea dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, en consecuencia, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, por ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Conforme con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre ellas se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Bajo ese panorama, se advierte como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Informa de tal consideración la jurisprudencia 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Expuesto lo anterior, a fin de evidenciar la actualización notoria y manifiesta de la causa de improcedencia en análisis, se debe indicar que el acto que la parte quejosa reclama, consiste en el siguiente: La determinación que le impide ejercer las funciones como Director de la Escuela Secundaria Técnica número seis "Emiliano Zapata Salazar", de la comunidad del Rio Santiago, del Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, y le ordena reportarse con el Delegado de los Servicios Educativos Región Costa Grande, en el Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero. Luego, deviene evidente que la referida conducta controvertida en esta vía de amparo, deriva de una relación de coordinación entre el aquí quejoso y la Secretaría de Educación Guerrero, pues según refiere en la demanda de amparo que es empleado de esa Secretaría, la cual determinó que ya no ejercería sus funciones como Director y debía reportarse con el Delegado de los Servicios Educativos Región Costa Grande, en el Municipio de Tecpan de Galeana, es decir, le varían sus actividades laborales; por tanto, la Secretaría actúa en su calidad de patrón, por ende en el caso que ocupa es una relación de coordinación entre trabajador y patrón, y no propiamente un acto de autoridad. Se asume así, porque a través de esta vía constitucional se intenta combatir un acto que emerge de una relación laboral entre las autoridades que refirió como responsables y el aquí quejoso, pues lo cierto es que, el efecto que tiene el acto que reclama, es de carácter estrictamente laboral, esto es, actúa como empleador, por lo que las determinaciones que adopte y que afecte los intereses de sus empleados, no pueden ser invalidadas por autoridades administrativas u órganos de gobierno sindical, sino únicamente por los tribunales competentes, y que efectúa los movimientos relacionados con las plazas, dentro de la Secretaria Educación del Estado de Guerrero; lo cual revela su naturaleza eminentemente laboral, pues sus actos se realizan en el ámbito de las relaciones de colaboración que tiene el Estado a través de sus distintas instancias de gobierno con sus trabajadores, en un plano de coordinación como patrón asimilado. Así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se considera que con él solo se afectan derechos que pudieran corresponder al trabajador, que incidirían directamente en el ámbito laboral; esto es, deriva de la relación de trabajo que existe entre éste y su patrón, ya que de ello dependería la modificación de las condiciones de trabajo del agraviado, relacionadas con los derechos adquiridos respecto a la plaza de director; de ahí que, indudablemente, no es esta vía constitucional sino un procedimiento laboral que al efecto se siguiera, en que se tendría que dilucidar, a la luz de las leyes laborales aplicables, en donde deberá ser estudiado por el tribunal del trabajo que corresponda, emitiendo una resolución que dirima esa controversia y no acudir directamente en sede constitucional. La determinación emitida por la autoridad responsable, al carecer de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva, se ubican en una relación de mera coordinación, de tipo laboral, en torno a la cual no concurren los elementos que surgen en las relaciones de supra a subordinación, supuesto en el que las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente coordinador impone su voluntad sin el consenso del afectado, es decir, se ejercen facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de tal potestad, lo que revela que el aludido ente, al carecer de tales potestades no es autoridad responsable para los efectos del amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis I.6o.T.26 L, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." . Igualmente, es aplicable en lo conducente y por analogía jurídica, la tesis I.6o.T.391 L, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que refiere: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA PROMOVIDA POR UN TRABAJADOR DE UNA INSTITUCIÓN DEPENDIENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO DE UN ESTADO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DONDE AQUÉL PRESTE SUS SERVICIOS. Si un trabajador ejerce acción contra la Secretaría de Educación Pública federal, pero del escrito de demanda y de las pruebas que acompaña se advierte que la relación de trabajo se estableció con una institución dependiente del Sistema Educativo de un Estado, su conocimiento corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la entidad federativa donde aquél preste sus servicios, porque de conformidad con los respectivos convenios celebrados entre los Ejecutivos Federal y de los Estados, éstos acordaron el traspaso y recepción de los servicios educativos y la incorporación de sus trabajadores al sistema estatal, por lo que la responsabilidad de dicha relación laboral corresponde a la Secretaría de Educación Pública de cada entidad federativa.". Entonces, si la relación con el quejoso tiene la naturaleza de coordinación y no de supra subordinación, es claro que esa relación es de igualdad, en la que el Estado actúa como patrón del servidor público y no como un ente jurídico investido de poder; situación que demuestra que en la especie el acto atribuido a la autoridad responsable no corresponde a un acto de imperio. En estas condiciones, el acto reclamado por el promovente del amparo no constituye un acto de autoridad impugnable mediante el juicio constitucional, y por tanto, se surte plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º y 5º del ordenamiento legal invocado. Finalmente, conviene precisar que no se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 54/2012, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", estableció que el auto inicial no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, ese criterio jurisprudencial fue sustituido por la diversa jurisprudencia 54/2012, de la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", en la cual hizo la aclaración que en el auto de inicial el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda; por lo que, ante ello, no se está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Empero, es evidente que en el caso concreto no se surte la hipótesis a que alude la jurisprudencia de referencia, precisamente porque la conducta que aquí se reclama no estriba en el acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, ni la autoridad responsable forma parte de la Comisión Federal de Electricidad. Por tanto, es notorio que ese criterio jurisprudencial, en modo alguno excluye la posibilidad de que, por determinadas circunstancias, existan casos en los que sí se actualice la consideración de que el acto reclamado no sea de autoridad para efectos del juicio constitucional, ante la existencia de elementos indudables y objetivos de que se actualiza tal motivo de improcedencia. En ese orden de ideas, si como se vio en párrafos anteriores, el acto reclamado consistente en la orden de dejar de ejercer las funciones que aduce el quejoso le está realizando la ******************** de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Guerrero, deriva de una relación de coordinación entre el aquí accionante y la autoridad responsable, con motivo de una relación contractual (empleado-patrón), y por ende, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, debido a que no actualiza una relación de supra a subordinación; es claro que tal situación conlleva a una causa indudable y manifiesta de improcedencia, que indefectiblemente da lugar al desechamiento de la demanda de amparo. Al respecto, es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 5 L, del Pleno en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, del tenor siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento". En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera evidente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I, y 5, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************. Domicilio. Toda vez que la parte quejosa no señala domicilio para oír y recibir notificaciones en su demanda; en consecuencia, con sustento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el presente proveído y los subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Autorizados. Tomando en consideración que la materia del asunto es laboral y el quejoso es la parte trabajadora, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere, así como solo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica expresamente. Entrada en vigor de Acuerdo General. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, y que es la normativa que regula la integración del presente expediente. De la expedición de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que integran este sumario, sin que tenga que mediar petición, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservadas o confidenciales. Asimismo, atendiendo a los medios tecnológicos con los que actualmente se cuenta y en correlación a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de queja 3/2022, también se autoriza la expedición de copias certificadas de forma electrónica mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como su envío por correo electrónico, previo escrito en el que lo hagan de conocimiento; con la restricción ya anotada, siempre y cuando las constancias estén integradas al expediente electrónico. En cualquiera de los supuestos, se deberá dejar razón de recibido para debida constancia legal. Uso de medios electrónicos. Tal y como lo determinó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la circular 12/2009, infórmese a las partes que al momento de consultar el expediente en que se actúa, pueden hacer uso de aparatos electrónicos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Protección de datos personales. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido de que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Instrucciones al personal. Se requiere a las personas Secretarias y Oficiales Judiciales "C" encargadas del expediente, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo y, con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los Actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos y forma que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que lo oficios y diversas comunicaciones que deriven del presente acuerdo, así como los subsecuentes, se entreguen de manera correcta e inmediata a sus destinatarios, con el seguimiento respectivo. Instrúyase al Oficial Judicial "C" encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con este, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo. En cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y demás disposiciones legales aplicables. Hecho lo anterior, entreguen al oficial Judicial "C" responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3°, penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquellas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios, a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. En tanto que a la persona Secretaria le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo, lo que certificará al calce de cada promoción, documento, auto y resolución en la que participe, en términos del artículo 3°, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,273 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano