Ramuel Serafin de la Cruz

Expediente 702/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
702/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Ramuel Serafin de la Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO SIGNADO POR LA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE GALEANA, CON SEDE EN TECPAN DE GALEANA, GUERRERO, A TRAVÉS DEL CUAL DEVUELVE DILIGENCIADO EL DESPACHO 165/2018 (NÚMERO DE ORDEN 674/2018), MISMO QUE GIRÓ A EFECTO DE NOTIFICAR AL QUEJOSO, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO PLANTEADA; EN CONSECUENCIA, AGRÉGUENSE A LOS PRESENTES AUTOS EL OFICIO Y ANEXO DE MÉRITO PARA QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RELATIVO Y ACÚSESE EL RECIBO DE ESTILO. AHORA BIEN, DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL DESPACHO DE CUENTA, ESPECÍFICAMENTE DE LA RAZÓN LEVANTADA POR EL SECRETARIO ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO DESPACHADO EL CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ASÍ COMO DE LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO DE CINCO DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE LA PARTE QUEJOSA HUBIERE RECURRIDO EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO SU DEMANDA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 2° DE LA LEY DE AMPARO, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO Y ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; once de septiembre de dos mil dieciocho. Visto; téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 163/2018 con número de orden 657/2018, mismo que giró a efecto de notificar al quejoso Ramuel Serafín de la Cruz, el auto de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de mérito para que surtan los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo y acúsese el recibo de estilo. Sin hacer mayor pronunciamiento; lo anterior, en virtud de que en proveído de veintiocho de agosto del año en curso, el quejoso desahogó la prevención inserta en el despacho de mérito y se proveyó lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Ramuel Serafín de la Cruz, mediante el cual desahoga la prevención contenida en auto de veintiuno de agosto del año en curso, y al efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad la fecha en la que le fue notificado el auto de formal prisión que impugna. Desechamiento de demanda. Del estudio integral de la demanda se advierte que debe desecharse de plano, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: ".El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...". En ese orden, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos (.)". Sobre ese tenor, conviene traer a colación los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que refieren: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, en contra de aquellos que no se promueva el juicio constitucional dentro de los términos que la ley prevé; siendo que el término general para la promoción del juicio de amparo es de quince días contado a partir de que surta efectos, conforme a la ley del acto la notificación del acto o resolución que se reclame; de que se haya tenido conocimiento de éstos, o de que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos; término genérico respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, la temporalidad en el ejercicio de la acción de amparo, encuentra excepciones en el citado numeral 17 de la ley de la materia, en virtud que contempla plazos más amplios, como lo es el de treinta días, para los supuestos del amparo contra leyes, con la finalidad de que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo; o bien, el plazo de siete años en que el acto que se reclame tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, se tiene también el plazo de ocho años cuando se reclama la sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal. También existe la posibilidad de que el juicio pueda ser promovido en cualquier tiempo: cuando el acto que se reclame importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Precisado lo anterior, en el particular el quejoso señaló como acto reclamado el auto de formal prisión de veinticinco de junio de dos mil dieciocho, dictado en su contra por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Tecpan de Galeana, Guerrero, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Juan Gabriel Santiago Serafín; conducta autoritaria que no se ubica en alguna de las excepciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, y por ello, la promoción del juicio de amparo debe ser dentro del término genérico de quince días, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, a efecto de computar el término para determinar la oportunidad en su tramitación. No pasa inadvertido que el artículo 22, fracción II de la Ley de Amparo abrogada, disponía lo siguiente: "Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: (.) II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo". De dicho numeral podía obtenerse que en los casos en que se afectara la libertad personal del individuo, sin hacer distinción alguna de que ello aconteciera dentro o fuera de procedimiento, la demanda podía interponerse en cualquier tiempo; por tanto, cualquier acto emanado dentro de un procedimiento penal por cuya virtud el inculpado quedara restringido de su libertad personal, como por ejemplo, el auto de formal prisión, era susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto en cualquier tiempo, no obstante que hubiera sido dictado con mucha anticipación a la fecha de presentación de la demanda de amparo. No obstante, del precepto 17 de la Ley de Amparo vigente, se advierte que agrega a la posibilidad de que el juicio pueda ser promovido en cualquier tiempo contra actos que impliquen ataques a la libertad personal siempre que sean emitidos fuera de procedimiento; por lo que, en virtud de que el auto de formal prisión reclamado se dictó con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la ley de amparo vigente, dentro de un procedimiento penal, es obligación del quejoso ceñirse a los términos establecidos en el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, y al efecto, es aplicable el plazo de quince días para promover el juicio de amparo contra dicho auto de formal prisión. Al respecto, se cita por las razones que la informan, la jurisprudencia 45/2014, emitida del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate". También resulta aplicable el criterio que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación plasmó en la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), que impone: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Dicho lo anterior, de acuerdo a lo manifestado por el quejoso en los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad, el auto de formal prisión que en esta vía reclama, fue emitido en cumplimiento a la sentencia amparadora dictada en el juicio constitucional 977/2017, del índice de este órgano de control constitucional; tal circunstancia se corrobora con el expediente en mención, dado que las actuaciones ahí practicadas constituyen un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por lo que al margen de que se tiene a la vista al momento de dictarse la presente providencia, se ordena glosar a los presentes autos copia certificada de las constancias correspondientes, de las cuales se aprecia que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado en la fecha en que le fue notificada la vista ordenada respecto al cumplimiento del fallo emitido en dicho expediente. Ahora, sobre el tema del momento a partir del cual debe computarse el plazo de quince días para la promoción del amparo correspondiente, debe acotarse que cuando el acto reclamado se emita, como en el caso, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que debe hacerse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, no hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 40/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva". En ese sentido, al momento en que se notifica el auto por el que se da vista al quejoso con la resolución dictada en cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo solicitado, es que comienza el término para la promoción del nuevo juicio de amparo. Lo anterior, porque la expresión relativa a la "vista" ordenada al quejoso respecto al nuevo acto, es suficiente para estimar que puede ejercer sus derechos, pues doctrinalmente, la frase "dar vista" significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, recayendo sobre ellos una carga procesal, consistente en estar al pendiente del desarrollo del procedimiento para que, en caso de requerirlo, una vez enterados del acuerdo respectivo manifiesten lo que a su interés convenga. Explicado lo anterior, del expediente que se invoca como hecho notorio, el cual se tiene a la vista, es posible advertir lo siguiente: 1.- Mediante sentencia de quince de mayo de dos mil dieciocho, se otorgó al hoy quejoso, el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: ""[.] que la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Galeana, con residencia en Tecpan de Galeana, Guerrero: 1.- Deje insubsistente el auto de formal prisión de veinte de octubre de dos mil diecisiete, pronunciado en la causa penal 153/2004. 2.- En su lugar, dicte otra resolución en la que siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución, realice el análisis de comprobación del delito de homicidio calificado conforme a los elementos del cuerpo del delito previsto en los artículos 130, 132 y 147, del Código Penal del Estado de Guerrero, número 499 vigente, en los términos precisados en el cuadro sinóptico respectivo. En la inteligencia de que su análisis debe realizarlo haciendo el desglose de cada uno de ellos, apuntando con qué medios de convicción se acredita cada uno, de manera fundada y motivada; y, 3.- Hecho lo anterior, resuelva conforme con sus atribuciones. Concesión del amparo que se hace extensiva al acto atribuido a la autoridad responsable ejecutora Director del Centro de Reinserción Social de Tecpan de Galeana, Guerrero, toda vez que no fue impugnado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. [.] Finalmente, se hace la precisión que ante la violación formal analizada -la cual dio margen a la concesión del amparo- este juzgador técnica y jurídicamente está imposibilitado para analizar el fondo del asunto, pues es necesario que dicha violación sea subsanada para estar en condiciones, de ser el caso, entrar a su estudio". 2.- El fallo protector a que se alude, causó ejecutoria el quince de junio siguiente. 3.- Seguido que fue el trámite de ejecución, mediante oficio allegado el veintinueve de junio del año en curso, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, remitió copia certificada del auto de plazo constitucional de veinticinco de junio de dos mil dieciocho -el que constituye el acto que aquí se reclama-, en el cual decretó formal prisión al peticionario de amparo por el delito de homicidio calificado en agravio de Juan Gabriel Santiago Serafín; por lo cual con el contenido del oficio y su anexo, en auto de dos de julio siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa a efecto de que formulara manifestaciones respecto al cumplimiento del fallo protector, la cual fue notificada mediante lista publicada el tres de julio del año en curso, sin que hiciera manifestación alguna al respecto. 4.- Mediante auto de veinte de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida aquélla ejecutoria de amparo. La reseña anterior, pone de relieve que como se apuntó líneas atrás, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado en la presente instancia, en la fecha en que se le notificó la vista otorgada respecto al cumplimiento de la responsable, es decir, desde el veintitrés de julio del año en curso. Luego entonces, si en esa fecha, es decir veintitrés de julio de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento del acto que reclama en esta vía constitucional, el plazo de mérito transcurrió del veinticinco de julio al siete de agosto del año en curso, sin contar los días veintiocho, veintinueve, de julio así como cuatro y cinco de agosto, por haber sido inhábiles, por lo que, al haberse presentado la demanda de cuenta el veinte de agosto de dos mil dieciocho, es evidente que se hizo fuera del término legal; de ahí que se concluya que, en el caso concreto, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XIV, de la citada ley, al haber transcurrido en los quince días previstos en el numeral 17 de la ley de la materia. Acorde a lo anteriormente vertido y a los criterios invocados, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Notificación al quejoso interno. Debido a que el directo quejoso se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Tecpan de Galeana, Guerrero, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, y 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se ordena girar atento despacho al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, con residencia en Tecpan de Galeana, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda, se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique a al peticionario de amparo la presente determinación. Notifíquese; y vía despacho al quejoso. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Marlon Iván López Ríos, secretario que da fe.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Ramuel Serafin de la Cruz, por su propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, con residencia en Tecpan de Galeana, Guerrero, y otra autoridad responsable. Registro de demanda. Regístrese en el libro de gobierno que corresponda con el número 702/2018, y fórmese expediente. Prevención de la demanda. Ahora bien, respecto a la solicitud del promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca el artículo 114, de la Ley de Amparo, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". El normativo anterior impone a este Juzgado de Distrito la obligación, que antes de acordar sobre la admisión de la demanda, de estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita. Así, del estudio integral del libelo actio que se provee, se advierte una irregularidad que requiere ser subsanada, previo a su admisión. En ese sentido, resulta necesario atender a lo dispuesto por artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción V, de la Ley de Amparo, que impone la obligación a todo solicitante de la protección de la Justicia Federal de señalar con precisión en su escrito inicial de demanda, entre otras cosas, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Ello es así, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa indicó como acto reclamado el auto de formal prisión de veinticinco de junio de dos mil dieciocho; empero, omitió precisar la fecha en que tuvo conocimiento o le fue notificado el acto reclamado. Lo anterior, amerita que desde este momento subsane tal deficiencia para que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de analizar su demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el diverso 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente a aquél al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito cumpla con lo siguiente: ÚNICO: MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA FECHA EN QUE LE FUE NOTIFICADO EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN QUE IMPUGNA. Orienta lo anterior, por analogía, la tesis 2ª.J. 161/2013, emitida por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Asimismo, se hace de conocimiento al promovente que en caso de que este órgano jurisdiccional, encuentre pruebas y elementos suficientes que evidencien la falta de veracidad de sus manifestaciones sobre los hechos que le constan y que conforman los antecedentes del acto reclamado y que ello lo realice con el propósito de entorpecer la administración pronta y expedita de la justicia, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 261, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal..." En consecuencia, se apercibe al quejoso que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención señalada, en la vía, forma y términos establecidos, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 114, precitado; es decir, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Notificación al quejoso interno. Tomando en consideración que el directo quejoso se encuentra interno en el Centro Penitenciario de Tecpan de Galeana, Guerrero, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), y 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena girar atento despacho al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Galeana, con residencia en Tecpan de Galeana, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda, se constituya en dicha penitenciaría, y notifique a al peticionario de amparo la presente determinación. Domicilio procesal y autorizados. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tecpan de Galeana, Guerrero, se ordena notificar al quejoso el presente proveído así como las subsecuentes actuaciones que merezcan notificación personal en dicho centro de reclusión. Asimismo, se tiene y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Vargas Álvarez, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Rogerio Jacinto Ruiz y Oniver Fierro de Jesús toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este juzgado, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21, de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio. Asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberá hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. Notifíquese y vía despacho al quejoso. Lo proveyó Benito Arnulfo Zurita Infante, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Marlon Iván López Ríos, secretario quien da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,273 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano