Raquel Roman Garcia
Expediente 659/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Raquel Roman Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintiún minutos del quince de junio de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo III-659/2023, promovido por********************, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria de Juzgado hace relación de la demanda y del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, mismo que obra agregados en los presentes autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido en tiempo y forma el informe de ley de la responsable que ya obra agregado en autos, para ser relacionado y tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que la parte quejosa adjuntó a su escrito de veinticinco de mayo del año en curso, y con la instrumental de actuaciones y la de presunciones legales y humanas, ofertadas por la responsable al rendir su informe de ley. Al respecto, la Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas, documentales, instrumental de actuaciones y de presunciones legales y humanas con que se da cuenta, para ser relacionadas y tomadas en consideración como corresponda; con lo que se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en su escrito de veinticinco de mayo del año en curso; por lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, tómese en consideración las alegaciones de la parte quejosa al momento de dictar la correspondiente sentencia. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, ni alegato ministerial formulado por la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, la Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 659/2019-III; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnada al día hábil siguiente a este Juzgado Federal, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Yucatán, consistente en la negativa verbal de la responsable de dar respuesta a las solicitudes formuladas por la misma vía por la quejosa, en relación con la entrega de su pensión por viudez. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, la citada demanda de amparo se admitió y registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 659/2023-III; se solicitó a las responsables su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; finalmente, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 37 de la Ley de Amparo en vigor, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclama un acto de autoridades que tienen su sede en el Estado de Yucatán, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es necesario fijar claramente los actos reclamados, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera, que la justiciable de amparo reclama de la autoridad responsable, la negativa a otorgar una respuesta a la parte quejosa, relativa a la solicitud formulada por esta última, de manera verbal, respecto de la entrega de la cantidad que le fue asignada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en concepto de pensión por viudez. TERCERO...OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón que de su lectura sistemática se infiere que el acto reclamado es de naturaleza omisiva y, por tanto, su impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que se trata de una negativa de las responsables que crean situaciones permanentes, las cuales pueden reclamarse en cualquier tiempo, en tanto no se subsanen, por lo que no puede actualizarse el consentimiento tácito o expreso y, por consiguiente, tampoco la extemporaneidad de la demanda, en razón de que no puede tenerse como base un día específico para iniciar el cómputo del término, ni puede obligarse al peticionario de amparo, a que promueva el amparo antes de que estime pertinente hacerlo. En lo conducente, resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro siguiente: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO." CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado señalado en líneas precedentes, argumentando que no localizó registro de solicitud formulada por escrito respecto de la pensión por viudez, reclamada por la quejosa, derivada del fallecimiento de ********************, ni registros coincidentes con dicho nombre, además, de que no se cuenta con el número de seguridad social de la asegurada beneficiaria. En ese sentido, debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de la responsable se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de la autoridad responsable, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hace esta última, al justificar su conducta. En el caso de que la autoridad niegue la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Así, dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Ahora bien, existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1. Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado. 2. Cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2; y, 3. En el tercer supuesto, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, entonces, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de esos actos debido a que no se encuentra en posibilidad de probar la omisión, o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. Lo anterior se advierte de la tesis I.3o.A. J/21, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 660, tomo V, Enero-Junio de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos." En la especie, en su informe justificado, la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado consistente en la negativa a otorgar una respuesta a la parte quejosa, respecto de la solicitud formulada por esta última, de manera verbal, respecto de la entrega de la cantidad que le fue asignada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en concepto de pensión por viudez. A pesar de lo anterior, no resulta dable arrojarle la carga de la prueba a ésta, pues la actitud negativa que se les atribuye deriva de la falta de respuesta a una petición, supuesto en el que existen dos variables, a saber: 1. Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8 Constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional; y, 2. Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por la parte quejosa mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2108, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 2431, tomo II, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 1003987, de rubro y texto: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8o. constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1. Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1. Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8o. constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2. Que se demuestre la existencia de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2. Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3. Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1. Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2. Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." En ese sentido debe decirse que en el caso, si bien es cierto que la peticionaria del amparo, manifestó haber realizado una solicitud verbal a la responsable, a fin de que se le aclarara el monto de la pensión por viudez que debía recibir, lo cierto es que las responsable negó el acto impugnado; sin que la peticionaria del amparo hubiera acreditado con prueba idónea alguna, la existencia de la petición de la que se duele. Explicado de otra forma, es a partir de que la parte quejosa acredita haber presentado ante la responsable su solicitud de manera pacífica, cuando nace la obligación correlativa de la autoridad a emitir su respuesta. Lo que no ocurre cuando la parte quejosa omite acreditar medio alguno, la existencia de la negativa verbal de la responsable a dar contestación a su solicitud. Máxime que ésta última, manifiesta no contar con dato alguno por escrito en relación con lo manifestado por la peticionaria del amparo. Se afirma lo anterior, pues si bien la parte quejosa con su escrito de veinticinco de mayo del año en curso, exhibió diversas documentales, éstas son relativas al otorgamiento de la pensión de viudez de su fallecido esposo Héctor Manuel Cordova Graillet, y no son aptas para acreditar que se hubiera formulado a la responsable el cuestionamiento expuesto por la quejosa, y cuya omisión reclama en esta vía de amparo. Consecuentemente, no habiéndose acreditado la existencia de una solicitud verbal o escrita formulada a la responsable, y cuya inconstitucionalidad se acusa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, respecto a dicho acto reclamado. QUINTO. SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán; precisado en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación Secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días, concedido a las partes en acuerdo de veintidós de los corrientes, respecto del informe justificado rendido por el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien compareció en representación de la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida. Por tanto, es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, que dice AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Notifíquese
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito signado vía electrónica de ESPIRIDIÓN VARGAS GORGORITA, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual solicita se le otorgue acceso al expediente electrónico al presente expediente. Ahora bien, en relación a la petición realizada por el autorizado del quejoso en su escrito de cuenta, dígasele, que no se accede a su petición, toda vez, que no proporcionó su usuario por medio del cual ingresará al Sistema del Poder Judicial de la Federación, por lo que este órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para otorgarle acceso al expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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