Raquel Noemi Castro Puc
Expediente 1948/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1948/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Raquel Noemi Castro Puc
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 623/2021, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, no obstante que ya se resolvió fuera de audiencia el presente asunto, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, entréguesele cuando las labores del juzgado lo permitan, copia certificada del auto de dieciocho de noviembre citado, emitido en este juicio NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. AGC*
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta, consistente en diversas actuaciones del juicio laboral 173/2019. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente lo constituye la paralización por parte de la Junta responsable, al no acordar y/o emitir la resolución sobre de la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio reclamatorio laboral 173/2019. Ahora bien, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama la paralización por parte de la Junta responsable, de no acordar y/o emitir la resolución sobre de la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio reclamatorio laboral 173/2019. Ahora bien, de las constancias remitidas por la Presidenta responsable en su informe justificado, mismas que integran este juicio de amparo, se desprende que en fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, emitió un proveído en el que señaló diversas fechas y horas para el desahogo de las pruebas confesional, testimonial y de inspección, ofrecidas por las partes actora y demandada, en el expediente 173/2019, del índice de dicha responsable. Ahora bien, si bien es cierto que del informe justificado de la responsable, manifiesta que aún no se ha notificado a las partes acuerdo de veintinueve de octubre citado, ello no es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, puesto que con la sola emisión del acuerdo han cesado los efectos de la omisión reclamada, toda vez que, en el caso, se está ante una violación al artículo 17 de la Carta Magna, esto es, de denegación de justicia y no el relativo al diverso 8°, relativo al derecho de petición, respecto del cual sí es necesario que la autoridad haga del conocimiento del solicitante, la respuesta recaída a su petición; ello, aunado a que la parte quejosa quedará enterada de su contenido una vez que este acuerdo de sobreseimiento le sea notificado. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la responsable señaló fechas y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes; de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de no fijar fecha para el perfeccionamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con los referidos señalamientos de fechas de las diligencias correspondientes. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la paralización impugnada; sin embargo, tal como se ha señalado, la Junta responsable señaló fecha para el perfeccionamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del aludido juicio, de ahí, que han cesado los efectos de la aludida paralización. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Subadministrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Yucatán "1", con sede en esta ciudad, con un anexo que adjunta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes de su contenido para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de dicha responsable, para oír y recibir notificaciones, así como sus delegados, a los mencionados en el oficio de cuenta; de igual forma, ténganse por ofrecidas las pruebas que relaciona en el oficio de cuenta, correspondientes a las documentales públicas, mismas que se admiten y desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa De igual forma, como lo solicita el Subadministrador, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas que señala como delegados, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Finalmente, se tienen por señalados los correos electrónicos proporcionados por la referida autoridad responsable, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, mientras dure la contingencia. Notifíquese.
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